Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 23 de Abril de 2007, G. 2230. XLI

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

Garrido H.D. c/EN -Poder Legislativo Nacional- Resol. 1002/02 -Ley 24600 s/ Amparo Ley 16.986 S.C. G. n° 2230, L. XLI.

S u p r e m a C o r t e:

-I-

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, S.I., revocó el fallo de mérito (cf. fs. 100/102) y declaró la inconstitucionalidad de la resolución DP n° 1002/02, reglamentaria de la ley n° 24.600, que impide al actor percibir el haber de retiro -de la Caja para el Personal Policial- en manera simultánea con el sueldo en actividad derivado de su labor en la Cámara de Diputados de la Nación, obligándolo a optar entre ambos.

A tal efecto, tuvo en cuenta que la incompatibilidad mencionada había sido introducida por medio de una reglamentación y que, por tal motivo, no se podía ir más allá de lo que la ley disponía, máxime cuando tal actitud cercenaba derechos que se habían incorporado al patrimonio del amparista, como era el beneficio a una jubilación digna (art. 14 bis, C.N.).

Finalmente, al considerar inconstitucional a la disposición citada, decidió dejar sin efecto la resolución que había dado de baja al accionante en su categoría de revista como personal administrativo y técnico de la planta permanente de la H. Cámara de Diputados de la Nación (fs.

137/139).

Contra tal pronunciamiento la demandada dedujo el recurso federal (fs.

144/150), que fue concedido (fs. 155).

-II-

La accionada se agravia de la decisión recurrida dado que, a su juicio, omitió todo fundamento respecto del carácter especial y propio de la ley n° 24.600, su ámbito de aplicación y zona de reserva de uno de los Poderes del Estado, produciendo un supuesto de gravedad institucional. Asimismo, la tacha de arbitraria dado que ignoró el alcance de los preceptos que surgen de una disposición conjunta de los presidentes de ambas cámaras, así como las facultades de la

Comisión Paritaria Permanente, derivadas del artículo 59 de la ley respectiva. Refiere, también, la legalidad de la reglamentación aprobada por la resolución en estudio, dado que -a su criterio- no excede el marco de la ley -arts. 45 y 46- y resulta análoga a los decretos que dicta el Presidente de la Nación en virtud del artículo 99, inciso 2°, de la Constitución Nacional (fs. 144/150).

-III-

Ante todo, el recurso extraordinario resulta admisible pues se encuentra cuestionada la interpretación y constitucionalidad de disposiciones federales -ley n° 24.600 y resolución n° 1002/02- y la decisión de la Alzada ha sido contraria a la validez de la última (v. art. 14 de la ley n° 48).

-IV-

Sentado lo que antecede y a propósito de la cuestión que nos convoca, estimo necesario señalar, en primer término, que el artículo 59 de la ley n° 24.600 determina, entre las funciones y potestades de la Comisión Paritaria Permanente a que alude el título IV de la norma, la de establecer los preceptos reglamentarios, complementarios y de aplicación del "Estatuto y Escalafón para el Personal del Congreso de la Nación" (ley 24.600), habiendo sido, precisamente, en ejercicio de esa prerrogativa que los presidentes de ambas Cámaras, aprobando lo actuado por la referida Comisión -integrada igualitariamente por representantes sindicales y legislativos- dictaron la resolución conjunta n° 1002/02 (arts. 56, 57 y 59, ítem 2, ley n° 24.660), por lo que, en dicho contexto, no advierto -en principio- razón para tacharla de ilegal o viciada en origen.

A ello se añade, en segundo término, que los artículos 45 y 46 de la ley n° 24.600 -cfse. Capítulo V- establecen la incompatibilidad del desempeño de un cargo en el Honorable Congreso de la Nación con otro cargo público de cualquier orden, debiendo optar el personal que se encuentra en dicha situación entre uno u otro; puntualizando la resolución conjunta, dictaminada por unanimidad en el seno de la Comisión Paritaria, que ello alcanza a las situaciones existentes a la fecha de su dictado, así como a la percepción de los haberes de retiro correspondientes al personal de las fuerzas armadas y de seguridad, incumbiendo, a fin de detectar posibles situaciones de incompatibilidad, requerir al personal que efectivice una declaración jurada sobre el particular (art.

°, disposición conjunta DP n° 1002/02, Anexo I, art. 45, ítems a, b, d y f).

La resolución bajo examen, entonces, única tachada por el peticionario de inconstitucionalidad, estimo que constituye una reglamentación admisible de los referidos artículos 45 y 46 de la ley n° 24.600, toda vez que, más allá de la condición de pasividad que reviste el agente en su calidad de ex-personal policial, no cabe duda que su haber jubilatorio concierne a "Y otro cargo público en el orden nacional, provincial o municipalY", como reza el precepto reglamentado, dirigido -pondero- entre otros propósitos, a estructurar un régimen administrativo que tienda racionalmente a evitar la acumulación de cargos y posibilite realizar economías en el gasto público, máxime en períodos de emergencia como el correspondiente al dictado de la resolución n° 1002/02.

Es claro que no se advierte, luego, la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del referido acto de autoridad pública que torne procedente la presente acción de amparo, en los términos del artículo 43, primer párrafo, de la Constitución Nacional y su reglamentación.

En ese marco, entiendo que los fundamentos expuestos en el dictamen de la Procuración, al que remitió la Corte en la causa S.C. S. n° 393, L. XXXVIII; "S., F. c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional", son susceptibles de ser aplicados en autos. Ello es así, pues si bien en el citado precedente la regla cuestionada era el decreto n° 894/01 -que había sido declarado inconstitucional por la Cámara dado que establecía una incompatibilidad entre la percepción del haber de retiro y el sueldo en actividad en el ámbito de la Administración pública-, lo cierto es que se entendió allí "... que no sufre menoscabo la garantía de la propiedad por la aplicación de un régimen legal de incompatibilidades, habida cuenta de las facultades del Estado Nacional para establecer una adecuada normación legal o reglamentación del empleo públicoY", valorándose, además, que, en ocasiones anteriores, a propósito de reglamentaciones similares dictadas en circunstancias de emergencia, V.E. se había inclinado por ponderar que no mediaba una reglamentación irrazonable del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, resultando la medida conducente a los fines que imponían su adopción.

Se expresó también en el citado antecedente -referible al caso, insisto, dada su substancial analogía- que en la referida oportunidad el Poder Ejecutivo actuó dentro de las potestades

que le son propias al introducir modificaciones solamente en el régimen de incompatibilidades, sin contradecir el estatuto de empleo público dictado por el Congreso de la Nación que, por otra parte, no había sido cuestionado (como tampoco se cuestiona aquí la preceptiva de la ley n° 24.600); e, igualmente, que la razonabilidad del precepto se sostiene en que no impone una de las alternativas sino que deja librada a la voluntad del agente optar entre el retiro o el sueldo en actividad, posibilitando al interesado escoger aquello que más le convenga a sus intereses que, como se puntualizó en el dictamen al que se viene aludiendo, pueden no ser patrimoniales (cfse. ítem III del dictamen del 17.6.03, ya citado, al que remitió la Corte, con salvedades, el 14.02.06).

No constituye óbice decisivo a la solución propuesta, como bien razonó el juez a quo (fs. 101), lo establecido por el artículo 11, inciso f), de la "Ley Para el Personal de la Policía Federal Argentina" (n° 21.965), en cuanto dispone que el retirado se encuentra autorizado a ocupar cargos públicos y a desempeñar funciones privadas compatibles con el decoro y la jerarquía policial, según lo prescriba la ley y su reglamentación, habida cuenta las razones expresadas sobre el particular en el acápite III, párrafo 11, del dictamen invocado, al que se remite una vez más, por analogía.

-V-

Sin perjuicio de lo expuesto hasta aquí y a propósito de lo ordenado por el artículo 46 de la ley n° 24.600, corresponde puntualizar que, habiéndose intimado al agente a que ejerciera la opción prevista en el precepto respectivo (fs. 71/78), aquél, además de rechazar tal intimación (v. fs. 79), promovió el presente amparo, requiriendo la suspensión precautoria de la opción (fs. 10/29).

Circunstancias procesales vinculadas a la radicación de la causa y a los extremos del artículo 230 del Código adjetivo, entre otros (fs. 35/36, 43, 46, 52, 54, 98, etc.), obstaron al otorgamiento de la medida cautelar y determinaron que la empleadora, mediante la resolución RP n° 191/03, diera de baja al agente a partir del 26.03.03 (cfse. fs. 37, 80/81 y 82/83), con arreglo a un proceder considerado admisible por el juez de mérito. Revocada por la ad quem la decisión de grado (cf. fs. 100/102), se dejó, igualmente, sin efecto la resolución RP n° 191/03 antes aludida (v. fs. 137/139), como se reseñó en el acápite inicial del presente dictamen.

En las condiciones descriptas, atendiendo a lo dispuesto por el aludido artículo 11, inciso f, de la ley n° 21.965; a la novedad, a su turno, de la resolución n° 1002/02 y a que, en ese contexto, el actor pudo creerse, razonablemente, con derecho a cuestionar el ejercicio de la opción, estimo, si V.E. lo juzgara procedente, que, sin perjuicio de la solución propuesta, adversa a los intereses del agente, compete posibilitarle, nuevamente, el ejercicio de la opción a que se refiere el artículo 46 de la ley n° 24.600.

-VI-

Por todo ello, considero que corresponde declarar admisible el recurso deducido por la demandada y revocar la sentencia recurrida, debiendo estar dicha parte a lo indicado en último párrafo del ítem anterior.

Buenos Aires, 23 de abril de 2007.

Dra. M.A.B. de G. Es copia