Prólogo
| Autor | Hilda Marchiori |
| Páginas | 13-15 |
PRÓLOGO
Para las personas que han trabajado y trabajan en el ámbito de la
difícil tarea penitenciaria, esto es, dentro de la complejidad que
implica la readaptación, la rehabilitación social de los individuos que
han dañado intencionalmente y provocado sufrimientos individuales,
familiares y sociales, aún no contemplados en su verdadera dimensión,
resulta una verdadera paradoja la sanción disciplinaria en un contexto
de privación de la libertad.
Las instituciones penitenciarias continúan basando sus objetivos
en dos interrogantes: ¿Quién es el individuo que ingresa a una
institución? y ¿Cuál es el sistema que posibilitará la reincorporación
sana del individuo a su medio familiar, social y cultural? Es evidente
que se está lejos de llegar a estos objetivos, si recordamos el sentido
social de la pena elaborado por el maestro Dr. Ricardo C. Núñez: “[…]
al individuo privado de su libertad, se le enseñará a orientarse en su
vida con responsabilidad social. Para lograr ese objetivo es esencial la
comprensión, por el individuo, de la finalidad social de la pena; ésta
deberá convertirse en una constante incitación para la preservación y
mejoramiento de la persona. El interno gozará de la protección y
estará sujeto a los deberes señalados por la Ley Penitenciaria
Nacional, atendiendo a que no ha perdido su condición de ciudadano”.
La implementación de las reglas mínimas de Naciones Unidas
para el tratamiento de los reclusos y el Manual de buena práctica
penitenciaria, este último elaborado por el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos y el movimiento Reforma Penal Internacional,
señalan que uno de los propósitos penitenciarios fundamentales lo
constituye un sistema penitenciario organizado, recintos que deben ser
comunidades bien organizadas, lugares donde no exista el peligro para
la vida, la salud y la integridad personal. Estos propósitos parten del
estricto respeto a los derechos humanos: el derecho a la vida y
seguridad de la persona; el derecho a la salud; a la dignidad humana;
el derecho a un juicio justo; a la no discriminación; el derecho a la
libertad de conciencia, de pensamiento, al respeto de la vida familiar y
del desarrollo personal. Estos derechos esenciales se encuentran, entre
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