Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 17 de Noviembre de 1994, M. 996. XXIII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

M. 996. XXIII.

ORIGINARIO

M., J. c/ Estado Nacional (Ministerio del Interior, Policía Federal Argentina) y otros s/ daños y perjuicios.

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1994.

Vistos los autos: "Muzzupappa, J. c/ Estado Nacional (Ministerio del Interior, Policía Federal Argentina) y otros s/ daños y perjuicios", de los que Resulta:

I) A fs. 39/49 se presenta J.M., por derecho propio, y promueve demanda contra el Estado Nacional (Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina), la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Gobierno - Policía de la Provincia de Buenos Aires) y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires por indemnización de daños y perjuicios que estima en la suma de A 20.213.000 ($ 2021,30) con más su actualización monetaria, intereses y costas. Dice que el 3 de octubre de 1988 adquirió un automóvil marca Renault 18 TX, modelo 84, patente C 1.430.812, en remate público efectuado por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, por cuenta y orden de la Policía Federal Argentina, y que abonó la totalidad del precio y realizó los trámites de identificación e inscripción correspondientes. Agrega que el día 10 de mayo de 1990 se efectuó el secuestro del automóvil en su domicilio, tomando conocimiento posteriormente de que se encontraba a disposición del Juzgado en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Plata, Secretaría n° 10. Tras realizar múltiples trámites le fue reintegrado en pésimo estado de conservación, no sólo por haber sido dejado a la intemperie, sino porque, además, le faltaban algunas piezas,

-las que se enumeran en el acta de comprobación que acoma. Efectúa una liquidación que comprende los gastos en que e haber incurrido como consecuencia del deterioro sufrido el rodado, los honorarios profesionales que debió abonar a recuperarlo y los generados por el alquiler de otro ículo, necesario para el desempeño de su actividad oral. Funda en derecho su pretensión. Ofrece prueba y pide se haga lugar a la demanda, con costas.

II) A fs. 75/78 contesta el Banco de la Ciudad de nos Aires y niega los hechos y el derecho invocados por la ora. Manifiesta que el 11 de mayo de 1988 recibió un cio, remitido por la Policía Federal Argentina, solicitanen los términos de la ley 20.785 el remate del automóvil ault 18, patente C 1.180.131, que se encontraba a disposin del Juzgado de Instrucción n° 31, Secretaría n° 119. En nción a que la documentación entregada no presentaba egularidad alguna y previa consulta con el juzgado interiente, el día 30 de septiembre de 1988 procedió a su asta, en la que resultó comprador J.M.. Pide se rechace la demanda en lo que hace a su parte, con tas.

III) A fs. 86/88 la contesta el Estado Nacional nisterio del Interior, Policía Federal Argentina). Reconoque el 6 de octubre de 1988 la División Depósito Judicial la Policía Federal hizo entrega al actor de un automotor ault 18, TL, patente C 1.180.131 -y no C 1.430.812, como indica en la demanda- por haber sido dispuesto por el

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M., J. c/ Estado Nacional (Ministerio del Interior, Policía Federal Argentina) y otros s/ daños y perjuicios. juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción n° 31, Secretaría n° 119.

Agrega que el automóvil fue recibido en depósito el día 9 de diciembre de 1986, confeccionándose el legajo n° 8780.

Con posterioridad, y debido a la dificultad existente para la guarda de vehículos, se solicitó al magistrado interviniente, de conformidad con lo dispuesto por el art.

10 bis de la ley 20.785, que manifestara si existía oposición de su parte para la subasta del rodado en cuestión. Ante el silencio guardado y tal como lo indica la norma citada, se comunicó al Banco de la Ciudad de Buenos Aires que procediera al remate. Agrega que el vehículo fue inscripto a nombre del actor, lo que demuestra la ausencia de impedimento legal alguno, y por lo tanto no resulta responsable por los hipotéticos perjuicios causados al rodado. Pide que se rechace la demanda en lo que a su parte respecta, con costas.

IV) A fs. 109/111 la contesta la Provincia de Buenos Aires. Niega el carácter de propietario del actor como así también la responsabilidad que se pretende atribuir al personal de la policía de la provincia por los supuestos daños producidos al automóvil. Pide que se rechace la demanda, con costas.

Considerando:

  1. ) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema.

    - 2°) Que el actor reclama la indemnización por los os materiales causados a su automóvil marca Renault 18, inio C 1.430.412, como así por la privación de su uso y de gastos derivados de los trámites profesionales efectuados a su recuperación. Acredita su legitimación mediante el ulo de propiedad que en fotocopia acompaña a fs. 146 y que encuentra corroborado con el informe expedido por el istro de la Propiedad Automotor que luce a fs. 431/432, lo basta para desestimar la negativa que sobre el punto one la Provincia de Buenos Aires a fs. 110 vta.

  2. ) Que a pesar de la falta de coincidencia de unos de los datos que identifican al vehículo que se ató el día 30 de septiembre de 1988 y el que fue secuesdo el día 10 de mayo de 1990, ha quedado demostrado por lo resulta del legajo "b", remitido ad effectumvidendi por Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 5, que trata del mismo bien. Es de destacar, por otra parte, que guno de los codemandados ha basado su defensa en tal cunstancia e incluso tanto la entidad policial como el co interviniente en la operación, reconocen a J. zupappa como adquirente.

  3. ) Que la demanda incoada contra la Policía Fede- Argentina y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires no de prosperar toda vez que el actor no ha logrado comprobar responsabilidad que en los hechos les atribuye. Por el trario, del expediente n° 8780, obrante a fs. 364/389, se prende que la actuación de la Policía Federal fue

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    M., J. c/ Estado Nacional (Ministerio del Interior, Policía Federal Argentina) y otros s/ daños y perjuicios. acorde a lo preceptuado por la ley 20.785, que regula el procedimiento a seguir en materia de custodia y disposición de bienes secuestrados en causas penales. En efecto, tal como lo dispone el artículo 10 bis de ese texto legal, la entidad policial solicitó en dos oportunidades y con fecha 3 de agosto de 1987 y 19 de febrero de 1988 (ver, fs. 381 y 382) la correspondiente autorización para efectuar la subasta del rodado que se encontraba bajo su custodia desde el 9 de diciembre de 1986, al juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción n° 31 en el que tramitaba la causa seguida contra D.R.L. y M.H.G. por hurto de automotor, en la cual se había ordenado su secuestro. Ante el silencio guardado por el magistrado, dispuso el remate.

    Por su parte, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, institución autorizada por la citada ley (arts. 2° y 10 bis), ha demostrado que en cumplimiento del mandato otorgado por medio del oficio n° 917 (ver fs. 383), el 30 de septiembre de 1988 procedió a subastar el automóvil del que resultó comprador J.M. (ver fs. 384 y 385), efectuando el depósito correspondiente al importe de la venta a la orden del juzgado interviniente y como perteneciente a los autos mencionados (ver fs. 70/71, cuyo original se encuentra reservado en Secretaría) y entregándole al comprador la documentación pertinente con la cual éste inscribió el automóvil a su

    -nombre sin inconvenientes, como surge de sus propios hos y de la prueba acompañada al expediente (ver fs. 39 ./40 y título de fs. 146, cuyo original obra a fs. 12 del ajo "b" citado y oficio de fs. 431/432).

    De lo expuesto puede concluirse que no existe exidad entre las conductas seguidas por la Policía Federal entina y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el hecho motiva las presentes actuaciones, especialmente si se ne en cuenta que el secuestro efectuado el 10 de mayo de 0 en los autos "V., H. y otros s/ asociación cita y estafas reiteradas", tramitados por ante el Juzgado lo Criminal n° 5 de La Plata, y que ocasionó el perjuicio el que reclama la actora, tuvo su origen en las igencias practicadas en el Registro Nacional del Automotor 5 (ver fs. 266 de estos autos) a raíz de los antecedentes que da cuenta la causa 371/89 seguida contra I., cual e iniciada el 27 de diciembre de 1989. Es decir, por sas ajenas a la actividad de esos organismos y producidas de un año después de efectuada la subasta.

  4. ) Que corresponde entonces establecer si cabe ibuirle responsabilidad al Estado provincial por la comin de los daños que se dicen sufridos. Mediante la declaran prestada el día 11 de mayo de 1990 por el perito mecáni- R.A.F., designado por la Brigada de Investiiones VI de La Plata en los autos "V., H. y os" ya citados, se desprende que el automotor dominio C

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    1.430.812 se encontraba al momento del secuestro "en buen estado de conservación en lo que respecta a su carrocería y funcionamiento, observándose la falta de radio estéreo, llaves tecla de levantavidrios, rueda de auxilio, cricket, llave sacarruedas" (ver fs. 279/280), lo cual se corrobora con el informe efectuado por el perito N.F.M. a fs. 282.

    Asimismo, el testigo H.A.E.L., quien estuvo presente en la diligencia efectuada por el personal policial, manifiesta que "el auto de un color verde musgo" se hallaba "en perfecto estado de conservación", ya que el actor "es un hombre muy cuidadoso", "que arrancó sin problemas y lo llevaron andando" (ver fs. 173/173 vta., preguntas 4° y 5°).

    No obstante ello, ha quedado acreditado que el vehículo evidenciaba serios daños al momento de producirse su entrega en carácter de depositario al señor M..

    Así se desprende de las declaraciones prestadas a fs.

    174/177 por M.V.S. y R.S.V., quienes concurrieron con aquél a retirar el automóvil del depósito policial y manifestaron que "a simple vista no estaba en buenas condiciones", estaba "desmantelado, en un estado deplorable", "la chapa estaba muy venida abajo, tenía algunas partes hundidas y le faltaban las alfombras, los parlantes, tanto los de atrás como del costado, la bate

    -ría y otros elementos del motor" (ver pregunta 6° y sus puestas) y que, además, "las ruedas no eran las que perte- ían al vehículo" (ver pregunta 6° y sus respuestas). egan que, como no había forma de ponerlo en funcionamienel actor tuvo que recurrir a los servicios del Automóvil b Argentino, lo cual se encuentra corroborado con la testación del oficio obrante a fs. 155/158 y las fotogras reservadas en Secretaría, cuyas copias obran a fs.

    23.

  5. ) Que ante ello resulta evidente tanto el mal empeño por parte de la autoridad policial en el cumplinto de sus funciones, consistentes en este caso en la servación y vigilancia de un bien secuestrado, como así bién el perjuicio sufrido por el actor como consecuencia ese accionar, todo lo cual compromete la responsabilidad Estado provincial, tal como lo decidió esta Corte en la sa E.223.XXII "España y Río de La Plata Cía. A.. de uros S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuis", sentencia del 28 de septiembre de 1993 con fundamento la doctrina expuesta en Fallos: 306:2030; 312:1656, entre os.

  6. ) Que, demostrada la responsabilidad de la procia, corresponde fijar el monto de la indemnización que se tende. El actor reclama la suma de A 9.113.000 ($ 911,30) concepto de daño emergente sobre la base de las boletas y supuestos acompañados como prueba, cuyos originales se uentran reservados y que fueron reconocidos a fs. 164,

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    M., J. c/ Estado Nacional (Ministerio del Interior, Policía Federal Argentina) y otros s/ daños y perjuicios.

    167, 169 y 191 por las empresas M.O. y Cía.

    S.R.L., B.S.A.C.I.F., Suspensur S.R.L. y Centro Automovilístico S.A.C.I.F.I.A. El importe coincide con el dictamen presentado a fs. 237/260 por el perito designado en autos, quien lo considera "razonable en atención a la fecha de emisión de los mismos" y su razonabilidad no alcanza a ser desvirtuada por la impugnación efectuada por la Provincia de Buenos Aires a fs. 305.

    Ello justifica el reclamo, cuyo monto actualizado por el índice de precios al consumidor que publica el I.N.D.E.C. asciende al 1 de abril de 1991 a la suma de dos mil doscientos seis pesos ($ 2.206). Los intereses se calcularán desde el 14 de agosto de 1990 -día de la devolución del vehículo- hasta el 31 de marzo de 1991 a la tasa del 6% anual. Desde entonces y hasta el efectivo pago se devengarán los intereses que correspondan según la legislación que resulte aplicable (C.58.XXIII "Consultora O.G.G. y Asociados S.A.T. c/ Dirección Nacional de Vialidad" pronunciamiento del 23 de febrero de 1993).

  7. ) Que no puede prosperar, en cambio, la indemnización pretendida por la privación del vehículo durante el tiempo que subsistió el secuestro ni por los honorarios abonados al doctor S. por su actuación en los autos "V., H. y otros s/ asociación ilícita y estafas

    -reiteradas", toda vez que el reclamo tiene su fundamento una causa ajena a la debatida en autos y no ha mediado ugnación a la medida cautelar dispuesta.

    Por ello, de conformidad con lo dispuesto por los arts.

    2 y concordantes del Código Civil, se resuelve: 1) Rechala demanda interpuesta contra el Estado Nacional (Minisio del Interior, Policía Federal Argentina) y el Banco de Ciudad de Buenos Aires. Con costas a la actora. 2) Hacer ar parcialmente a la demanda seguida por J.M. tra la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Gobiernoicía de la Provincia de Buenos Aires) y condenarla a ar, dentro del plazo de treinta días, la suma de dos mil cientos seis pesos ($ 2.206), con más sus intereses, que liquidarán de conformidad con lo dispuesto en el considedo 7°. Las costas se imponen en un 80% a la demandada y el restante a la actora.

    En atención a la labor desarrollada en el expedieny de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6° incs. b, c y d, 7°, 9°, 11, 22, 37 y 39 de la ley 21.839, se ulan los honorarios del doctor E.R.S., ledo patrocinante de la parte actora en la suma de tresciencincuenta pesos ($ 350); los del doctor G.H. ena, letrado patrocinante de la misma parte, por su actuan en las audiencias de fs. 173/174, 178, 362 y 395, en la a de cincuenta pesos ($ 50) los del doctor A.V. ardi, letrado apoderado del codemandado Estado Nacional isterio del Interior - Policía Federal, en la suma de

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    M., J. c/ Estado Nacional (Ministerio del Interior, Policía Federal Argentina) y otros s/ daños y perjuicios. doscientos diez pesos ($ 210); los del doctor M.R.M., letrado apoderado del codemandado Banco Ciudad de Buenos Aires, en la suma de doscientos diez pesos ($ 210) y los de la doctora A.M.Z., letrada apoderada de la Provincia de Buenos Aires, en la suma de ciento cuarenta pesos ($ 140).

    Asimismo, regúlanse los honorarios del perito ingeniero mecánico D.R.R. en la suma de ciento treinta pesos ($ 130). N. y, oportunamente, archívese. CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINÉ O' CONNOR - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F.

    LOPEZ.