Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 5 de Junio de 2007, G. 355. XXXVII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

G. 355. XXXVII.

G.T., M.E. c/ Deluca, J. A. s/ Servicios Viajes S.A. y/o indemnización de daños y perjuicios y daño moral.

Buenos Aires, 5 de junio de 2007 Vistos los autos: A.T., M.E. c/ Deluca, J. A. y/o Servicios Viajes S.A. s/ indemnización de daños y perjuicios y daño moral@.

Considerando:

Que el recurso extraordinario es inadmisible (art.

280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, y oído el señor P. General de la Nación, se declara improcedente el recurso extraordinario. Con costas.

N. y devuélvase.

R.L.L. (según su voto)- ELENA I. HIGHTON de NOLASCO (según su voto)- E.S.P. (en disidencia)- JUAN CARLOS MA- QUEDA - E. R.Z. (según su voto)- CARMEN M. ARGIBAY.

VO

G. 355. XXXVII.

G.T., M.E. c/ Deluca, J. A. s/ Servicios Viajes S.A. y/o indemnización de daños y perjuicios y daño moral.

TO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON R.L.L. Considerando:

  1. ) Que los antecedentes del caso se encuentran adecuadamente reseñados en el dictamen del señor P. General de la Nación al que, en este aspecto, corresponde remitir por razón de brevedad.

  2. ) Que el accidente de tránsito al que se refieren las presentes actuaciones ocurrió el 4 de diciembre de 1992.

    Consiguientemente, no es posible aplicar en la especie la ley 24.240 y sus modificatorias, pues dicha norma se sancionó con posterioridad a la fecha indicada (art. 3° del Código Civil).

    Sentado lo anterior, corresponde tener aquí por reproducidas las consideraciones de derecho expuestas por esta Corte en el fallo dictado en las causas acumuladas B.606.XXIV "B., I. delC.P. de c/ Buenos Aires, Provincia de", D.32.XL AD=O., M.V.G. c/ Caminos del Atlántico S.A.C.V. s/ sumario" y M.302 XXXIII "M.L., M.", sentencia del 7 de diciembre de 2006, especialmente en cuanto a que en el derecho vigente a la época del evento dañoso, el vínculo entre el usuario y el concesionario vial era contractual, regulado por el Código Civil, suponiendo a cargo del último un deber de seguridad, de origen legal e integrado en la relación contractual, que lo obligaba a la adopción de medidas de prevención adecuadas a los concretos riesgos existentes en la ruta concesionada, en tanto resultaran previsibles; previsibilidad que, a los fines de juzgar la infracción o no a aquél deber de seguridad debe ser examinada en cada caso particular pues, lógicamente, no puede ser igual el tratamiento de la responsabilidad del concesionario vial de una autopista urbana, que la del conce-

    sionario de una ruta interurbana, ni la del concesionario de una carretera en zona rural, que la del concesionario de una ruta en zona desértica. A lo que cabe añadir, que tratándose de accidentes ocurridos con ocasión del paso de animales por rutas concesionadas, la previsibilidad del concesionario se debe juzgar también teniendo en cuenta la carga de autoinformación que pesa sobre él respecto de la existencia de aquéllos, y el deber de transmitir la correspondiente información al usuario de modo oportuno y eficaz.

  3. ) Que el accidente de autos tuvo lugar en la ruta nacional N° 11, a la altura del km. 1000 (causa penal, acta de constatación de fs. 2), en el acceso a la ciudad de Resistencia, siendo aproximadamente las 20,30 ó 21,00 hs. (testimonio de fs. 178), al chocar el vehículo que conducía el actor contra un equino, cuya marca inicialmente no fue identificada (causa penal, informes de fs.

    6, 22/23 y 24), pero que ulteriormente se constató pertenecía al codemandado José A.

    Deluca (fs. 110).

    Ninguna prueba aportó la concesionaria vial que de cuenta de un acabado cumplimiento suyo al deber de seguridad referido en el considerando anterior, y menos de haber brindado información preventiva al usuario. En tal sentido, no probó siquiera que en la zona hubiera señales indicativas de la presencia de animales en la ruta, ni acreditó que el actor hubiera sino anoticiado de ello de algún modo, como tampoco hay constancia de que la concesionaria vial hubiese encauzado gestiones o reclamos ante la autoridad pública enderezados a evitar la presencia de semovientes.

    Todo ello muestra, pues, un incumplimiento a los deberes de seguridad y prevención que le son exigibles a la recurrente, tanto más tratándose la vía concesionada de una ruta nacional y habiendo ocurrido el hecho a la entrada de una

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    G.T., M.E. c/ Deluca, J. A. s/ Servicios Viajes S.A. y/o indemnización de daños y perjuicios y daño moral. capital de provincia, lo que de por sí sólo justifica un mayor celo en el cumplimiento de los citados deberes contractuales.

  4. ) Que el hecho de que en autos se hubiera dictado condena contra el propietario del animal en los términos del art. 1124 del Código Civil, nada aporta a favor de la concesionaria vial. Ello es así, porque la responsabilidad que el art. 1124 del Código Civil pone en cabeza del dueño o guardador de un animal por los daños que cause, no es excluyente de la responsabilidad de distinta índole que, de un modo u otro, cabe a personas que Ccomo la concesionaria vial demandadaC tienen a su cargo el deber de evitar que ningún animal esté suelto en determinados lugares por razón de la peligrosidad que su presencia representa (F.1116.XXXIX "F., V.D. y F., R. c/ V.I.C.O.V. S.A. s/ daños y perjuicios", sentencia del 21 de mayo de 2006) voto del juez L..

    Por ello, y oído el señor Procurador General, se declara inadmisible el recurso extraordinario, con costas. N. y remítase. R.L.L..

    VO

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    TO DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I.

    HIGHTON de NOLASCO Considerando:

    Que las cuestiones planteadas son sustancialmente análogas a las resueltas por esta Corte en los autos F.1116.XXXIX, AFerreyra, V.D. y F., R. c/ V.I.C.O.V. S.A. s/ daños y perjuicio@ con fecha 21 de mayo de 2006, a cuyas consideraciones cabe remitirse en razón de brevedad.

    Por ello, y oído el señor P. General de la Nación, se declara inadmisible el recurso extraordinario. Con costas. N. y devuélvase. E.I.H. de NOLASCO.

    VO

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    G.T., M.E. c/ Deluca, J. A. s/ Servicios Viajes S.A. y/o indemnización de daños y perjuicios y daño moral.

    TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E. RAÚL ZAFFARONI Considerando:

  5. ) Que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco (fs. 663/672), al desestimar los recursos locales de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuestos por Servicios Viales S.A. Concesionaria de Rutas por Peaje Cen adelante la concesionariaC, y de inconstitucionalidad deducido por la tercera citada en garantía, Compañía Argentina de Seguros Providencia Sociedad Anónima, dejó firme el fallo de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia (fs.

    584/594), que confirmó la sentencia de primera instancia (fs.

    339/352) en cuanto hizo lugar a la demanda promovida por M.E.G.T. contra J.A.D. y las sociedades mencionadas.

  6. ) Que, por tal motivo, la concesionaria interpuso la apelación federal extraordinaria (fs. 675/695), que fue concedida a fs. 711/712. Al respecto, cabe señalar que el superior tribunal de provincia, al conceder el recurso extraordinario, sostuvo que los agravios vertidos por la recurrente guardan conexión con los antecedentes de la causa y han sido fundados en forma adecuada. Por lo cual, sin que implique abrir juicio sobre su procedencia o eficacia, afirmó que los mismos encuadraban prima facie en las causales de arbitrariedad admitidas por esta Corte y el desarrollo que los tratadistas efectúan de tal doctrina.

  7. ) Que, en lo que aquí resulta de interés, la responsabilidad de la concesionaria vial fue juzgada en la inteligencia que la relación entre ésta y el usuario de la ruta es de derecho privado y de naturaleza contractual. En su consecuencia, atribuyó a la primera dos obligaciones, una principal o propia, que consiste en la de habilitar al usuario el

    tránsito del corredor vial y la otra, de seguridad, por los daños que aquél pudiese sufrir durante la circulación por la vía habilitada. Es así que concluyó responsabilizando a Servicios Viales S.A. Concesionaria de Rutas por Peaje por los daños ocurridos, en virtud del deber de seguridad, ante la omisión de demostrar que adoptó las medidas adecuadas para evitar el accidente.

  8. ) Que, en el recurso extraordinario interpuesto, la demandada afirmó que la decisión recurrida resulta arbitraria y vulnera la garantía del debido proceso legal y los derechos de defensa en juicio y de propiedad. A tal efecto invocó que la sentencia carece de fundamentación, resulta incongruente, omite la valoración de hechos relevantes e incurre en afirmaciones de carácter dogmático.

    En ese sentido argumentó que no existe relación contractual entre el usuario y concesionario, y que al juzgar en la forma que lo hizo el a quo la decisión resultó contraria a la legislación, jurisprudencia y doctrina mayoritaria que reseñó.

    Asimismo señaló que el pronunciamiento es contradictorio en sí mismo, en tanto sostiene la existencia de una responsabilidad objetiva y, seguidamente, abandona dicha conceptuación para atribuirle la que emana del art. 21 del reglamento de explotación de carácter subjetivo.

    Además aseveró que el peaje es de naturaleza tributaria, porque el concesionario es un delegado en la gestión de cobro encomendada por el Estado, a los fines de la percepción de una contribución que pertenece al Tesoro Nacional en principio, y que luego se traduce en una forma de pago por la construcción, mantenimiento y conservación de la obra pública concedida.

    Por último esgrimió que la decisión recurrida no

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    G.T., M.E. c/ Deluca, J. A. s/ Servicios Viajes S.A. y/o indemnización de daños y perjuicios y daño moral. constituye una derivación razonada del derecho vigente, pues a tenor de lo establecido en el art.

    21 del reglamento de explotación, la responsabilidad de la concesionaria nace del dolo o negligencia comprobada de su parte, extremos que no fueron acreditados en autos, y cuya carga pesaba sobre la actora.

  9. ) Que en orden a los términos en que el superior tribunal de provincia consideró la concesión del recurso extraordinario interpuesto, cabe puntualizar que la doctrina de la arbitrariedad no resulta apta para atender las discrepancias de las partes respecto de los fundamentos de hecho, prueba y derecho común y procesal, que constituyeron el basamento de la decisión de los jueces, en el ámbito del ejercicio de su jurisdicción excluyente (Fallos: 311: 1950).

  10. ) Que, en dicho contexto, más allá del acierto o error de lo decidido, no resulta descalificable una sentencia, cuando ésta cuenta con fundamentos suficientes y la argumentación del recurrente concierne a la apreciación crítica de los hechos y la interpretación de las normas de derecho común efectuadas por el tribunal.

  11. ) Que el a quo, en el caso sub examine, consideró que las vinculaciones entre el Estado y la concesionaria, por un lado, y de ésta última con el usuario, por el otro, eran de naturaleza diversa.

    En esa inteligencia, juzgó que la primera relación quedó enmarcada dentro del derecho público, de forma que se regía por las leyes 17.520; 21.691 y 23.696; y decretos 1105/89; 823/89 y 2039/90, contrato de concesión, y reglamento de explotación; al tiempo que estimó, a la segunda, dentro de la órbita del derecho privado.

    Con base en la última valoración, reputó la responsabilidad de la concesionaria en los términos reseñados en el

    considerando 3° de la presente.

  12. ) Que dicha consideración no importa desconocer la entidad de la vinculación entre el concedente y la concesionaria, antes bien constituye el antecedente que posibilita encaminar la relación entre ésta y el usuario, de forma que permite establecer su real naturaleza, aun cuando determinados extremos que hacen a su objeto aparezcan delineados en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación de Concesión de Obra Pública; Pliego de Condiciones Particulares para la Concesión de Obras Viales y Precalificación; y el Reglamento de Explotación.

  13. ) Que, desde este enfoque, se advierte que el usuario abona una suma de dinero, que percibe el concesionario, y con ello se le habilita el uso del corredor vial concesionado, extremos se encuentran preestablecidos en el contrato de concesión y reglamento de explotación, los cuales a su vez regulan las condiciones en que debe realizarse la circulación de la vía, mas per se no desnaturalizan su esencia, desde que la contraprestación, por el pago que se realiza, reviste la entidad de un servicio.

    10) Que este servicio finca en facilitar el tránsito por la carretera, asegurando al usuario una circulación normal, libre de peligros y obstáculos, de forma que pueda arribar al final del trayecto en similares condiciones a las de su ingreso.

    11) Que el concepto por el cual el usuario abona la suma de dinero preestablecida Cdenominado peajeC, a cambio de la prestación del servicio, reviste la entidad de un precio pues se encuentra gravado con el I.V.A., como se desprende del comprobante acompañado en autos. Es que la propia norma de derecho público, que en dicho instrumento se indica (R.G.

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    G.T., M.E. c/ Deluca, J. A. s/ Servicios Viajes S.A. y/o indemnización de daños y perjuicios y daño moral.

    3545/92), así lo define en la medida que, en su art. 3°, prevé:

    "En los casos en que el comprobante a que se refiere al artículo anterior se emita a responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado, podrá Ca los fines de discriminar el monto del impuesto al valor agregado contenido en el precio del servicioC, consignarse en el frente o en el dorso del aludido comprobante el porcentaje que, aplicado al precio, represente el citado monto del impuesto".

    12) Que el vínculo así conformado exterioriza, entre concesionaria y usuario, la mediación de una relación de consumo que, aun cuando no tenía recepción normativa a la fecha del suceso de autos, se concretó con el dictado de la ley 24.240 y alcanzó la máxima jerarquía, al quedar incorporado al art. 42 de nuestra Carta Magna, con la reforma constitucional de 1994.

    13) Que las consideraciones vertidas, permiten afirmar que la relación resulta de naturaleza contractual de derecho privado y hace nacer una obligación objetiva de seguridad a cargo de la concesionaria, pues se trata de prestar un servicio de carácter continuado, modalmente reflejado por el ingreso a las rutas en forma masiva, y de uso simultáneo, sin que pueda existir una deliberación previa de forma que permita al usuario modificar las condiciones de la prestación.

    14) Que la naturaleza de tal relación determina la responsabilidad objetiva de la concesionaria, quien asume frente al usuario una obligación de seguridad por resultado, consistente en que aquél debe llegar sano y salvo al final del recorrido, en consonancia con el principio de buena fe (art.

    1198 del Código Civil) y el deber de custodia que sobre aquélla recae. El cumplimiento de este último deber se inscribe dentro de las prestaciones que se encuentran a su cargo, como resultan las de vigilancia permanente, remoción inmediata

    de obstáculos y elementos peligrosos, y alejar a los animales que invadan la ruta dando aviso, de inmediato, a la autoridad pública correspondiente.

    15) Que, en orden a ese fundamento objetivo, el concesionario debe responder ante al usuario por los daños provocados por animales que invaden la carretera concesionada, salvo que demuestre la mediación de eximente en punto a la ruptura del nexo causal. Para que proceda dicha eximición, debe acreditar el acaecimiento del caso fortuito, la culpa de la víctima o la de un tercero por el que no debe responder.

    16) Que tal responsabilidad no resulta enervada por la que recae sobre el dueño o guardián del animal en los términos del art. 1124 del Código Civil, ya que la existencia de esta última no excluye a la primera, en tanto se trata de un supuesto en el que, aún cuando concurran, obedecen a un factor de imputación diverso.

    Por ello, y oído el señor P. General de la Nación, se declara inadmisible el recurso extraordinario interpuesto. Con costas. N. y devuélvase. E.R.Z.-R..

    DISI

    G. 355. XXXVII.

    G.T., M.E. c/ Deluca, J. A. s/ Servicios Viajes S.A. y/o indemnización de daños y perjuicios y daño moral.

    DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E.S.P. Considerando:

    Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos del dictamen del señor P. General de la Nación que antecede, a los cuales corresponde remitir en razón de brevedad.

    Por ello, se declara admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto el fallo apelado. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expresado. Con costas.

    N. y remítase. E.S.P..