Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1 de Marzo de 1994, C. 538. XXIV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

C.538.XXIV.

RECURSO DE HECHO

  1. de Molachino, Eva c/ Molachino, H.N. y otros.

Buenos Aires, 1 de marzo de 1994.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa C. de Molachino, Eva c/ Molachino, H.N. y otros", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, se desestima la queja y se da por perdido el depósito. N. y archívese, previa devolución de los autos principales. JULIO S. NAZARENO - CARLOS S.

FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - RICARDO LEVENE (h) - EDUARDO MOLINE O'CONNOR (en disidencia) - A.B..

DISI

C.538.XXIV.

RECURSO DE HECHO

2 C. de Molachino, Eva c/ Molachino, H.N. y otros.

DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON EDUARDO MOLINE O'CONNOR Considerando:

  1. ) Que contra el pronunciamiento de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que, al rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, confirmó la sentencia que había admitido la excepción de prescripción opuesta por los codemandados, la actora interpuso el recurso extraordinario federal, cuya denegación motiva la presente queja.

  2. ) Que en las instancias inferiores se habían considerado prescriptas a las acciones de simulación deducidas por la actora en virtud de lo dispuesto por el artículo 4030 del Código Civil, que contempla un plazo de dos años "desde que el error, el dolo, o la falsa causa fuese conocida", el que se juzgó transcurrido en la especie al computárselo a partir de la fecha en que la actora aceptó el cargo de administradora del sucesorio de su esposo (fs. 40, autos "M., L.F. s/ sucesión"), oportunidad en que -se dijohabría tomado conocimiento de los hechos fundantes de la acción.

  3. ) Que si bien lo atinente al momento a partir del cual debe computarse el comienzo del plazo de prescripción constituye una cuestión de hecho, prueba y derecho común, propia de los jueces de la causa y ajena, en principio, a la vía del art. 14 de la ley 48 (Fallos:

    291:268; 297:307), ello no obsta a la intervención de esta Corte cuando, como en el caso, el a quo ha fundado su decisión en afirmaciones

    dogmáticas que no consultan las particularidades del caso (Fallos: 311:1007).

  4. ) Que, en efecto, al considerar que lo concerniente al momento en que se habría tomado conocimiento del acto viciado constituía una cuestión de hecho que sólo podría ser revisada en esa instancia en caso de absurdo -extremo que no advertía en el sub judice-, el superior tribunal de la provincia incurrió en un marcado ritualismo frustratorio de la vía intentada por la recurrente, toda vez que su genérica argumentación no se hizo cargo de los planteos del apelante, demostrativos de una ilógica determinación del dies a quo del plazo en cuestión, en tanto aquél no se compadecía con un real y posible conocimiento de la actora acerca del carácter ficticio de una amplia trama negocial.

  5. ) Que ello es así pues, cuando -como en el casola acción es ejercida por un tercero, el plazo comienza a correr desde que el interesado tuvo un conocimiento pleno y cabal de la simulación, conocimiento al que no pudo acceder la demandante por la sóla aceptación del cargo de administradora, ya que el mismo supone -por el ocultamiento de la realidad bajo apariencias inauténticas- una develación gradual, a medida que se desarrolló la gestión al frente del acervo hereditario.

    En este sentido, aparece como una ficción reñida con las reglas de la sana crítica afirmar que la actora pudo, al asumir formalmente el cargo de administradora de la sucesión, tomar un acabado conocimiento de toda una maniobra económica que -según expone en la demanda- habrían gestado

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    3 C. de Molachino, Eva c/ Molachino, H.N. y otros. sus hijos y que habría tenido como fin el vaciamiento de la empresa y el patrimonio de su esposo, y el desvío de utilidades hacia terceras personas mediante la venta simulada de -aproximadamente- 16 inmuebles y 15 bienes muebles registrables -amén de otros equipamientos y bienes muebles de la empresa-, actos de disposición cuya ineficacia se persiguió en la presente.

    En tales condiciones, exigir a la actora la acreditación de la fecha exacta en que habría tomado conocimiento de cada uno de los actos simulados -como punto de arranque del curso de la prescripción-, o suponer en su defecto el tácito anoticiamiento con la aceptación del cargo, revela por parte del tribunal una comprensión formal y simplista de los hechos controvertidos, que no se ajusta a la complejidad de la situación patrimonial denunciada -comprensiva de una pluralidad de actos jurídicos cuya ineficacia se planteó en forma conjunta-, la que no puede presumirse como fehacientemente conocida, en forma global, al menos con anterioridad a la promoción de la denuncia penal, primer acto que revelaría el conocimiento de los negocios que se tachan como simulados.

  6. ) Que, con relación a los efectos de la actuación procesal en sede penal, el a quo consideró que -a los fines de la suspensión del plazo de prescripciónno podía equipararse la presentación como particular damnificado a la querella aludida en el art. 3982 bis del Código Civil, porque el código de procedimientos local no la admite en los delitos de acción pública. Se acotó al respecto que sólo tendrían efectos interruptivos las medidas patrimoniales que pudiera requerir el particular damnificado en el proceso pe

    nal, cuya existencia no se desprende de la causa penal requerida ad effectum videndi.

  7. ) Que este aspecto del pronunciamiento también es descalificable por la doctrina de la arbitrariedad, pues aunque la cuestión versa sobre temas de derecho común y local, se consagra una interpretación literal que desvirtúa y vuelve inoperante la norma -el art. 3982 bis del Código Civil-, lo que equivale a decidir en contra o con prescindencia de sus términos (Fallos: 310:927; 312:1036; C.337.XXIII "Cornes, G.J.J. c/ Massuh S.A. -División Aduanas-", del 3 de diciembre de 1991).

  8. ) Que, en efecto, el distingo efectuado es producto de una exégesis inadecuada de un texto legal que, al atribuir efectos suspensivos a la presentación como querellante en el proceso penal, ha querido aludir genéricamente a una actitud cierta del damnificado que -superando la mera denuncia del delito- pretende participar en el trámite judicial y defender activamente sus derechos con el máximo de facultades admitido por el ordenamiento local. De ahí que corresponda asimilar, en cuanto a tales efectos, la presentación de la actora en la causa criminal como particular damnificado -aunque no haya solicitado en aquella sede la indemnización de los daños ni la obtención de medidas cautelares-, actividad procesal que, en la Provincia de Buenos Aires, se asemeja a la figura contemplada por la ley de fondo, permitiéndose así la aplicación de referida causal de suspensión en el ámbito de ese Estado provincial Dicha asimilación -que se impone en función de una hermenéutica que privilegie la garantía de la igualdad y la

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    4 C. de Molachino, Eva c/ Molachino, H.N. y otros. seguridad jurídica- no implica la creación pretoriana de una nueva causa de suspensión -de índole excepcional-, sino tan sólo el reconocimiento de una situación que -mas allá del nomen iuris empleado por el legislador- es equivalente en el orden de su intención y finalidad con el supuesto previsto en el agregado introducido por la ley 17.711.

  9. ) Que, en tales condiciones, la decisión apelada no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias del caso, por lo que al afectar en forma directa e inmediata las garantías constitucionales invocadas, corresponde admitir el recurso y descalificar el fallo con fundamento en la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad.

    Por ello, se hace lugar al recurso de queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada; con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expresado. Agréguese la queja al principal. Reintégrese el depósito. N. y remítase. EDUARDO MOLINE O'CONNOR.