Sentencia nº 34179 de Tercera Cámara Civil de Apelaciones de la Provincia de Mendoza, Primera Circunscripción, 10 de Mayo de 2012

PonenteCOLOTTO, STAIB
Fecha de Resolución10 de Mayo de 2012
EmisorPrimera Circunscripción

Expte: 34.179

Fojas: 235

En Mendoza, a los 10 días del mes de mayo de dos mil doce, reunidos en la Sala de Acuerdo, los Sres. Jueces de esta Excma. Tercera Cámara de apelaciones en lo Civil, Comercial, M., de Paz y T., trajeron a deliberar para resolver en definitiva los autos Nº 178.198/34.179 caratulados “SUCESORES DE J.M.C./ LEIVA DIEGO Y OTS. p/ D Y P”, originarios del Segundo Juzgado de Paz Letrado, de la Primera Circunscripción Judicial, venidos a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 215 contra la sen-tencia de fs. 202/8.

Llegados los autos al Tribunal, se ordenó expresar agravios al apelante, lo que se llevó a cabo a fs. 221/3, quedando los autos en estado de resolver a fs. 234.

Practicado el sorteo de ley, quedó establecido el siguiente orden de estudio: D.. COLOTTO, MASTRACUSA y STAIB.

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160 de la Constitución Provincial y 141 del C.P.C., se plantearon las siguientes cuestiones a resolver.

PRIMERA CUESTION:

¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTION

Costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR. COLOTTO DIJO:

  1. ) La sentencia de la instancia glosada a fs. 202/8 admitió la acción resarcitoria promovida por los demandantes, sucesores de J.A.M. en contra de D.L., C.L. y A.K. de L., por la suma de pesos nueve mil veinticuatro ($ 9.024) con más sus intereses e impuso costas.

  2. ) El decisorio fue recurrido a fs. 215 por el codemandado, sr. D.L., expresando agravios a fs. 221/3, manifestando disconformidad con el fallo apelado.

    Se agravia en primer lugar por el rechazo de la excepción de falta de legitimación activa. Que la sra. B. acreditó su carácter de administradora del sucesorio, como las ratificaciones del resto de los herederos con posterioridad, por lo que al tiempo del planteo de la excepción, aquella no había presentado la documentación que acreditara su calidad de tal, los herederos no la habían ratificado y no había autorización judicial.

    Que la documentación de fs. 75/8 no hace más que reconocer la procedencia de la excepción y aunque el inferior considera que se acreditó la calidad de tal, era el actor el que debe cargar con las costas por cuanto es el promotor de la acción.

    Critica a la a quo, por entender esta que la legitimación proviene por ser administradora y encontrarse facultada a tenor del art. 342 C.P.C., lo que constituye a su juicio un error, puesto que la legitimación proviene de la autorización dada por el juez.

    Que el juez debió autorizar a la administradora a percibir los cánones de un inmueble integrante del acervo hereditario, con obligación de rendir cuentas, sin poder disponer de ellos sino que debió depositarlos, por lo que ante una promoción de de una demanda de daños y perjuicios también debió solicitar autorización judicial.

    En segundo lugar se agravia de la admisión del reclamo resarcitorio, criticando al a quo por asentarse en la pericia practicada, la que carece de rigor científico al hacer ver que los deterioros obedecen al accionar de los demandados y cuando el perito no pudo constatar los daños en virtud que el inmueble había sido reparado; que la mayoría de los reclamos obedecen a deterioros producidos por el transcurso del tiempo y no por el mal uso. Critica la falta de valoración de la C.D. de fs. 48.

    Que la reparación de paredes y pinturas quedaron contractualmente contempladas en la cláusula 18, en la que los demandados se comprometieron al pago de mano de obra especializada y pintura de 1° calidad hasta la suma de $ 1.200, por lo que si se considera procedente dicho rubro debe reducirse el monto al contractualmente estipulado.

  3. ) A fs. 227/30 contesta los agravios la parte apelada, solicitando el rechazo de los agravios formulados y la confirmación del fallo apelado, quedando luego los presentes en estado de resolver.

  4. ) PRIMER AGRAVIO – FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA

    El agravio se sustenta en la extemporaneidad de la acreditación del carácter de administradora como las ratificaciones de los herederos, y en la falta de autorización judicial, considerando erróneo a su juicio que la legitimación provenga de ser administradora y facultada por el art. 342 C.P.C.-

    Debo agregarse que la a quo además de sustentar la legitimación no solo en su calidad de administradora y en las facultades que le otorga la norma de rito para actuar en juicio, funda además en el hecho de ser heredera de los bienes del causante, cuestión no criticada en esta instancia por el apelante.

    Entrándose en la cuestión planteada se advierte que la llamada “sine actione agit” se relaciona con la legitimación que tienen las partes para actuar en juicio, para demandar o para ser demandado. Es decir que habrá falta de legitima-ción para obrar cuando el actor o el demandado no son las personas especialmente habilitadas por la ley para asumir tales calidades con referencia a la concreta materia sobre la cual versa el proceso.

    La legitimación activa implica la aptitud para estar en juicio en calidad de parte actora, a fin de lograr una sentencia sobre el fondo o mérito del conflicto suscitado, que puede ser favorable o desfavorable; mientras que la legitimación pasiva se vincula con la identidad entre la persona demandada y el sujeto pasivo de la relación sustancial controvertida.

    En tal sentido, se ha afirmado que se trata de una cuestión de identidad lógica entre la persona a quien la ley concede el derecho o poder jurídico, y la persona contra quien se concede, lo hace valer y se presenta ejercitándolo como titular efectivo o contra quien se ejercita de tal manera (CSJN., Fallos 254: 426).

    Palacio entiende que habrá falta de legitimación para obrar cuando el actor o el demandado no es la persona especialmente habilitada por la ley para asumir tales calidades con referencia a la concreta materia sobre la cual versa el proceso (Palacio, L.E., "La excepción de falta manifiesta de legitimación para obrar", Revista Argentina de Derecho Procesal, 1968, n° 1, p. 78.).

    Vale decir que la referida carencia de legitimación se relaciona con la ausencia de titularidad de la relación jurídica sustancial en la que se funda la pretensión. Por ende la “legitimatio ad causam” o calidad de obrar es un requisito para la admisión de la acción (A. “Tratado de Derecho Procesal Civil” T III pág. 92 Ediar 1958).

    Por ende al revestir la calidad o legitimación para obrar un requisito esencial del derecho de la acción (o de la pretensión), es deber del juez examinar aún de oficio la satisfacción de dicho presupuesto, que constituye una típica cuestión de derecho y solamente luego de tener por acreditados a los legitimados activos y pasivos, vale decir luego de evaluar las condiciones de admisibilidad intrínseca de la pretensión, recién podrá juzgar el mérito de la pretensión (MORELLO, A.M., SOSA, G.L., BERIZONCE, R.O., "Cód. P.. C.. y Com. anot. y conc.", 2ª ed., Ed. Platense-Abeledo-Perrot, La Plata, 1994, t. IV-B, p. 221.).

    En resumidas cuentas, la “sine actione agit”, será procedente cuándo: 1. El actor o demandado no sean los titulares de la relación jurídica sustancial en que se funda la pretensión; 2. Que mediando alguna hipótesis de "litisconsorcio necesario", la pretensión no haya sido deducida por o frente a todos los sujetos procesalmente legitimados; 3. Que no concurra, respecto de quien se presenta como "sustituto procesal", el requisito que lo autoriza para actuar en tal carácter. Algunos autores, incluyen en la enumeración, que el actor carezca de un interés jurídico tutelable; también que relacionándose con los terceros intervinientes no fueren titulares de un interés jurídico que pueda ser afectado por la sentencia.

    Conforme a los presupuestos de procedencia de dicha falta de acción, corresponde adentrarse en el estudio de la misma. Así según la parte accionada, el Juez debe autorizar a los herederos declarados a iniciar cualquier acción en que esté comprometida la sucesión, lo que no ha hecho la sra. B. y que la adhesión que indican los coherederos no suple la obligación legal de solicitar la autorización judicial a que refiere la norma.

    Debe distinguirse, siguiendo a G.M., entre actos conservatorios, actos de administración y actos de disposición en el sucesorio. Los primeros son aquellos...

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