Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 29 de Septiembre de 2006, A. 2098. XLI

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

S.C. A.2098. L. XLI S u p r e m a C o r t e :

I La Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de H.L.A. contra la sentencia del Juzgado Nacional en lo Correccional N1 8, por la que fue condenado a la pena de tres años de prisión, en suspenso, y a cuatro años de inhabilitación especial para ejercer la profesión de médico, por ser autor culpable del delito de lesiones culposas -arts. 26, 45, 91, 94, del C.P.- (fs. 16/25, 9/15 vta.) Contra esa decisión la defensa interpuso recurso extraordinario federal (fs. 26/55), cuya denegación dio lugar a la presente queja (fs. 58 y 60/92 vta.) II 1. En su recurso de casación la defensa alega, en esencia, que no está acreditado el nexo de causalidad entre el reproche y el resultado lesivo, que la sentencia viola el principio in dubio pro reo y se aparta de las reglas de la sana crítica, al par que resulta dogmática la aseveración sobre la inexistencia de atenuantes para imponerle el máximo de pena.

  1. Para rechazar la impugnación el a quo argumentó, entre otras cosas, que "el señor Juez Correccional luego de revisar y valorar adecuada y lógicamente todos los elementos de prueba ha brindado un número importante de razones y argumentos para llegar a la certeza de culpabilidad que confirmó la hipótesis acusatoria; y por otra parte, la defensa simplemente ensaya una serie de explicaciones alternativas sin sustento en base fáctica alguna (por ejemplo que el resultado lesivo no es producto de la anestesia como determinaron los médicos forenses, sino de un misterioso acontecimiento que ni siquiera alcanza a explicar), o contrarios a los hechos probados en base a los testimonios objetivos e indubitados del médico obstetra a cargo del parto (...) del ayudante de obstetricia (...) y -particularmente- de la (i)nstrumentadora (q)uirúrgica, doctora M. de los Á.L. de Prost (la descompensación de la víctima se manifestó inmediatamente después del alumbramiento, fue advertido por el marido de la misma y por el médico obstetra -que estaba concluyendo con la episiotomía-, quienes tuvieron que ir a buscar a A. porque se había ausentado del quirófano, y el lapso de tiempo en que todo esto ocurrió fue muy breve), que no llegan a conmover siquiera mínimamente las conclusiones del a quo ya referenciadas".

    Luego, descartó arbitrariedad en la valoración de la prueba y dijo que, sin omitir elementos dirimentes, el juez llegó al estado de certeza sobre la existencia del hecho y la responsabilidad del imputado, abundándose en referencias sobre la responsabilidad del médico, y en particular sobre los deberes del profesional anestesiólogo.

    En cuanto al monto de la pena, se dijo que en la sentencia se expresaron en forma concreta y razonada los motivos de su imposición, considerando agravantes y atenuantes, agregando el voto concurrente de la Dra. L. que también se indicó cuál era el fundamento por el que se establecía la ejecución condicional de la pena (hago esta referencia teniendo en cuenta la disímil postura de los jueces sobre el alcance de la revisión en este tópico).

  2. En el recurso federal, la defensa insiste con sus agravios, diciendo que la sentencia se aparta y desconoce los hechos probados en la causa, incurriendo en un análisis fragmentario y contradictorio, que carece de una "visión abarcativa de las responsabilidades del

    equipo médico que recrea la arbitrariedad denunciada". Sostiene, con referencia a lo manifestado por A. en el debate, que por el lapso transcurrido no era posible suponer razonablemente que pudiera tener lugar un accidente anestésico y que esto "justifica la suposición de A. en cuanto a que los síntomas advertidos no se correspondían con un accidente anestésico sino con el cansancio y el esfuerzo muscular propios del parto..." Que el tratamiento con oxígeno no asegura resultados a tenor del conocimiento médico actual, transformándose una probabilidad en certeza.

    Que la sentencia no contempla la posibilidad de un diagnóstico diferente. Que se centra y focaliza en la persona de Amodio la responsabilidad por lo ocurrido sin tener en cuenta que el parto fue atendido por un equipo médico. Que al afirmarse que "...la sustancia inyectada pudo haber quedado en un espacio medio y por absorción ingresar a lo profundo generando con el correr de los minutos, como ocurrió, un bloqueo o paralización de la parte superior del tronco..." se demuestra la falta de certeza sobre el origen del proceso causal e impide atribuir al imputado la omisión subsiguiente.

  3. Con sustento en que no se demuestra la arbitrariedad alegada, que el fallo cuenta con fundamentos que impiden su descalificación con base en esa doctrina y al criterio restrictivo con que deben examinarse estas cuestiones, sumado a que la graduación de la pena dentro de los límites legales no suscita cuestión federal, el a quo rechazó el recurso extraordinario.

  4. En su escrito de queja, la defensa reitera sus cuestionamientos con base en la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias, tacha que también alcanza el auto que deniega el recurso del artículo 14 de la ley 48. Invoca, en esta oportunidad, el derecho del imputado a obtener la revisión de la condena, y con cita del precedente "C." alega que lo resuelto por la cámara de casación "amen de la arbitrariedad que se le achaca, ha desconocido la garantía al recurso y la revisión con la amplitud que nuestro máximo tribunal lo entendió, configurándose por ende la cuestión federal suficiente..." III De inicio debo decir que, a mi manera de ver, los agravios traídos por la parte giran esencialmente sobre cuestiones de hecho, prueba y derecho común, propias de los jueces de la causa y, por regla, ajenas al conocimiento del Tribunal, conforme doctrina de innecesaria cita.

    No paso por alto que, de todos modos, cabe hacer excepciones frente a las particularidades de determinados casos en los que ciertamente se verifica que la sentencia no es derivación razonada del derecho vigente con referencia a las circunstancias comprobadas de la causa, pero que no aprecio en el sub lite.

    Por un lado, porque a mi manera de ver, el fallo del a quo se ajusta a las pautas establecidas por V.E. al resolver in re "C., M.E. y otro s/ robo simple en grado de tentativa -causa 1681-", sentencia del 20 de septiembre de 2005.

    En efecto, la decisión demuestra que las cuestiones planteadas por la parte fueron examinadas por la cámara, con argumentos razonables sobre la adecuación jurídica e indicando la prueba que la apuntala.

    Al respecto, me permito agregar que tampoco la recurrente se ocupa de señalar cuáles son los aspectos "revisables" de la sentencia que el a quo habría omitido considerar, pues más allá de lo criticable que pudiere ser la referencia a que "las cuestiones de hecho y prueba" están vedadas a la casación, no demuestra que el fallo se asienta en esa distinción formal para rechazar dogmáticamente la revisión; circunstancia que, además, se empeña en resaltar, sin

    ocuparse adecuadamente de la refutación de los fundamentos dados.

    Y esto es importante en este caso porque no puede pasar inadvertido que el segundo voto del acuerdo introduce una aclaración sobre este punto, para concluir que como se trata de "enunciados de inmediación" está vedada la revisión en esa instancia.

    Análogas circunstancias se verifican en cuanto al control sobre el monto de la pena, a poco que se observa que aun desde posturas teóricamente disímiles en cuanto a su alcance, en la práctica, los camaristas coinciden en afirmar que el juez sentenciante expresó adecuadamente las cuestiones que determinaron su imposición.

    Creo oportuno señalar aquí que el tratamiento de los agravios de las partes no sigue fórmulas exactas, y el marco decisorio de los jueces abarca también la ponderación de su fundamento para dar suficiente respuesta. Con referencia al supuesto que se estudia: si al expresar sus motivos la recurrente sólo trasunta su discrepancia con la valoración de las distintas cuestiones que el juez tuvo en cuenta para individualizar la pena, proponiendo una lectura alternativa (insistiendo básicamente en que la conducta de A. fue adecuada), bastará con lo dicho por la cámara en cuanto reafirma la existencia de fundamento apropiado.

    Satisfecho entonces el requisito de la revisión por un tribunal superior, siguiendo el contorno delineado por V.E. en el ya citado precedente "C.", resta aclarar que, en materia de prueba, como es el caso de autos, la incumbencia de la Corte queda reservada para los casos excepcionales en que no sea reconocible la aplicación de un método racional en la reconstrucción de un hecho pasado, extremos que no se aprecian en el sub lite.

    En efecto, tanto de la sentencia del juez en lo correccional como de lo resuelto por la casación se desprende la violación del deber de cuidado en que incurriera A., agravando una situación de peligro de manera no permitida, que desembocó en las lesiones comprobadas de la víctima, las que -ponderando su especialidad médica y los recursos a su alcance- el imputado estaba en condiciones de evitar. A lo que me permito agregar que el peritaje de fs. 41/51 es claro en cuanto a que "la punción subdural es un accidente anestésico pocas veces evitable..." y "creemos que el retardo en evaluar la sintomatología que presentó en el post parto inmediato la paciente derivó en el paro respiratorio que a posteriori ocasionara la encefalopatía hipóxica", conclusiones que la parte no consigue rebatir adecuadamente.

    Así las cosas en cuanto a la ciencia médica, considero que la jurídica está en condiciones de concluir que le es imputable objetiva y subjetivamente al profesional no haber evitado el resultado.

    IV En consecuencia, opino que V.E. puede rechazar la presente queja.

    Buenos Aires, 29 de septiembre de 2006.

    L.S.G.W.