Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 31 de Mayo de 2007, M. 2662. XL

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

M. 2662. XL.

RECURSO DE HECHO

Mejail, M.N. s/ sucesión c/ Estado Nacional.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

- I - Contra la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán de fs. 216, que confirmó el rechazo de la aplicación de la Ley de Desindexación n1 24.283 a los honorarios regulados al letrado apoderado de la actora -cedidos parcialmente a otros beneficiarios (fs. 185/186)-, el demandado -Estado Nacional- interpuso el recurso extraordinario de fs. 227/235, cuya denegatoria de fs. 239, dio origen a esta presentación directa (fs. 39/56 del cuaderno respectivo).

El apelante tacha de arbitrario el pronunciamiento por falta de fundamentación con la consecuente violación del derecho de propiedad, garantía de defensa en juicio. Aduce al efecto, que omitió aplicarse la Ley 24.283 -precepto federal-, que por su carácter de orden público debía hacerse de oficio.

Señala, además, que con dicha normativa la cosa juzgada no es alterada ya que el decreto n1 794/94, reglamentario de su aplicación en el ámbito del sector público nacional, hace referencia a una liquidación aprobada y firme (art. 8) y, por otra parte, el planteo fue practicado en tiempo oportuno, dado que el momento para su realización es el del pago, no el de declaración del derecho.

- II - Cabe reseñar que, los honorarios en cuestión fueron regulados el 2 de abril de 1998 tomando como base el importe de $23.626.624 (monto del reclamo de la demanda rechazada, actualizado según índices de precios al consumidor de Tucumán por el periodo enero de 1978 a marzo de 1991), resolución que apelada por las partes, sin cuestionarse la base regulatoria, fue confirmada por la Cámara de Apelaciones el 25 de setiembre

de 1998 con fundamento en que los emolumentos eran justos (fs.

76/78 y 80/82).

Con posterioridad el letrado acreedor cedió determinados porcentajes a otros profesionales (v. fs. 93, 97/98, 102/103, 110/112 y 139/140), los cuales peticionaron al Estado Nacional su cancelación con bonos de consolidación de acuerdo con la Ley 23.982, dando lugar a que la autoridad de aplicación dictaminara que, conforme las prescripciones de la Ley 24.283, la base regulatoria era alcanzada por la desindexación.

En virtud de ello el demandado solicitó la reducción de honorarios, argumentando que se perseguía establecer un tope o límite a la liquidación obtenida mediante la actualización por índices ya que, la base confirmada por la Cámara al 1/04/91 en $23.626.624, calculada de acuerdo con el decreto n1 794/94, ascendía a sólo $8.866.289.

Expuso que, por aplicación de los índices, el valor actual del bien era distorsionado con irrazonabilidad manifiesta (art.

8, dcto.

794/94) tal como resultaba del informe del Sector Precios Testigos de la Sindicatura General de la Nación y pericia contable ponderada por el juez de primera instancia para hacer lugar a la demanda, que actualizado al 1/04/91, no superaba los $8.866.289 y $ 7.010.208, respectivamente (fs.

46 y 170/174).

Fundó esa pretensión en que con ello no se alteraba una sentencia en etapa de ejecución, sino que su finalidad era la de adecuar el quantum a normas de orden público, que alcanzaban aún a las decisiones pasadas en autoridad de cosa juzgada.

El juez de mérito rechazó esa pretensión y apelada su decisión por el Estado Nacional, la Sala ad quem confirmó lo resuelto argumentando (con remisión a los autos: "V. de

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Procuración General de la Nación Condorí Blanca Alcira c/ Empresa de Ferrocarriles Argentinos s/ Daños y Perjuicios" (res. del 12/12/96), que el planteo era extemporáneo pues no se introdujo al impugnarse la planilla de liquidación encontrándose vigente la Ley 24.283, habiendo precluido la oportunidad de hacerlo con ulterioridad.

Sin desconocer doctrina sobre la conveniencia de no establecer límites temporales a esos planteos, sostuvo que lo contrario implicaría vulnerar principios procesales y legitimar conductas contrarias a la buena fe y lealtad procesales dado el tiempo transcurrido desde el auto regulatorio, con lo cual, la reedición de una cuestión ya decidida, podía afectar el principio de cosa juzgada (fs. 216), decisorio contra el cual -repito- se dedujo el recurso extraordinario que, denegado, motivó la queja que se trae a examen.

- III - Tiene dicho reiteradamente V.E. que si bien, por principio, la ley 24.283 no reviste naturaleza de carácter federal (v.

Fallos 318:1012, 320:2829, 325:1753, res. del 28/11/06 en autos: S. 397. XXXVII, S.349. XXXVII y S. 369.

XXXVII, etc.) y las cuestiones referentes a los honorarios regulados en las instancias ordinarias, a la determinación del interés comprometido en el juicio y a las bases adoptadas para tal fin, son -en virtud de su carácter fáctico y procesalmateria ajena a la vía del artículo 14 de la ley 48, cabe hacer excepción a tal regla cuando la sentencia es arbitraria (v. Fallos 328:282, entre muchos). Supuesto de excepción que -a mi modo de ver- es el que se configura en el sub-lite pues, con menoscabo de los derechos de defensa en juicio y propiedad, el ad quem ha omitido analizar reglamentación aplicable al caso y la considerada traduce una exégesis inadecuada, que la desvirtúa y torna inoperante (v. Fallos

:1704, 318:1012, etc.).

En lo que interesa, cabe recordar, que la ley 24.283 prescribe que cuando deba actualizarse el valor de una prestación establecida por normas o sentencias, la liquidación judicial resultante no podrá establecer un valor superior al real y actual de dicha prestación al momento del pago y que dicha norma es aplicable a todas las situaciones jurídicas no consolidadas. Asimismo, que la ley 23.982 -de orden públicodispuso la consolidación de las obligaciones a cargo del Estado Nacional, vencidas o con causa anterior al 1 de abril de 1991, luego de su reconocimiento firme en sede judicial o administrativa. Estableció a ese efecto, que las sentencias judiciales tendrían carácter meramente declarativo, que la única vía para su cumplimiento era la establecida por esa ley y que la consolidación del pasivo implicaba la novación de la obligación original y de sus accesorios, feneciendo todos los efectos inmediatos, mediatos o remotos que pudieran provocar o haber provocado y subsistiendo únicamente los derechos derivados de la consolidación.

Contempló dos formas para acogerse al régimen, respecto de las cuales los acreedores debían optar, una de pago en efectivo y la otra mediante la suscripción de bonos de consolidación a la par en moneda nacional o en dólares recalculando el crédito, en las condiciones que determinara la reglamentación (arts. 11, 21, 31, 51 y cc., 10 y cc., 16 y 17, ley 23.982). De su parte, el decreto 794/94, estableció que la ley 24.283 se aplicaría a todas las situaciones jurídicas no consolidadas, definiendo como tales a aquéllas en que la autoridad de control no hubiese intervenido el requerimiento de pago antes del 31 de diciembre de 1993. Consecuentemente, determinó para las deudas comprendidas en la ley 23.982 el 1 de abril de 1991 como "momento de pago", el mecanismo de actualización a aplicar y

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Procuración General de la Nación que tanto intereses, como accesorios se liquidarían con los límites de la ley 23.982 y demás normas sobre la emergencia.

Previó finalmente que, cuando la autoridad administrativa advirtiese, al "momento de pago" o "a la fecha de consolidación de la deuda", que la liquidación mediante el empleo de índices u otros mecanismos distorsionaban con irrazonabilidad manifiesta el valor de la cosa o prestación, el trámite debía suspenderse, realizarse estudios y pericias y aprobarse o rectificarse la nueva liquidación.

Y para el caso que el acreedor no consintiere la nueva liquidación, la administración debería articular judicialmente todas las defensas derivadas de la aplicación de la ley 24.283, además de las que correspondieren al caso.

Tiene dicho V.E. a este respecto, que las disposiciones de las leyes de consolidación revisten carácter de orden público y resultan aplicables a los pronunciamientos no cumplidos si se trata de deudas pasibles de ser consolidadas, debiendo los interesados ajustarse a sus disposiciones y mecanismos administrativos a fin de percibir sus acreencias (v. Fallos 317:739 y sus citas, 327:2712). Asimismo, que la cancelación de la obligación objeto de una contienda no resulta óbice a la aplicación de la consolidación a los honorarios profesionales pues la novación también alcanza a los efectos no cumplidos de las sentencias, toda vez que constituye un efecto no extinguido de la condena en costas establecida en ellas. Ello así, porque el artículo 31 de la ley 23.982 restringe inequívocamente el efecto de la resolución judicial a una mera condición declarativa que, por un lado, excluye la alternativa de que sea constitutiva del título y, por el otro, exige indagar el momento o la época en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento a la obligación (v. Fallos 317:779, 327:2712, entre

otros).

Igualmente, que no es posible ninguna asimilación entre las "deudas consolidadas" en función de lo dispuesto por la ley 23.982 y la expresión "situación jurídica no consolidada" contenida en el art. 1° de la ley 24.283 ya que las primeras se refieren a un grupo de deudas afectadas a un régimen de pago especial mediante entrega de títulos de la deuda pública mientras que la segunda alude a la circunstancia de que el débito respectivo no se encuentre definitivamente cancelado por el deudor o extinguido a través de cualquier forma de cancelación asimilada al pago, es decir, a las relaciones crediticias no extinguidas, no agotadas, pendientes de cumplimiento (Del voto del Dr. A.R.V. en Fallos 324:3664).

En ese marco entonces, la conclusión de la Cámara sobre la extemporaneidad del requerimiento de desindexación del Estado Nacional y preclusión consecuente, dada la falta de planteo al tiempo de practicarse impugnación de la planilla de liquidación, no resulta ajustada a derecho.

Ello así porque, sin perjuicio de reconocer que, al tratarse de una deuda del Estado Nacional con causa anterior al 1 de abril de 1991 la acreencia del letrado se hallaba comprendida en el especial régimen de orden público instituido por la ley 23.982, para determinar la oportunidad en que tal petición debía realizarse, omitió ponderar que como tal, se hallaba sujeta a las previsiones del decreto n1 794/94 que regula el modo en que la ley 24.283 ha de aplicarse a ese tipo de obligaciones. Y por consecuencia de ello, la imperatividad de dichas normas, en particular, las relativas al alcance del régimen, procedimiento para el cobro y condiciones de cancelación de los créditos. Proceder que, inexorablemente, ha generado que la interpretación realizada en definitiva, termine desvirtuándolas o tornándolas inoperantes.

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Procuración General de la Nación En especial, a las previsiones contenidas en los artículos 81, 10 y 11 del decreto aludido, que facultan a la autoridad administrativa para suspender el trámite de pago, a rectificar la liquidación de la deuda practicada con el empleo de índices cuando distorsionen con irrazonabilidad manifiesta el valor de la prestación al momento del pago o la fecha de consolidación y a la articulación judicial de todas las defensas derivadas de la ley 24.283 cuando el acreedor no consintiese la nueva liquidación.

Máxime cuando, conforme doctrina de V.E., la reglamentación se ha limitado a determinar como requisito para la articulación del planteo de desindexación el límite temporal del momento del pago, sin establecer plazo preclusivo alguno (v. Fallos 321:2010) y el criterio rector para la revisión de la liquidación aprobada es que, si bien los jueces deben fallar con sujeción a las reglas y principios de forma, según las circunstancias de hecho que aducen y acreditan las partes, nada excusa su indiferencia respecto de la verdad objetiva en la misión de dar a cada uno lo suyo. Agregando el Tribunal que, la decisión de declarar desierto un recurso implicaba elevar el saldo adeudado a valores desproporcionados que se traducirían en una fuente injustificada de enriquecimiento y dada la seriedad de los planteos introducidos por la demandada, ellos debieron ser considerados por la alzada so consecuencia de arriesgar bajo el supuesto amparo de normas adjetivas, la correcta solución del pleito (v.

Fallos 327:5970).

Desde esta perspectiva, procede admitir los agravios relativos a la oportunidad del planteo y aplicación de la Ley 24.283 y decreto 794/94 en cuanto resultan conducentes para la adecuada resolución del litigio.

Además cabe recordar, que V.E. ha expresado que la

obligación de pagar honorarios profesionales se halla, en principio, incluida en el ámbito de aplicación de la ley 24.283 y su valor actual y real depende de la relación con los valores económicos en juego, esto es, con la base regulatoria y, en lo que a ella concierne, debe existir la posibilidad de tomar como referencia un patrón de medida o bien de comparación. También que, así como antes de la vigencia de la ley 24.283 se había prescindido de admitir resultados absurdos a que conducía la utilización, en ciertos supuestos, de fórmulas matemáticas, la aplicación de esta ley tampoco debe ser un procedimiento puramente mecánico sino que, como todo juzgamiento, corresponde interpretarlo con arreglo a las particulares circunstancias de la causa (v.

Fallos 321:641, 325:1571, 328:282, entre otros).

La finalidad del mencionado régimen legal, vale resaltar, es evitar situaciones de inequidad y de injusticia producidas por la actualización e indexación de deudas cuando las prestaciones a cumplir son manifiestamente desproporcionadas (v.Fallos 320:2829). Situación que -en principio- parece haberse configurado en el sub-lite, particularmente si se comparan los valores de la base regulatoria cuestionada y la determinada por la autoridad de aplicación de la ley 23.982, en el contexto de un juicio iniciado por la actora con el patrocinio del profesional a quien le fueron regulados los emolumentos y en el que el Estado Nacional resultó ganador.

Doctrina que en líneas generales ha sido sostenida en reciente precedente del Tribunal dictado en autos: S. 397.

XXXVII, S.349. XXXVII y S. 369. XXXVII, sin que lo aquí aseverado implique anticipar un criterio sobre la solución que, en definitiva, proceda adoptar sobre el fondo del asunto, extremo que, por otra parte, es potestad exclusiva de las instancias competentes en tales materias.

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Mejail, M.N. s/ sucesión c/ Estado Nacional.

Procuración General de la Nación Por lo expuesto, estimo que corresponde declarar procedente el recurso extraordinario interpuesto, dejar sin efecto la sentencia y restituir las actuaciones al tribunal de origen para que, por quien corresponda, dicte un nuevo fallo con arreglo a lo indicado.

Buenos Aires, 31 de mayo de 2007.

E.R. Es copia