Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 13 de Noviembre de 2007, C. 1133. XLIII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

M. S.A. s/infr. art.

302 S.C. Comp. 1133, L. XLIII Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

La presente contienda negativa de competencia suscitada entre el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N1 2 y el Juzgado de Garantías N1 6 del Departamento Judicial de Lomas de Z., provincia de Buenos Aires, se refiere a la causa donde se investiga la querella instruida por el Presidente de Unipox S.A.

En ella refiere haber recibido en pago de la firma Magavinil S.A., por la entrega de mercadería, una importante cantidad de cheques de pago diferido, algunos propios y otros de terceros -entre ellos, un documento apócrifo-, los cuales al ser presentados al cobro fueron rechazados por fondos insuficientes y orden de no pagar.

Agregó que con dicha sociedad mantienen una relación comercial desde hace cuatro años, y nunca habían tenido inconveniente alguno con los cheques que abonaban. Por ello, considera que los imputados trataron de obtener su confianza y así, realizar la maniobra estafatoria consistente en obtener un crédito en el que se les extendía cada vez más su fecha de pago.

El magistrado nacional, declinó parcialmente la competencia en favor de los tribunales con jurisdicción sobre las entidades bancarias giradas (fs. 14/17).

El juez de Lomas de Z., no aceptó el conocimiento de la causa con base en que no puede considerarse la entrega de cada uno de los cartulares como hechos aislados, en tanto todos formarían parte de una misma maniobra defraudatoria que, por razones de economía procesal y de una mejor administración de justicia, debe ser investigada por un único tribunal (fs. 25).

Vuelto el legajo al juzgado de origen, su titular mantuvo la postura esgrimida y, en esta oportunidad, agregó

que al tratarse de un cartular entregado en el marco de una operatoria comercial de cuenta corriente en la cual no existe reciprocidad de prestaciones ni simultaneidad temporal de las mismas, se debe descartar cualquier supuesto de estafa y subsidiariamente quedar establecida la figura dispuesta en el artículo 302 del Código Penal (fs. 30).

Así quedó trabada esta contienda.

Como bien lo plantea el magistrado nacional, y sin perjuicio de la receptación, entre todos los valores cuestionados, de uno falsificado -cuestión ajena a esta contienda y en la que independientemente de las circunstancias que rodearon al caso, debe analizarse, a mi juicio, su adulteración y la presunta defraudación en la que se habría incurrido con su entrega originaria-, de la operación que motivó su dación no surge que hubiere mediado engaño o que se hubiere viciado la voluntad del receptor, quien refirió haber aumentado el crédito que la firma imputada tenía en cheques propios, al doble, monto que debía ser respaldado y pagado con cheques de terceros (ver fs. 7/8 y 11/12).

Sentado y toda vez que la entrega de los valores no constituyó el ardid determinante del acto de disposición patrimonial para tener por configurado el delito de estafa, opino que corresponde al juez con jurisdicción en el domicilio del banco girado evaluar la aplicación o no al caso de la figura penal prevista en el artículo 302 del Código Penal, a la luz de lo establecido en el artículo 61 de la ley 24.452 (Fallos: 324: 3463).

Buenos Aires, 13 de noviembre del año 2007.

L.S.G.W.