Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 28 de Noviembre de 2006, J. 332. XXXVIII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

J. 332. XXXVIII.

RECURSO DE HECHO

J., G.A. c/ Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2006.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado en la causa J., G.A. c/ Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado", para decidir sobre su procedencia.

Considerando.

  1. ) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, al confirmar lo decidido en primera instancia, declaró competente a la justicia en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para seguir conociendo en las actuaciones en las cuales, con fundamento en el derecho civil, se demanda a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado y al gobierno local por los daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo.

    Contra tal pronunciamiento, la empresa codemandada dedujo el recurso extraordinario, cuya denegación dio origen a esta queja.

  2. ) Que para decidir del modo en que lo hizo, el a quo consideró, en síntesis, que las disposiciones constitucionales y legales vigentes habilitaban la jurisdicción de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conocer en todos los asuntos en los que la autoridad administrativa local sea parte, tanto en el ámbito del derecho público como del privado. En consecuencia, concluyó, la competencia que el art.

    43 del decreto-ley 1285/58 (modif. por ley 23.637) había atribuido a los juzgados civiles en todas las causas en las que fuera parte la municipalidad de la mencionada ciudad en virtud de la naturaleza estatal del sujeto procesal, se ve hoy transferida in totum al fuero contencioso administrativo y tributario local.

  3. ) Que el apelante se agravia pues considera que la decisión no da respuesta a sus planteos oportunamente in-

    troducidos y prescinde tanto de las normas aplicables como de las constancias de la causa.

  4. ) Que el recurso extraordinario resulta procedente pues, si bien las cuestiones de competencia no habilitan la jurisdicción del art. 14 de la ley 48, por no estar satisfecho el recaudo de sentencia definitiva, tal regla admite excepción en los asuntos en que media denegación del fuero federal (Fallos: 311:430 y 1232; 314:848; 316:3093; 323:2322; 324:533, entre muchos otros), extremo que se configura en el caso en el cual la justicia nacional en lo civil, integrante de la judicatura de la capital de la república a la que se reconoce dicha calidad (Fallos:

    233:30; 236:8; 246:285; 266:149; 310:1106; 320:2701; 323:2322 y 3881, entre otros), se ha desprendido del conocimiento de las actuaciones en favor de los tribunales locales.

  5. ) Que, por otra parte, aunque los agravios remitan al examen de cuestiones de índole eminentemente procesal ajenas, como regla y por su naturaleza, al recurso del art. 14 de la ley 48, ello no es óbice para su consideración en esta instancia excepcional cuando, como sucede en el sub lite, el a quo no ha dado un tratamiento adecuado a la controversia suscitada de acuerdo con las constancias de la causa y a lo oportunamente alegado por las partes, lo que descalifica al pronunciamiento como acto judicial válido (Fallos: 312:608 y 683 y 315:2514, entre muchos otros).

  6. ) Que, en efecto, mediante el estudio de las normas en juego y a la luz de diferentes interpretaciones doctrinales, el tribunal procuró determinar si el criterio de atribución de la competencia contencioso administrativa en el ámbito de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, excluía del fuero especializado a las causas regidas por el

    J. 332. XXXVIII.

    RECURSO DE HECHO

    J., G.A. c/ Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado. derecho privado (conf. fs. 639/644 de los autos principales, cuya foliatura se citará en lo sucesivo). Tras descartar la posibilidad de que, al respecto, la ley 24.588 hubiera adoptado una directiva de tipo objetivo o por razón de la materia, se inclinó por sostener el criterio subjetivo, admitiendo la razonabilidad de las disposiciones locales que establecen la intervención del fuero contencioso administrativo y tributario en todos los asuntos en los que "una autoridad administrativa legitimada para estar en juicio Cen suma, la CiudadC sea parte, cualquiera sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado".

  7. ) Que, más allá del valor que, en abstracto, quepa reconocer a la construcción argumental reseñada, en cuanto enfatiza que la intervención de la autoridad administrativa local con carácter de parte determina Cen principioC la intervención de la justicia de la ciudad, lo cierto es que en su elaboración el a quo ha prescindido de la apreciación de elementos concretos de este expediente y, en especial, de los oportunos y fundados planteos del apelante, omisión que torna inaceptables las inferencias que se extraen de tal fundamentación.

    Ello es así pues, justamente, en la impugnación llevada ante la cámara (fs. 608/619) se había subrayado que en la sentencia inhibitoria de primera instancia se soslayó que Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado es un ente autárquico, con patrimonio y administración independiente y que no se identifica con el gobierno de la ciudad por lo cual, con arreglo al propio argumento del tribunal de alzada, su participación como parte en el caso no suscitaba la jurisdicción de los juzgados locales.

  8. ) Que, en razón de ese extremo y habida cuenta de que lo que se reclama en autos, según el relato que exhibe la

    demanda (fs. 33/40), es el resarcimiento de los daños ocasionados por un accidente de trabajo con base en disposiciones del derecho civil, cabe concluir que el objeto de la pretensión no está comprendido entre los puntos designados por el art. 8° de la ley 24.588 que, al reglamentar el art. 129 de la Constitución Nacional, solo atribuye competencia a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso administrativo y tributaria locales.

    Y, si bien la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicha ciudad C. n° 7C previó la creación de una justicia civil (art. 39), no puede desconocerse que su puesta en marcha se encuentra suspendida y sujeta a un acuerdo entre los gobiernos federal y porteño no alcanzado todavía (Fallos:

    325:1520). En consecuencia, dado que la substancia del pleito atañe exclusivamente al derecho civil y no al derecho público local, no corresponde que sea resuelto por los jueces en lo contencioso administrativo y tributario sino por la justicia nacional en lo civil (confr. doctrina de Fallos: 325:3413 y 326:1663).

  9. ) Que no altera lo dicho el hecho de que la autoridad gubernamental local también haya sido traída a juicio.

    Ello es así pues, además de que no surge del escrito de inicio una atribución directa de responsabilidad a su respecto, debe ponderarse especialmente que cuando compareció en el proceso opuso la excepción de falta de legitimación pasiva como defensa de fondo (fs.

    62/64) por considerarse una persona jurídica diferente de la prestadora del servicio de subterráneos, única entidad a la que se le adjudicó culpa en razón de ser la dueña o guardiana de la cosa a cuyo vicio o riesgo fue atribuida la producción del daño. Tal circunstancia, especialmente enfatizada por el apelante ante el a quo (fs.

    J. 332. XXXVIII.

    RECURSO DE HECHO

    J., G.A. c/ Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado.

    608/619), no mereció respuesta alguna en la sentencia resistida, pese a que resultaba conducente para una adecuada solución del conflicto.

    10) Que, por lo demás, resulta atendible la impugnación sustentada en que el a quo omitió ponderar la "altura del proceso" en que la incompetencia fue declarada. En efecto, de las constancias de la causa, en la que se reclama por un siniestro laboral acaecido el 4 de febrero de 1991, surge que su iniciación tuvo lugar el 2 de febrero de 1993 (confr. cargo puesto a fs. 40 vta.) y que, después de diez años del suceso, el 26 de febrero de 2001, cuando ya se había producido toda la prueba y habían sido presentados dos escritos pidiendo que se llamara autos para sentencia (fs.

    591 y 595), el juez de origen decidió inhibirse de seguir actuando sin proporcionar mayores fundamentos que la cita de la ley n° 7, cuya aplicación, como se indicó, se encuentra en suspenso (fs.

    596). Esa decisión resultó palmariamente contradictoria con la dictada el 3 de noviembre de 2000 (fs.

    590) y que había adquirido firmeza, en la cual, frente a la alegación por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la incompetencia sobreviniente del juzgado en virtud de la creación de los tribunales locales (fs.

    587/589), el mencionado magistrado había afirmado de manera concluyente que "la competencia en estos autos se encuentra consentida por las partes, como así también por el tribunal actuante" por lo que "el planteo formulado en el escrito en despacho resulta totalmente extemporáneo". En suma, la actitud asumida por el juez de origen al decretar su incompetencia no solo resulta reprochable por haber sido inoportunamente adoptada, sino también por vulnerar los principios de preclusión y de estabilidad de los actos procesales con evidente desmedro del buen servicio de justicia (Fallos:

    310:755, 1555 y 2842; 311:813, entre otros),

    circunstancia que aconseja la descalificación del fallo que ha dispuesto su confirmación.

    En las condiciones expresadas corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento apelado y, en uso de las atribuciones conferidas a esta Corte por el art. 15 de la ley 48, cabe declarar que el juzgado de origen es competente para seguir conociendo en autos.

    Por ello, oído el señor P.F. subrogante, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y se declara que el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 16 es competente para seguir conociendo en las actuaciones. Costas por su orden, en atención a la índole de la cuestión planteada y a la adhesión prestada por la actora a la apelación de su contraparte (art. 68, in fine, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    Agréguese la queja al principal.

    R. el depósito de fs. 117. N. y, oportunamente, remítase. E.S.P. -E.I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - JUAN C.M. -E.R.Z. -R.L.L. -C.M.A. (en disidencia).

    DISI

    J. 332. XXXVIII.

    RECURSO DE HECHO

    J., G.A. c/ Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado.

    DENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M.

    ARGIBAY Considerando:

    Coincido con los fundamentos y conclusiones del dictamen del P.F. subrogante, a los que me remito a fin de evitar reiteraciones innecesarias.

    Por ello, se confirma la sentencia recurrida, debiéndose remitir las actuaciones a la justicia en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    D. perdido el depósito de fs.

    117.

    N., devúelvanse los autos principales y, oportunamente, archívese.

    C.M.A..

    Recurso de hecho interpuesto por el representante de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, Dr. G.L.L.T. de origen: Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instan- cia en lo Civil n° 16