Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 20 de Diciembre de 1994, I. 85. XXV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 85. XXV.

    ORIGINARIO

    Inmar S.A. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ ejecutivo.

    Buenos Aires, 20 de diciembre de 1994.

    Autos y Vistos; Considerando:

    1. ) Que Inmar S.A. promovió demanda ejecutiva contra la Provincia de Entre Ríos por cobro de un pagaré de u$s 75.483,68, fechado el 31 de marzo de 1991 con vencimiento a la vista y cláusula que prohibía la presentación al cobro por el plazo de veintisiete meses contados desde la fecha de libramiento. Pidió intereses y costas.

      A fs. 65/74 la demandada opuso excepción de inhabilidad de título fundada en que la deuda no resultaba exigible por no haberse operado su vencimiento. Sostuvo que el plazo que impedía la presentación al cobro debía computarse desde la fecha de su efectivo libramiento, posterior a la consignada en el documento. Afirmó que "existió abuso de firma en blanco -del tomador o de terceros- y culpa grave del endosatario en no verificar dicho extremo atinente a la representación de un ente público" (fs. 65 vta.).

    2. ) Que ante la regularidad formal del documento ejecutado, el reconocimiento de la autenticidad de la firma -fundamento de la responsabilidad cambiaria, artículo 51 del decreto-ley 5965/63- resulta en principio suficiente para rechazar la excepción, sin que obste al progreso de la ejecución el supuesto abuso alegado.

    3. ) Que ello es así por cuanto pese a que las circunstancias fácticas afectarían aspectos atinentes a la legitimatio ad causam de la demandada, ésta ha reconocido que el pagaré fue firmado por un funcionario competente para obligar cambiariamente a la provincia, durante el período

      - del ejercicio de sus funciones, el que, al hacerlo, dejó blanco el requisito que pretende abusivamente integrado.

    4. ) Que en estas circunstancias nos encontramos nte a un caso en que el pagaré ha sido suscripto por quien encontraba habilitado para crearlo -extremo que excluye la ta de legitimación pasivaemitido sin fecha de cimiento; lo que ubica al título cambiario sub examine tro de la especie de aquéllos denominados "en blanco" t. 11, decreto-ley 5965/63).

    5. ) Que dentro de tal contexto, y entablada la acn por un tercero -cuya buena fe se presume- la admisión de consecuencias que del aludido abuso pretende derivar la cutada, conduciría a excusar su responsabilidad por la ectuosa ejecución de un mandato que -como el que tácitate otorga quien entrega documentos en blanco (artículo 6, Código Civil)-, fue conferido por el firmante al tomay los sucesivos portadores a fin de integrar el mencionarequisito.

    6. ) Que en tales condiciones, la pretensión de la cutada resulta contraria a sus propios actos por resultar ompatible con el riesgo asumido al efectuar el aludido ramiento en blanco. La circunstancia de que el suscriptor documento no tuviera aptitud para obligarla en la fecha resada en el pagaré que se ejecuta carece de relevancia en caso, porque sí estaba facultado en tal sentido cuando ctivamente libró el título -lo que no es materia de debaautorizando de este modo al tomador original -y los suivos portadores- para que en su nombre ejecutara aquel

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    Inmar S.A. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ ejecutivo. mandato, llenando los claros necesarios para establecer el vencimiento.

    1. ) Que la violación de las convenciones relativas al llenado de los claros existentes en los títulos cambiarios son inoponibles a terceros (artículos 11 y 18 del decreto-ley 5965/63), por lo que resulta improcedente frente a éstos indagar la eventual extralimitación del mandatario, sino considerar que en todos los casos los límites de la procura han sido observados, responsabilizando al mandante por las consecuencias de los actos ejecutados (artículo 1946, Código Civil).

      E. vedada la posibilidad prevista en el artículo 1017 del Código Civil de acreditar que la intención del signatario fue obligarse en otros términos (artículos 11 y 18 del decreto ley 5965/63; artículo 1018, Código Civil), el reconocimiento expreso de la firma efectuado en este juicio, promovido por un tercero, impone estar a las menciones insertas en el cuerpo del documento también reconocido, artículo 1028, Código Civil- a fin de determinar los alcances de la obligación asumida, no justificando la ley el sacrificio de los intereses del tercero que confió en la regularidad formal del título, en aras de proteger a quien contribuyó con su actuación a generar una apariencia por cuyas consecuencias debe responsabilizarse.

    2. ) Que no resulta atendible la culpa grave imputada al ejecutante como excluyente del régimen establecido para los títulos en blanco por el artículo 11 del decreto-ley 5965/63. No solamente porque el endoso en favor de la actora

      - fue fehacientemente notificado a la Provincia de Entre s sin que mediara observación alguna sobre la fecha del trumento (ver telegrama de fs. 5 y presentación de fs.

      , sino también porque no se ha invocado siquiera cuál es contenido de los acuerdos que determinaron su creación guiendo la terminología del recordado artículo 11) con e importantísimo recaudo en blanco.

      Adviértase en tal sentido que no sólo tales acuerno han sido acompañados, sino que ni siquiera se han inuado cuáles serían sus lineamientos, razones o finalida- . Por el contrario, la pretensión deducida es que se conere que el claro debió llenarse con la fecha de la efectiemisión del documento (fs. 67), lo que conduce a pregunse cuáles podrían haber sido las razones que indujeron al cionario a no colocarla en el acto de firmarlo.

    3. ) Que todo lo dicho no es sino una expresión del ncipio que impone el respeto de la apariencia del derecho, forme con el cual en determinadas circunstancias el enamiento jurídico confiere a determinados actos de transión de derechos la misma eficacia que producirían si husen sido cumplidos por el verdadero titular, con indepencia de que el transmitente revista o no ese carácter, ncipio que si bien no es exclusivo del derecho cambiario tículos 1051, 2412, 2776/8, 3430 del Código Civil, artícu- 58 de la ley 19.550), halla aquí sus manifestaciones más ensas, entre las cuales se encuentran, precisamente, los ículos 11 y 18 del decreto-ley 5965/63.

      La protección del tercero portador de buena fe en eria cambiaria se materializa por aplicación de ese prin

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    Inmar S.A. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ ejecutivo. cipio, según el cual los efectos de los actos deben juzgarse con relación a terceros conforme con el modo con que se han exteriorizado, con fundamento en que la circulación de los títulos de crédito sólo puede asegurarse reforzando, en el máximo grado, la confianza general en las constancias extrínsecas de los instrumentos, lo que incluso ha justificado soslayar las normas referentes a la infracción de la representación plural (artículo 58, ley 19.550), solución que guarda analogía con la sometida a decisión de este Tribunal.

    En este caso, juegan los principios cambiarios de la literalidad y autonomía del derecho expresado en el título, en el sentido de que el portador está autorizado a atenerse al tenor estricto del documento (fecha), sin que le sean oponibles las defensas que el deudor invoque con fundamento en las relaciones habidas con el primer tomador u otros portadores anteriores en su circulación.

    10) Que, sentado ello, corresponde analizar la defensa opuesta por la emplazada en forma subsidiaria, fundada en la pretensión de que se aplique la ley 8675 de la Provincia de Entre Ríos y en consecuencia se considere consolidada la deuda cuyo pago se reclama.

    11) Que un doble orden de razones excluye la posibilidad de admitir la aludida consolidación cuando el crédito respectivo fue instrumentado -como ocurre en el caso- en títulos de crédito.

    12) Que por un lado, la citada ley local fue dictada por la provincia en el marco de autorización establecida por el art. 19 de la ley nacional 23.982. Y esta ley fijó el

    - ámbito material de tal facultamiento, estableciendo dos itaciones: 1) que la consolidación de deudas provinciales circunscribiera a aquellas que reunieran las mismas condines establecidas para la consolidación de deudas naciona- ; y 2) que no fueran introducidas mayores restricciones a derechos de los acreedores que las establecidas respecto las deudas del sector público nacional.

    13) Que en tales condiciones, y siendo que el lelador provincial no pudo válidamente ir más allá de tales ites (art. 67 inc. 11 [75 inc. 12] Constitución Nacional), e inferir que la materia legislada en ambas leyes ional y local- fue la misma. En consecuencia, y no handose alegado que las disposiciones reglamentarias de la nacional hayan sido dictadas fuera del marco del art. 86 ] inc. 2 Constitución Nacional, cabe admitir que las exsiones en ella dispuestas se ajustan a su contenido, inpretándola sin exceder al ámbito en que la interpretación opinable y en que es posible la elección entre varias soiones (Fallos: 300:1167); con lo que -dotadas de fuerza erativa equivalente a la de la ley misma (Fallos: 303:

    6) en el ámbito federal-, tales disposiciones resultan por menos fuente de interpretación directa de la inteligencia los preceptos provinciales, habida cuenta la aludida ntidad de materia legislada.

    14) Que aun cuando tal excepción no hubiera sido licitada por vía reglamentaria, lo cierto es que la exégede la ley -efectuada de modo que su propósito se cumpla acuerdo con los principios de una razonable y discreta inpretación- conduce al mismo resultado. Pues encontrándose

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    Inmar S.A. c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ ejecutivo. en ella estructurado un sistema de cobro que atiende a la naturaleza de la relación que originó cada crédito para fijarle en cada caso su respectivo privilegio, no queda otro camino que admitir la aludida exclusión de los derechos representados en papeles de comercio, habida cuenta de que el límite cognoscitivo derivado de la abstracción -material en el presente caso, por no ser el accionante el primer tomador- que los caracteriza, impide analizar la índole del negocio subyacente a los efectos de su inclusión dentro de aquella estructura.

    En mérito de lo expuesto, se resuelve: Rechazar las defensas analizadas y en consecuencia mandar llevar adelante la ejecución contra la Provincia de Entre Ríos hasta hacer- se a Inmar S.A. íntegro pago del capital reclamado de u$s 75.483,68 con más sus intereses. Costas a la demandada (art. 558 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). N.. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - RICARDO LEVENE (H) - GUILLERMO A. F. LOPEZ.