Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 3 de Julio de 2007, O. 289. XLII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

O. 289. XLII.

R.O.

Orígenes AFJP S.A. c/ EN - PEN - dto. 863/98 s/ proceso de conocimiento.

Buenos Aires, 3 de julio de 2007.

Vistos los autos: "Orígenes AFJP S.A. c/ EN - PEN - dto. 863/98 s/ proceso de conocimiento".

Considerando:

  1. ) Que contra el pronunciamiento de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que declaró la caducidad de la segunda instancia, la demandada interpuso recurso ordinario de apelación (fs. 492), que fue concedido (fs. 502) y oportunamente fundado (fs. 518/529).

  2. ) Que el recurso resulta formalmente admisible toda vez que se dirige contra una sentencia definitiva dictada en una causa en que la Nación es parte y el valor disputado en último término supera el mínimo previsto por el art. 24, inc.

  3. , ap. a, del decreto-ley 1285/58, modificado por la ley 21.708, y la resolución 1360/91 de esta Corte.

    Según se ha expresado, cabe entender por sentencia definitiva Ca los fines del recurso ordinario ante esta CorteC a la que, aun cuando no decida sobre el fondo del litigio, pone fin a la controversia o impide su continuación, privando al interesado de los medios legales para la tutela de su derecho (Fallos: 240:14; 245:198; 248:111 y 698; 319:2122; 322:227; 328:3473 y causa G.2159.XL "G., D. y otros c/ Banco Central de la República Argentina - resol.

    744/02 (E.. 100.221/97), del 7 de marzo de 2006), concepto en el que encuadra la sentencia apelada que, al decretar la perención de la segunda instancia, dejaría firme la que había admitido el crédito de la actora por el rubro "comisiones bancarias", por el período agosto de 1998 a noviembre de 2000, inclusive (cuyo monto excede el mínimo legal para recurrir, ver fs. 492).

  4. ) Que, a los fines de la debida comprensión del

    caso, corresponde recordar que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en pleno, consideró que, atento a la situación de emergencia en que se encontraba ese fuero por el ingreso extraordinario de causas y "la dificultad para la consulta y control de los expedientes Cpor los profesionales y las partesC que ella trae aparejada, y que puede llegar a provocar la pérdida de derechos o defensas por preclusión, resultaba conveniente adoptar medidas procesales destinadas a garantizar en los procesos el derecho constitucional de defensa". En virtud de ello, en uso de las facultades conferidas por el art. 135, inc. 18, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resolvió que, en la primera providencia que se dicte en las causas en trámite ante el tribunal, "se dispondrá que todas las vistas y traslados que se deban conferir en ellas serán notificados personalmente o por cédula" (conf. Acordada 17/02, del 9 de abril de 2002).

  5. ) Que, con fundamento en lo acordado en pleno, el a quo hizo saber a las partes que las vistas y traslados a conferirse serían notificados del modo antes señalado y, aunque no aclaró quién se haría cargo de la confección de las cédulas respectivas, dispuso que la providencia del art. 259 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se notificaría por la ujiería de la sala (fs. 455). Presentada la expresión de agravios por la demandada (fs. 461/471), el tribunal proveyó el traslado de ley y determinó que debería ser notificado por cédula, cuya confección impuso al presentante (fs. 471 vta.). A raíz de la inactividad subsiguiente, la actora acusó la caducidad de la instancia (fs. 472), que fue declarada por el tribunal (fs. 487). Para resolver de este modo, expresó que la providencia de fs. 471 vta. fue notificada al recurrente ministerio legis (art. 133, ap. 1°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) sin que hu-

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  6. ) Que, en primer término, debe ponerse de relieve que si bien el contenido de las normas procesales posee una reconocida importancia que exige su riguroso cumplimiento, su desnaturalización, su sobredimensionamiento por encima de su razón de ser, termina por convertir a esos imprescindibles preceptos en una suerte de trampas o valladares tendientes a frustrar el derecho constitucional al debido proceso (Fallos:

    316:1930; 325:1541; 327:608), principio que condice con arraigada jurisprudencia del Tribunal en el sentido de que el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales, pues no se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos.

  7. ) Que, a la luz de estas pautas, es preciso señalar que si la alzada invocó una situación de emergencia para alterar el trámite regular del proceso ordinario en segunda instancia Cen orden a garantizar el derecho constitucional de defensa en juicioC las medidas arbitradas para tal fin debían ser claras y su instrumentación no podía conculcar las garantías que pretendían asegurarse con su dictado. De modo tal que, si en el sub lite se adelantó a las partes que las vistas y traslados se notificarían por cédula Csin aclarar a quién correspondía la carga de practicar la comunicación respectivaC y se notificó de oficio la puesta de los autos en la oficina, no cabía exigir al recurrente que concurriera a secretaría los días de nota subsiguientes a su expresión de agravios, máxime cuando se tuvo en cuenta expresamente "la dificultad para la consulta de expedientes" y el traslado pertinente C. no haber mediado la medida de excepciónC se habría notificado por ministerio de la ley (conf. art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    En las condiciones señaladas, el litigante pudo

    creer que el tribunal no le había atribuido ninguna actividad procesal, o al menos se le generó una duda razonable al respecto, lo que justifica relevarlo de la carga de impulsar el trámite de la causa, de modo que su inactividad no puede ser presumida como abandono de la instancia.

  8. ) Que, en un sentido acorde con lo expuesto, el Tribunal siempre ha sostenido que la caducidad de la instancia es un modo anormal de terminación del proceso y de interpretación restrictiva, y la aplicación que de ella se haga debe adecuarse a ese carácter sin llevar C. exceso ritualC el criterio que la preside más allá del ámbito que le es propio (Fallos: 327:4113; causas M.2252.XXXVIII "M., R.M. c/ Gobierno de la Provincia de San Luis y/o Unidad de Control Previsional", del 3 de mayo de 2006, y A.1686.XL "Argentina Televisora Color c/ S.M. e hijos S.A. y otros", sentencia del 30 de mayo de 2006, entre otras), lo que conduce a descartar su procedencia en casos de duda razonable (Fallos: 324:1992).

    Ello es así pues el instituto en cuestión sólo halla justificación en la necesidad de conferir un instrumento al Estado para evitar la indefinida prolongación de los juicios, pero no un artificio tendiente a impedir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto o prolongar situaciones de conflicto (conf. Fallos: 326:1223; 327:1430 y 4415).

    Por todo lo expuesto, se hace lugar al recurso de apelación interpuesto y se deja sin efecto la caducidad de la segunda instancia. Costas por su orden atento a que, por las características de la cuestión debatida, la actora pudo creerse con derecho a sostener su posición (conf.

    Fallos:

    311:2360; 313:650; art. 68, 20 parte, del Código Procesal

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    Civil y Comercial de la Nación). N. y devuélvase. R.L.L. -E.I. HIGHTON de NOLASCO - ENRIQUE S.P. -J.C.M..

    Recurso ordinario interpuesto por la AFIP, representada por la Dra. A.C.M., con el patrocinio del D.M.A.E.S.T. contestado por Orígenes Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pen- siones S.A., representada por el Dr. N.N. de C., patrocinado por el Dr. Gregorio Badeni Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrati- vo, Sala III Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12