Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 2 de Febrero de 2007, C. 1031. XLI

Emisor:Procuración General de la Nación

S.C. Nº C. 1031; L. XLI. S u p r e m a C o r t e :

- I - Contra la sentencia de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de fs. 2120/2121, que confirmó los honorarios regulados en primera instancia por su actuación como síndico ad-hoc (fs. 2063), el contador E.C. interpuso el recurso extraordinario de fs. 2165/2179, cuya denegatoria de fs.

2190 dio lugar a la presente queja (fs. 1/19 y 1/19 de los cuadernos respectivos).

Los agravios del apelante conciernen al monto de los honorarios que se le regularon por la labor profesional desarrollada en la quiebra de una entidad financiera en la que el Banco Central de la República Argentina ("BCRA") verificó un crédito cuyo importe actualizado ascendió a $3.891.162,04 (fs. 1903).

En síntesis, tacha el pronunciamiento de arbitrario por apartarse de la ley aplicable al caso, por autocontradictorio al emplear pautas de la ley 24.432 para confirmar el fallo de primera instancia, no obstante haber reconocido su inaplicabilidad y por efectuar una aplicación errónea y antojadiza de jurisprudencia del Tribunal, en especial la de autos "G.H.. S.A. s/ quiebra s/ inc. de ejecución por V.S.A." y "F.C. e Hijos c/ Provincia de Buenos Aires" (v. Fallos 319:1915), que avalan la postura del apelante. Sostiene que resulta también contradictorio hablar de desproporción de los topes arancelarios y luego confirmar una regulación de sólo el 0,3% -importe confiscatorio- del crédito verificado, afectando de tal modo su derecho a una retribución justa y de propiedad.

Refiere, por último, que como síndico debieron regularse de acuerdo con el Decreto Ley 16.638/57, que fija un porcentaje de entre el 4% y el 10% del monto verificado, tal como solicitara (fs. 1903, 2016, 2034 y 2061). -II-

Cabe recordar que si bien las cuestiones atinentes a los honorarios

S.C. Nº C. 1031; L. XLI. regulados en las instancias ordinarias son, por su naturaleza, ajenas a la apelación extraordinaria, y la doctrina de la arbitrariedad reviste carácter particularmente restringido, ello reconoce excepción cuando la decisión carece de fundamentación válida que la sustente (cfr. Fallos 311:936, 314:904, 325:324, etc.).

En el caso, luego de pronunciarse por la inaplicabilidad de la ley 24.432 porque los trabajos fueron realizados con anterioridad a su vigencia (v. Fallos 319:1915) y remitir a pautas establecidas en ciertos precedentes, la Sala resolvió confirmar los honorarios regulados por debajo del mínimo afirmando que la estricta aplicación de las leyes arancelarias conduciría a guarismos que excedían la justa retribución por la labor realizada, con lo cual los determinados eran los que correspondían en atención a la índole, calidad y extensión de los trabajos realizados y las características e importancia del pleito.

Ahora bien, en mi opinión, cabe considerar configurado en el sub-lite el referido supuesto de arbitrariedad del decisorio, ya que los jueces, más allá de la mera referencia a precedentes jurisprudenciales y pautas genéricas, no realizaron un examen en concreto de las constancias de la causa relacionadas con la labor cumplida por el apelante, omitiendo, por lo tanto, la indispensable fundamentación con arreglo a las circunstancias del proceso y sin que pueda tampoco referirse la regulación concretamente al arancel, lo cual torna al pronunciamiento descalificable como acto judicial (v. Fallos 322:1537, 324:2966, 325:1691 y sus citas, y Res. del 16/08/05 en autos L. 1102. XXXIX. L., A.R. c/ Administración Nacional de la Seguridad Social).

Por lo expuesto, en mi opinión, corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia apelada, y disponer que vuelvan los actuados al tribunal de origen, para que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expuesto.

Buenos Aires, 2 de febrero de 2007. Es copia MARTA A. BEIRÓ de G.