Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 3 de Octubre de 2007, A. 1914. XLII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

A.B., J. s/ infracción ley 23.737S.C. A. 1914, L. XLII.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

La Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa de C.J.E.R. contra la condena que le impuso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N1 1 de la provincia de Mendoza, a seis años y seis meses de prisión y multa de cinco mil pesos, como coautor del delito previsto por el art. 5, inc. c), en la modalidad de transporte y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por el número de personas intervinientes -art. 11, inc. c)- ambos de la ley 23737, con accesorias legales y costas.

Contra ese pronunciamiento se interpuso recurso extraordinario federal, el que rechazado (fojas 108) dio origen a la presente queja.

I Mediante el recurso de casación la defensa del nombrado expuso como agravio la violación de las normas del debido proceso legal y la defensa en juicio en cuanto hacen a la autenticidad y validez probatoria de las intervenciones telefónicas ordenadas en la causa, y que se han tenido en cuenta por el tribunal de juicio como sustento de la condena.

En esa dirección, alegó que las transcripciones no respetan las formas establecidas por los artículos 138 y 139 del Código Procesal Penal de la Nación.

En el recurso extraordinario, agregó que las intervenciones no se cumplieron conforme la orden judicial que exige el art. 236, con más la exigencia de fundamentación del art. 123 del C.P.P.N.

Asimismo, expresó que la medida sólo procede

para quien revista la calidad de imputado y que es necesario la determinación previa del nombre de las personas cuyas comunicaciones van a ser objeto de intervención.

II Por su parte, el tribunal de casación para rechazar el recurso de la defensa, consideró que en "los planteos relacionados con la falta de oportunidad para el contralor y verificación de las grabaciones telefónicas, las transcripciones de las mismas y los reconocimientos de voz cuestionados..., habremos de resaltar que en ocasión de prestar declaración indagatoria los imputados, se les hizo saber puntualmente que entre las pruebas que obraban en su contra se encontraban las escuchas telefónicas agregadas en la causa, no formulando ninguno de ellos objeción alguna sobre la autenticidad ..." ."En tal sentido, los recurrentes no demuestran que las conversaciones grabadas hayan sufrido modificaciones, o mutilaciones, ni que en las mismas no hubieran participado los procesados, ya que ninguno hizo referencia a tal circunstancia al llevarse a cabo dicha medida procesal".

"A ello se suma que, citadas las partes de conformidad con lo ordenado por el artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación (fs. 1670), y efectuado por la defensa oficial de ... Espinosa Ricotti, ...los respectivos ofrecimientos de prueba..., no surge que hayan solicitado la producción de medida o pericia alguna tendiente a corroborar la autenticidad o validez de las grabaciones, como así también la fidelidad de las respectivas transcripciones".

Para tal consideración aludió a jurisprudencia del tribunal de casación y del Tribunal Supremo Español.

A lo que añadió:

"si bien las defensas sostienen que las transcripciones de las escuchas telefónicas

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Procuración General de la Nación han sido incorporadas a la causa en violación a los arts. 138 y 139 del C.P.P.N., corresponde dejar en claro que las actas labradas por los funcionarios policiales, las que en el caso en estudio corresponden a las desgrabaciones de los cassettes en los cuales se registraran las conversaciones de los imputados, son consideradas instrumentos públicos en los términos del artículo 979, inciso 11 y 41 del Código Civil".

"En consecuencia, la eficacia probatoria de estos instrumentos dependerá de su autenticidad y de la veracidad de las manifestaciones en ellos contenidas y harán plena fe de la "existencia material de los hechos" que el oficial público exprese que él mismo ha cumplido o que se han realizado en su presencia, hasta tanto que sean argüidos de falsos por acción civil o criminal -artículo 993 Código Civil- ..." (cfr. fojas 59/60 del presente legajo de queja).

III En primer término, corresponde mencionar que la defensa, en el recurso extraordinario que interpuso, no se hace cargo ni refuta la respuesta dada por el a quo al agravio introducido en oportunidad de recurrir en casación, por lo que su postura carece de la fundamentación suficiente.

Sin perjuicio de ello, considero adecuada la respuesta dada por el tribunal, por lo que aquí se trata de meras reediciones sin mayores fundamentos.

Por otro lado, los motivos dados para rechazar el agravio se refieren a la interpretación asignada a normas de derecho común y procesal, ajenas al recurso extraordinario federal, de los que no puedo predicar arbitrariedad.

De todas maneras, a mi criterio, no hay aquí una lesión a las garantías constitucionales involucradas.

Veamos. V.E. ha dicho que "la necesidad de la

motivación en supuestos en que están en juego garantías constitucionales encuentra su respaldo en la necesidad de controlar la coacción estatal y evitar la arbitrariedad de sus órganos administrativos; si, por el contrario, los jueces no estuvieran obligados a examinar las razones y antecedentes que motivan el pedido formulado por aquéllas y estuviesen facultados a expedir las órdenes sin necesidad de expresar fundamento alguno, la intervención judicial carecería de sentido pues no constituiría control ni garantía alguna" (Fallos: 315:1043, disidencia del ministro E.S.P., en especial considerandos 12 y 13)". "Es en este sentido en el que debe interpretarse el alcance de la norma en cuestión" (Fallos: 325:1845) -refiriéndose al art. 236 del C.P.P.N.- .

Siguiendo estos lineamientos, ha de contemplarse la justificación y razón de las intervenciones telefónicas en los antecedentes que les preceden, cuales son las constancias del expediente previo (AW3-0052/01), incoado por la autoridad prevencional -en el caso, Gendarmería Nacional-, según da cuenta la sentencia agregada a este legajo y sobre cuyo contenido la defensa no se ha agraviado.

En efecto, del relato de las constancias del expediente que hiciera el tribunal oral en la sentencia, cuya copia obra a fojas 3 del presente legajo de queja, se mencionan los antecedentes que dieron origen a la decisión judicial de las intervenciones telefónicas involucradas en autos.

Allí se precisó que el auto de elevación a juicio relata el origen de la causa "con el informe de Gendarmería Nacional de fecha 17 de febrero de 2003 (AW3-0052/1), que da cuenta de información recibida acerca de presuntos arribos a la provincia de Mendoza de cargamentos de sustancias estupefacientes y del resultado de las medidas de

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Procuración General de la Nación investigación desplegadas a partir de esta noticia. El informe señala que se trataría de una organización internacional, con contactos en el litoral argentino para ingresar posiblemente cocaína a través de los pasos internacionales no habilitados, para trasladar luego la sustancia a Europa en valijas. Las personas a cargo de la recepción del estupefaciente en Mendoza y que luego la acondicionaban para mandarla al exterior serían un sujeto de nombre A. que estaría secundado por un tal S.P. y/o M.E.G., de nacionalidad boliviana, ambos vinculados con otras personas cuyos números de teléfonos de contactos se proporcionan, solicitando la prevención su intervención, medida a la que el tribunal hizo lugar (fs. sub 4)" (cfr. fs. 3vta.).

Ante este escenario, la decisión del juez instructor que ordena la medida fue tomada a fin de constatar la ocurrencia de los hechos objeto de pesquisa en el marco de una investigación iniciada por la autoridad prevencional, no presentándose, a mi criterio, como irrazonable según las circunstancias del caso.

Circunstancias, detalladas en la sentencia y que aluden a los antecedentes citados que, reitero, constituyen fundamento suficiente, quedando determinado que no se trató de una medida infundada o arbitraria; tal como la norma procesal busca prohibir.

De este modo, el tribunal de juicio pudo examinar con amplio conocimiento las razones y antecedentes que motivaron los pedidos, cumpliéndose así con la obligación de que el fundamento de las intervenciones telefónicas, esté documentado en la causa misma.

En este sentido, se ha postulado que es lícita una orden de intervención si la motivación puede deducirse "de las incontrovertibles constancias arrimadas al proceso con anterioridad al dictado del auto, siempre que de las mismas surja en forma indubitable

la necesidad de proceder" (del precedente "M.", Fallos:

325:1845).

Por otra parte, el recurrente ha introducido en el recurso extraordinario el argumento de que la medida sólo procede para quien revista la calidad de imputado y que es necesario la determinación previa del nombre de las personas cuyas comunicaciones van a ser objeto de intervención.

Tampoco aquí, -si bien este argumento implica un enfoque inédito y tardío de la cuestión que no consta en el recurso de casación y sobre el cual el a quo no pudo dar respuesta, lo que bastaría para su rechazo formal-, encuentro que se haya menoscabado garantía alguna.

Ello, en la medida que resultaría un absurdo que se exija a los magistrados semiplena prueba de culpabilidad de la persona que debe soportar el registro, pues ello equivaldría a exigir que los jueces conociesen el resultado de las investigaciones que ordenan, las que precisamente parten de un campo de ignorancia que están destinadas a eliminar.

En este sentido, basta con que la decisión se funde en circunstancias concretas que permitan sospechar que mediante el teléfono cuya intervención se ordena se efectuarían llamadas vinculadas con el tráfico de estupefacientes -como en este caso-, las que conducirían a esclarecer dichas actividades delictivas.

Resulta perfectamente admisible en un Estado de derecho que, en el marco de una investigación penal, la autoridad judicial intercepte las comunicaciones personales en aras de descubrir los delitos y determinar los autores (objeto de todo proceso penal). Luego no es ilegal que la medida esté dirigida contra personas desconocidas.

IV

A.B., J. s/ infracción ley 23.737S.C. A. 1914, L. XLII.

Procuración General de la Nación En mi opinión, se justifican en este caso las intervenciones en las comunicaciones telefónicas, por lo que no estamos ante una ingerencia arbitraria o abusiva en la privacidad del imputado, en los términos del artículo 11, inciso 21, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que fue hecha por los organismos judiciales del caso y en el marco de una investigación legítima y de un objeto procesal determinado, en donde resultaba admisible adquirir esa prueba, que por otra parte permitió el esclarecimiento de los hechos y la neutralización de las conductas ilícitas verificadas, por lo que, entiendo, corresponde que V.E. rechace la queja interpuesta.

Buenos Aires, 3 de octubre de 2007.

L.S.G.W.