Sentencia nº 36941 de Segunda Cámara Civil de Apelaciones de la Provincia de Mendoza, Primera Circunscripción, 3 de Septiembre de 2013

Ponente:MARSALA, GIANELLA
Fecha de Resolución: 3 de Septiembre de 2013
Emisor:Primera Circunscripción
RESUMEN

En la cuantificación del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad, la entidad del sufimiento causado, teniendo presente que el dolor humano es apreciable y la tarea del juez es realizar la justicia humana; no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos, sino ... (ver resumen completo)

 
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Expte: 36.941

Fojas: 674

En la ciudad de Mendoza, a los tres días del mes de septiembre de dos mil trece se reúnen en la Sala de Acuerdos de la Excma. Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil, Comercial, M., de Paz y T., los Sres. Jueces titulares de la misma D.. G.D.M. y H.C.G., no así la Dra. S.F. por encontrarse en uso de licencia, y traen a deliberación para resolver en definitiva la causa N° 130.669/36.941 caratulados: "C.P.B.C.D.P., S.H. Y OTROS P/ D Y P” originaria del Sexto Juzgado Civil, Comercial y Minas, de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, venida a esta instancia en virtud de los recursos de apelación interpuestos a fs. 603 por la actora, a fs. 625 por la Provincia de Mendoza y a fs. 627 por Fiscalía de Estado contra la sentencia dictada el 13 de setiembre de 2012, obrante a fs. 590/602 que hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta por P.B.C. en contra de S.H.P. y Gobierno de la Provincia de Mendoza en consecuencia, condena a estos últimos, a abonarle a la actora en el plazo de diez días de quedar firme y ejecutoriada la sentencia la suma de Pesos Ciento Noventa Mil ($190.000) con más los intereses dispuestos en el considerando respectivo y en la forma allí dispuesta, impone costas y regula honorarios a los profesionales intervinientes.

Habiendo quedado en estado los autos a fs. 672, se practicó el sorteo que deter-mina el art. 140 del C.P.C., arrojando el siguiente orden de votación: D.. M., F. y G..

De conformidad con lo dispuesto por el art. 160 de la Constitu¬ción de la Provincia, planteáronse las siguientes cuestio¬nes a resolver:

PRIMERA

¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA

C..

SOBRE LA PRIMERA CUESTION, LA DRA G.D.M.-SALA, dijo:

  1. Llegan los autos a la Alzada en virtud de los recursos de apelación interpuestos a fs. 603 por la actora, a fs. 625 por la Provincia de Mendoza y a fs. 627 por Fiscalía de Estado contra la sentencia dictada el 13 de setiembre de 2012 obrante a fs. 590/602.

  2. Para resolver como lo hizo el Sr Juez de la instancia precedente razonó del siguiente modo, en lo que es materia del recurso:

    1. Incapacidad sobreviniente: la pretensión numérica por este ítems demandado asciende a un total de $279.000,00 que fueron discriminados por la accionante de la siguiente forma en autos: 1) En el líbelo: $224.000,00, b) En la denuncia del hecho nuevo de fs. 144 se pretendió $30.000,00 y c) En el hecho nuevo de fs. 432 otros $25.000,00. Ello, sin contar con que en la etapa de los memoriales (alegatos) la actora consideró que este rubro no podía menos que prosperar por un importe no inferior a los $1.500.00.

      En este proceso se incorporó como prueba de su entorno vivencial previo al ac-cidente, solamente, un informe de la AFIP, mediante el cual se prueba que la actora es Monotributista (fs. 270/272), otro de la DGR, en el que se dice que es contribuyente en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por la actividad Ingeniero Civil (fs. 275/276) y, por último, un despacho informativo cursado a la firma “Internacional Code Council” en el que se expresa que la actora se desempeñaba para fecha 19-01-2008 como profesional independiente, siendo traductora y revisora técnica monotributista desde el mes de marzo de 2007, ( o sea tenía casi un año de antigüe-dad en esa firma) con una remuneración promedio mensual informada de los U$S1.215,00, por fuera de estas demostraciones, no existen otras que puedan permitir al juzgador indagar, aún más, sobre el entorno de la vida de la actora antes de producirse el hecho ilícito, menos aún, después de producido el mismo, más allá de las cuestiones clínicas o psíquicas ya informadas por los peritos que actuaron en la causa.

      Sobre el tema, sabido es que probada la existencia del daño, el órgano jurisdic-cional debe contar con elementos que le posibiliten fijar un monto con inter-subjetividad. La facultad conferida en el art. 90 inc. VII del C.P.C., desplaza al juez la estimación del monto del daño, pero es necesario contar -con cargo a la pretendiente- con datos y aportes de convicción suficientes que sirvan para su fijación aritmética. A los efectos de poder lograr un resarcimiento integral (art. 1.083 del C.C.), es menester no tal sólo la prueba de la existencia del daño, sino también conocer su entidad y en qué medida éste afecta las potencialidades del damnificado y su vida relacional. El resarcimiento supone que se conozca que existe el daño, pero también cómo existe y de qué manera influye ontológicamente en la esfera global de quien lo sufre.

      Rememora que por imperio de la normativa dispuesta en el art. 179 del C.P.C., la carga probatoria está orientada en función de la pretensión de quien debe demostrar y no lo hace, y en este sentido, no puede aspirarse -con cierto rigor- que por aplicación lisa y llana de la atribución o arbitrio judicial contenida en el art. 90 inc. VII del C.P.C., se procure suplir la actividad probatoria a cargo de la parte que tiene el deber de demostrar su extremo, en el caso, las demás circunstancias que se encapsulan en el daño sufrido y en las derivaciones secuelares que causen eventualmente repercusión en la vida futura del sujeto afectado. Pues, podría correrse el riesgo que el arbitrio judicial concedido en la mentada disposición ritual, pudiera así, convertirse en arbitrariedad. Los aportes de incidencia en lo secuelar vienen del lado de la parte que lo pretende, y esto va a servir, sin duda alguna, a la apoyatura del fallo que, entonces, no se verá fundado solamente en la veleidad del sentenciante.

      En autos –dice- sólo se conoce la edad de la actora (42 años a la fecha del acci-dente, que he debido deducir de los informe y estudios clínicos, no propiamente de su acta de nacimiento o DNI), que es Ingeniera (lo que he deducido de la documental incorporada en autos pero no de su título habilitante). En la pericia psiquiátrica se hace referencia a que, también, la Ingeniera es M. en Calidad y Gestión de Empresas, no habiéndose acercado al expediente más prueba que la que surge de sus manifestaciones al perito. También se incorporaron en el carácter de informativa las constancias emitidas por la AFIP y DGI, de las que surgen que es monotributista y contribuyente a los Ingresos Brutos, más no surgen declaraciones juradas, pago de tributos en referencia a su actividad, tampoco se ha acercado un estado contable de su situación financiera, mediante la cual se pueda apreciar –con mayor seriedad y precisión que lo informado por la empresa que mantenía contratación con la actora- la capacidad patrimonial denunciada en el líbelo.

      Señala que sin perjuicio de ello, el informe antes enunciado da cuenta que a la fecha del accidente se desempeñaba como profesional autónoma en la actividad de traductora y revisora técnica independiente para la firma Internacional Code Council, bajo la modalidad de una locación de servicios (fs. 355), más no se acercan en autos mayores y más elementos o datos factuales que permitan dimensionar, de alguna manera, cómo repercute en la víctima la minoración de las capacidades perdidas, esto es, cómo era el desarrollo de su actividad diaria, su vida cotidiana, deportiva, relacional con sus pares, condiciones socio-culturales de ella y su familia, amén de otras referencias importantes y de gravitación que permitan al juzgador introducirse en la entidad del daño sufrido y cómo han repercutido en el damnificado las consecuencias secuelares de las lesiones padecidas e virtud del hecho, cuya responsabilidad se atribuye a la demandada.

      Teniendo en cuenta precedentes jurisprudenciales otorga la suma de $80.000,00, estimativamente prudenciados a valores actuales, en conformidad con lo dispuesto por el art. 90 inc. VII del C.P.C.

    2. Lucro cesante: entiende que las secuelas que han generado en la actora las lesiones padecidas a raíz del accidente, implican minoración permanente de capacidades, conforme a las conclusiones de las periciales neurológica, traumatológica y psiquiátrica, por lo que, en todo lo que a ello concierne, especialmente las remuneraciones caídas, ya han sido evaluadas en el rubro incapacidad sobreviviente. Frente a ello, admitir el rubro lucro cesante, cuando la incapacidad es de tipo permanente, produciría una duplicidad o superposición de compensaciones pecuniarias derivadas de un único daño resarcible, lo que implicaría, no menos, que un enriquecimiento sin causa, en consecuencia de lo expresado, rechaza el reclamo con costas.

    3. Gastos terapéuticos: inicialmente, la actora fue atendida, hospitalizada e in-tervenida quirúrgicamente en un hospital público y gratuito, más no debe considerarse a este hecho, en sí mismo, como valladar insorteable para el reconocimiento de los aportes que –seguramente- deba haber realizado la parte actora durante su convalecencia en ese ente nosocomial, pues la experiencia indica, más aún, demuestra que éstos entes estatales no cubren la totalidad de las prestaciones que se generan a partir de los servicios médicos, clínicos, farmacológicos, estudios de alta complejidad, placas radiográficas, asistencia psicológica, terapia kinesioterapéutica, etc.. También surge demostrado que la S.C. estaba asociada a CIMESA, mediante plan 80/80 que le procuraba asistencia ambulatoria e internación con cobertura del 80 %, según el reglamento establecido por esa institución para el beneficiario de la misma y, además que, desde el mes de mayo del 2008 hasta el momento en que se dio de baja a la misma por renuncia de la afiliada (12-10-2010), se le brindaron a la actora las prestaciones que figuran el listado adjuntado por la institución, en el que surge el monto abonado en concepto de coseguro, que en todos los casos fue del 20 % de la prestación total. Informó, además, que la empresa presta cobertura incluso en caso de accidentes.

      Advierta que en la demanda, la actora adjuntó prueba documental que refiere los siguientes gastos que deben ser considerados terapéuticos: a) comprobantes de coseguro de CIMESA (fs. 20, 22...

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