Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 29 de Mayo de 2007, C. 553. XLIII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

C.G. JUSTO C/ MUNICIPALIDAD DE LA PLATA s/ pretensión declarativa de certeza otros juicios (375) S.C. Comp. 553, L.XLIII.

S u p r e m a C o r t e :

I A fs. 107/111, el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Distrito Judicial de La Plata resolvió no aceptar la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para entender en la causa 12.331 "C., G. J. c/ Municipalidad de La Plata s/ Pretensión declarativa de certeza" y, al sostener que no existe un órgano superior común que decida sobre la contienda, planteó la cuestión directamente ante V.E.

Relata que en dicha causa el actor se presentó ante su juzgado para solicitar, mediante la acción prevista en el Código Contencioso Administrativo provincial, que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza 10.429 que reglamenta la publicidad en la vía pública y que, después de examinar el informe de la demandada, dispuso una medida cautelar, por la cual le ordenó a aquélla que: a) se abstuviera de aplicar las restricciones establecidas en la ordenanza 9880 (modificada por la ordenanza 10.429) en perjuicio del demandante, en lo que respecta a la difusión de sus ideas políticas y b) dispusiera la urgente habilitación de espacio público para no restringir arbitrariamente el derecho a la libre expresión política y comunicación de las propuestas políticas del actor a los ciudadanos.

La demandada --continúa relatando-- planteó una cuestión de competencia y simultáneamente presentó el conflicto ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, la que finalmente declaró que la aludida causa era de su competencia originaria, ordenó que se radicara ante sus estrados, en la Secretaría de Demandas Originarias, y confirió vista a las partes para que adecuaran sus pretensiones y defensas al proceso reglado en el

S.C. Comp. 553, L.XLIII.

Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial provincial (v. copia obrante a fs. 102/106).

El juez manifiesta que de la simple lectura de la demanda surge que ella se sustenta exclusivamente en la violación a derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, sin haberse invocado la afectación de normas de carácter local. Así pues y habida cuenta de que el control de constitucionalidad es difuso, considera improcedente la competencia originaria de la Suprema Corte, además de entender que esta última no puede impedir válidamente el ejercicio de la "jurisdicción constitucional" a los jueces de primera instancia, con la invocación de un precepto local que se opone al ordenamiento de la Constitución Nacional.

Estima que, sin perjuicio de la doctrina sustentada por V.E. (Fallos:

280:240 y 297:535) en virtud de la cual el tratamiento de cuestiones de competencia suscitadas entre dos tribunales locales resultan ajenas al conocimiento de la Corte, en autos se configura una excepción (Fallos: 310:854 "D.S." y 315:308 "Vanzato", entre otros), toda vez que el pronunciamiento de la Suprema Corte local además de ser arbitrario, afecta derechos y garantías constitucionales.

II Cabe recordar que, con arreglo a la reiterada jurisprudencia del Tribunal, éste carece de atribuciones para dirimir los conflictos suscitados entre tribunales de la misma provincia --como sucede en el caso--, pues se refieren a la organización y funcionamiento de los poderes públicos provinciales, situaciones que no exceden el ámbito normativo local, en los términos de los arts. 121 y siguientes de la Constitución Nacional (confr. doctrina de Fallos: 245:532; 248:765; 249:430; 280:240 y 323:3637, entre otros). En el mismo sentido, también ha dicho que no le corresponde determinar en concreto qué tribunal debe entender en el proceso cuya jurisdicción ejercen los

S.C. Comp. 553, L.XLIII. jueces locales, toda vez que ello resultará de la aplicación que hagan de las leyes locales los órganos judiciales que ellas contemplan (Fallos: 318:1834 y 320:1070).

Esta doctrina tiene su razón de ser en que esas situaciones deben encontrar solución en el ámbito local, por los procedimientos pertinentes y por los órganos competentes. Y ello es lo que sucedió en el sub lite, donde el máximo órgano jurisdiccional provincial dirimió la cuestión de competencia suscitada, sin que corresponda a V.E. revisar esa decisión, máxime cuando no concurren en el caso las circunstancias excepcionales que permitan apartarse de la regla antes enunciada.

A mi juicio, tampoco concurren en esta controversia las circunstancias tenidas en cuenta por la Corte en los precedentes de Fallos: 310:854 y 315:308, pues allí se trataba de cuestiones que afectaban los derechos y garantías de las partes en tanto el tribunal de la causa se declaraba competente para luego proceder al archivo, sin más trámite, de las actuaciones, lo cual hacía imprescindible la intervención de la Corte para evitar una efectiva privación de justicia (única excepción al principio general establecido en el art. 24, inc. 7º in fine del decreto-ley 1285/58), mientras que en este caso sólo media un conflicto entre un juez provincial de primera instancia y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, con motivo de una demanda declarativa de certeza donde se persigue la declaración de inconstitucionalidad de una norma local, todo lo cual es ajeno a la competencia de la Corte Federal en los términos de la doctrina recordada en los párrafos que anteceden. Cabe resaltar, además, que dicha causa no sólo cuenta con tribunal, sino que se encuentra tramitando según las disposiciones rituales locales, circunstancia que demuestra, a las claras, que no existe un supuesto de privación de justicia.

III Opino, por lo tanto, que corresponde remitir las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a sus efectos.

Buenos Aires, 29 de mayo de 2007.

S.C.C.. 553, L.XLIII.

L.M.M.