Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 8 de Abril de 2008, P. 501. XXXV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

P. 501. XXXV.

ORIGINARIO

P.C.S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción declarativa.

Buenos Aires, 8 de abril de 2008 Vistos los autos: "P.C.S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción declarativa", de los que Resulta:

I) A fs. 84/118 se presenta P.C.S.A., por medio de apoderado, e inicia demanda contra la Provincia del Neuquén a fin de que se despeje el estado de incertidumbre generado por la provincia y puesto en evidencia mediante el decreto 786 del 23 de marzo de 1998 con las modificaciones introducidas por el decreto 2823 del 14 de agosto de ese año.

Solicita al Tribunal que declare: 1°) que la actual posición de la Provincia del Neuquén en cuanto pretende gravar con el impuesto de sellos a los contratos entre ausentes formalizados mediante ofertas aceptadas tácitamente o en forma pura y simple colisiona con el derecho federal, y 2°) que la obligación establecida por el decreto 786/98 referente a la observación de ciertas formas para la celebración de contratos colisiona también con el derecho federal, y, en consecuencia, no le puede ser impuesta.

Expresa que el citado decreto 786/98 establece en su art. 1° Ccon las modificaciones incorporadas por el decreto 2823/98C "que las empresas que se acojan a los términos del presente Decreto y cumplan sus requisitos gozarán de las exenciones del impuesto de sellos que se establecen en los artículos siguientes por los contratos de compraventa de petróleo crudo y gas natural, metano, etano, propano, butano, gasolina y condensado celebrados o a celebrarse, sea entre presentes o por correspondencia cuyo impuesto no haya sido abonado antes de la fecha de publicación del presente (art.

  1. )".

    Sostiene que la demandada ha interpretado que los

    contratos por correspondencia generan el hecho imponible previsto en el Código Fiscal, cualquiera que sea el nivel de instrumentación de la aceptación de la oferta (aceptación pura y simple), sin transcripción de la oferta o sus elementos esenciales, o incluso en ausencia de ella (aceptación tácita).

    Sin embargo CcontinúaC la inteligencia compartida por los contribuyentes y por el propio fisco provincial por mucho tiempo, basada en el régimen legal de los impuestos de sellos, en particular la ley 23.548, ha sido la no gravabilidad de tales contratos.

    No obstante, la orientación fiscal de la provincia en la materia indica un cambio de criterio. En ese sentido, se inscriben los decretos 786 y 2823 del año 1998. El primero de ellos destaca en sus considerandos que las empresas hidrocarburíferas han recurrido a las formalidades de la contratación por correspondencia considerando que no configuran formas instrumentales gravadas y deja a salvo la opinión del fisco provincial sobre el punto. No obstante, teniendo en cuenta el interés económico en juego, se consideraba conveniente establecer exenciones parciales para aquellas empresas y por los contratos que se ajusten a sus disposiciones.

    El decreto 2823, por su parte, explica que a consecuencia de ciertos planteos de la Cámara de Empresas Petroleras y la Asociación de Distribuidores de Gas se reemplazó el art.

  2. de su antecedente aclarando que involucraba a los contratos celebrados o por celebrarse, sea entre presentes o por correspondencia, cuyo impuesto no haya sido abonado antes de la fecha de su publicación. Asimismo se reemplazaron los incs. b y c del art. 4° estableciendo como condiciones para acogerse a sus términos que las empresas renuncien a todo derecho de reclamo o repetición por las cifras que se abonen a consecuencia de ese acogimiento lo que Cse aclaraC no im-

    P. 501. XXXV.

    ORIGINARIO

    P.C.S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción declarativa. plicaba reconocimiento alguno en favor del Estado provincial en materia de impuesto de sellos. Asimismo se obligaban a suscribir en el futuro todos los contratos de compraventa que encuadren en las previsiones del art. 1° con las modalidades y formas que según el código fiscal local configuren el hecho imponible. Por otro lado, aclara que tal obligación subsistirá hasta que el Tribunal Superior del Neuquén o la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidan sobre el punto declarando erróneo el criterio tributario provincial.

    Se refiere luego a los efectos que producirá sobre los sujetos imponibles la adhesión a ese régimen de exenciones, que a más de generar los propios de toda moratoria Cel desistimiento de la acción o del derecho a cambio de la reducción del impuestoC les impone formalizar sus negocios según las modalidades señaladas. Deja claro, no obstante, que no impugna "el acto voluntario tendiente a regularizar obligaciones omitidas sino que se pretende, además, imponer coactivamente un régimen permanente hacia el futuro con prescindencia de la autonomía de la voluntad".

    Critica la técnica legislativa empleada y considera que la norma local entra en conflicto con la legislación federal en la materia y en particular con la ley 23.548 en lo que se refiere al tratamiento que en estas normas se acuerda al impuesto de sellos.

    A continuación se refiere a los contratos entre ausentes y a su régimen en el Código Civil y en los códigos fiscales provinciales para señalar que el decreto atacado viola el principio de legalidad. Asimismo, destaca la supremacía de la autoridad federal en materia de hidrocarburos, que resulta vulnerada por el decreto impugnado, el cual legisla en total apartamiento del criterio de autosuficiencia y del principio de instrumentación que caracteriza al impuesto en

    cuestión.

    Considera que, por lo tanto, interfiere en el establecimiento de utilidad nacional.

    En efecto, agrega, el decreto 786/98 produce una fractura por la aplicación de criterios fiscales que alteran las premisas garantes de aquella política general para la actividad hidrocarburífera que resultan del acuerdo federal sobre el particular.

    Se refiere, finalmente, al sometimiento que el régimen impone a formas futuras gravadas, a la alteración de la unidad legislativa y a la afectación a la libertad que provoca.

    II) A fs. 199/221 se presenta el Estado Nacional.

    Sostiene que la existencia de un régimen especial para las empresas productoras de hidrocarburos como el que establecen los decretos provinciales citados no importa discriminación en su contra ya que constituye un sistema de adhesión voluntaria, que supone un tratamiento fiscal más benigno frente al impuesto de sellos que el emergente de la cuestionable interpretación efectuada por la demandada.

    Discrepa respecto de las afirmaciones de la actora referentes a que las normas mencionadas en el párrafo anterior han "creado un nuevo impuesto", porque la supuesta obligación de pagar el gravamen no proviene de ellas sino de las ilegítimas determinaciones tributarias que se realizan en cada caso concreto con base en una arbitraria interpretación de la norma fiscal preexistente al régimen de "regularización".

    Por otro lado explica las características del tributo y las restricciones contenidas en la ley de coparticipación federal para, posteriormente, analizar el Código Fiscal de la demandada y su interpretación por parte del Superior Tribunal provincial en la causa "Solba U.T.E. c/ Provincia del Neuquén s/ acción procesal administrativa" (expte.

    P. 501. XXXV.

    ORIGINARIO

    P.C.S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción declarativa.

    A.142.702/94). También se refiere a la posición asumida por la Dirección General de Rentas provincial y a la sostenida por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), a la situación en otras provincias y a las diferentes opiniones de la doctrina sobre el tema.

    Sobre tales presupuestos el Estado Nacional considera que la posición adoptada por la autoridad fiscal de la Provincia del Neuquén al pretender gravar los contratos por correspondencia que no se ajustan a los recaudos formales establecidos en el art.

  3. , inc. b, acápite 2, de la ley 23.548, es arbitraria, colisiona con esta última norma y viola el principio de supremacía sentado por el art.

    31 de la Constitución Nacional (confr. pto. 9.1, fs. 219 vta.).

    Por ello, solicita que se declaren erróneos los criterios interpretativos que sigue la demandada sobre el actual texto de los incs. a y b del art. 216 del Código Fiscal, declarando, asimismo, inexigible ab initio la obligación contenida en el primer párrafo del inc. c del art. 4° del decreto provincial 786/98.

    III) A fs. 240/259, la Provincia del Neuquén contesta la demanda y solicita su rechazo.

    En primer término afirma que la actora se acogió voluntariamente al régimen de exenciones y reducción de alícuotas del impuesto de sellos establecido por el decreto 786/98 y abonó el crédito fiscal que autoliquidó, razón por la cual no puede ahora cuestionarlo por considerar que sus previsiones resultan arbitrarias, excesivas o contrarias a normas provinciales o nacionales.

    Ello, en su criterio, es inadmisible con sustento en la doctrina de los propios actos, que es derivación necesaria e inmediata del principio de buena fe, el cual impide ejercitar algún derecho o facultad en contradicción con ante-

    riores conductas jurídicamente relevantes.

    Agrega que si la actora consideraba que dicho reglamento le exigía el cumplimiento de obligaciones complementarias excesivas, bastaba con no someterse a sus previsiones y abonar el impuesto conforme al régimen general del Código Fiscal o, en el caso de su determinación de oficio, impugnar la interpretación sostenida por el organismo recaudador.

    Asimismo, plantea la incompetencia de la Corte para entender en el asunto, niega la existencia de "caso" o "causa judicial" y afirma que la Comisión Federal de Impuestos constituye la vía apta para dilucidar la cuestión planteada por la que se intenta someter al juicio de la Corte Suprema los criterios de política fiscal del Estado Nacional y las provincias.

    Acerca del fondo del asunto, describe el régimen del impuesto de sellos provincial y niega que exista confrontación alguna con las disposiciones de la ley 23.548, a la par que explica el sistema de exenciones parciales establecidas por el decreto provincial 786/98 (modificado y complementado por sus similares 2823/98 y 3083/98), señalando las ventajas que ofrece al contribuyente.

    Por último niega que medie violación alguna a la libertad de contratación y al libre ejercicio del comercio interprovincial a raíz de la aplicación del gravamen discutido. En ese sentido, alega que la actora no resulta inmune al poder de imposición de la provincia y que no ha invocado que el tributo importe un trato discriminatorio respecto de otras empresas similares, ni que su exigencia encarezca la actividad al extremo de tornar imposible su desarrollo.

    Considerando:

  4. ) Que, tal como se decidió el 2 de junio de 2003 en el expediente P.502.XXXV. seguido entre las mismas partes,

    P. 501. XXXV.

    ORIGINARIO

    P.C.S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción declarativa. esta Corte resulta competente para intervenir en la presente causa. Asimismo, lo expresado en ese precedente torna admisible la acción declarativa intentada.

  5. ) Que la actora inició acción declarativa a fin de que esta Corte declare: 1°) que la obligación establecida por el decreto 786/98 de la Provincia del Neuquén, referente a la observación de ciertas formas para la celebración de contratos, colisiona con el derecho federal, y en consecuencia, no puede serle impuesta; y 2°) que la posición de la Provincia del Neuquén, en cuanto pretende gravar con el impuesto de sellos a los contratos entre ausentes, formalizados mediante ofertas aceptadas tácitamente o en forma pura y simple, colisiona también con el derecho federal.

  6. ) Que, según surge de las notas agregadas a fs.

    69/70 y 72/73, la actora se acogió plenamente al régimen establecido en el decreto 786/98 que ahora impugna. Esa actitud comprende los contratos individualizados en las planillas de fs. 71 y 74/75, cuya naturaleza, ya sea de contratos entre presentes o por correspondencia, no se precisa. Ello surge de la mención contenida en el último párrafo de ambas notas. La sujeción a aquel régimen se extendió a los "futuros contratos de compraventa de petróleo crudo y gas natural licuado, gasolina y condensados que encuadren en el art. 1° del presente decreto" (ver párrafo 4°).

    41) Que respecto de la obligación establecida por el decreto 786/98 los planteos de la accionante, enderezados a la impugnación de inconstitucionalidad de la obligación asumida, configuran meras alegaciones, sin que haya aportado al sub examine elemento probatorio concreto alguno, ni demostrado de qué manera la norma que impugna contraría a la Constitución Nacional, ni precisado y acreditado fehacientemente el

    perjuicio que le origina su aplicación, resultando insuficiente la invocación de agravios meramente conjeturales (conf. doctrina de Fallos: 307:1656 y 316:687), por lo que se ha de rechazar la demanda en este punto.

  7. ) Que respecto de la posición de la Provincia del Neuquén, en cuanto pretende gravar con el impuesto de sellos a los contratos entre ausentes formalizados mediante ofertas aceptadas tácitamente o en forma pura y simple, el decreto 786/98 explicaba en sus considerandos que las empresas de hidrocarburos habían "planteado que el impuesto de sellos con sus alícuotas y características actuales dificulta la realización de contratos de compraventa de gas y de petróleo por largos plazos o por montos importantes" y que, a la vez, habían recurrido a las formalidades de la contratación por correspondencia, generándose así una controversia entre ellas y el Estado provincial. Para allanar esas dificultades CcontinuabaC y "a fin de favorecer el incremento en la realización de contratos de compraventa de gas y de petróleo", la provincia consideró conveniente "establecer exenciones parciales en el impuesto de sellos".

    A ese fin el art. 1° del mencionado decreto con la modificación introducida por su similar 2823/98 estableció que las empresas que se acogieron a sus términos gozarían de tales exenciones ya en el caso de contratos entre presentes o por correspondencia en tanto se sometieran a las exigencias contenidas en el art. 4° (ver fs. 10/17), consistentes en: "a) Desistir con carácter irrevocable, de toda acción administrativa o judicial promovida o a promover contra el Fisco Provincial en relación al Impuesto de Sellos que grave a los contratos comprendidos en el presente decreto, b) Renunciar a todo derecho de reclamo o repetición por las cifras que se abonen como efecto del acogimiento al presente Decreto. Esta

    P. 501. XXXV.

    ORIGINARIO

    P.C.S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción declarativa. renuncia no implica reconocimiento alguno a favor del Estado Provincial respecto del impuesto de sellos y frente a las distintas modalidades de formalización instrumental y a su tratamiento del Código Fiscal, c) O. a suscribir en el futuro todos los contratos de compraventa de petróleo crudo y gas Cnatural, licuado, gasolina y condensadosC que encuadren en el Artículo 1° del presente decreto, con las modalidades y formas que según el Código Fiscal Provincial configuran el hecho imponible gravado por el impuesto de sellos en la jurisdicción de Neuquén y sin que ello implique reconocimiento alguno a favor del Estado provincial respecto del Impuesto de Sellos y frente a las distintas modalidades de formalización instrumental y a su tratamiento dentro del Código Fiscal. La obligación del párrafo anterior subsistirá mientras no exista un pronunciamiento judicial firme del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establezcan como erróneos los criterios de interpretación que sigue el Gobierno de la Provincia del Neuquén, sobre el actual texto de los incisos a y b del artículo 216 del Código Fiscal Provincial".

  8. ) Que en las causas "Shell Cía. Argentina de Petróleo S.A." (Fallos: 327:1051); "Transportadora de Gas del Sur S.A." (Fallos: 327:1083) e "YPF Sociedad Anónima" (Fallos:

    327:1108) esta Corte estableció jurisprudencia contraria a la posición de la demandada, pues se hallaba reñida con las obligaciones que contrajo al adherir sin limitaciones, ni reservas a la ley 23.548, en especial el art. 9 ap. II del inc. b de dicha norma que establece los límites del principio de instrumentalidad, doctrina que es aplicable en la especie.

  9. ) Que tales precedentes son plenamente aplicables al caso en lo que atañe a los contratos entre ausentes formalizados mediante ofertas aceptadas tácitamente o en forma pura

    y simple, por lo cual con esta sentencia se cumple la condición a la que se subordinó el acogimiento al decreto 786/98, es decir, un pronunciamiento de esta Corte que establezca el carácter erróneo de la interpretación que ha hecho la provincia demandada de los incs. a y b del art. 216 del Código Fiscal local (art. 4, c, segundo párrafo del citado decreto, modificado por el decreto 2823/98). En consecuencia, la actora no contradijo sus actos propios, pues la aceptación del régimen que se impugna fue hecha con expresa reserva en lo relativo a la jurisprudencia de esta Corte. C., asimismo, un estado de incertidumbre sobre la existencia y modalidad de las obligaciones de la actora con el Fisco provincial en lo atinente a los referidos contratos, estado que se desprende del acogimiento mismo al régimen del decreto 786/98, con arreglo al cual la empresa se obligaba a instrumentar sus operaciones bajo las modalidades consideradas como gravadas por el impuesto de sellos, sin que ello implicara reconocimiento alguno en favor del Estado provincial y hasta tanto esta Corte dirimiera la controversia suscitada en este punto. Toda vez que el sometimiento C. reservasC a la pretensión del Fisco se encontraba subordinado a la suerte de un pronunciamiento de este Tribunal, es clara la existencia de un interés jurídico suficiente en el actor para instar la acción destinada a provocar ese pronunciamiento judicial, que no importa de ese modo una indagación meramente especulativa desde que busca dilucidar la subsistencia de la obligación tributaria en cuestión.

    Desde otra perspectiva, el aludido estado de incertidumbre jurídica, que ambas partes compartieron al concertar un statu quo provisorio y sujeto a una definición jurisdiccional, justifica que las costas se impongan por su orden (art. 68, 2° párrafo, Código Procesal Civil y Comercial de la

    P. 501. XXXV.

    ORIGINARIO

    P.C.S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción declarativa.

    Nación).

  10. ) Que, en virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar a la demanda respecto de los contratos celebrados con posterioridad a este fallo.

    Por ello y oído el señor Procurador General, se hace lugar parcialmente a la demanda con el alcance que surge de la presente.

    Costas en el orden causado (art.

    68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    N. y, oportunamente, archívese. R.L.L.- ZETTI - ELENA I.

    HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S.

    FAYT (en disidencia)- E.S.P. (según su voto)- J.C.M. -E.R.Z. -C.M.A..

    VO

    P. 501. XXXV.

    ORIGINARIO

    P.C.S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción declarativa.

    TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E.S.P. Considerando:

    Que las cuestiones debatidas en la presente causa son sustancialmente análogas a las resueltas en la sentencia de la fecha en la causa P.502.XXXV. "Petrolera P.C.S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción declarativa" (voto del juez P., y a sus fundamentos y conclusiones corresponde remitir en razón de brevedad.

    Por ello y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador General se decide: Hacer lugar parcialmente a la demanda con el alcance que surge de la presente. Costas en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    N..

    E.S.P..

    DISI

    P. 501. XXXV.

    ORIGINARIO

    P.C.S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción declarativa.

    DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT Considerando:

    Que las cuestiones debatidas en el presente caso son sustancialmente análogas a las resueltas en la sentencia de la fecha en la causa P.502.XXXV. "Petrolera P.C.S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción declarativa" (voto del juez F., a cuyos fundamentos y conclusiones cabe remitir en razón de brevedad.

    Por ello y oído el señor Procurador General, se decide:

    Rechazar la demanda. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). N. y, oportunamente, archívese. C.S.F..

    Nombre del actor: P.C.S.A., letrado apoderado D.. A.P. y L.F.V., letrado patrocinante Dr. A.T..

    Nombre de la demandada: Provincia del Neuquén.

    Fiscal de Estado Dr. R.M.G., letrado apoderado Dr. E.O.S..

    Tercero citado: Estado Nacional. Ministerio de Economía.

    Letrada apoderada Dra. M.I.A.A.R..