Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 29 de Noviembre de 2006, G. 866. XLII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

GONZÁLEZ, L.L. C/ ESTADO NACIONAL ARGENTINO - SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL (RECURSO EXTRAORDINARIO) S.C. G.866, L.XLII.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

- I - A fs. 407/417, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata -Sala IIIconfirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, por la cual se había hecho lugar a la demanda que L.L.G. -en uso de la facultad conferida por el art. 16 de la ley 24.028- interpuso contra el Estado Nacional, a fin de obtener la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a raíz de las lesiones sufridas mientras se desempeñaba como Suboficial Subalterna del Servicio Penitenciario Federal, con el grado de Ayudante de Quinta, en la Unidad Correccional de Mujeres (U.3) de Ezeiza.

Para así decidir, sus integrantes relataron que el 21 de febrero de 1992 las internas alojadas en la Planta de Madres de la citada Unidad Correccional se amotinaron con motivo de una serie de medidas disciplinarias adoptadas respecto de dos detenidas. A raíz de ello, varios integrantes del servicio penitenciario -entre ellos se encontraba la actora- se acercaron a la puerta del pabellón con el fin de controlar la situación y en esas circunstancias, desde el interior de un dormitorio y a través de un ventilete cuyo vidrio había sido roto, una interna arrojó agua hirviendo que cayó sobre la accionante, ocasionándole quemaduras de primer grado en su rostro, lo cual le generó una incapacidad parcial y permanente del 82%.

Así los hechos, en lo que aquí interesa, sostuvieron los magistrados que por aplicación de la ley 24.660 (arts. 192 y 195) y del art. 1112 del Código Civil, los antecedentes de la causa evidenciaban que los extremos fácticos acaecidos comprometen la responsabilidad del Estado, porque importaron la omisión de sus deberes primarios y constituyeron una

irregular prestación del servicio a cargo de la autoridad penitenciaria que no justificaba la pretensión eximente que, con fundamento en la ley 24.660, había invocado el demandado.

En tal sentido, expresaron que se había demostrado que las mujeres alojadas en el pabellón donde se originó el motín tenían, con conocimiento de las autoridades penitenciarias, disponibilidad casi permanente de elementos cortantes y agua caliente para atender las necesidades de aproximadamente 10 niños, sin que se hubiera organizado un jardín maternal a cargo de personal especializado, por lo cual concurrían en el caso todos los presupuestos para configurar la responsabilidad civil del Estado Nacional.

Señalaron que las leyes 13.018 y 20.416 consagraron, respectivamente, un régimen especial de haberes de retiro -obligatorio y voluntario- y el otorgamiento de una prestación en caso de incapacidad originada por un acto de servicio. En ese sentido, puntualizaron que el art. 112 de la primera de aquellas leyes ha establecido que se reconocerá al personal penitenciario incapacitado en o por acto de servicio el grado inmediato superior para el caso en que deba acogerse o se halle acogido a retiro y que en tal supuesto deberá computarse el sueldo y la totalidad de los suplementos y bonificaciones a esa jerarquía con carácter móvil para su haber de retiro, jubilación o pensión.

Sin embargo -dijeron- en el legajo de la actora sólo se encuentra su puesta en disponibilidad por retiro obligatorio y su promoción al cargo de Ayudante de 40, mas no obra constancia documental alguna que acredite que aquélla percibiera la indemnización que invoca el Estado Nacional.

Asimismo, indicaron que más allá de esa deficiencia probatoria no podían soslayar que la ley 20.416, en su art. 37 inc. "l", establece a favor de los agentes penitenciarios el

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Procuración General de la Nación deber de percibir indemnizaciones en los casos de traslado, cambio de destino, gastos y daños originados en o por acto de servicio, accidente de trabajo o enfermedades profesionales.

Empero -continuaron diciendo- dicha norma no prescribe en modo alguno que las retribuciones por tales conceptos sólo puedan ser las contenidas en el capítulo XIX de dicho plexo normativo, en ese entendimiento consideraron que no podía sostenerse que por la sola incorporación al servicio penitenciario, el trabajador debía declinar implícitamente hacia el futuro todo reclamo fundado en otras leyes.

- II - Disconforme, el demandado interpuso recurso el extraordinario de fs. 428/435, que fue concedido por el a quo a fs. 465/466.

Afirma, en sustancia, que el pronunciamiento que impugna deniega la aplicación de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal 20.416 al igual que la Ley de Retiros y Pensiones para el Personal del Servicio Penitenciario Federal 13.018 que contemplan específicamente las indemnizaciones que pueden percibir los empleados de la repartición.

En ese sentido, aduce que tanto la doctrina como la jurisprudencia han señalado la inaplicabilidad de la ley civil en aquellos supuestos en que una ley militar o de seguridad regula la actividad específica. Asevera pues que, al quedar establecido que la accionante percibió las retribuciones previstas en el art. 51, inc. "c" de la ley 13.018, de hacerse lugar a la indemnización pretendida, la actora acumularía dos beneficios que responden a una misma finalidad resarcitoria y ello consagraría un indebido enriquecimiento de su parte.

- III -

A mi modo de ver, el recurso extraordinario es formalmente admisible, desde que se ha puesto en tela de juicio la inteligencia de normas de naturaleza federal y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria a las pretensiones que el recurrente funda en ellas (confr. doctrina de Fallos: 327:1228).

- IV - La Corte ha establecido al examinar situaciones que guardan, en lo pertinente, analogía con la planteada en autos, que no existe óbice alguno para otorgar una indemnización basada en normas de derecho común a un integrante de las fuerzas armadas o de seguridad -ya sea que su incorporación haya sido voluntaria o consecuencia de las disposiciones sobre el servicio militar obligatorio- cuando las normas específicas que rigen a las citadas instituciones no prevén una indemnización sino un haber de retiro de naturaleza previsional (confr. causa M.41 y M.29.XXVII "M., J. y otra c/ Estado Nacional - M1 de Defensa -E.M.G.E.- s/ cobro de australes", sentencia del 19 de octubre de 1995, publicada en Fallos:

318:1959; L.264.XXVIII "L., M.A. c/ Estado Nacional - M1 del Interior - Policía Federal Argentina s/ accidente de trabajo, art. 1113 del C.C.", sentencia del 15 de octubre de 1996 y, mas recientemente, F.650.X. "Figueroa, J.A. c/ EN - M1 del Interior - FFAA s/ daños y perjuicios", sentencia del 29 de abril de 2004, publicada en Fallos: 327:1228, entre otros).

En el presente caso resulta claramente aplicable la doctrina de los fallos citados, toda vez que tanto la ley 13.018 (Régimen de Retiros y Pensiones para el Personal del Servicio Penitenciario de la Nación) como la ley 20.416 (Servicio Penitenciario Federal) no prevén un régimen autónomo

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Procuración General de la Nación de resarcimiento (o "indemnización") para los supuestos de lesiones sufridas por los integrantes de la fuerza que se hayan originado en casos como el de autos.

Por el contrario, los mencionados cuerpos legales establecen para esos supuestos el pago de un haber de retiro, lo que, de conformidad con la doctrina de los citados casos "Mengual", "L." y "Figueroa", es perfectamente compatible con la percepción de una indemnización fundada en normas del derecho común.

- V - Opino, por lo tanto, que cabe declarar admisible el recurso extraordinario y confirmar la sentencia de fs. 407/417 en cuanto ha sido motivo de dicho recurso.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.

Es Copia.- L.M.M.