Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba - Sentencia nº 12 de Sala Penal, 19 de Febrero de 2013

Fecha de Resolución19 de Febrero de 2013
EmisorSala Penal

SENTENCIA NUMERO: DOCE

En la Ciudad de Córdoba, a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil trece, siendo las doce horas, se constituyó en audiencia pública el Tribunal Superior de Justicia, en pleno, presidido por el doctor C.F.G.A., con la asistencia de los señores Vocales doctores M.E.C. de B., A.T., L.E.R., M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel, D.J.S. y A.S.A., a los fines de dictar sentencia en los autos "VILLAGRA, E.O. p.s.a. abuso de autoridad -Recurso de inconstitucionalidad-" (Expte. "V", 10/12), con motivo del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los Dres. N.D.B. y M.N.N., en su calidad de abogados defensores del imputado E.O.V., en contra del auto de fecha treinta de septiembre de dos mil diez, dictado por la Cámara Séptima en lo Criminal de esta Ciudad.

Abierto el acto por la Sra. Presidente se informa que las cuestiones a resolver son las siguientes:

  1. ) ¿Es inconstitucional el artículo 67, segundo párrafo, del Código Penal

  2. ) ¿Qué solución corresponde dictar

Los señores Vocales emitirán sus votos en forma conjunta.

A LA PRIMERA CUESTION:

Los señores Vocales doctores C.F.G.A., M.E.C. de B., A.T., L.E.R., M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel, D.J.S. y A.S.A., dijeron:

  1. Por Auto de fecha 30 de septiembre de 2010, la Cámara en lo Criminal de Séptima Nominación de esta Ciudad resolvió rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 67 segundo párrafo del CP, y el pedido de sobreseimiento por prescripción formulado por la defensa del encartado V..

  2. Con fecha 24/11/11, los Dres. N.D.B. y M.N.N., defensores del imputado V., interponen recurso de inconstitucionalidad (fs. 386/392) contra la resolución denegatoria del tribunal, de acuerdo a lo establecido por el art. 483 del CPP. En el escrito recursivo, tras efectuar consideraciones en orden a la admisibilidad formal del recurso, brindan los fundamentos que se resumen a continuación.

    1. Si bien el a quo dio la razón a la Sra. Fiscal de Cámara en cuanto a que la norma impugnada no quebrantaba el principio de igualdad del art. 165 de la CN, él no había invocado la violación de tal principio.

    2. La Cámara subrayó que el principio que inspira a la causal de suspensión de prescripción de la acción penal del art. 67 segundo párrafo del CP es la potencial influencia del funcionario público, pero omitió describir en el caso esa posible influencia de alguno de los imputados en la investigación del delito que se les atribuye. Asimismo, el coimputado a cuyo favor se solicita el sobreseimiento por prescripción ya no se encuentra en ejercicio de un cargo público (retiro obligatorio en fecha 1/1/06), y la influencia que podría tener la coimputada M.E.L. es nula por tres razones: porque detenta la jerarquía más baja entre la oficialidad; porque la investigación se clausuró en el mes de noviembre del año 2005 y, por ende, a esa fecha ya se había recolectado toda la prueba para que la fiscalía estimara configurada la probabilidad para la elevación de la causa a juicio; y porque el período de prescripción comenzó a correr con posterioridad a la clausura de la investigación.

    3. En el presente proceso se produjeron dilaciones indebidas, violatorias de la garantía constitucional de duración razonable del proceso, prevista en los tratados de jerarquía constitucional (CADH, 8.1; PIDCP, 14.3.A) y en el art. 39 in fine de la Constitución Provincial (enuncia aquí el defensor los actos procesales posteriores a la clausura de la investigación que, a su entender, implican tal dilación). Resulta irrazonable que el proceso continúe sin haberse dictado sentencia durante un plazo que supera al triple del máximo de duración de la pena del delito (abuso de autoridad, art. 248 CP), y triplica en exceso al máximo previsto por el código de rito para la sustanciación del proceso (art. 1 CPP).

    4. El tribunal, al afirmar que el acusado no puso de manifiesto una actitud acorde con lo que peticiona, esto es, que no ha utilizado los medios procesales de que disponía para provocar la decisión que evitara la dilación del proceso (lo que debe sumarse necesariamente a la complejidad del asunto y la actuación del tribunal), ha aplicado un precedente del TSJ (Andreatta) que no es aplicable sin más a esta causa, en la que ni siquiera se ha sustanciado aún el juicio. Además, el imputado V. no ha incurrido en actitud alguna que pudiera tenerse por provocadora de una extensión irrazonable del proceso, ya que todos los planteos efectuados responden a un ejercicio legítimo y ético de la defensa en juicio.

    5. El tribunal cita la complejidad en la investigación y la tramitación derivada de la actitud recursiva de la defensa de la imputada M.E.L., pero con ello se aparta ostensiblemente del sentido de equidad y justicia que debe orientar toda resolución judicial, al tener que soportar el imputado V. la actitud recursiva atribuida a la defensa de la coimputada, con quien sólo se encuentra vinculado por pertenecer a la misma institución policial.

    6. La cámara afirma que la garantía es bilateral y en la causa existe querellante particular y actor civil interesados en la sustanciación del proceso, pero a ello cabe responder que los actos propios benefician o perjudican sólo a quienes los realizan o dejan de realizar.

    7. Si bien el tribunal remarca la diferencia entre prescripción e insubsistencia de la acción penal, son términos que se utilizan indistintamente para significar que la acción no puede, conforme a derecho, continuar, en el presente caso, por haberse excedido todo parámetro de razonabilidad del proceso penal.

    8. El a quo entendió el hecho de que V. haya sido pasado a retiro carece de trascendencia, en virtud de que la coimputada continúa desempeñando funciones públicas (lo considera una hipótesis abarcada con claridad por la norma). No obstante, ello traería aparejado –sumado a que aquella ingresó en el año 2005 a los 22 años de edad y tendría unos 30 años de servicio en la fuerza policial– que la acción penal contra su defendido –quien no pertenece a la fuerza desde hace más de cinco años– no pueda...

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