Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1 de Marzo de 1994, E. 217. XX

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

E.217 XX.

ORIGINARIO

Estado Nacional (Fuerza Aérea Argentina) c/ Río Negro, Provincia de s/ cobro de pesos.

Buenos Aires, 1 de marzo de 1994.

Vistos los autos: "Estado Nacional (Fuerza Aérea Argentina) c/ Río Negro, Provincia de s/ cobro de pesos", de los que Resulta:

I) A fs. 2/4 se presenta el Estado Nacional e inicia demanda contra la Provincia de Río Negro y O.E.Q. por daños y perjuicios.

Dice que el día 1 de enero de 1984 a las 0,20, cuando el agente bombero de la policía de la provincia demandada O.Q. conducía la autobomba marca Dodge 200, patente C 1.090.600 de propiedad de la Fuerza Aérea Argentina, cedida para su utilización al Cuerpo de Bomberos provincial, el vehículo se desvió de su ruta y cayó a una zanja de drenaje sufriendo los daños que surgen del expediente administrativo acompañado. El accidente se debió -afirma- a la conducta negligente del citado Q., quien no estaba autorizado para usar el automotor.

II) A fs. 13/14 contesta la demanda la Provincia de Río Negro. Invoca la prescripción de la acción, negando efectos suspensivos a la comunicación enviada por la actora en la cual reclamó el pago de los daños. Rechaza toda responsabilidad en el hecho toda vez que de las conclusiones del sumario levantado por la propia actora surge que el accidente no se originó en un acto de servicio. Cuestiona los montos reclamados.

III) En cuanto al codemandado Q., no compareció al juicio pese a estar debidamente notificado (ver fs.

34 vta.) Considerando:

  1. ) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (arts. 100 y 101 de la Constitución Nacional).

  2. ) Que, en primer término, corresponde decidir la excepción de prescripción opuesta sobre la base de que la comunicación del 29 de mayo de 1985 dirigida al señor jefe de la Policía de la Provincia de Río Negro no ha tenido los efectos suspensivos previstos en el art. 3986, segundo párrafo, del Código Civil.

  3. ) Que contrariamente a lo afirmado, esa comunicación que obra a fs. 57/59 del expediente administrativo acompañado, que tuvo como propósito obtener el pago de la indemnización aquí reclamada resulta idónea para producir la suspensión de la prescripción.

    En efecto, "la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica" a que alude no significa que el acto de intimación que se practique deba estar revestido de solemnidades específicas sino que importa la interpelación efectiva al deudor por medio de un acto que no ofrece dudas acerca de la veracidad del reclamo y la oportunidad de su realización. En ese sentido, el documento mencionado -cuya firma no ha sido cuestionada-, fue recibido según surge de fs. 65/67, y la fecha de su emisión -29 de mayo de 1985- se corresponde con la de la recepción en la repartición policial de Río Negro el 6 de junio de ese año.

    No obsta a lo expuesto la circunstancia de que el

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    2 Estado Nacional (Fuerza Aérea Argentina) c/ Río Negro, Provincia de s/ cobro de pesos. requerimiento de pago haya sido dirigido al jefe de policía de la provincia demandada, toda vez que ese cuerpo integra la administración provincial central. En consecuencia, esa comunicación importó la constitución en mora de la Provincia de Río Negro.

    De tal manera, el planteo debe rechazarse ya que la suspensión permite considerar que la demanda fue interpuesta dentro del plazo previsto por el art. 4037 del Código Civil.

  4. ) Que la situación procesal del codemandado Q., que no contestó la demanda, crea a su respecto la presunción prevista en el art. 356, inciso 1° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

  5. ) Que a ello debe agregarse que los antecedentes de la causa evidencian que el accidente fue ocasionado por la conducta imprudente del agente bombero Q. tal como se afirma en la demanda y surge del expediente administrativo acompañado. En efecto, las constancias de fs. 3, el croquis de fs. 6, el informe agregado al oficio con que se eleva el sumario instruido por el cuerpo de bomberos y las declaraciones testificales del personal de guardia acreditan que el evento se produjo cuando el agente conducía la autobomba por la calle de rodaje N° 2 del aeropuerto de San Carlos de Bariloche, ocasión en la cual perdió su dominio, desviándose de su ruta y cayendo en una zanja de drenaje.

    Por otro lado, así surge de las propias declaraciones de Q., quien asimismo reconoció que no había tomado las precauciones necesarias para evitar el accidente (ver fs. 27/28 del

    expediente agregado).

  6. ) Que corresponde considerar si se encuentra comprometida la responsabilidad de la provincia demandada, por cuanto ésta sostiene que el evento se produjo como consecuencia del ejercicio de funciones que no sólo no eran las propias del dependiente, sino que le estaban expresamente prohibidas.

  7. ) Que no está en discusión el hecho de que la autobomba estaba afectada al servicio de la policía de Río Negro la que tenía a su cargo el control de su funcionamiento. También está acreditado que Q. se encontraba de guardia y a cargo de la dotación respectiva sin que la circunstancia invocada de que no contaba con autorización para conducir el vehículo obste a la responsabilidad del Estado provincial en los términos del art. 1113, primera parte, del Código Civil.

    En efecto, el principal responde no sólo por los hechos de los dependientes realizados en el desempeño de las tareas a su cargo sino también por aquellos actos practicados con abuso de la función, sea que el subordinado haya contrariado expresas instrucciones, sea que haya asumido tareas que podrían considerarse no comprendidas en el encargo o que haya violado disposiciones reglamentarias como las invocadas en la comunicación de fs. 18 de las actuaciones administrativas, toda vez que ello no resulta decisivo para negar la responsabilidad del principal en virtud de que tal infracción no puede obrar en perjuicio de terceros si no se han adoptado medidas adecuadas para hacerlas cumplir o, en su caso, ha

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    3 Estado Nacional (Fuerza Aérea Argentina) c/ Río Negro, Provincia de s/ cobro de pesos. faltado control.

  8. ) Que por lo expuesto corresponde fijar el monto de la indemnización. La actora ha reclamado en su demanda la suma de A 1.611,94, que es la que surge del presupuesto agregado al expediente administrativo, el perito mecánico justificó los daños a la fecha del dictamen (18 de marzo de 1988) en A 17.276 (fs.

    113/115), cantidad que no mereció objeciones de las partes y que el Tribunal acepta. En consecuencia, esa suma, actualizada para compensar los efectos de la depreciación monetaria por el índice de precios al consumidor hasta el 1 de abril de 1991 (art. 8°, ley 23.928), arroja una indemnización de $ 7.706.

    Los intereses respectivos se deberán calcular desde el 1 de enero de 1984 hasta el 31 de marzo de 1991 a la tasa del 6% anual. Desde entonces y hasta el efectivo pago según la legislación que resulte aplicable (C.58 XXIII "Consultora O.G.G. y Asociados S.A.T. c/ Dirección Nacional de Vialidad", del 23 de febrero de 1993).

    Por ello, y de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 1113 y concs. del Código Civil, se decide: Hacer lugar a la demanda seguida por el Estado Nacional contra la Provincia de Río Negro y O.E.Q. y condenarlos a pagar al actor, dentro del plazo de treinta días, la suma de siete mil setecientos seis pesos ($ 7.706) con más los intereses calculados de conformidad con lo que surge del considerando //////////////////////////////////////////////////////// ////

    que antecede. N. y, oportunamente, archívese.

    JULIO S. NAZARENO (en disidencia parcial) - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (según su voto) - E.S.P. (según su voto) - R.L. (h) - EDUARDO MOLINE O'CONNOR (por mi voto) - A.B..

    VO

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    Estado Nacional (Fuerza Aérea Argentina) c/ Río Negro, Provincia de s/ cobro de pesos.

    TO DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO, DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Y DON EDUARDO MOLINE O'CONNOR Resulta:

    I) A fs. 2/4 se presenta el Estado Nacional e inicia demanda contra la Provincia de Río Negro y O.E.Q. por daños y perjuicios.

    Dice que el día 1 de enero de 1984 a las 0,20, cuando el agente bombero de la policía de la provincia demandada O.Q. conducía la autobomba marca Dodge 200, patente C 1.090.600 de propiedad de la Fuerza Aérea Argentina, cedida para su utilización al Cuerpo de Bomberos provincial, el vehículo se desvió de su ruta y cayó a una zanja de drenaje sufriendo los daños que surgen del expediente administrativo acompañado. El accidente se debió -afirma- a la conducta negligente del citado Q., quien no estaba autorizado para usar el automotor.

    II) A fs. 13/14 contesta la demanda la Provincia de Río Negro. Invoca la prescripción de la acción, negando efectos suspensivos a la comunicación enviada por la actora en la cual reclamó el pago de los daños. Rechaza toda responsabilidad en el hecho toda vez que de las conclusiones del sumario levantado por la propia actora surge que el accidente no se originó en un acto de servicio. Cuestiona los montos reclamados.

    III) En cuanto al codemandado Q., no compare

    ció al juicio pese a estar debidamente notificado (ver fs. 34 vta.).

    Considerando:

  9. ) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (arts. 100 y 101 de la Constitución Nacional).

  10. ) Que, en primer término, corresponde decidir la excepción de prescripción opuesta sobre la base de que la comunicación del 29 de mayo de 1985 dirigida al señor jefe de la Policía de la Provincia de Río Negro no ha tenido los efectos suspensivos previstos en el art. 3986, segundo párrafo, del Código Civil.

  11. ) Que contrariamente a lo afirmado por la demandada, esa comunicación -obrante a fs. 57/59 del expediente administrativo acompañado-, que tuvo como propósito obtener el pago de la indemnización aquí reclamada, resulta idónea para producir la suspensión de la prescripción.

    En efecto, para "la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica", a que alude el precepto citado, no se requiere que el acto de intimación que se practique esté revestido de solemnidades específicas, sino que basta con la interpelación efectiva al deudor por medio de un acto que no ofrezca dudas acerca de la veracidad del reclamo y la oportunidad de su realización. En ese sentido, el documento mencionado fue recibido, según surge de la correlación entre el informe de fs. 65/67 y las constancias del expediente administrativo, ya que la fecha de su emisión -29 de mayo de 1985- se corresponde con la de la recepción

    E.217 XX.

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    5 Estado Nacional (Fuerza Aérea Argentina) c/ Río Negro, Provincia de s/ cobro de pesos. en la repartición policial de Río Negro, el 6 de junio de ese año.

    No obsta a lo expuesto la circunstancia de que el requerimiento de pago haya sido dirigido al jefe de policía de la provincia demandada -a cuyo cargo estaba el vehículo siniestrado- en lugar de haberlo hecho -como se pretende- al titular del poder ejecutivo provincial, toda vez que aquel cuerpo integra la administración provincial central.

    La centralización o descentralización son formas de hacer efectiva la actividad de la Administración Pública, con la obvia subordinación del órgano local al órgano central, en el primer caso, y la mera distribución de su propia competencia realizada por el Poder Ejecutivo entre órganos que siguen dependiendo de él a través del poder jerárquico, en el segundo. De ahí que la omisión de cumplimiento -por parte del inferior- de la obligación de información respecto del superior, no puede ser opuesta a la actora para pretender eximirse de responsabilidad. Únense a ello los principios de informalismo y de impulsión de oficio que rigen la actuación en sede administrativa, así como el ejercicio obligatorio de la competencia por parte de la autoridad (arts. 3° y 56, decreto 819/80, normas de procedimiento administrativo) para concluir que la intimación de pago en cuestión, importó la constitución en mora de la Provincia de Río Negro.

    De tal manera, el planteo debe ser rechazado ya que la suspensión permite considerar que la demanda fue interpuesta dentro del plazo previsto por el artículo 4037

    del Código Civil.

  12. ) Que la situación procesal del codemandado Q., que no contestó la demanda, crea a su respecto la presunción prevista en el art. 356, inciso 1° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

  13. ) Que a ello debe agregarse que los antecedentes de la causa evidencian que el accidente fue ocasionado por la conducta imprudente del agente bombero Q. tal como se afirma en la demanda y surge del expediente administrativo acompañado. En efecto, las constancias de fs. 3, el croquis de fs. 6, el informe agregado al oficio con que se eleva el sumario instruido por el cuerpo de bomberos y las declaraciones testificales del personal de guardia acreditan que el evento se produjo cuando el agente conducía la autobomba por la calle de rodaje N° 2 del aeropuerto de San Carlos de Bariloche, ocasión en la cual perdió su dominio, desviándose de su ruta y cayendo en una zanja de drenaje. Por otro lado, así surge de las propias declaraciones de Q., quien asimismo reconoció que no había tomado las precauciones necesarias para evitar el accidente (ver fs. 27/28 del expediente agregado).

  14. ) Que corresponde considerar si se encuentra comprometida la responsabilidad de la provincia demandada, por cuanto ésta sostiene que el evento se produjo como consecuencia del ejercicio de funciones que no sólo no eran las propias del dependiente, sino que le estaban expresamente prohibidas.

  15. ) Que no está en discusión el hecho de que la

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    6 Estado Nacional (Fuerza Aérea Argentina) c/ Río Negro, Provincia de s/ cobro de pesos. autobomba estaba afectada al servicio de la policía de Río Negro la que tenía a su cargo el control de su funcionamiento. También está acreditado que Q. se encontraba de guardia y a cargo de la dotación respectiva sin que la circunstancia invocada de que no contaba con autorización para conducir el vehículo obste a la responsabilidad del Estado provincial en los términos del art. 1113, primera parte, del Código Civil.

    En efecto, el principal responde no sólo por los hechos de los dependientes realizados en el desempeño de las tareas a su cargo sino también por aquellos actos practicados con abuso de la función, sea que el subordinado haya contrariado expresas instrucciones, sea que haya asumido tareas que podrían considerarse no comprendidas en el encargo o que haya violado disposiciones reglamentarias como las invocadas en la comunicación de fs. 18 de las actuaciones administrativas, toda vez que ello no resulta decisivo para negar la responsabilidad del principal en virtud de que tal infracción no puede obrar en perjuicio de terceros si no se han adoptado medidas adecuadas para hacerlas cumplir o, en su caso, ha faltado control.

  16. ) Que por lo expuesto corresponde fijar el monto de la indemnización. La actora ha reclamado en su demanda la suma de A 1.611,94, que es la que surge del presupuesto agregado al expediente administrativo, el perito mecánico justificó los daños a la fecha del dictamen (18 de marzo de 1988) en A 17.276 (fs.

    113/115), cantidad que no mereció objeciones de las partes y que el Tribunal acepta. En consecuencia,

    esa suma, actualizada para compensar los efectos de la depreciación monetaria por el índice de precios al consumidor hasta el 1 de abril de 1991 (art. 8°, ley 23.928), arroja una indemnización de $ 7.706.

    Los intereses respectivos se deberán calcular desde el 1 de enero de 1984 hasta el 31 de marzo de 1991 a la tasa del 6% anual. Desde entonces y hasta el efectivo pago según la legislación que resulte aplicable (C.58 XXIII "Consultora O.G.G. y Asociados S.A.T. c/ Dirección Nacional de Vialidad", del 23 de febrero de 1993).

    Por ello, y de acuerdo con lo dispuesto por los arts.

    1113 y concs. del Código Civil, se decide: hacer lugar a la demanda seguida por el Estado Nacional contra la Provincia de Río Negro y O.E.Q. y condenarlos a pagar al actor, dentro del plazo de treinta días, la suma de siete mil setecientos seis pesos ($ 7.706) con más los intereses calculados de conformidad con lo que surge del considerando que antecede. N. y, oportunamente, archívese.

    AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - EDUAR- DO MOLINE O'CONNOR.

    DISI

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    7 Estado Nacional (Fuerza Aérea Argentina) c/ Río Negro, Provincia de s/ cobro de pesos.

    DENCIA PARCIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON JULIOS. NAZARENO Resulta:

    I) A fs. 2/4 se presenta el Estado Nacional e inicia demanda contra la Provincia de Río Negro y O.E.Q. por daños y perjuicios.

    Dice que el día 1 de enero de 1984 a las 0,20, cuando el agente bombero de la policía de la provincia demandada O.Q. conducía la autobomba marca Dodge 200, patente C 1.090.600 de propiedad de la Fuerza Aérea Argentina, cedida para su utilización al Cuerpo de Bomberos provincial, el vehículo se desvió de su ruta y cayó a una zanja de drenaje sufriendo los daños que surgen del expediente administrativo acompañado. El accidente se debió -afirma- a la conducta negligente del citado Q., quien no estaba autorizado para usar el automotor.

    II) A fs. 13/14 contesta la demanda la Provincia de Río Negro. Invoca la prescripción de la acción, negando efectos suspensivos a la comunicación enviada por la actora en la cual reclamó el pago de los daños. Rechaza toda responsabilidad en el hecho toda vez que de las conclusiones del sumario levantado por la propia actora surge que el accidente no se originó en un acto de servicio. Cuestiona los montos reclamados.

    III) En cuanto al codemandado Q., no compareció al juicio pese a estar debidamente notificado (ver fs.

    34 vta.) Considerando:

  17. ) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (arts. 100 y 101 de la Constitución Nacional).

  18. ) Que, en primer término, corresponde decidir la excepción de prescripción opuesta sobre la base de que la comunicación del 29 de mayo de 1985 dirigida al señor jefe de la Policía de la Provincia de Río Negro no ha tenido los efectos suspensivos previstos en el art. 3986, segundo párrafo, del Código Civil.

  19. ) Que contrariamente a lo afirmado, esa comunicación que obra a fs. 57/59 del expediente administrativo acompañado, que tuvo como propósito obtener el pago de la indemnización aquí reclamada resulta idónea para producir la suspensión de la prescripción.

    En efecto, "la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica" a que alude no significa que el acto de intimación que se practique deba estar revestido de solemnidades específicas sino que importa la interpelación efectiva al deudor por medio de un acto que no ofrece dudas acerca de la veracidad del reclamo y la oportunidad de su realización. En ese sentido, el documento mencionado -cuya firma no ha sido cuestionada-, fue recibido según surge de fs. 65/67, y la fecha de su emisión -29 de mayo de 1985- se corresponde con la de la recepción en la repartición policial de Río Negro el 6 de junio de ese año.

    No obsta a lo expuesto la circunstancia de que el

    E.217 XX.

    ORIGINARIO

    8 Estado Nacional (Fuerza Aérea Argentina) c/ Río Negro, Provincia de s/ cobro de pesos. requerimiento de pago haya sido dirigido al jefe de policía de la provincia demandada, toda vez que ese cuerpo integra la administración provincial central. En consecuencia, esa comunicación importó la constitución en mora de la Provincia de Río Negro.

    De tal manera, el planteo debe rechazarse ya que la suspensión permite considerar que la demanda fue interpuesta dentro del plazo previsto por el art. 4037 del Código Civil.

  20. ) Que la situación procesal del codemandado Q., que no contestó la demanda, crea a su respecto la presunción prevista en el art. 356, inciso 1° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

  21. ) Que a ello debe agregarse que los antecedentes de la causa evidencian que el accidente fue ocasionado por la conducta imprudente del agente bombero Q. tal como se afirma en la demanda y surge del expediente administrativo acompañado. En efecto, las constancias de fs. 3, el croquis de fs. 6, el informe agregado al oficio con que se eleva el sumario instruido por el cuerpo de bomberos y las declaraciones testificales del personal de guardia acreditan que el evento se produjo cuando el agente conducía la autobomba por la calle de rodaje N° 2 del aeropuerto de San Carlos de Bariloche, ocasión en la cual perdió su dominio, desviándose de su ruta y cayendo en una zanja de drenaje.

    Por otro lado, así surge de las propias declaraciones de Q., quien asimismo reconoció que no había tomado las precaucio

    nes necesarias para evitar el accidente (ver fs. 27/28 del expediente agregado).

  22. ) Que corresponde considerar si se encuentra comprometida la responsabilidad de la provincia demandada, por cuanto ésta sostiene que el evento se produjo como consecuencia del ejercicio de funciones que no sólo no eran las propias del dependiente, sino que le estaban expresamente prohibidas.

  23. ) Que no está en discusión el hecho de que la autobomba estaba afectada al servicio de la policía de Río Negro la que tenía a su cargo el control de su funcionamiento. También está acreditado que Q. se encontraba de guardia y a cargo de la dotación respectiva sin que la circunstancia invocada de que no contaba con autorización para conducir el vehículo obste a la responsabilidad del Estado provincial en los términos del art. 1113, primera parte, del Código Civil.

    En efecto, el principal responde no sólo por los hechos de los dependientes realizados en el desempeño de las tareas a su cargo sino también por aquellos actos practicados con abuso de la función, sea que el subordinado haya contrariado expresas instrucciones, sea que haya asumido tareas que podrían considerarse no comprendidas en el encargo o que haya violado disposiciones reglamentarias como las invocadas en la comunicación de fs. 18 de las actuaciones administrativas, toda vez que ello no resulta decisivo para negar la responsabilidad del principal en virtud de que tal infracción no puede obrar en perjuicio de terceros si no se

    E.217 XX.

    ORIGINARIO

    9 Estado Nacional (Fuerza Aérea Argentina) c/ Río Negro, Provincia de s/ cobro de pesos. han adoptado medidas adecuadas para hacerlas cumplir o, en su caso, ha faltado control.

  24. ) Que por lo expuesto corresponde fijar el monto de la indemnización. La actora ha reclamado en su demanda la suma de A 1.611,94, que es la que surge del presupuesto agregado al expediente administrativo, el perito mecánico justificó los daños a la fecha del dictamen (18 de marzo de 1988) en A 17.276 (fs.

    113/115), cantidad que no mereció objeciones de las partes y que el Tribunal acepta. En consecuencia, esa suma, actualizada para compensar los efectos de la depreciación monetaria por el índice de precios al consumidor hasta el 1 de abril de 1991 (art. 8°, ley 23.928), arroja una indemnización de $ 7.706.

    En cuanto a los intereses reclamados cabe señalar que no resultan admisibles, toda vez que -dado el ítem del resarcimiento considerado- sólo corresponden desde el momento en que se efectuó el desembolso patrimonial por parte del damnificado y, en el caso, no se ha acreditado el pago de las reparaciones del automotor.

    Por ello, y de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 1113 y concs. del Código Civil, se decide: Hacer lugar a la demanda seguida por el Estado Nacional contra la Provincia de Río Negro y O.E.Q. y condenarlos a pagar al actor, dentro del plazo de treinta días, la suma de siete mil setecientos seis pesos ($ 7.706). N. y, oportunamente, archívese. JULIO S.N..