Introducción

• Autor: Luis R. Carranza Torres
• Cargo del Autor: Abogado (U.N.C.). Doctorando en Ciencias Jurídicas (U.C.A.)
• Páginas: 13-15

INTRODUCCIÓN

Dentro del conjunto de actores y factores que componen el univer-

so de lo administrativo, la cuestión del resguardo cautelar frente a la

actividad pública resulta un tópico recurrente, por los múltiples valores

y necesidades en juego.

Así, pues, tanto el principio de la eficacia administrativa como el de

la tutela efectiva; la necesidad de asegurar el funcionamiento del Esta-

do, pero no a cualquier precio; el procurar evitar prejuicios indebidos al

particular, pero sin condenar por ello al inmovilismo a la Administración,

son aspectos que se entremezclan y reciben los aportes, a favor o en

contra, de parte de la legislación, la doctrina y la jurisprudencia.

En suma, una contraposición de diferentes aspectos jurídicos, hoy

más que nunca, plantea el desafío de una adecuada coordinación.

A esto debe agregársele que nuestras constituciones, tanto la nacio-

nal cuanto la provincial, no son neutras respecto de tales valores. En

ambas se hallan receptados diversos derechos fundamentales que tra-

ducen un orden o sistema de valores, sustentado en el libre desarrollo

de la personalidad y en la dignidad de la persona humana, que en su

decisión constitucional básica está llamada a regir en todos los ámbitos

del derecho y a ser acatada por todos los órganos del poder.

A este respecto debemos destacar primeramente que la declaración

de derechos allí efectuada, aun los de naturaleza implícita, no es una

mera declaración de voluntad del Estado que así reconoce la existencia

de los derechos individuales, sino que en lo esencial resulta un compro-

miso por el cual el propio Estado se obliga a dictar las normas y adoptar

las conductas necesarias para cumplirlas y asegurar su cumplimiento por

la sociedad.

De ello se deriva la necesidad de un sistema de resguardo para el

particular, que lo proteja respecto del accionar errado, irrazonable o sin