Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 28 de Julio de 1994, D. 496. XXI

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación

D. 496. XXI.

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D., J. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.

Buenos Aires, 28 de julio de 1994.

Vistos los autos: "D., J. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios", de los que Resulta:

I) A fs. 8 se presenta J.D., por medio de apoderado, a fin de interrumpir el curso de la prescripción de la acción. A fs. 64/81 promueve demanda por indemnización de daños y perjuicios contra la Provincia de Buenos Aires. Dice que es propietario de un lote de terreno ubicado en la localidad de Lago E., partido de A.A., en el que se encontraba su vivienda particular hasta que en el mes de noviembre de 1985 debió abandonarla ante la inundación que arrasó la ciudad.

Destaca las características turísticas de la zona a cuya difusión contribuyeron las propiedades curativas de las aguas del lago, hoy frustradas por la inundación que ha hecho desaparecer a una ciudad entera destruyendo -entre otras- su propiedad y aniquilando toda posibilidad de su uso, goce y explotación comercial. Ese fenómeno sin precedentes -continúa- tuvo su causa en la actividad desarrollada por las dependencias de la demandada, cuyos desaciertos han provocado artificialmente el desvío del curso natural de las aguas pertenecientes a otras cuencas que, ahora, como consecuencia de ello, aportan al sistema de las lagunas encadenadas. Esos aportes se originaron por la operación del llamado canal A., que desde hace muchos años derivó aguas que en el período 1965/85 anegaron alrededor de 20.000 hectáreas, situación que hizo crisis hacia octubre de 1985 cuando,

- al encontrarse la totalidad de las lagunas colmadas y ducirse ingresos incontrolados por el canal y lluvias ndantes, se ocasionó una verdadera catástrofe, por lo que, e los riesgos que amenazaban a la ciudad de Guaminí, se paso a las aguas que avanzaron sobre E..

Reitera conceptos expuestos en otros juicios acerca carácter endorreico de las lagunas encadenadas, cuyo ilibrio hídrico fue roto por el trasvasamiento de la cuenalta del Vallimanca, que produjo un ingreso excepcional medio del canal cuya construcción, al no contemplar obras regulación y control, impide manejar esos excedentes. De manera, aguas que habrían continuado su destino natural ieron a incorporarse a las lagunas, y tal irrupción vocó que la cota de E., que desde 1980 se mantenía en m., pasara a 98.60 m.

Destaca que el problema creado por los aportes se desarrollado en varias etapas. Una primera, entre los años 5 y 1978, en los que se produjo el ingreso constante e ontrolado de agua por el canal; otra, en la que, ante el tenimiento elevado de las cotas, se encararon algunas as que fueron insuficientes y pronto superadas en los pedos hídricos ricos que comenzaron a partir de 1978; y una cera, en la cual se cumplieron los vaticinios técnicos rca de los riesgos que generaba ese estado de cosas que minó con la inundación de E..

Esta situación, afirma, no se habría producido de existir el canal y el aporte negativo que significó, toda que en condiciones naturales el sistema contaba con una erva de capacidad suficiente para afrontar las lluvias

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D., J. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios. sin inconvenientes como los que se presentaron.

El estado de cosas hacia 1978 era tan grave que la provincia debió asumir esa realidad. No obstante, nunca encaró las obras necesarias para restablecer el equilibrio del sistema como lo exige el art. 2644 del Código Civil, y sólo ejecutó trabajos provisorios que fueron insuficientes en momentos de precipitaciones abundantes, tal como sucedió con los tapones de tierra ubicados en la intersección del arroyo El Huáscar con el canal o la tardía canalización de ese arroyo que, de haber sido oportuna, habría permitido desviar los aportes del arroyo Sauce Corto hacia el mar.

Hasta 1985 los problemas de E. se manifestaban en la elevación de la cota normal de aproximadamente 92 m. a poco más de 94 m., lo que dejaba a salvo el casco urbano, pero las condiciones creadas hacia fines de ese año destruyeron las esperanzas de alcanzar un cierto equilibrio hídrico. Bastó la aparición de un ciclo de lluvias abundantes para demostrar que esa situación podía revertirse con grave riesgo para la zona, y la Dirección de Hidráulica se encontró sin posibilidades de control y ante la necesidad de adoptar la decisión política de salvar Guaminí en desmedro de E..

En conclusión -afirma a fs. 74- la provincia alteró el equilibrio hídrico del sistema mediante obras cuyos necesarios medios de control y regulación en un principio no existieron y, cuando se ejecutaron, constituyeron paliativos ineficaces e insuficientes para un manejo efectivo de la cuenca en épocas hídricas ricas. Con posterioridad a la apa

- rición de los primeros síntomas del problema, se omitió ejecución de las impuestas por las reglas del arte para auzar los excedentes que ponían en peligro a pobladores, pos, ciudades e industrias. A la situación creada -agregatribuyeron obras viales también perjudiciales, y del junto de acciones u omisiones de los organismos respectisurge la responsabilidad de la provincia.

Reclama la indemnización de los daños, consistentes la pérdida total de la construcción, con todas sus meas, y de los muebles, útiles y enseres aplicados al diste de su uso y goce, imposibilitando su ocupación a partir mes de noviembre de 1985. Pide, asimismo, la indemniión por la pérdida de la ocupación y por el daño moral sudo.

Funda su derecho en los arts. 512, 1109, 1112, 2, 2643, 2644, 2647 y concordantes del Código Civil. Pide se haga lugar a la demanda, con costas.

II) A fs. 153/175 contesta la provincia de Buenos Aires. Indica que, si bien el actor admite la presencia un ciclo pluviométrico excepcional y extraordinario, se ivoca en cuanto al momento de su iniciación, toda vez que excesivas precipitaciones que afectaron la amplia cuenca las lagunas encadenadas comenzaron a registrarse mucho andel año 1985. Se trató de un fenómeno inusual que funciocomo concausa de los acontecimientos. Afirma, asimismo, la constante masa de agua sobre los suelos elevó las cafreáticas y neutralizó los efectos de la evapotraspiran, toda vez que las lluvias superaron la capacidad de abción residual de los terrenos. Considera, asimismo, que

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D., J. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios. para valorar el estado de las lagunas encadenadas del oeste no puede prescindirse del importante aporte del flujo subálveo de la vertiente del nor-noreste. Otra concausa es, a su juicio, el acatamiento de la medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema en el expediente seguido por V.C.P. de D., que, al disponer la derivación de un cierto caudal por el Arroyo Sauce Corto, agravó la situación en las lagunas.

A fin de obtener una adecuada regulación del sistema hídrico, la Provincia de Buenos Aires encaró diversas obras, entre ellas la realización del canal A.. Este canal no estuvo en condiciones de transportar aguas extrañas hasta el año 1978, cuando se cerró su cauce por medio de un terraplén que desvió las escorrentías de su propia cuenca por el Arroyo Huáscar, lo cual indica que el canal estuvo abierto sólo durante un breve lapso y no durante casi veinte años como afirma la actora. En forma accesoria se construyeron tres canales y una alcantarilla, lográndose así dar continuidad a los escurrimientos propios del Arroyo Huáscar, los derivados del Arroyo Sauce Corto, e inclusive de las aguas que pudiera aportar el canal A.. Se efectuaron, también, una serie de terraplenes provisorios que tuvieron por objeto evitar el ingreso en las lagunas encadenadas de aguas extrañas a su cuenca.

Agrega que los datos suministrados por los diversos peritajes realizados en juicios similares evidencian la necesidad de modificar el criterio sobre la influencia atribuida al Canal A. en la situación creada en el oeste

- de la Provincia de Buenos Aires.

Plantea en su defensa la existencia de caso fortuiy fuerza mayor, niega que haya relación causal entre la ducta de sus organismos y el resultado dañoso, e invoca el ado de necesidad. Finalmente, impugna la liquidación ctuada por la actora respecto a los daños materiales y moes que dice haber sufrido.

Funda en derecho su pretensión y pide que se rechala demanda con costas.

III) A fs. 176/177 la Provincia de Buenos Aires ne la excepción de prescripción y amplía la contestación demanda.

Considerando:

  1. ) Que este juicio es de la competencia originaria la Corte Suprema (arts. 100 y 101 de la Constitución ional).

  2. ) Que toda vez que los términos en que la Provinde Buenos Aires basa la excepción de prescripción son siares a los planteados en la causa "C., O.A.B.A., Provincia de s/ daños y perjuicios", sentendel 2 de julio de 1993, corresponde su rechazo en virtud los fundamentos allí vertidos.

  3. ) Que, en atención a la sustancial analogía del sente caso con lo debatido en los autos: F.276.XXI. "F.B., J.A. c/ Buenos Aires, provincia de s/ os y perjuicios", fallada en la fecha, corresponde remitir o allí resuelto en cuanto a la responsabilidad de la vincia en los hechos que dan origen a la demanda, para lo l resultan de importancia las conclusiones de los peritos

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    D., J. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios. intervinientes, que han reiterado sus conceptos en esta causa.

  4. ) Que resulta acreditado que J.D. es propietario del inmueble sito en la calle G., entre Avenida de Mayo y Cerrito, de la localidad de E., partido de A.A. (ver escritura de fs. 14/16 e informe del Registro de la Propiedad de fs. 222/223).

  5. ) Que el peritaje del arquitecto E.A.A. que corre agregado a fs. 337/363 y 369/370 indica que la construcción tenía una superficie cubierta de 51,57 m2, destinada a vivienda particular. El reclamo involucra el daño emergente derivado de la destrucción del edificio, la pérdida del terreno y los enseres existentes, y el perjuicio provocado por la pérdida de la ocupación.

    El experto estima el valor de la construcción al 31 de octubre de 1985 en la suma de A 13.226,15 ($ 1,32), la del terreno en A 1.543,50 ($ 0,15), y la de los muebles, útiles y enseres perdidos en oportunidad del avance de las aguas (ver declaraciones testificales de fs. 217/220) en un 20% de la tasación del inmueble, sumas que, actualizadas, arrojan una indemnización de $ 39.455. No se justifica, en cambio, el pedido de intereses calculados sobre la base del dinero invertido para la adquisición de un nuevo mobiliario, toda vez que no ha sido probado en autos Tampoco resulta procedente el reclamo por la pérdida de la ocupación, que se estima en el valor locativo de una propiedad equivalente desde que se produjo el daño hasta la fecha del efectivo pago. En efecto, no se ha demostrado

    - que la propiedad del actor fuera su vivienda permanente. poco hay evidencias de que haya incurrido en gastos ativos ocasionados por la destrucción del inmueble. Todo o impone su rechazo.

    En cuanto al daño moral, cabe reiterar el criterio ariablemente expuesto en casos semejantes a partir del Fas: 307:2399.

  6. ) Que, en atención a los alcances de la indemniión otorgada y a lo manifestado por la actora a fs. 76, responde ordenar la transferencia a la Provincia de Buenos es del dominio del inmueble individualizado en el escrito cial.

    Por ello, y lo dispuesto por los arts. 1067, 1112 y condantes del Código Civil, se decide: I) Hacer lugar parlmente a la demanda seguida por J.D. contra la Provinde Buenos Aires, condenando a ésta a pagar a la actora, tro del plazo de treinta días, la suma de $ 39.455. Los ereses se liquidarán desde el 1 de noviembre de 1985 hasta 31 de marzo de 1991 a la tasa del 6% anual. Con posteridad a esa fecha y hasta el efectivo pago se devengarán que correspondan según la legislación que resulte aplica- (C.58.XXIII. "Consultora O.G.G. y Asociados .T. c/ Dirección Nacional de Vialidad", del 23 de febrero 1993). II) Declarar transferido el dominio del inmueble a Provincia de Buenos Aires. Las costas se imponen en un 90% a demandada y el 10% restante a la actora.

    Teniendo en cuenta la labor desarrollada y de conformicon lo establecido por los arts. 6°, incs. a, b, c y d; 9°, 22, 37 y 38 de la ley 21.839, se regulan los honora

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    D., J. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios. rios de los Dres. E.M.O., A.A.C. y E.A.M., en conjunto, en la suma de diez mil quinientos pesos ($ 10.500) y los de los Dres.

    A.J.F.L. y L.M.P., en conjunto, en la de cinco mil seiscientos pesos ($ 5.600).

    Asimismo, se regulan los honorarios de los sres. peritos: contador J.J.L., en la suma de dos mil pesos ($ 2.000) (art. 3° del decreto-ley 16.638); arquitecto E.A.A., en la suma de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2.400) (decreto-ley 7887/55, modificado por la ley 21.165); ingeniero hidráulico J.D.B., en la suma de dos mil seiscientos pesos ($ 2.600) (arts. 3°, 6°, 80 y 88 del decreto-ley 7887/55, modificado por la ley 21.165); meteorólogo W.M.V. en la suma de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2.400) y los de los consultores técnicos de la actora: contador P.J.A., arquitecto M.E. e ingeniero hidráulico H.J.H., en las sumas de mil pesos, mil doscientos pesos y mil trescientos pesos ($ 1.000, $ 1.200 y $ 1.300), respectivamente. N. y oportunamente, archívese. R.L. (H) - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JULIO S.

    NAZARENO - ANTONIO BOGGIANO.