Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 7 de Mayo de 2007, L. 122. XL

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

S.C., L. 122; L. XL.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

- I - V.E. corre nuevamente vista a este Ministerio Público, a fs. 95, con motivo de la excepción de incompetencia articulada por la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 88/92), de la que la parte actora solicita su rechazo (v. fs. 94).

- II - La Provincia excepcionante sostiene que la causa no corresponde a la competencia originaria de la Corte, pues la materia del pleito no es una "causa civil" sino de derecho público local, ya que la pretensión interpuesta consiste en obtener una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la muerte del recluso D.H.C.L. como consecuencia de la presunta falta de servicio en que habría incurrido personal de la policía provincial y por el mal estado en que se encontraba el techo de la Unidad N1 5 del Servicio Penitenciario bonaerense que, al derrumbarse, provocó su fallecimiento.

Afirma que de conformidad con la doctrina sentada por el Tribunal in re "B.", del 21 de marzo de 2006, en casos como el sub lite la Provincia tiene derecho a ser juzgada por sus propios tribunales, toda vez que se trata de un supuesto de responsabilidad extracontractual del Estado que se rige por el derecho administrativo local que sienta las bases del sistema provincial en materia de seguridad pública y que determina las funciones esenciales y las obligaciones del personal que desempeña tales actividades (leyes locales 12.154 y 12.155).

- III - A fs. 84, la actora contesta la excepción e insiste

en sostener que la Constitución Nacional le atribuye competencia a la Corte en estos casos, señalando asimismo que la demandada no indica cuál es el perjuicio que en concreto le ocasiona ser juzgada por el Máximo Tribunal. Por otra parte, agrega que V.E. aceptó tácitamente su competencia al dar traslado de la demanda (v. fs. 71).

- IV - A mi modo de ver, la excepción de incompetencia opuesta por la Provincia de Buenos Aires debe ser admitida, toda vez que le asiste razón cuando afirma que la materia del pleito se encuentra regida por el derecho público local, tal como lo sostuvo este Ministerio Público a fs. 59/60.

En efecto, es dable resaltar que a partir de la sentencia dictada in re B.

2303, XL, O. "Barreto, A.D. y otra c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios" ut supra citado, V.E. otorgó un nuevo contorno al concepto de "causa civil", que deriva del art. 116 de la Constitución Nacional al que expresamente se refiere el art. 24, inc. 11, del decreto-ley 1285/58, coincidiendo así, con nuestro criterio sostenido desde hace más de quince años (v. dictamen in re, D. 1759, XLI, O. "Durán, R. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios", del 4 de abril de 2006, cuyos fundamentos compartió el Tribunal en su sentencia del 23 de mayo de ese año).

De acuerdo con lo allí expresado, se excluye de tal naturaleza a las causas en las cuales -como ocurre en el sub examine- se pretende atribuir responsabilidad patrimonial a una provincia por los daños y perjuicios derivados de la presunta "falta de servicio" en que habría incurrido alguno de sus órganos, en cuanto se entiende que es una materia propia del derecho público, pues su regulación corresponde al Derecho

S.C., L. 122; L. XL.

Procuración General de la Nación Administrativo y, por ende, es del resorte exclusivo de los gobiernos locales, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 121 y concordantes de la Constitución Nacional, aunque eventualmente se invoquen o se apliquen de manera subsidiaria disposiciones de derecho común o principios generales del derecho (v. sentencias in re C.

4500, L.

XLI, O. "Contreras, C.W. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios"; Z. 110, XLI, Originario "Z.G. de C. e Hijos Sociedad de Hecho c/ Santa Fe, Provincia de s/ daños y perjuicios"; K. 363, XL, O. "Krinsky, D.R. c/ Río Negro, Provincia de s/ daños y perjuicios"; A. 820, XXXIX, O. "Aguilar, P.M. c/R., H. y otro (Provincia de Buenos Aires) s/ daños y perjuicios"; M.

1569, XL, O. "Mendoza, B.S. y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios"; L. 171, XLI, O. "Ledesma, L. c/ Santiago del Estero s/ daños y perjuicios"; B. 798, XXXVI, O. "Blackie, P.Y. y otros c/ Córdoba, Provincia de s/ daños y perjuicios", sentencias del 18 de abril, 9, 16 y 30 de mayo, 20 de junio, 11 de julio y 8 de agosto de 2006 respectivamente, entre otras).

En consecuencia, entiendo que el pleito corresponde al conocimiento de los jueces provinciales, en tanto el respeto del sistema federal y de las autonomías locales requiere que sean ellos los que intervengan en las causas en las que se ventilen asuntos de esa naturaleza, sin perjuicio de que las cuestiones federales que también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario reglado por el art. 14 de la ley 48 (Fallos: 311:1588 y 1597; 313:548; 323:3859 y sus citas).

No obsta a tal criterio el hecho de que la parte actora tenga distinta vecindad con la Provincia demandada

(cfr. declaraciones testimoniales de fs. 64/65). Ello es así puesto que dicho requisito sólo adquiere importancia cuando se trata de una causa de naturaleza civil, circunstancia que -como ya se dijo- no se presenta en el sub lite.

Tampoco puede ser atendido el argumento de que dicho Estado local no ha demostrado que la tramitación de la causa ante la instancia originaria de la Corte le ocasione un perjuicio, en tanto se olvida que la incompetencia puede ser declarada de oficio por V.E. en cualquier estado de la litis toda vez que es de orden público (Fallos: 325:613 y 2363; 326:4323), asunto por el que este Ministerio Público debe velar en forma indeclinable (art.

25, inc. j de la ley 24.946).

En tales condiciones, dado que el art. 117 de la Constitución Nacional establece de modo taxativo los casos en que la Corte ejercerá su competencia originaria y exclusiva, la cual por su raigambre, es insusceptible de extenderse a otros casos no previstos (Fallos: 314:94; 318:1837; 322:1514; 323:1854; 325:3070), opino que debe hacerse lugar a la excepción opuesta y declarar que este proceso es ajeno a la competencia originaria de la Corte.

Buenos Aires, 7 de mayo de 2007.

L.M.M.