Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 27 de Octubre de 2008, C. 398. XLIV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

"M., J.L. s/ defraudación por retención indebida".

S.C.

Comp.

398; L.

XLIV.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

Entre los titulares del Juzgado de Control, Menores y Faltas de J.M., provincia de Córdoba, y del Juzgado de Garantías N° 4 del departamento judicial de San Isidro, provincia de Buenos Aires, se suscitó la presente contienda negativa de competencia en la causa instruida, originariamente, a raíz de la denuncia formulada por A.R.S. de M., quien le imputa a C.E.M., haber sustraído de su domicilio de la localidad cordobesa de Agua de Oro, la documentación perteneciente a la camioneta marca G.X.T.W., dominio AZZ-708 que, según refiere, le habría adquirido con anterioridad.

Por otra parte, esa persona le atribuye a J.L.M. -esposo de la denunciante- haber retenido indebidamente ese vehículo que, oportunamente, se lo habría dado en préstamo por razones laborales y que, pese a las sucesivas intimaciones cursadas, nunca logró su devolución.

De acuerdo con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal (fs. 98/99), el magistrado cordobés declaró su incompetencia para conocer en la causa con base en que el delito -al que calificó como defraudación por retención indebida- se habría consumado en el domicilio de C.E.M., ubicado en la localidad bonaerense de V.A..

Además, sostuvo que la fiscalía instructora no había formulado imputación alguna respecto del hecho denunciado por S.M. y que, por lo tanto, razones de economía procesal, aconsejaban que la investigación fuera llevada a cabo por la justicia de San Isidro que, también, conocía de una denuncia con el mismo objeto (fs. 100/103).

Tras la apelación interpuesta por la querellante M., la Cámara de Acusación de C. confirmó esa reso-

lución (fs. 227/228).

A su turno, el magistrado bonaerense rechazó la declinatoria con base en que no existía un acuerdo de partes sobre el lugar de devolución del bien y que, por lo tanto, debía cumplirse en el domicilio del deudor (fs. 233/234).

Por ello, remitió las actuaciones al juzgado de origen, que mantuvo su postura y elevó la causa a la Corte (fs. 235/237).

Es doctrina del Tribunal que para la correcta traba de una contienda, debe ser la Cámara que confirmó la declinatoria la que insista o no en su criterio (Fallos: 311: 1388).

No obstante, a pesar de la forma defectuosa en que se planteó la cuestión, estimo que en el caso la Corte puede prescindir de ese reparo formal, atento las razones de economía procesal que, a mi juicio concurren en el presente y así lo aconsejan (Fallos:

311:46; 312:

1919 y 313:863 entre otros).

Sentado ello, habida cuenta que ambos magistrados coinciden en calificar los hechos como defraudación por retención indebida, pienso que resulta aplicable al caso la doctrina de V.E., según la cual, ese delito se consuma donde debió efectuarse la entrega o devolución no cumplida (Fallos:

300:232; 302:820; 306:737; 313:163; 314:786 y 324:1547, entre otros), y que en el supuesto de no existir un acuerdo de voluntades acerca del lugar donde debió efectuarse la restitución del bien, debe tenerse en cuenta el domicilio del deudor en el momento de exigirse esa obligación (Fallos: 323:2612 y 326: 2438).

Ahora bien, más allá de las intimaciones cursadas para que el imputado devolviera el bien que -supuestamente- se le habría entregado en comodato en Villa Adelina, y sin perjuicio de la oportuna dilucidación de las precisas cir-

"Mamonde, J.L. s/ defraudación por retención indebida".

S.C.

Comp.

398; L.

XLIV.

Procuración General de la Nación cunstancias que la habrían rodeado, del análisis de las probanzas acumuladas al expediente no advierto que las partes hubieran acordado expresamente un lugar para su restitución (artículo 1193 del Código Civil), por cuanto las exhortaciones contenidas en las cartas documento glosadas a fs. 131/132 y 4/5 y 66/67 del agregado significarían, tan sólo, la pretensión unilateral del titular del bien sobre ese punto (Competencia n° 423; L. XLII, "R., L.V. s/ defraudación", resuelta el 21 de noviembre de 2006).

Sobre la base de estas consideraciones y en atención a que el deudor de la obligación tendría su domicilio real en la localidad cordobesa de Agua de Oro (ver fs. 55, 56 y 89), opino que más allá de las contingencias que respecto de la calificación de los hechos, eventualmente pudieran presentarse con el devenir de la pesquisa, corresponde declarar la competencia del Juzgado de Control, Menores y Faltas de la localidad de J.M., provincia de Córdoba -que también interviene en la denuncia por la sustracción de la documentación del vehículo (vid. fs. 6 y 26/27)- para conocer en estas actuaciones.

Buenos Aires, 27 de octubre de 2008.

E S C O P I A EDUARDO E.C.