Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 15 de Abril de 2008, L. 994. XLIII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

S.C., L.994, L.XLIII.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

-I-

A.C.L., quien denuncia tener su domicilio en la Provincia de Buenos Aires, deduce acción de amparo en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional y de la ley nacional 16.986, contra dicho Estado local y el Estado Nacional, a fin de que V.E. se avoque al conocimiento de la IPP 31.498 (instrucción penal preparatoria) en trámite ante el Departamento Judicial de Necochea, dada la actuación -a su entenderilícita de los funcionarios y magistrados integrantes del Ministerio Público y del Poder Judicial de esa jurisdicción que intervinieron en la causa, consistente en las graves faltas in procedendo que denuncia en su escrito de inicio, las cuales le han provocado -según indicauna situación de denegación de justicia.

Aduce que los hechos presuntamente delictivos que dieron lugar a la formación de esa causa penal y de su acumulada, la IPP 38.236 autos "L.A.C. s/ denuncia", se consumaron durante el desarrollo del juicio de insanía que promovió en tutela de su madre, causa caratulada "C.A. s/ insana" que también tramita en esa jurisdicción.

Es en razón de lo expuesto que solicita que se declaren nulas las sentencias que dispusieron el archivo de dichas actuaciones, dictadas el 14 de diciembre de 2004 y el 3 de diciembre de 2007, y se ordene que se reintegren las piezas procesales desglosadas y se deje sin efecto la formación de la IPP 38.236.

A su vez, requiere que se disponga el desplazamiento de la instrucción a la órbita de la Procuración General de la Nación y se determine el órgano judicial actuante.

Asimismo, peticiona que se libre oficio a la Fisca-

lía de Cámara del Departamento Judicial de Necochea para que se remita dicho proceso, sus acumulados e incidentes, así como las copias de los autos "C.A. s/ insana", que obran por cuerda separada.

Dirige la demanda también contra el Estado Nacional ante la posible responsabilidad internacional que le podría corresponder al violar las autoridades locales los preceptos de un tratado internacional de derechos humanos con jerarquía constitucional, como lo son los arts. 21, 8.1, 21 y 25.1 del Pacto de San José de Costa Rica.

Además, funda su pretensión en los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional y 25, incs. a, b, c, f, g y h, de la ley nacional 24.946 de Ministerio Público.

A fs. 47, se corre vista, por la competencia, a este Ministerio Público.

-II-

Cabe recordar, en principio, que el Tribunal ha reconocido la posibilidad de que la acción de amparo, de manera general, tramite en esta instancia, siempre que se verifiquen las hipótesis que surtan la competencia originaria prevista en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional (reglamentados por el art.

24, inc.

11, del decreto-ley 1285/58) porque, de otro modo, en tales controversias, quedarían sin protección los derechos de las partes en los supuestos contemplados por el art. 43 de la Constitución Nacional y por la ley 16.986 (Fallos:

312:640; 313:127 y 1062 y 322:1514).

Sentado lo expuesto, entiendo que el asunto radica en determinar si en el sub examine se configuran dichos requisitos.

En primer lugar, pienso que no procede la competen-

S.C., L.994, L.XLIII.

Procuración General de la Nación cia originaria ratione personae, ya que la acumulación subjetiva de pretensiones solicitada por la actora contra la Provincia de Buenos Aires y contra el Estado Nacional resulta inadmisible, toda vez que ninguno de ellos es aforado en forma autónoma a esta instancia (Fallos: 329:2316, considerando 16), ni existen motivos suficientes para concluir que dicho litisconsorcio pasivo sea necesario, según el art.

89 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

En segundo término, para que proceda la competencia invocada por ser parte una provincia, debe examinarse, además, la materia sobre la que versa el pleito, esto es, que se trate de una cuestión de naturaleza directa y exclusivamente federal (Fallos: 311:1812 y 2154; 313:98 y 548; 315:448; 318:992 y 2457; 322:1470; 323:2380 y 3279).

Es mi parecer que dicha hipótesis tampoco se verifica en autos, pues lo debatido comprende cuestiones de índole local y de competencia de los poderes locales, en tanto la actora se agravia en razón de la presunta deficiente prestación del servicio de justicia y fiscal llevada a cabo por magistrados y funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, cuestión principalmente regida por el derecho público local, pues no ha sido delegada a la Nación, por el contrario, los gobiernos provinciales han asumido la obligación expresa de asegurarla, por lo cual conservan el pleno ejercicio de las facultades que se han reservado, y que, como tales, les resultan propias e indelegables (arts. 51 y 121 y siguientes de la Constitución Nacional y Fallos: 329:5829).

En tales condiciones, la Provincia de Buenos Aires deberá ser emplazada ante sus propios jueces, pudiendo ser demandado el Estado Nacional -en su caso- ante la justicia federal, donde encontrará así satisfecho su privilegio (art.

de la Ley Fundamental).

En razón de lo expuesto y dada la índole taxativa de la competencia prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional y su imposibilidad de ser extendida, por persona o poder alguno, según el criterio adoptado por el Tribunal en el precedente "S.", publicado en Fallos: 32:120, y reiterado en Fallos: 270:78; 285:209; 302:63; 322:1514; 323:1854; 326:3642, entre muchos otros, opino que el proceso resulta ajeno a esta instancia.

Buenos Aires, 15 de abril de 2008.

L.M.M.