Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 5 de Diciembre de 2006, A. 116. XLII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 116. XLII.

    ORIGINARIO

    A., C.A. c/ Estado Nacional y otros (Buenos Aires citado como tercero) s/ daños y perjuicios.

    Buenos Aires, 5 de diciembre de 2006 Autos y Vistos; Considerando:

    1. ) Que a fs. 32/41 se presenta C.A.A., denuncia domicilio real en la Provincia de Buenos Aires, y promueve demanda ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 9 contra el Instituto de Obra Social del Ejército (I.O.S.E.) y contra el Estado Nacional (Ministerio de Defensa - Estado M. General del Ejército), con el objeto de obtener una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la muerte de su hija, G.N.M.. Dicho fallecimiento fue causado, a entender de la peticionaria, por la presunta negligencia de la obra social en suministrarle en tiempo oportuno y conforme a las especificaciones técnicas requeridas una válvula de derivación ventrículo peritoneal para hidrocefalia, circunstancias que tornaron imposible su implantación.

      Por su lado, responsabiliza al Estado Nacional porque considera que la obra social demandada depende en cuanto a su fiscalización, control y conducción del comandante en jefe de ejército, circunstancia de la cual deriva, según sostiene, su condición de garante de las prestaciones a cargo del I.O.S.E.

    2. ) Que a fs. 85/100 se presenta el Instituto de Obra Social del Ejército, contesta la demanda y solicita, en lo que aquí interesa, que se cite como tercero en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación al Hospital Interzonal de Agudos General S.M. al que considera responsable, al menos en forma concurrente, con respecto a los daños invocados en la demanda en razón de la mala praxis en que, en su posición, habrían incurrido los profesionales dependientes de ese establecimiento que participaron en la implantación de la válvula en cuestión.

      °) Que a fs. 131/142 se presenta la Provincia de Buenos Aires y opone la excepción de falta de legitimación pasiva sobre la base de que el mencionado hospital depende del Ministerio de Salud provincial y, por ende, carece de capacidad jurídica para estar en juicio. Entiende, por ello, que la demanda debe ser enderezada contra el Estado local y, para el caso que así lo fuera, opone la excepción de incompetencia de jurisdicción por considerar que, al ser parte una provincia, estas actuaciones corresponden a la competencia originaria de esta Corte o, en su defecto, a la justicia local.

    3. ) Que a fs. 147 el juez federal considera acreditada la representación legal del Hospital Interzonal de Agudos General San Martín en cabeza de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, la tiene por parte.

    4. ) Que tras la contestación efectuada por la actora a fs. 263/264, el juez de primera instancia hace lugar a la declinatoria planteada por el Estado local y, en consecuencia, declara que esta causa corresponde a la jurisdicción originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fs.

      269). Entre otras consideraciones, al hacer propios los fundamentos del dictamen del agente fiscal de fs. 266/267, se afirmó que la competencia originaria del Tribunal estaba fundada únicamente en la condición de las partes en el proceso pues, al intervenir como demandado el Estado Nacional Co una entidad que reviste igual carácterC y como tercero una provincia a quien la sentencia la afectará como a los litigantes principales, la jurisdicción reglada por el art. 117 de la Constitución Nacional sería, a su entender, el único modo de conciliar el privilegio reconocido al primero de litigar sólo ante el fuero federal y la prerrogativa que asiste a los es-

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    A., C.A. c/ Estado Nacional y otros (Buenos Aires citado como tercero) s/ daños y perjuicios. tados provinciales de ser sometidos, en el ámbito de los tribunales de la Nación, sólo a la instancia originaria de esta Corte.

    1. ) Que en el pronunciamiento dictado por este Tribunal el pasado 20 de junio en la causa M.1569.XL "M., B.S. y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo)", cuyos desarrollos argumentativos efectuados en los considerandos 11 a 16 se dan por reproducidos, esta Corte ha abandonado el supuesto de competencia originaria que había reconocido a partir del precedente "C.C. de Vedoya" de Fallos: 305:441. De este modo, el Tribunal ha retornado a su tradicional doctrina con arreglo a la cual si ninguna de las partes que pretenden litigar ante sus estrados, o son llamadas a intervenir en ellos, es aforada de modo autónomo, la acumulación subjetiva de pretensiones no es un instrumento apto para sostener una competencia restringida y de excepción, que en ningún caso hubiera correspondido de haberse introducido individualmente cada una de las pretensiones. Esta doctrina ha sido reiterada por el Tribunal frente a dos juicios de amparo en que se procuraba tutelar el derecho a la salud demandando conjuntamente al Estado Nacional y a un Estado provincial, en que se denegó la competencia originaria invocada (causas R.764.XLII "Rebull, G.P. c/ Misiones, Provincia de y otro s/ amparo" y Competencia N° 365.XLII "G., F.M. y otra c/ Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia y otro s/ amparo - ley 7166", sentencias del 18 de julio de 2006).

    2. ) Que, con esta comprensión, no se verifica en este proceso ninguno de los supuestos de la competencia originaria de este Tribunal reglada en el art. 117 de la Constitución Nacional y en el art. 24, inc. 1°, del decreto-ley 1285/58.

      Ello es así pues C. de que el domicilio de la actora no permite tener por configurado el requisito de diversa vecindad con respecto a la provincia citada como terceroC, como surge de los antecedentes relacionados y con arreglo a los fundamentos y conclusiones de los pronunciamientos dictados por esta Corte en las causas B.2303.XL "B., A.D. y otra c/ Buenos Aires, 5 de diciembre de 2006. daños y perjuicios" y L.171.XLI "L., L. c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ daños y perjuicios", del 21 de marzo y del 11 de julio pasados, respectivamente, a los que cabe remitir por razones de brevedad, en este proceso no se verifica una causa de naturaleza civil que, en procesos como el presente, corresponda a la competencia originaria de esta Corte reglada en las normas citadas.

    3. ) Que frente a la conclusión alcanzada de no considerar al Estado provincial aforado ante la jurisdicción originaria en razón de no verificarse los recaudos de distinta vecindad de la contraparte y de causa civil de la materia, la citación de terceros que voluntariamente ha formulado el Instituto de Obra Social del Ejército no es apta para justificar esta competencia de excepción y de exclusiva raigambre constitucional, en tanto el privilegio federal de la Nación permite que sea demandada ante los tribunales inferiores de la Nación, y la Provincia de Buenos Aires no es aforada ante esta Corte para cuestiones de la naturaleza indicada.

      La regla tradicional retomada por el Tribunal en el citado precedente "Mendoza" no reconoce excepción, naturalmente, en el instituto de la citación de terceros, pues las decisivas razones de raigambre constitucional desarrolladas en dicho pronunciamiento para negar a la actora Cacumulación de pretensiones medianteC la atribución de configurar a su arbitrio una competencia ex nihilo que no encuadra en ninguno

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    A., C.A. c/ Estado Nacional y otros (Buenos Aires citado como tercero) s/ daños y perjuicios. de los supuestos de los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, son inmediatamente aplicables para desconocer al demandado el poder de generar esa misma jurisdicción originaria cuando, como en el sub lite, requiere la intervención como tercero de un sujeto que, como se subrayó, no es aforado ante este estrado.

    Más allá de las elementales razones de igualdad de tratamiento hacia las partes que sostienen esta decisión, una conclusión distinta sería claramente frustratoria del alto objetivo de naturaleza institucional perseguido en el precedente cuya doctrina se extiende al presente, pues bastaría con dejar de utilizar el instituto de la acumulación de pretensiones para acudir, por el actor o el demandado, al de la intervención de terceros (arts. 88 y 94 del ordenamiento procesal, respectivamente) para sortear el impedimento en que hace pie la doctrina de esta Corte, conclusión claramente inaceptable frente al sostén constitucional de la solución que se viene propiciando y la naturaleza meramente funcional e instrumental de los institutos procesales considerados.

    1. ) Que el estado procesal de las actuaciones no obsta a un pronunciamiento como el indicado, pues la competencia originaria de esta Corte Cde incuestionable raigambre constitucionalC reviste el carácter de exclusiva e insusceptible de extenderse, por persona ni poder alguno, como lo ha establecido una constante jurisprudencia del Tribunal (Fallos:

    271:145; 280:176; 302:63), razón por la cual la inhibición que se postula debe declararse de oficio en cualquier estado de la causa y pese a la tramitación dada al asunto (Fallos: 109:65; 249:165; 250:217; 258:342; 259:157, entre muchos otros).

    10) Que, por último, cabe subrayar que para situaciones como la que dio lugar a estas actuaciones, el tribunal de la causa deberá sujetarse a la precisa conclusión enfati-

    zada en los pronunciamientos a los cuales se reenvía, en el sentido de que esta clase de pretensiones deben promoverse en las jurisdicciones respectivas que correspondiesen según la persona que, en uno u otro caso, se optare por dar intervención: ante la justicia federal de serlo el Estado Nacional o un ente de igual carácter, o ante los tribunales locales en caso de emplazarse a la provincia (caso "Mendoza", considerando 16).

    En las condiciones expresadas, denegada la radicación del proceso ante esta instancia originaria y frente a la intervención de terceros perseguida, deberán adoptarse por el juez de la causa las medidas apropiadas para no violentar el principio recordado, de raigambre constitucional, de que los estados provinciales no están sometidos a la jurisdicción de los tribunales inferiores de la Nación, a cuyo fin deberá reconsiderar la admisibilidad de la aplicación en el sub lite del instituto procesal en cuestión frente a la Provincia de Buenos Aires.

    Por ello y oído el señor P.F. subrogante, se resuelve declarar la incompetencia de esta Corte para entender en forma originaria en este juicio. N., comuníquese al señor Procurador General, agréguense copias de los precedentes citados en los considerandos 6° y 7° y, oportunamente, devuélvase al tribunal de origen a fin de que se proceda como está indicado en el considerando 10 de este pronunciamiento. E.S.P. -C.S.F. -J.C.M. -R.L.L. -C.M.A..

    Actora: C.A.A., representada por el Dr. L.M.V., con el patrocinio letrado de la Dra. A.M.S..

    Demandada: Instituto Obra Social del Ejército (I.O.S.E.), representado por la Dra.

    G.J.S.; Estado Nacional, representado por la Dra. M.R. Lu- gani Citada como tercero: Provincia de Buenos Aires, representada por el Dr. R.F.C..

  4. 116. XLII.

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    A., C.A. c/ Estado Nacional y otros (Buenos Aires citado como tercero) s/ daños y perjuicios.

    Juzgado de origen: Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 9.