Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 13 de Noviembre de 2007, C. 1675. XLIII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 1675. XLIII.

    RECURSO DE HECHO

    Córdoba convocatoria a elecciones de gobernador, vicegobernador, legisladores y Tribunal de Cuentas provincial para el día 2 de septiembre de 2007 s/ recurso de apelación y nulidad.

    Buenos Aires, 13 de noviembre de 2007 Vistos los autos: ARecurso de hecho deducido por L.A.J., E.R.Z. y E.F.M. en la causa C. - convocatoria a elecciones de gobernador, vicegobernador, legisladores y Tribunal de Cuentas provincial para el día 2 de septiembre de 2007 s/ recurso de apelación y nulidad@, para decidir sobre su procedencia.

    Considerando:

    1. ) Que en el marco de los comicios llevados a cabo el pasado dos de septiembre en la Provincia de Córdoba para la elección, entre otras autoridades locales, del gobernador y vicegobernador, la Alianza Frente Cívico solicitó que se declare la nulidad de la votación realizada en las distintas mesas que identifica, pues consideró que se había incurrido en diversas irregularidades que, con arreglo a lo dispuesto en el art.

      95, inc.

    2. , de la ley electoral provincial 8767 justificaban la sanción perseguida y la consecuente convocatoria a elecciones complementarias.

      El juzgado electoral provincial admitió el planteo únicamente sobre la validez del resultado obtenido en las seis mesas que identificó, mas con respecto a las restantes C. representan una porción substancial del reclamoC desestimó la pretensión.

      Fundó este pronunciamiento denegatorio en que frente a las diversas categorías de irregularidades contempladas por el ordenamiento electoral y a la subsunción legal que correspondía efectuar de las situaciones verificadas en las mesas que indica, era de aplicación la solución que preveía el art. 97 del texto normativo en juego en cuanto permite no anular la elección y, otorgando preeminencia al respeto irrestricto a la voluntad popular expresada en las urnas, ordenó que se realice nuevamente el escrutinio con los sobres y votos remitidos por el presidente de las mesas en

      cuestión (auto interlocutorio N° 684 del 24 de septiembre; fs.

      24/28).

      La Alianza Frente Cívico interpuso recurso de apelación contra dicha resolución. En la expresión de los fundamentos que lucen a fs. 29 vta./30, insiste en que la sanción que corresponde es la nulidad contemplada en el art. 95 del ordenamiento electoral local, pues la índole de los defectos en que se incurrió y el carácter absoluto de la nulidad impide cualquier tipo de saneamiento y sólo admite como solución la convocatoria a una nueva elección, de carácter complementaria, en las mesas impugnadas.

      El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó la apelación y confirmó el pronunciamiento recurrido, con fundamento en que:

      1. el ordenamiento normativo electoral local conformado por la ley 8767, siguiendo al vigente en el Código Electoral Nacional, ha establecido tres categorías diferenciadas de acciones u omisiones susceptibles de afectar la regularidad de lo actuado: las nulidades, las irregularidades y los evidentes errores de hecho (arts. 95, 96 y 97, respectivamente); b) la interpretación de los textos en juego debe realizarse con sentido integrador y en forma armónica, contextual y teleológica; c) las disposiciones citadas no califican expresamente las nulidades, por lo que su carácter absoluto o relativo dependerá de la posibilidad prevista en la ley, según admita o no que los errores sean validados por el nuevo escrutinio al que remite el art. 97; d) en el supuesto del art. 95, inc. 1, referente a los casos en que A...no haya acta de cierre de elección de la mesa o certificado de escrutinio firmado por las autoridades de los comicios y dos fiscales...", el art. 97 descarta la nulidad y permite su validación mediante un nuevo escrutinio, al comprender los casos de los errores de hecho en el resultado consignado en la

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    Córdoba convocatoria a elecciones de gobernador, vicegobernador, legisladores y Tribunal de Cuentas provincial para el día 2 de septiembre de 2007 s/ recurso de apelación y nulidad. documentación de la mesa o de que esta instrumentación no exista; e) la petición de nulidad sin apertura de urnas es claramente contradictoria con la anterior impugnación de la Alianza, por la cual inmediatamente después de los comicios había procurado la apertura masiva de las urnas con prescindencia de los instrumentos que formalizaban el escrutinio de las mesas; f) en el caso es de aplicación la doctrina sentada por la Cámara Nacional Electoral frente a un texto de igual alcance que el local, con arreglo a la cual el nuevo escrutinio busca preservar la expresión de la voluntad de quienes han sufragado de buena fe, en tanto no se haya demostrado la existencia de fraude ni de alteración alguna de dicha voluntad; g) en esta clase de situaciones debe imperar un criterio restrictivo que preserve la voluntad originaria de los electores, postulado que se completa con la regla establecida por la Corte Suprema según la cual la anulación de un acto electoral realizado en una mesa es un acto de extrema gravedad y trascendencia, circunstancia por la cual el código electoral ha limitado severamente la posibilidad de que ello ocurra; h) las situaciones ventiladas en el recurso encuadran nítidamente en los supuestos de evidentes errores de hecho o inexistencia de documentación, defectos que hacen posible la apertura de las urnas y un nuevo escrutinio voto por voto, preservando así la objetividad, legalidad e imparcialidad de la elección (auto N° 82 del 2 de octubre de 2007; fs. 34/41).

    Contra dicho pronunciamiento la agrupación política peticionaria dedujo el recurso extraordinario cuya denegación origina la presente queja.

    1. ) Que, como lo determina el art. 122 de la Constitución Nacional, las provincias se dan sus propias instituciones y se rigen por ellas. Establecen su régimen electoral, eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios

      de provincia, A. intervención del Gobierno federal", con la obvia salvedad de que en este precepto la palabra AGobierno" incluye a la Corte Suprema, a la que no le incumbe C. como lo sostuvo en el caso registrado en Fallos:

      177:390, al debatirse la validez de la Constitución de Santa Fe de 1921C Adiscutir la forma en que las provincias organizan su vida autónoma conforme al art. 105 de la Constitución Nacional".

    2. ) Que la naturaleza y las implicaciones de la cuestión planteada llevan a destacar que este Tribunal, desde sus primeros pronunciamientos, jamás ha descuidado la esencial autonomía y dignidad de las entidades políticas por cuya voluntad y elección se reunieron los constituyentes argentinos, y ha sentado el postulado axiomático de Aque la Constitución Federal de la República se adoptó para su gobierno como Nación, no para el gobierno particular de las provincias, las cuales, según la declaración del art. 105, tienen derecho a regirse por sus propias instituciones, y elegir por sí mismas sus gobernadores, legisladores y demás empleados; es decir:

      que conservan su soberanía absoluta en todo lo relativo a los poderes no delegados a la Nación, como lo reconoce el artículo 104" (Fallos: 7:373; 317:1195). Es por ello que la misión más importante de la Corte consiste en interpretar la Constitución Nacional de modo que el ejercicio de la autoridad nacional y provincial se desenvuelva armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las facultades provinciales y viceversa. Del logro de ese equilibrio debe resultar la adecuada coexistencia de dos órdenes de gobierno cuyos órganos actuarán en dos órbitas distintas, debiendo encontrarse sólo para ayudarse (Fallos: 186:170; 307:360).

      Esta doctrina ha sido reiterada por el Tribunal en sus diversas composiciones desde los albores de su funciona-

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    Córdoba convocatoria a elecciones de gobernador, vicegobernador, legisladores y Tribunal de Cuentas provincial para el día 2 de septiembre de 2007 s/ recurso de apelación y nulidad. miento y hasta sus pronunciamientos más recientes, formando una perfecta e integradora amalgama con las normas constitucionales que estructuran el sistema federal imperante en la República (Fallos: 314:1915, disidencia parcial del juez P. y disidencia del juez F., Fallos: 326:2004).

    1. ) Que, sin embargo, la Constitución Nacional que garantiza a las provincias el establecimiento de sus instituciones, el ejercicio de ellas y la elección de sus autoridades, sujeta a ellas y a la Nación al sistema representativo y republicano de gobierno (arts. 1° y 5°), impone su supremacía sobre las constituciones y leyes locales (art. 31) y encomienda a esta Corte el asegurarla como último custodio de la Ley Suprema (art. 116).

      Mas esa intervención está rigurosamente limitada a los casos en que, frente a un evidente y ostensible apartamiento del inequívoco sentido de las normas de derecho público local, queden lesionadas instituciones fundamentales de los ordenamientos provinciales que hacen a la esencia del sistema representativo republicano que las provincias se han obligado a asegurar.

      Sólo ante situaciones de excepción como la enunciada, la actuación de ese tribunal federal no avasalla las autonomías provinciales, sino que procura la perfección de su funcionamiento asegurando el acatamiento a aquellos principios superiores que las provincias han acordado respetar al concurrir al establecimiento de la Constitución Nacional (Fallos: 310:804, considerando 17).

    2. ) Que en las condiciones expresadas y sobre la base de los antecedentes relacionados en el considerando 1°, los planteos que la agrupación peticionaria introduce en el recurso extraordinario con sustento en la afectación del sistema representativo y republicano, en las garantías del debido

      proceso electoral y del orden constitucional provincial (arts.

      1, 18 y 36 de la Constitución Nacional) y en el derecho al sufragio consagrado en el art. 23, inc. b, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no configuran una materia federal apta para ser considerada y decidida por esta Corte en ejercicio de la jurisdicción más eminente que le reconocen los arts. 116 y 31 de la Ley Suprema, y el art. 14 de la ley 48.

      Ello es así, en la medida en que aquellas cláusulas fundamentales carecen de toda relación directa e inmediata con la cuestión contenciosa ventilada en el sub lite y con las normas que regulan su solución, cuya inocultable naturaleza de derecho público local ha sido reconocida por la peticionaria en su reclamación inicial y en su apelación ante el superior tribunal provincial, en que únicamente invocó disposiciones infraconstitucionales de aquella índole para sostener su pretensión anulatoria.

      Y que fue desestimada en las dos instancias locales sobre la exclusiva base de la exégesis del ordenamiento electoral invocado y, previa calificación del supuesto de hecho invocado, de la subsunción de las irregularidades invocadas en una de las categorías previstas en el régimen normativo que la peticionaria juzgó aplicable.

    3. ) Que tampoco habilita la competencia extraordinaria de esta Corte Federal la tacha de arbitrariedad introducida en el recurso extraordinario, pues la interesada sólo expresa su desacuerdo con la calificación normativa que llevó a cabo el superior tribunal local con respecto a las irregularidades y vicios denunciados por la recurrente y postula una conclusión de mayor rigor, mas los defectos hermenéuticos que sostienen el planteo distan de alcanzar el estándar definido por este Tribunal hace más de cuarenta años para dar lugar a un supuesto de inequívoco carácter excepcional como es la arbitrariedad (caso AEstrada@, Fallos: 247:713), con arreglo al

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    Córdoba convocatoria a elecciones de gobernador, vicegobernador, legisladores y Tribunal de Cuentas provincial para el día 2 de septiembre de 2007 s/ recurso de apelación y nulidad. cual se debe demostrar que la equivocación del pronunciamiento impugnado es tan grosera que aparece como algo inconcebible dentro de una racional administración de justicia.

    Por ello se desestima la queja. N.. Devuélvase el depósito por no corresponder. A.. R.L. LO- RENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - E. R.Z..

    Recurso de hecho interpuesto por L.A.J. y E.R.Z. por la Alianza Frente Cívico, representados por el Dr. E.F.M.T. de origen: Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de C.T. que intervinieron con anterioridad: Juzgado Electoral de la Provincia de Córdoba