Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 13 de Mayo de 2008, V. 600. XL

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

V. 600. XL.

R.O.

Vaggi, O.J. c/ Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado TAMSE s/ cobro de pesos.

Buenos Aires, 13 de mayo de 2008 Vistos los autos: AVaggi, O.J. c/ Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado TAMSE s/ cobro de pesos@.

Considerando:

  1. ) Que contra la sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal que fijó los honorarios de los profesionales intervinientes en la causa (fs.

    1077/1080), el perito ingeniero interpuso el recurso ordinario de apelación contra la regulación de sus estipendios (fs. 1108/1114), recurso que el Tribunal declaró mal denegado al admitir la presentación directa deducida por el interesado (fs. 1398/1399). A fs. 1407/1431 obra el memorial de agravios y a fs. 1435/1437 la respectiva contestación.

  2. ) Que la alzada estimó los emolumentos de los profesionales intervinientes teniendo en cuenta que, en las presentes actuaciones y las acumuladas, la aplicación de los mínimos establecidos en los respectivos aranceles sobre el monto de las bases regulatorias fijadas por el juez de primera instancia, conducirían a un resultado desproporcionado con la índole y extensión de la tarea cumplida por ellos. Destacó Ca tales finesC que el monto de la causa y las escalas arancelarias pertinentes no son el único elemento a considerar para una regulación justa, ya que deben ponderarse todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que pueden ser evaluados por los jueces con un razonable margen de discrecionalidad, entre los que se encuentran el mérito, la extensión y la eficacia del trabajo realizado, la naturaleza y complejidad del asunto, como así también la calidad y novedad de la tarea profesional desarrollada, especialmente la eficacia de las tareas desarrolladas por los expertos atendiendo a las reglas enunciadas por los arts. 477 y 478, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la

    Nación.

    En consecuencia, procedió a la regulación de los honorarios del ingeniero J.M.B., con fundamento exclusivo en las normas del arancel para abogados y procuradores (arts. 6, 7, 9, 10, 11, 19, 37 y 38).

  3. ) Que en su expresión de agravios, el recurrente sostiene que la resolución apelada carece de fundamentos concretos ya que es una mera invocación de principios genéricos sin aplicación a las específicas circunstancias del caso. En este sentido, aduce que si bien la Corte ha expresado que el monto no es lo único que hay que considerar a los fines regulatorios, siempre ratificó que sí debe ser considerado, como también las normas arancelarias que determinan el mínimo.

    El apelante advierte que la cámara hizo alusión al Amonto" sin expresar concretamente el quantum tenido en cuenta, máxime cuando era distinto para cada uno de los expedientes, según lo definido con carácter firme por el juez de primera instancia.

    En cuanto a la índole y extensión de la labor profesional Ca juicio del apelanteC el a quo omitió considerar concretamente estas condiciones del dictamen, así como su complejidad, el mérito y su eficacia, en una materia novedosa y creativa.

    Se agravia de que la cámara se hubiese fundado exclusivamente en una ley ajena al caso, prescindiendo del específico régimen arancelario de los ingenieros, arquitectos y agrimensores (decreto 7887/55 Cratificado por la ley 14.467C actualizado por la ley 21.165), y sostiene Ca pesar de que la norma no fue invocada por el inferiorC que no están dadas las condiciones que fija el art.

    13 de la ley 24.432 para el apartamiento del mínimo legal. En este sentido, aduce que: a) las labores se realizaron Cen su mayor parteC antes de la entrada en vigencia de dicha norma; b) no hay desproporción del honorario mínimo que corresponde según el arancel; c) el

    V. 600. XL.

    R.O.

    Vaggi, O.J. c/ Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado TAMSE s/ cobro de pesos. tribunal no dio fundamento explícito y circunstanciado que justifique el apartamiento del arancel.

    Por último, el interesado acusa la omisión de regular honorarios por tareas encomendadas y cumplidas en los expedientes 10.180/00 y 1249/91. Se trata de lo que el recurrente entiende como una encomienda específica solicitada por las partes y autorizada por el juez, Cdeterminación del costo actual de las instalaciones de una planta de montaje de blindadosC que importaría una medición, cómputo métrico y tasación extraordinaria de obras de ingeniería de 3a. categoría en los términos del arancel (arts. 36, 38, 77 inc. 1 b, y 80), que como tal merece una regulación con prescindencia de la suerte de la acción principal.

  4. ) Que, en relación a los agravios formulados por el perito ingeniero contra la regulación de sus honorarios corresponde remitir a los fundamentos del voto del juez M. en la causa D.163.XXXVII AD.N.R.P. c/ Vidal de D., Clara Aurora s/ ejecución fiscal - inc. de ejecución de honorarios@, sentencia del 14 de febrero de 2006, (considerandos del 8° al 16).

    El juez P., remite a su disidencia en la citada causa.

    Por ello, por mayoría, corresponde confirmar la sentencia en este punto.

  5. ) Que distinta suerte debe correr el planteo vinculado con la falta de tratamiento del agravio atinente a la omisión de regular honorarios por las tareas de determinación del costo de la planta fabril. En efecto, el experto advirtió oportunamente (fs. 222/223, expediente N° 1249/91) el alcance técnico y arancelario de la encomienda formulada en cierto punto de pericia Cadvertencia que fue sustanciada sin que

    mereciera objeciones de las partesC sin que el juez de grado se expidiese sobre el derecho a la regulación por tales trabajos.

    En tales condiciones, la alzada debió pronunciarse acerca del agravio expreso del perito (fs. 867, punto IV), al menos ante la aclaratoria que formuló fs. 1100/1104, ya que constituía una vía apta para subsanar la acusada ausencia de tratamiento. En este aspecto, corresponde dejar sin efecto la sentencia por haber prescindido de la consideración de un agravio oportunamente sometido a la consideración del tribunal, ya que tal omisión podría conducir a la frustración de derechos que cuentan con amparo constitucional (Fallos:

    313:323).

  6. ) Que a ello debe circunscribirse el pronunciamiento de la Corte en supuestos como el sub lite, toda vez que así lo exige el resguardo de la competencia constitucional asignada a este Tribunal y la garantía de la defensa en juicio (conf. disidencia del juez F. en Fallos:

    318:2228, considerandos 7° a 16), correspondiendo el reenvío al tribunal de origen a los fines de que se pronuncie sobre los aspectos omitidos.

    Por todo lo expuesto, se hace lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto y se deja sin efecto la sentencia apelada con el alcance señalado en el considerando 5°.

    Vuelvan las actuaciones al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expresado. Costas por su orden atento a la

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    Vaggi, O.J. c/ Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado TAMSE s/ cobro de pesos. forma en que se resuelve (art. 68, 2a parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). N. y remítase.

    R.L.L. -E.I.H. de NOLASCO (según su voto)- CARLOS S.

    FAYT - JUAN CARLOS MAQUEDA - E.

    RAUL ZAFFARONI (según su voto)- CARMEN M. ARGIBAY (según su voto).

    VO

    V. 600. XL.

    R.O.

    Vaggi, O.J. c/ Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado TAMSE s/ cobro de pesos.

    TO DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I.

    HIGHTON de NOLASCO Y DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY Considerando:

  7. ) Que contra la sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal que fijó los honorarios de los profesionales intervinientes en la causa (fs.

    1077/1080), el perito ingeniero interpuso el recurso ordinario de apelación contra la regulación de sus estipendios (fs. 1108/1114), recurso que el Tribunal declaró mal denegado al admitir la presentación directa deducida por el interesado (fs. 1398/1399). A fs. 1407/1431 obra el memorial de agravios y a fs. 1435/1437 la respectiva contestación.

  8. ) Que la alzada estimó los emolumentos de los profesionales intervinientes teniendo en cuenta que, en las presentes actuaciones y las acumuladas, la aplicación de los mínimos establecidos en los respectivos aranceles sobre el monto de las bases regulatorias fijadas por el juez de primera instancia, conducirían a un resultado desproporcionado con la índole y extensión de la tarea cumplida por ellos. Destacó Ca tales finesC que el monto de la causa y las escalas arancelarias pertinentes no son el único elemento a considerar para una regulación justa, ya que deben ponderarse todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que deben ponderarse todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que pueden ser evaluados por los jueces con un razonable margen de discrecionalidad, entre los que se encuentran el mérito, la extensión y la eficacia del trabajo realizado, la naturaleza y complejidad del asunto, como así también la calidad y novedad de la tarea profesional desarrollada, especialmente la eficacia de las tareas desarrolladas por los expertos atendiendo a las reglas enunciadas

    por los arts. 477 y 478, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En consecuencia, procedió a la regulación de los honorarios del ingeniero J.M.B., con fundamento exclusivo en las normas del arancel para abogados y procuradores (arts. 6, 7, 9, 10, 11, 19, 37 y 38).

  9. ) Que en su expresión de agravios, el recurrente sostiene que la resolución apelada carece de fundamentos concretos ya que es una mera invocación de principios genéricos sin aplicación a las específicas circunstancias del caso. En este sentido, aduce que si bien la Corte ha expresado que el monto no es lo único que hay que considerar a los fines regulatorios, siempre ratificó que sí debe ser considerado, como también las normas arancelarias que determinan el mínimo.

    El apelante advierte que la cámara hizo alusión al Amonto" sin expresar concretamente el quantum tenido en cuenta, máxime cuando era distinto para cada uno de los expedientes, según lo definido con carácter firme por el juez de primera instancia.

    En cuanto a la índole y extensión de la labor profesional Ca juicio del apelanteC el a quo omitió considerar concretamente estas condiciones del dictamen, así como su complejidad, el mérito y su eficacia, en una materia novedosa y creativa.

    Se agravia de que la cámara se hubiese fundado exclusivamente en una ley ajena al caso, prescindiendo del específico régimen arancelario de los ingenieros, arquitectos y agrimensores (decreto 7887/55 Cratificado por la ley 14.467C actualizado por la ley 21.165), y sostiene Ca pesar de que la norma no fue invocada por el inferiorC que no están dadas las condiciones que fija el art.

    13 de la ley 24.432 para el apartamiento del mínimo legal. En este sentido, aduce que: a) las labores se realizaron Cen su mayor parteC antes de la

    V. 600. XL.

    R.O.

    Vaggi, O.J. c/ Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado TAMSE s/ cobro de pesos. entrada en vigencia de dicha norma; b) no hay desproporción del honorario mínimo que corresponde según el arancel; c) el tribunal no dio fundamento explícito y circunstanciado que justifique el apartamiento del arancel.

    Por último, el interesado acusa la omisión de regular honorarios por tareas encomendadas y cumplidas en los expedientes 10.180/00 y 1249/91. Se trata de lo que el recurrente entiende como una encomienda específica solicitada por las partes y autorizada por el juez, Cdeterminación del costo actual de las instalaciones de una planta de montaje de blindadosC que importaría una medición, cómputo métrico y tasación extraordinaria de obras de ingeniería de 3a. categoría en los términos del arancel (arts. 36, 38, 77 inc. 1 b, y 80), que como tal merece una regulación con prescindencia de la suerte de la acción principal.

  10. ) Que, aún antes de la sanción de la ley 24.432, este Tribunal había expresado que el carácter oneroso de los servicios profesionales no implica que su único medio de retribución sea el estricto apego a las escalas de los respectivos aranceles, Apues la justa retribución que reconoce la Carta Magna en favor de los acreedores debe ser, por un lado, conciliada con la garantía Cde igual gradoC que asiste a los deudores de no ser privados ilegítimamente de su propiedad al verse obligados a afrontar C. sus patrimoniosC honorarios exorbitantes, además de que no puede ser invocada para legitimar una solución que represente un lucro absolutamente irracional, desnaturalizado del principio rector sentado por la Constitución Nacional para la tutela de las garantías reconocidas (conf. Fallos: 320:495, considerando 6°).

  11. ) Que, en este sentido, cabe destacar que la decisión del a quo adoptó pautas regulatorias expresamente consagradas por la jurisprudencia de esta Corte, según la cual

    1. a juicios de monto excepcionalC también debe ser ponderada especialmente la índole y extensión de la labor profesional cumplida en la causa, para así acordar una solución justa y mesurada, que concilie tales principios y que, además, tenga en cuenta que la regulación no depende exclusivamente de dicho monto Co, en su caso, de las escalas pertinentesC sino de todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que pueden ser evaluadas por los jueces con un razonable margen de discrecionalidad, entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito de la causa, la calidad, eficacia y la extensión del trabajo (Fallos: 320:495, considerando 11 y jurisprudencia allí citada). De lo contrario, la estricta aplicación del porcentual mínimo conduciría a desvirtuar el fin pretendido por las normas arancelarias, configurándose un ejercicio antifuncional del derecho que se tuvo en mira al reconocerlo (conf. art.

    1071 del Código Civil) (causa D.163.XXXVII, AD.N.R.P. c/ Vidal de D., Clara Aurora s/ ejecución fiscal inc. de ejecución de honorarios)", sentencia del 14 de febrero de 2006, (voto de la jueza Highton de Nolasco (Fallos: 329:94).

  12. ) Que, en virtud de lo expuesto, la resolución cuestionada traduce Cdentro del margen de apreciación discrecional propio del tribunal de la causaC, las pautas concretas que fueron tenidas en consideración para determinar el importe de los honorarios apelados, a partir de las bases regulatorias fijadas en primera instancia y que no habían sido motivo de agravio.

    De tal modo, y en función de las facultades jurisdiccionales a las que se hizo mención en el considerando precedente, resulta admisible el apartamiento fundado de los mínimos arancelarios, aun con prescindencia de la aplicación al caso del art. 13 de la ley 24.432, en términos que esta Corte estima razonables.

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    Vaggi, O.J. c/ Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado TAMSE s/ cobro de pesos.

    Por tal motivo, corresponde confirmar las regulaciones apeladas.

  13. ) Que distinta suerte debe correr el planteo vinculado con la falta de tratamiento del agravio atinente a la omisión de regular honorarios por las tareas de determinación del costo de la planta fabril. En efecto, el experto advirtió oportunamente (fs. 222/23, expediente N° 1249/91) el alcance técnico y arancelario de la encomienda formulada en cierto punto de pericia Cadvertencia que fue sustanciada sin que mereciera objeciones de las partesC sin que el juez de grado se expidiese sobre el derecho a la regulación por tales trabajos.

    En tales condiciones, la alzada debió pronunciarse acerca del agravio expreso del perito (fs. 867, punto IV), al menos ante la aclaratoria que formuló fs. 1100/1104, ya que constituía una vía apta para subsanar la acusada ausencia de tratamiento. En este aspecto, corresponde dejar sin efecto la sentencia por haber prescindido de la consideración de un agravio oportunamente sometido a la consideración del tribunal, ya que tal omisión podría conducir a la frustración de derechos que cuentan con amparo constitucional (Fallos:

    313:323).

  14. ) Que a ello debe circunscribirse el pronunciamiento de la Corte en supuestos como el sub lite, toda vez que así lo exige el resguardo de la competencia constitucional asignada a este Tribunal y la garantía de la defensa en juicio (conf. disidencia del juez F. en Fallos:

    318:2228, considerandos 7° a 16), correspondiendo el reenvío al tribunal de origen a los fines de que se pronuncie sobre los aspectos omitidos.

    Por todo lo expuesto, se hace lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto y se deja sin efecto la sen-

    tencia apelada con el alcance señalado en el considerando 7°.

    Vuelvan las actuaciones al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expresado. Costas por su orden atento a la forma en que se resuelve (art. 68, 2a parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). N. y remítase. E.I.H. de NOLASCO - CARMEN M. ARGIBAY.

    VO

    V. 600. XL.

    R.O.

    Vaggi, O.J. c/ Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado TAMSE s/ cobro de pesos.

    TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E. RAÚL ZAFFARONI Considerando:

  15. ) Que contra la sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal que fijó los honorarios de los profesionales intervinientes en la causa (fs.

    1077/1080), el perito ingeniero interpuso el recurso ordinario de apelación contra la regulación de sus estipendios (fs. 1108/1114), recurso que el Tribunal declaró mal denegado al admitir la presentación directa deducida por el interesado (fs. 1398/1399). A fs. 1407/1431 obra el memorial de agravios y a fs. 1435/1437 la respectiva contestación.

  16. ) Que la alzada estimó los emolumentos de los profesionales intervinientes teniendo en cuenta que, en las presentes actuaciones y las acumuladas, la aplicación de los mínimos establecidos en los respectivos aranceles sobre el monto de las bases regulatorias fijadas por el juez de primera instancia, conducirían a un resultado desproporcionado con la índole y extensión de la tarea cumplida por ellos. Destacó Ca tales finesC que el monto de la causa y las escalas arancelarias pertinentes no son el único elemento a considerar para una regulación justa, ya que deben ponderarse todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que deben ponderarse todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que pueden ser evaluados por los jueces con un razonable margen de discrecionalidad, entre los que se encuentran el mérito, la extensión y la eficacia del trabajo realizado, la naturaleza y complejidad del asunto, como así también la calidad y novedad de la tarea profesional desarrollada, especialmente la eficacia de las tareas desarrolladas por los expertos atendiendo a las reglas enunciadas por los arts. 477 y 478, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En consecuencia, procedió a la

    regulación de los honorarios del ingeniero J.M.B., con fundamento exclusivo en las normas del arancel para abogados y procuradores (arts. 6, 7, 9, 10, 11, 19, 37 y 38).

  17. ) Que en su expresión de agravios, el recurrente sostiene que la resolución apelada carece de fundamentos concretos ya que es una mera invocación de principios genéricos sin aplicación a las específicas circunstancias del caso. En este sentido, aduce que si bien la Corte ha expresado que el monto no es lo único que hay que considerar a los fines regulatorios, siempre ratificó que sí debe ser considerado, como también las normas arancelarias que determinan el mínimo.

    El apelante advierte que la cámara hizo alusión al Amonto" sin expresar concretamente el quantum tenido en cuenta, máxime cuando era distinto para cada uno de los expedientes, según lo definido con carácter firme por el juez de primera instancia.

    En cuanto a la índole y extensión de la labor profesional Ca juicio del apelanteC el a quo omitió considerar concretamente estas condiciones del dictamen, así como su complejidad, el mérito y su eficacia, en una materia novedosa y creativa.

    Se agravia de que la cámara se hubiese fundado exclusivamente en una ley ajena al caso, prescindiendo del específico régimen arancelario de los ingenieros, arquitectos y agrimensores (decreto 7887/55 Cratificado por la ley 14.467C actualizado por la ley 21.165), y sostiene Ca pesar de que la norma no fue invocada por el inferiorC que no están dadas las condiciones que fija el art.

    13 de la ley 24.432 para el apartamiento del mínimo legal. En este sentido, aduce que: a) las labores se realizaron Cen su mayor parteC antes de la entrada en vigencia de dicha norma; b) no hay desproporción del honorario mínimo que corresponde según el arancel; c) el

    V. 600. XL.

    R.O.

    Vaggi, O.J. c/ Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado TAMSE s/ cobro de pesos. tribunal no dio fundamento explícito y circunstanciado que justifique el apartamiento del arancel.

    Por último, el interesado acusa la omisión de regular honorarios por tareas encomendadas y cumplidas en los expedientes 10.180/00 y 1249/91. Se trata de lo que el recurrente entiende como una encomienda específica solicitada por las partes y autorizada por el juez, Cdeterminación del costo actual de las instalaciones de una planta de montaje de blindadosC que importaría una medición, cómputo métrico y tasación extraordinaria de obras de ingeniería de 3a. categoría en los términos del arancel (arts. 36, 38, 77 inc. 1 b, y 80), que como tal merece una regulación con prescindencia de la suerte de la acción principal.

  18. ) Que, en relación a los agravios formulados por el perito ingeniero contra la regulación de sus honorarios corresponde remitir a los fundamentos de mi voto en D.163.XXXXVII AD.N.R.P. c/ Vidal de D., Clara Aurora s/ ejecución fiscal - inc. de ejecución de honorarios@, sentencia del 14 de febrero de 2006 (considerandos del 8° al 15).

    Por ello, corresponde confirmar la sentencia en este punto.

  19. ) Que distinta suerte debe correr el planteo vinculado con la falta de tratamiento del agravio atinente a la omisión de regular honorarios por las tareas de determinación del costo de la planta fabril. En efecto, el experto advirtió oportunamente (fs. 222/23, expediente N° 1249/91) el alcance técnico y arancelario de la encomienda formulada en cierto punto de pericia Cadvertencia que fue sustanciada sin que mereciera objeciones de las partesC sin que el juez de grado se expidiese sobre el derecho a la regulación por tales trabajos.

    En tales condiciones, la alzada debió pronunciarse

    acerca del agravio expreso del perito (fs. 867, punto IV), al menos ante la aclaratoria que formuló fs. 1100/1104, ya que constituía una vía apta para subsanar la acusada ausencia de tratamiento. En este aspecto, corresponde dejar sin efecto la sentencia por haber prescindido de la consideración de un agravio oportunamente sometido a la consideración del tribunal, ya que tal omisión podría conducir a la frustración de derechos que cuentan con amparo constitucional (Fallos:

    313:323).

  20. ) Que a ello debe circunscribirse el pronunciamiento de la Corte en supuestos como el sub lite, toda vez que así lo exige el resguardo de la competencia constitucional asignada a este Tribunal y la garantía de la defensa en juicio (conf. disidencia del juez F. en Fallos:

    318:2228, considerandos 7° a 16), correspondiendo el reenvío al tribunal de origen a los fines de que se pronuncie sobre los aspectos omitidos.

    Por todo lo expuesto, se hace lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto y se deja sin efecto la sentencia apelada con el alcance señalado en el considerando 5°.

    Vuelvan las actuaciones al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expresado. Costas por su orden atento a la forma en que se resuelve (art. 68, 2a parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). N. y remítase. E.

    RAUL ZAFFARONI.

    Recurso ordinario interpuesto por J.M.B., por derecho propio, con el patrocinio de la Dra. G.E.S.T. contestado por el Estado Nacional - Ministerio de Economía y Producción, representado por las Dras. M.A.P. y M.A.J. Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, S.I.