Prólogo

• Autor: Débora Ruth Ferrari/Gerard Gramática Bosch
• Páginas: 7-12

PRÓLOGO

El Derecho comparado nos muestra que los denominados países centrales han decantado un

nuevo y específico sector del Derecho Penal, pues al ámbito nuclear de esta rama, hoy se le

suma el Derecho Penal periférico, en donde ocupa un lugar destacado el Derecho Penal

Económico.

En la evolución histórica de la materia criminal, el Estado Liberal sentó las bases del

Derecho Penal tradicional, mientras que el Estado Social amplió el marco, llevando la

manifestación represiva por antonomasia a la actividad económica.

Dentro de esta nueva subrama del Derecho Penal se encuentran agrupados hechos

desvalorados socialmente de diferente naturaleza, con bienes jurídicos distintos de los clásicos

derechos patrimoniales. En este ámbito se encuentran comprendidos los delitos producidos en la

actividad económica propiamente dicha y contra la libre concurrencia en el mercado

competitivo, contra los derechos de los consumidores, contra el medio ambiente, los delitos

aduaneros, tributarios, informáticos, el lavado de activos, etcétera.

Aun cuando la legislación argentina, desde hace ya bastante tiempo, contiene un arsenal de

normas sustantivas que receptan y castigan este tipo de delincuencia, ese conjunto de reglas no

ha sido elaborado en forma orgánica. Existe un sinnúmero de leyes complementarias del Código

Penal, leyes especiales y disposiciones penales contenidas en leyes comunes, de las que, hasta

nuestros días, sólo se ha hecho una mera exégesis, sin que todavía se haya avanzado hacia una

dogmática dura y homogénea, al estilo del Derecho Penal nuclear.

Como bien lo señala Luis ARROYO ZAPATERO1 una de las tareas más importantes de la

actual dogmática penal con relación al Derecho Penal Económico, consiste en adaptar las

clásicas instituciones de imputación objetiva y subjetiva —construidas sobre la imagen de un

Derecho Penal dedicado esencialmente a tutelar la vida, la salud, la libertad, la integridad sexual

y el patrimonio frente a agresiones y conductas que eran las únicas existentes en el siglo XIX y

buena parte del siglo XX— para que puedan ser herramientas útiles para la protección de los

nuevos bienes jurídicos a que da lugar el desarrollo socio-económico y el castigo de nuevas

formas de ataques a intereses tradicionales. Dicha tarea debe ser cumplida sin afectar el marco

de garantías que se desprenden de principios constitucionales como el de legalidad,

culpabilidad, presunción de inocencia o personalidad de la pena.

Por ello, enseña el catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, la legitimidad del

Derecho Penal Económico está ligada a su conformidad con los principios del programa penal

de la Constitución. “En este contexto es en el que deben discutirse las críticas que voces

relevantes y autorizadas recientemente le formulan, advirtiendo cómo el desarrollo de este

nuevo Derecho penal puede acabar minando los cimientos garantistas sobre los que fue

construido el ‘viejo’ ”2.

Para abordar la cuestión de la legitimación material de la intervención penal en la actividad

económica, se debe reflexionar sobre el marco jurídico fundamental diseñado por la

“Constitución Económica” argentina dentro del cual el legislador debe seleccionar las conductas

merecedoras de pena, para proteger los bienes jurídicos penal-económicos más importantes. En