Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 7 de Octubre de 2008, C. 2324. XLI

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 2324. XLI.

    RECURSO DE HECHO

    C.N.A. c/O., N.O. y otro.

    Buenos Aires, 7 de octubre de 2008 Vistos los autos: ARecurso de hecho deducido por H.E.R. en la causa Citibank N.A. c/ Olivera, N.O. y otro@, para decidir sobre su procedencia.

    Considerando:

    Que esta Corte, en la causa S.499.XXXIX ASouto de A., Mercedes c/ M., M.T., fallada el 14 de agosto de 2007 (Fallos: 330:3593), considerando 91 a 12, ha fijado el sentido y alcance que corresponde otorgar al art. 11 de la Ley 25.561 (texto según art. 31 de la Ley 25.820) en cuanto a la aplicación de las normas de emergencia a los acuerdos privados y/o sentencias judiciales que hubiesen sido celebrados o hayan adquirido firmeza con anterioridad a su entrada en vigencia, por lo que cabe remitir a las consideraciones y conclusiones expuestas en dicho fallo por razones de brevedad.

    Por ello, y habiendo dictaminado el señor P. General, se hace lugar a la queja y al recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo al presente. R. el depósito de fs. 1. Notifíquese con copia del precedente que se cita, agréguese la queja al principal y remítase. R.L.L. -E.I. HIGHTON de N. -J.C.M. -E.R.Z. -C.M.A. (según su voto).

    VO

  2. 2324. XLI.

    RECURSO DE HECHO

    C.N.A. c/O., N.O. y otro.

    TO DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA C.M.A. Considerando:

    11) La presente causa se originó en la demanda por ejecución hipotecaria promovida por el Citibank N.A. contra N.O.O. y R.R.L..

    Firme la sentencia que mandó llevar adelante la ejecución, el 23 de febrero de 2001 se ordenó el remate del inmueble propiedad de los ejecutados ubicado en la calle Asia N1 1450 de esta ciudad, gravado con derecho real de hipoteca a favor de la parte actora en seguridad de la restitución del préstamo en dólares que recibiera de esta última.

    La base de la subasta se fijó en U$S 70.000 y el remate se realizó el 6 de diciembre de 2001, resultando adjudicatario el Sr. H.E.R., quien se comprometió a pagar la suma de U$S 114.000, abonando en ese acto el 30% en concepto de seña, es decir la suma de U$S 34.200, importe que el martillero depositó en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires ese mismo día.

    Aprobada la subasta por auto de fecha 22 de febrero de 2002, dentro del plazo previsto en el art. 580 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el adquirente depositó la cantidad de $ 79.800 e imputó ese pago a la cancelación total del saldo de precio. Justificó su proceder, dado que la venta había sido establecida y realizada en dólares, amparándose en el régimen de conversión de deudas en moneda extranjera previsto en el decreto 214/2002.

    El ejecutado se opuso a que con ese importe se tenga por integrado el saldo de precio del remate y solicitó que se declarara la inconstitucionalidad del decreto 214/2002 por entender que el régimen que estatuye configura una violación a su derecho de propiedad. El comprador contestó espontáneamente esta articulación y rechazó la declaración de inconsti-

    tucionalidad perseguida.

    21) El juez de primera instancia admitió la petición del ejecutado y dispuso C. aplicación de la doctrina del esfuerzo compartidoC que el saldo de precio de la operación se calculase a razón de un peso por cada dólar, con más el 60% de la brecha entre $ 1 y el valor de la divisa norteamericana según la cotización vigente en el mercado libre, tipo vendedor, al día anterior al del pago. Asimismo, declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo 81 del decreto 214/2002, por considerar que vulneraba el derecho de propiedad de los ejecutados. Por último, impuso las costas en el orden causado.

    El fallo, recurrido por ambas partes, fue modificado por la Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que declaró inaplicables al caso las disposiciones de la ley 25.561 y sus normas complementarias. Para así decidir, la alzada señaló que la circunstancia de que con posterioridad al remate se hubiesen dictado las leyes de emergencia económica, no implicaba que la obligación del comprador se hubiese "pesificado", toda vez que la oferta había sido aceptada con anterioridad a la ley 25.561 y al decreto 214/2002.

    Asimismo, añadió que si bien el art. 3° del Código Civil reconoce efecto inmediato a las leyes, la nueva ley no es de aplicación cuando los actos Cen el caso, la oferta del precio para ser adjudicatario del remateC han sido cumplidos al amparo de la ley anterior; ello, porque debe considerarse que existe un derecho adquirido que no puede ser suprimido por ley posterior sin agravio del derecho de propiedad consagrado en el art. 17 de la Constitución Nacional.

    Por tales motivos, estimó que el saldo de precio debía ser cancelado en dólares estadounidenses y las costas debían imputarse al vencido.

  3. 2324. XLI.

    RECURSO DE HECHO

    C.N.A. c/O., N.O. y otro.

    Contra dicho pronunciamiento, el adquirente del inmueble subastado interpuso recurso extraordinario que, denegado, dio origen a esta presentación directa.

    31) Entiendo que el recurso extraordinario es procedente en los términos del art. 14, inc. 31, de la ley 48, toda vez que el recurrente ha fundado su derecho en una interpretación de la legislación federal, de acuerdo con la cual la ley 25.561 y sus normas complementarias son aplicables al caso, y la sentencia dictada, como he referido, ha sido contraria tanto a esa interpretación de la ley como al derecho que en ella apoya el recurrente.

    41) Como surge de la anterior reseña del caso, en autos no se trata de un contrato de mutuo hipotecario, sino del saldo de precio por la adquisición de un inmueble en la subasta judicial que se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2001. Así, la controversia gira alrededor de la constitucionalidad y aplicación de la legislación de emergencia a una obligación pactada en dólares con anterioridad a la sanción de dichas normas.

    De ello resulta que, sin desmedro para el derecho de propiedad reconocido por el art.

    17 de la Constitución Nacional, los tribunales cuentan con atribuciones legales para adecuar el precio al valor de la contraprestación cuando se ha roto el equilibrio contractual (art. 1198 del Código Civil).

    Esta atribución se ha visto específicamente reafirmada en el art. 11 de la ley 25.561, en lo que respecta a los contratos afectados por las modificaciones introducidas en el régimen cambiario vigente con anterioridad a su sanción (causa L.971 XL "L., I.G. y otros c/ Instituto de Educación Integral San Patricio SRL" fallada el 18 de diciembre de 2007, Fallos: 330:5345, voto de la jueza A., Considerando 8°, en lo pertinente).

    Por ello, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario deducido por el adquirente del inmueble subastado y se deja sin efecto la sentencia apelada con el fin de que se dicte un nuevo fallo de conformidad con los lineamientos expuestos. N. y, oportunamente, devuélvase con copia del precedente citado. C.M.A..

    Recurso de hecho interpuesto por H.E.R., por su propio derecho, con el patrocinio letrado del Dr. R.P.H..

    Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, S.L.