Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 24 de Junio de 2008, F. 819. XLIII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

F. 819. XLIII.

RECURSO DE HECHO

Forcadell, J.R. c/B., E.J. y otro.

Buenos Aires, 24 de junio de 2008 Vistos los autos: ARecurso de hecho deducido por la Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors en la causa Forcadell, J.R. c/B., E.J. y otro@, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación dio origen a esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, se desestima la queja. D. perdido el depósito de fs. 2. H. saber y, oportunamente, archívese.

R.L.L. (en disidencia)- ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - ENRIQUE S.P. -J.C.M. -E.R.Z..

DISI

F. 819. XLIII.

RECURSO DE HECHO

Forcadell, J.R. c/B., E.J. y otro.

DENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON R.L. LO- RENZETTI Considerando:

  1. ) Que la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en lo que al caso concierne, revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y responsabilizó en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo a la Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors por deudas salariales e indemnizatorias reclamadas por un trabajador contra su empleador concesionario de aquélla. Contra dicho pronunciamiento la codemandada vencida interpuso el recurso extraordinario cuya denegación motivó la presente queja.

  2. ) Que para así decidir, en lo que interesa, consideró que la recurrente dio en concesión la venta de artículos deportivos que identifican al club y de productos alimenticios y bebidas en el estadio de fútbol. Sostuvo que de dicho contrato surgía que la codemandada cuenta con depósitos que facilitan la venta ambulante durante el desarrollo de los espectáculos o eventos deportivos. Ponderó que el apelante ejercía control sobre el concesionario, por cuanto, una vez recibida la lista de dependientes que debían desempeñarse en cada partido, permitía el ingreso del personal otorgándole las credenciales correspondientes. Aseveró que si bien la venta de los mencionados productos, en principio, podría considerarse accesoria, fue normal, habitual y orientada al logro del mejor desenvolvimiento del club con el consiguiente beneficio económico. Afirmó que en una interpretación teleológica del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo quedaban aprehendidas por la regla las tareas que en la realidad constituyen engranajes imprescindibles para el logro del objetivo empresario.

  3. ) Que los agravios de la apelante suscitan cuestión

    federal bastante para su consideración por la vía intentada, pues lo resuelto no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.

    41) Que en el caso se trata de determinar si una asociación civil, que tiene como objeto la actividad social y deportiva, debe responder por las deudas laborales de un empresario con el que celebró un contrato de concesión para la venta de distintivos de la entidad, alimentos y bebidas, durante los partidos de fútbol u otros eventos que organiza en el estadio de su propiedad. Para este supuesto de hecho resulta aplicable el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, conforme con el cual quienes cedan total o parcialmente a otro el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deben exigir el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social y son solidariamente responsables por tales obligaciones.

    En consecuencia, corresponde establecer si la decisión impugnada está dentro del campo de las opciones interpretativas legítimas o, por el contrario, no constituye una derivación razonada de la regla de derecho aplicable.

  4. ) Que el fundamento del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo es el principio protectorio de los derechos del trabajador, que recepta la Constitución Nacional y ha sido aplicado reiteradamente por esta Corte (Fallos: 315:

    1059, 1216; 316:3138; 319:3040; 327:3677, 3753, 4607, entre muchos otros). La referida tutela se concreta, en este caso, en una regla de derecho que establece la solidaridad obliga-

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  5. ) Que la norma citada establece un primer requisito que es la existencia de un supuesto delimitado por subcontratación o contratación de trabajos o servicios que correspondan a su actividad normal y específica. En el presente caso, no se trata de cesión total o parcial del establecimiento ni tampoco de subcontrato, sino de la simple concesión.

    En la cesión del establecimiento se trata de una modificación subjetiva por cambio de la figura del empleador, pero los créditos y deudas se transmiten como una posición contractual global, lo que justifica la solidaridad pasiva del cedente y del cesionario. En el subcontrato, hay un contrato principal y uno derivado lo que permite al acreedor del subcontratista accionar contra el deudor del contrato principal, dada la coincidencia de objetos y dependencia unilateral.

    En cambio, cuando se trata de un contrato que celebra una parte con otra, la regla es que no hay acción directa de los empleados la segunda respecto de la primera, porque se aplica el principio del efecto relativo. Las múltiples contrataciones que puede realizar una empresa con terceros, están sujetas a la responsabilidad limitada que deriva de lo pactado entre ellos y de la circunstancia de que ningún acuerdo que celebre una de ellas con terceros puede perjudicarla (art.

    1195 del Código Civil).

    La interpretación estricta de esa norma es clara toda vez que es una excepción a la regla general del derecho común. Pero también dentro del sistema de la propia ley laboral, es evidente que el citado art. 30 contempla supuestos que guardan cierta analogía, y por ello es necesario interpretar que la contratación en el caso de una actividad normal y específica, debe tener alguna relación con los supuestos de

    subcontrato, es decir, con actividades propias que se delegan con dependencia unilateral. La lógica de esta norma es evidente, ya que no es posible responsabilizar a un sujeto por las deudas laborales que tengan las empresas que contrate, aunque los bienes o servicios sean necesarios o coadyuvantes para la actividad que desempeñe, porque en tal caso habría de responder por las deudas laborales de los proveedores de luz, teléfono, aire acondicionado, informática, publicidad, servicios educativos, alimentación, vigilancia, gerenciamiento, y muchos otros.

    Una interpretación laxa borraría toda frontera entre la delegación laboral, en la que predomina el control sobre el hacer de la persona, con los vínculos de colaboración gestoría, en los que el control, aunque existe, es sobre la prestación. No cabe entender que medió un contralor sobre la actividad del concesionario con sustento en las cláusulas del contrato de concesión que se citan en la sentencia, relativas a la existencia de depósitos en el estadio o la identificación del personal para el ingreso a las instalaciones. Ello obedece a pautas organizativas tendientes a asegurar la concreción útil del objeto de la concesión y no importan facultades de dirección y control sobre los dependientes. Máxime, cuando es usual en este tipo de contratos que el concedente se reserve prerrogativas de esa naturaleza respecto de la concesionaria.

    La subordinación jurídica, económica y técnica del trabajador se dan, en el caso, respecto del concesionario Buchacra, que, por otra parte, es el titular del interés, lo que es claramente diferente de la delegación gestoría en la que no se da ninguno de esos elementos.

    Por lo tanto, en los supuestos de contratos con terceros, la solidaridad se produce cuando se trata de una actividad normal y específica, entendiéndose por tal aquélla

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    Esta calificación es relevante y no ha sido precisada por el fallo en recurso, con lo cual extendió ilegítimamente la interpretación, ya que subsumió en la regla un supuesto de hecho no previsto por ella.

  6. ) Que la mencionada interpretación estricta que lleva a la conclusión de que la venta de distintivos, alimentos y bebidas no es una actividad normal y específica condice con los precedentes de esta Corte, que ha dicho que, para que surja la solidaridad, debe existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista, conforme a la implícita remisión que hace la norma en debate al art. 6 del mismo ordenamiento laboral (Fallos: 316:713, 1609; 318:366, 1382; 319:1114; 322:440; 323:2552).

    A ello, cabe añadir que la regulación legal no implica que todo empresario deba responder por las relaciones laborales que tengan todos aquellos otros empresarios con quienes establece contratos que hacen a la cadena de comercialización Cya se trate de bienes o serviciosC, máxime frente a la gran variedad de contratos que se generan actualmente en el seno de las relaciones interempresariales y el vasto campo comercial de las relaciones que así se manifiestan.

    Puede señalarse, a modo de ejemplo, además del de concesión, los contratos de distribución, franquicia, "engineering", fabricación de partes, accesorios, etc., y su posterior venta, entre muchos otros (Fallos: 306:713, 1609).

    Los tribunales deben conformar sus decisiones a las sentencias de la Corte dictadas en casos similares, en virtud de su condición de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en consecuencia (Fallos: 307:

    1094; 312:2007; 319:2061; 320:1660, 1821; 321:2294, 3201; 323:3085; 325:1515; 326:1138, entre muchos otros).

    Esta interpretación además, es coherente con todo el sistema de derecho vigente, ya que no hay responsabilidad más allá de los límites señalados.

  7. ) Que la exégesis que se sostiene no desvirtúa los propósitos protectorios de la norma legal.

    Ello es así, porque la protección del trabajador debe ser armonizada con otros bienes, valores y principios, como la propiedad, la seguridad jurídica y libertad de ejercer una industria licita. En este aspecto, la descentralización de actividades de la empresa es lícita en el ordenamiento jurídico argentino y constituye una de las opciones que tienen las empresas para decidir su organización.

    En cambio, las empresas no pueden desnaturalizar esta actividad mediante la utilización de figuras jurídicas simuladas, fraudulentas, o con una evidente conexidad que lleven a la frustración de los derechos del trabajador. Tampoco pueden, de acuerdo al art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, contratar sin controlar en los términos que fija la ley. En estos casos, los jueces deben procurar la defensa activa del crédito del trabajador, pero lo que no puede hacerse, porque no se ajusta a la Constitución, es transformar la excepción en regla y derivar responsabilidades automáticas por la sola presencia de un contrato con terceros.

    91) Que la sentencia apelada prescinde de que no basta, a efectos de la asignación de responsabilidad solidaria la índole coadyuvante o necesaria de la actividad para el desenvolvimiento empresario.

    Máxime cuando también se ha acreditado que los actores eran dependientes del concesionario B., sin vinculación laboral propia con la asociación civil recurrente y no se ha alegado ni probado que exista vinculación y/o participación económica o jurídica entre las litisconsortes más allá del contrato de concesión invocado en

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    Forcadell, J.R. c/B., E.J. y otro. el escrito inicial. En tales condiciones, se advierte que el fallo impugnado extendió desmesuradamente el ámbito de aplicación de la norma de un modo que su texto no consiente, desnaturalizando su contenido al asignarle un significado que excede inaceptablemente sus fines, y que por eso debe ser descartado.

    10) Que, en función de lo expuesto, cabe concluir que lo resuelto guarda nexo directo e inmediato con las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas (art.

    15 de la ley 48), por lo que corresponde su descalificación.

    Por ello, se declara procedente la presentación directa y el recurso extraordinario interpuestos y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas. Remítase la queja al tribunal de origen a fin de que sea agregada a los autos principales y se dicte, por quien corresponda, un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente.

    R. el depósito de fs.

    1. N. y, oportunamente, remítase.

    R.L.L..

    Recurso de hecho interpuesto por la codemandada, representada por los Dres. M.G.M. y P.M.W. Tribunal de origen: Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instan- cia del Trabajo N° 16