Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1 de Agosto de 2013, C. 1011. XLIV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

.) " C. 1011. XLIV.

RECURSO DE HECHO

CASE S.A.C.I.F.I.E. si quiebra. Vistos la F. General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en la causa CASE S.A.C.I.F.I.E. s/ quiebra", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

l°) Que la Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lb Comercial interpuso recurso extraordinario contra la sentencia dictada por la Sala A de ese tribunal, en cuanto rechazó su petición de notificar personalmente o por cédula a los acreedores laborales el último proyecto de distribución en la quiebra y desestimó asimismo el planteo de inconsti tucionalidad de los arts.

18 y 224 de la ley 24.522, en .su aplicación a los acreedores laborales, siendo que el primero de ellos dispone la notificación por edictos de los proyectos distributivos en la quiebra y el segundo, la caducidad de los dividendos al año desde la aprobación de la distribución.

La señora Procuradora Fiscal sostuvo el recurso a fs.

37/39.

2°) Que el a quo denegó el remedio federal por considerar que las cuestiones debatidas remiten a la aplicación e interpretación de normas de derecho común y señaló que no advierte que se encuentre involucrada una cuestión federal en los términos del arto 14, inc.

3° de la ley 48, ni que lo resuelto afecte garantias constitucionales o de aquéllas amparadas por tratados internacionales.

Añadió que prima facie tampoco halla confi-

• , ( gura da una cuestión de arbitrariedad y que no corresponde a ese tribunal expedirse acerca de la falencia que se le imputa en tal sentido.

3°) Que la F. General acudió en queja ante este Tribunal, controvirtiendo los motivos de la denegatoria del recurso, en razón de que la cámara juzgó que las cuestiones en debate eran de hecho, derecho común y de naturaleza no constitucional.

Expresó que en el caso concurren dos cuestiones federales complejas, una directa y otra indirecta.

En primer lugar, manifestó que existe un conflicto entre la aplicación de los arts.

218 y 224 a los créditos laborales y lo dispuesto en los arts.

14 bis, 16, 17 Y 18 de la Constitución Nacional.

Por otro lado, advirtió la existencia de conflicto entre la aplicación de las normas mencionadas a los acreedores laborales y lo establecido por el Convenio 173 de la Organización Internacional del Trabajo.

Mantuvo, además, la afirmación de que la sentencia apelada es arbitraria en tanto rechazó la inconstitucionalidad opuesta por la Fiscalia con argumentos que carecen de congruencia con relación al planteo, trató sólo superficialmente los fundamentos de esa tacha, y a la vez omitió la consideración de otros que resultaban conducentes para la solución del conflicto.

Añadió que lo resuelto reviste gravedad institucional ya que excede el interés de las partes y se proyecta con repercusión social.

4 o) Que es doctrina reiterada de este Tribunal que, al alegarse en el recurso extraordinario tanto arbitrariedad co- mo cuestión federal, corresponde examinar inicialmente la prime- ra, dado que de existir esa tacha, en rigor no habria sentencia

, , .) •" C. 1011. XLIV. RECURSO DE HE~HO CASE S.A.C.I.F,I.E. si quiebra. propiamente dicha (Fallos:

324:3394 y 3774; 325:279; 327:2163, entre otros) 5') Que si bien las cuestiones que se suscitan en torno a los hechos, prueba, interpretación de derecho común y procesal constituyen, por vía de principio, facultades de los jueces de la causa y no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria (Fallos:

264:301; 279:312; 292:564; 315:

1574, entre muchos otros), ello no es óbice para que la Corte pueda conocer en los casos cuyas particularidades hacen excepción al principio, con base en la doctrina de la arbitrariedad, toda vez que con ésta se tiende a resguardar la garantía de la défensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos:

315:1574 y sus citas; 316:1141; 324:2542 y sus citas, entre muchos otros) 6') Que la cámara de apelaciones rechazó la alegación de inconstitucionalidad de los arts.

218 y 224 de la ley de concursos, sosteniendo que una vez aprobada la distribución, el deudor carece de todo derecho sobre el dividendo, que deja de pertenecer a su patrimonio.

Añadió que, dado que la quiebra tiene una finalidad liquidatoria, con plazos reducidos para la enajenación de bienes la caducidad de los dividendos no lesiona derechos adquiridos de los acreedores verificados ni impacta abiertamente sobre el patrimonio de éstos y de la fallida, puesto que dichos acreedores no gozan de ninguna vocación para acrecer los importes que les fueron asignados.

Señaló, asimismo, que

, • J J • ( no hay afectación constitucional para el acreedor que por su desidia y falta de interés no cobró su dividendo en el término legal, lo que no viola el derecho constitucional de propiedad, siendo -ademásel objeto de la normativa cuestionada sólo fomentar una de las actividades esenciales del Estado, como lo es la educación común.

Del mismo modo, advirtió que la notificación por edictos de los proyectos distributivos tampoco, afecta derechos constitucionales de los acreedores laborales que, al igual que los restantes, se encuentran sometidos a la ley concursal y una distinción en su favor podria violentar la par conditio cre~ ditorum. Finalmente, agregó que el planteo fiscal de efectuar por cédula la notificación de los proyectos distributivos, excedia el ámbito del recurso de apelación concedido en el caso, por lo que confirmó la declaración de caducidad de los dividendos en los términos del arto 224 inc.

2' de la ley de concursos.

7') Que en el remedio federal la F. General se agravió por la omisión de la cámara en tratar cuestiones conducentes y por la falta de fundamentación y errónea aplicación del derecho en que basó su decisión.

Señaló que es ajena al debate la cuestión referente a la eventual posibilidad de acrecer los importes asignados en la distribución con los dividendos no cobrados, y que no se veria afectada la par conditio creditorum por el efectivo conocimiento de la existencia de tales dividendos.

Sostuvo que el a qua no ponderó debidamente la falta de idoneidad de la publicación de edictos para hacer saber la existencia del proyecto distributivo'a los acreedores laborales, te- niendo en cuenta que usualmente transcurren varios años entre la declaración de quiebra y la distribución de fondos y la dificul-

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CASE S.A.C.I.F.I.E. sI quiebra. tad que impl' a para los trabajadores controlar el expediente y aún mantener contacto con sus letrados, siendo por demás evidente que la lectura sistemática del Boletin Oficial no se encuentra al alcance de la mayoria de ellos.

Agregó que, en el caso, por tratarse de un concurso preventivo devenido en quiebra, muchos de los créditos se habian originado dieciocho años antes de la decisión cuestionada y que la suma de dividendos no percibidos era inclusive superior a la de los cobrados por los acreedores (fs.

16 del presente recurso de hecho).

Consideró la F. General que el brevisimo plazo de caducidad del arto 224 de la ley 24.522 -que redujo a un año el plazo de cinco años que establecia la ley 19.551afecta gravemente los derechos de los trabajadores, que presumiblemente no habrán renunciado a percibir sus créditos alimentarios, sino que no han tomado conocimiento de que los importes se encuentran a su disposición.

Añadió que la consecuencia de la caducidad es que los dividendos se destinan al patrimonio estatal, lo que la F. General considera contrario al arto 8° inc.

1" del Convenio 173 de la OIT, ratificado por la ley 24.285, que dispone que:

"La legislación nacional deberá atribuir a los créditos laborales un rango de privilegio superior al de la mayoria de los demás créditos privilegiados y en particular a los del Estado y de la Seguridad Social", por lo que no resulta constitucionalmente admisible que tales fondos sean asignados al Estado por una presunción de abandono que se sustenta en una ficción legal, no compatible con la situación descripta, extremos todos que no fueron considerados por el tribunal a qua.

, ,.

8 0) Que asiste razón a la recurrente cuando señala que la cámara empleó argumentos ajenos al debate, ya que su planteo no perseguia que los acreedores laborales acrecieran sus dividendos, sino que conocieran en forma efectiva la existencia de los que les fueron asignados en los proyectos distributivos.

9°) Que, igualmente, es procedente su agravio cuando señala que, el a qua omitió la consideración de planteas. serios y conducentes, que refieren a derechos especialmente protegidos por la Constitución Nacional y por tratados de igual jerarquia.

En efecto, los argumentos expuestos por la Fiscal General para justificar el tratamiento particular que peticiona respecto de las acreencias laborales, sólo fueron examinados bajo pautas de excesiva latitud y consideraciones genéricas, en las que se omitió un puntual examen de las circunstancias invocadas por el Ministerio Público y una adecuada exégesis de las normas en juego en función de esas características. Asi, el tribunal invocó erróneamente en el caso el principio de la par conditio creditorum, puesto que los proyectos distributivos se formulan respetando ese principio concursal y en nada los altera la implementación de mecanismos de seguridad para que lleguen a conocimiento de los trabajadores de la fallida. la) Que, asimismo, la cámara obvió considerar la vigencia de principios constitucionales y legales referentes a la protección del trabajador, que componen el marco en el cual se inserta la petición formulada por el Ministerio Público.

Este Tribunal ha señalado repetidas veces que la relación de trabajo

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CASE S.A.C.I.F.I.E. si quiebra. reviste una que la distingue de muchos otros vínculos jurí puesto que la prestación del trabajador constituye una actividad inseparable e indivisible de su persona y, por lo tanto, de su dignidad como tal.

El princípio protectorio que establece la Ley Fundamental y el plexo de derechos que de él derivan, asi como los enunciados de las declaraciones y tratados de jerarquía constitucional, han hecho del trabajador un sujeto de "preferente tutela" (Fallos:

"vizzotti" 327: 3677; "A." 327:3753; "P., A.R. cl Disco S.A." Fallos:

332:2043), por lo que reviste especial trascendencia la prescindencia en verificar la compatibilidad de las normas concursales aplicadas por el a qua con la Constitución Nacional y con el Convenio 173 de la OIT ratificado por ley 24.285, en la forma propuesta por la recurrente.

Además no debe soslayarse que la propia ley autoriza la publicidad del proyecto de distribución de fondos por otros mecanismos al ternatí vos -aunque en determinadas circunstancias (art.

219)de modo que el tribunal a qua debió examinar la incidencia de dicha cuestión a la luz de la normativa referida respecto de los acreedores laborales que cuentan con una especial tutela, a fin de procurarles la real satisfacción de los crédi tos adeudados que revisten carácter alimentario.

Ello por cuanto no debe tomarse desde la misma perspectiva a un trabaja- dor corno a un acreedor financiero o a un acreedor comercial, aunque los dos integren la misma masa pasiva, dado el origen de cada crédito -en el primer caso, derivado del producto íntegro de su trabajoy la disparidad de recursos con que cuentan unos y otros para seguir el proceso falencial hasta esta instancia.

l. Por eso, resultaba imprescindible efectuar un análisis diferenciado, evaluando los respectivos intereses en juego, máxime cuando se trata de proteger la percepción de créditos laborales.

Cabe añadir que la reciente reforma de la ley 24.522 mediante la sanción de la ley 26.684, acentúa significativamente los recaudos legales para asegurar el conocimiento y participación de los trabajadores en los actos celebrados en los procesos de concurso preventivo y quiebra.

Forma parte de esas modificaciones, la incorporación de representantes de los trabajadores en los organismos de control del proceso universal (art.

14 inc.

13; arto 42).

Asimismo, a los efectos de la constitución del comité de acreedores que actuará como controlador de la etapa liquidatoria, se dispone la comunicación escrita no solamente a los acreedores verificados sino "a la totalidad .de los. trabaj adores que integren la planta de personal de la empresa" (art.

201) e inclusive se introduce como modo de notificación de la audiencia informativa prevista en el arto 14 inc.

10, la "publicación por medios visibles en todos los establecimientos" que pertenezcan a la deudora.

Resulta claro, de tal modo, que la orientación de la reforma legislativa se dirige a asegurar que los trabaj adores de la empresa insolvente conozcan el trámite que les permitirá preservar su fuente de trabaj o o percibir, aunque sea parcialmente, sus créditos alime.ntarios, corrigiendo una marginación que muchas veces tiene su origen en la distancia temporal entre el inicio del proceso y su culminación.

11) Que los severos defectos de fundamentación que presenta el fallo, puestos de relieve supra, conducen a su descalificación por aplicación de la conocida doctrina de esta Cor-

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CASE S.A.C.I.F.I.E. si quiebra. te en materia de arbitrariedad de sentencias, lo que torna inoficioso pronunciarse acerca de los restantes agravios de la F. General.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario deducido y se deja sin efecto la sentencia.

Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte nuevo fallo con arreglo a lo resuelto.

A.~e-La que 1 principal.

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~ 4- .-- R.;LUIS LORENZETII / ELENA L HIGHTON de NOLASCO CARLOS MAQUEDA ):,. E.~ULZAFFARON'

!•••.• ' 1¡ '( •• 1 Recurso de hecho interpuesto por A.G.C., F. General ante la Cámara Naci,onal de Apelaciones en lo Comercial.

Tribunal de origen:

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A.

Tribunales que intervinieron con anterioridad:

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial nO 10.

D.O.

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