Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 20 de Julio de 2007, A. 593. XLII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
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"A.M.S.B. y otros c/ A.F.I.P. s/ deferencias de indemnización por retiro" RHE S.C. A.593, L. XLII.

Suprema Corte I La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala I), confirmó el fallo de primera instancia que rechazó la demanda promovida contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por algunos de sus ex agentes, quienes reclamaban las sumas que no les habrían sido abonadas al recibir el pago indemnizatorio de su retiro voluntario (fs. 613/615).

Para así decidir, entre otras consideraciones, sostuvo que los actores se desvincularon de la AFIP -el 15 de junio de 2000- por un régimen de retiro voluntario convenido con las asociaciones sindicales que los representa-ban, homologado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos por la resolución 91/00, de la Secretaría de Relaciones Laborales.

Destacó que obraban en autos los respectivos acuerdos de retiro voluntario suscriptos por los accionantes, ratificados luego en sede adminis-trativa y homologados en ésta, en los que se dejaba constancia del régimen apli-cable -acta del 26/05/2000 homologada por resolución 91/00-, de la antigüe-dad de los trabajadores, de la suma que a cada uno le sería entregada en concepto de compensación indemnizatoria total y de las condiciones en que ellas le serían abonadas, con la indicación, además, de que con la percepción del monto conve-nido, nada más tenían que reclamar por ningún motivo o concepto emergente de esa relación laboral.

Señaló "Yque los acuerdos instrumentados (ver copias de fs. 199/271) configuran una propuesta de negocio lícito y deben interpretarse `de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudie-ron entender, obrando con cuidado y previsión´Y".

Observó asimismo, en relación al acuerdo celebrado ante funcionarios del Ministerio de Trabajo y homologado ante otros funcionarios de el mismo departamento de estado, que aun cuando la figura que se había creado y desarrollado ofrecía ciertas dudas en cuanto a su encuadramiento normal en las

figuras clásicas, no había duda alguna de que el resultado se proyectaba por un lado sobre la disolución de la relación laboral y, por otro, sobre el derecho a co-brar una indemnización gratificación como derivada de esa disolución y -agre gó- que el acto jurídico complejo que se usó para producir efectos era válido y gozaba de presunción de legitimidad, porque el art. 15 de la L.C.T. preveía expre-samente que esa podía ser una de las vías apropiadas para celebrar un acuerdo transaccional conciliatorio o liberatorio. Dijo, además, que el acuerdo formaliza-do ante la autoridad administrativa del trabajo, como en autos, tendía a asegurar el discernimiento, intención y libertad en la voluntad del trabajador al concurrir a la formación del contrato extintivo y así evitar los vicios de error, dolo y violen-cia.

Respecto de la petición de nulidad de los convenios alegan-do "Ypresiones para acceder a desvincularse del organismo público ya que nadie les explicó absolutamente nada acerca del alcance del Acuerdo arrancado contra sus voluntadesY", manifestó que la disyuntiva en la que expresaron haber sido colocados los actores no constituyó intimidación o violencia moral que viciara su consentimiento desde que se encontraban en plena libertad para rechazar lo pro-puesto.

Aseveró que no se apreciaba, en principio, una irregular ac-tuación de la autoridad de aplicación y que no se advertían circunstancias que pudiesen determinar la nulidad o invalidez de la declaración formulada en el a-cuerdo rescisorio.

II Disconforme, la actora interpuso el recurso extraordinario de fs. 619/665, que denegado por el a quo (fs. 691), dio origen a la presente que-ja.

III A mi modo de ver, los planteos relacionados con la arbitra-riedad en la que habría incurrido la decisión impugnada deben prosperar, aun cuando remitan al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho procesal, materias que resultan ajenas -como regla y por su naturaleza- al remedio del art. 14 de la ley 48, dado que ello no es óbice para que la Corte pueda conocer en los

casos cuyas particularidades hacen excepción de tal principio con base en la doctrina de la arbitrariedad, toda vez que con ésta se tiende a resguardar la garan-tía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (doctrina de Fallos: 321:1909, entre muchas).

IV En efecto, dable advertir que en su pronunciamiento la Cá-mara destaca que "Yse encuentran agregados en autos los respectivos acuerdos de retiro voluntario suscriptos por los accionantesY", documentación que luego individualiza: "Y. señalo que los acuerdos instrumentados (ver copias de fs. 199/271) configuran una propuesta de negocio lícito yY" (énfasis agrega-do, conf. fs. 613 vta., párrafos 2° y 4°, respectivamente).

Sin embargo, contrariamente a lo sostenido por el tribunal, de la simple lectura de las fojas identificadas como aquellas en las que obran los acuerdos de retiro voluntario suscriptos por los accionantes, surge que no aparece siquiera nombrado alguno de los actores (ver fs. 198/271, trámite interno 608.322 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, D.. Recursos Técnicos y Doc. Laboral).

Así las cosas -sin que ello implique abrir juicio sobre el fondo del asunto-, estimo que lo resuelto constituye un claro apartamiento de las constancias de la causa y guarda nexo directo e inmediato con las garantías cons-titucionales que se invocan como vulneradas (art. 15 de la ley 48), por lo que co-rresponde su descalificación como acto jurisdiccional en los términos de la doc-trina de la Corte sobre arbitrariedad (Fallos: 324:1301).

V En tales condiciones, opino que corresponde dejar sin efec-to la resolución de fs.

613/615 y disponer que vuelvan los actuados al tribunal de procedencia para que, por quien corresponde, se dicte un nuevo pronunciamiento.

Buenos Aires, 20 de Julio de 2007.

E S C O P I A L A U R A M.

M O N T I