Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 26 de Septiembre de 2006, D. 950. XXXVIII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

D. 950. XXXVIII.

RECURSO DE HECHO

D´A., R.G.G. de c/ Provincia de Santa Fe.

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2006.

Vistos los autos: A. de hecho deducido por la actora en la causa D=A., R.G.G. de c/ Provincia de Santa Fe@, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

  1. ) Que la actora dedujo recurso contencioso administrativo contra la resolución que le había denegado la jubilación por invalidez. Durante el curso del trámite del juicio, se notificó a las partes del peritaje que había establecido que la peticionaria se encontraba incapacitada en un 70% de la total obrera. Tres meses después, la Fiscalía de Estado provincial acusó la caducidad de instancia y la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe hizo lugar al planteo, decisión que motivó la interposición del recurso extraordinario que, denegado, dio origen a la presente queja.

  2. ) Que para decidir de ese modo, el a quo consideró que se encontraban cumplidos los presupuestos procesales determinantes de la aludida caducidad, pues había transcurrido el plazo contemplado en el art. 30 de la ley 11.330 sin que la titular, pudiendo hacerlo, hubiera instado el procedimiento.

    Añadió que no era conducente la objeción relacionada con la conducta de la demandada pues la Fiscalía de Estado provincial tenía el deber legal de plantear dicha cuestión en los casos en que se hubieran cumplido los plazos correspondientes.

  3. ) Que, asimismo, el tribunal valoró que en el ámbito del proceso contencioso administrativo dicho instituto era de interpretación restrictiva, por lo que las causales que permitían eximir de tal declaración debían analizarse en forma estricta, aparte de que rechazó la solicitud de inconstitucionalidad del art. 30 de la ley 11.330, que la recurrente había planteado en forma subsidiaria, esto es, como modo de componer una situación que desde su óptica se evidenciaba como

    injusta.

  4. ) Que aun cuando los agravios de la apelante remiten al examen de cuestiones fácticas y de derecho público local, propias de los jueces de la causa y ajenas Ccomo regla y por su naturalezaC al remedio del art. 14 de la ley 48, ello no es óbice para habilitar la vía intentada cuando, con excesivo rigor formal y desatendiendo a la índole del derecho previsional reclamado, se ha ocasionado a la recurrente un gravamen de imposible reparación ulterior y se han desconocido pautas de hermenéutica con menoscabo de derechos que cuentan con tutela constitucional.

  5. ) Que ello es así pues el pronunciamiento recurrido tiene como consecuencia que la resolución administrativa que denegó la prestación por invalidez quede firme y la parte pierda siete años de retroactividad, además de que debe soportar una demora irrazonable en la adquisición del derecho previsional, lo que traduce el carácter definitivo de la decisión cuestionada y justifica examinar el tema según la óptica propia de esta materia.

  6. ) Que el tribunal provincial aplicó la norma que rige la caducidad de la instancia cuando se encontraba vencido el plazo legal para producir la prueba en los términos del art. 20 de la citada ley y se hallaba agregado el dictamen médico que daba cuenta de la incapacidad total de la actora, peritaje que dejaba sin sustento fáctico real la resolución administrativa que denegó el beneficio y que fue consentido por la demandada al no impugnarlo.

  7. ) Que la necesidad de armonizar el principio según el cual la interpretación del instituto aplicado debe ser restrictiva y de aquel que dispone que no debe llegarse al desconocimiento de los derechos previsionales reclamados sino

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    D´A., R.G.G. de c/ Provincia de Santa Fe. con extrema cautela, encuentra su máxima expresión en el caso en que al hacerse mérito de aspectos formales se ha puesto fin al proceso contencioso administrativo dirigido a obtener el reconocimiento de un beneficio previsional de invalidez, beneficio que tiene carácter integral e irrenunciable (art. 14 bis de la Constitución Nacional) y cuyo derecho a obtenerlo ha quedado prima facie acreditado.

  8. ) Que ello es así pues cuando está en juego un derecho de carácter alimentario, la aplicación rígida del principio de la caducidad de instancia debe atemperarse y las facultades instructorias del tribunal cobran particular relevancia. No cabe admitir, pues, que el a quo pueda resultar un espectador pasivo y renuncie tácitamente a ejercer sus poderes de dirección y celeridad del proceso que la propia ley 11.330 le reconoce, por lo que al decidir la incidencia no pudo prescindir de disponer la realización de las medidas necesarias para evitar la demora en el reconocimiento del derecho en juego, pues una solución contraria importaría aceptar su pasividad y la consecuente pérdida de derechos que cuentan con tan firme respaldo en la Ley Fundamental.

  9. ) Que en tales condiciones, la declaración de caducidad de la instancia afectó de manera directa e inmediata el derecho de defensa (art. 18 de la Constitución Nacional), circunstancia que habilita a descalificar el fallo impugnado como acto jurisdiccional.

    Por ello, habiendo dictaminado el señor P.F., se hace lugar a la queja y al recurso extraordinario interpuestos y se deja sin efecto la sentencia. Con costas.

    Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por

    quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo expresado. N., agréguese la queja al principal y oportunamente, remítase. E.S.P. -E.I.

    HIGHTON de NOLASCO (en disidencia) - C.S.F. -J.C.M. -E.R.Z. -R.L.L. -C.M.A. (en disidencia).

    DISI

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    D´A., R.G.G. de c/ Provincia de Santa Fe.

    DENCIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I.

    HIGHTON de NOLASCO Considerando:

    Que el recurso extraordinario cuya denegación motiva la presente queja es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    Por ello, y oído el señor P.F., se desestima la queja.

    N. y, previa devolución de los autos principales, archívese. E.I.H. de NOLASCO.

    DISI

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    D´A., R.G.G. de c/ Provincia de Santa Fe.

    DENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M.

    ARGIBAY Considerando:

    11) La señora R.G.G. de D.'Angelo promovió, ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, la instancia contencioso administrativa prevista en la ley provincial 11.330, con el objeto de impugnar la resolución por medio de la cual el organismo previsional local rechazó su pedido de jubilación por invalidez.

    El gobierno provincial, por intermedio del Fiscal de Estado, se opuso a la procedencia del recurso y defendió la resolución administrativa por entender que la señora D.'Angelo no cumplía con los requisitos para acceder a la jubilación que solicitara, en especial por no haberse acreditado el cese y no contar con el grado de incapacidad mínimo exigido por la ley.

    Por esta razón, se ordenó la realización de una prueba pericial, cuyos resultados fueron notificados a la parte actora el 7 de febrero de 2000. Tres meses después, el 12 de mayo de 2000, la Fiscalía de Estado acusó la caducidad de la instancia, que fue resuelta favorablemente por el Superior Tribunal tras constatar que había transcurrido el término contemplado en el artículo 30 de la ley 11.330 sin que la demandante impulsara el procedimiento. La sentencia contiene asimismo una respuesta a las objeciones relacionadas con el momento en que debía comenzar a computarse el plazo, y descartó que la demandada hubiese actuado con malicia procesal.

    Al mismo tiempo, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la norma local que subsidiariamente había formulado la accionante.

    21) Contra la sentencia dictada por el Superior Tribunal provincial, la representación de la señora D.'Angelo interpuso recurso extraordinario federal, cuya denegatoria dio

    lugar a la presentación directa ante esta Corte.

    El remedio federal se funda en un doble orden de argumentos. Por un lado, se afirma que el instituto de la caducidad de la instancia debe ser interpretado restrictivamente; que la Corte local decidió en forma prematura con prescindencia de la verdad real y sin ajustarse al principio que recomienda, ante la duda, la conservación del proceso.

    Estos cuestionamientos deben ser desestimados sin mayores consideraciones puesto que remiten al examen de decisiones relacionadas con la aplicación e interpretación de derecho público local, la apreciación de la prueba y la determinación de los hechos del caso, cuya revisión es ajena a la competencia apelada de esta Corte, tal como se encuentra delimitada por el artículo 14 de la ley 48.

    Por otro lado, la apelante sostiene su planteo de inconstitucionalidad del artículo 30 de la ley 11.330, por reputarlo contrario al artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En la medida que esta misma pretensión fue rechazada por el Superior Tribunal de Santa Fe, corresponde a esta Corte expedirse sobre el punto. En efecto, se trata de una sentencia que sostuvo la validez de una ley provincial contra el ataque que la recurrente fundara en una cláusula de la Constitución Nacional (artículo 14, inciso 21 de la ley 48).

    31) Al exponer las premisas en que apoya su recurso, la parte actora afirmó que si bien el código contencioso administrativo aprobado por la ley 11.330 abarca incluso los procedimientos previsionales, la cuestión alimentaria que se debate autoriza a prescindir de la norma de caducidad que contiene el artículo 30, por tratarse de derechos incaducables e imprescriptibles.

    Agregó que se encuentra vencido el plazo del artículo 9° de la ley 11.330 para volver a impugnar la denega-

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    D´A., R.G.G. de c/ Provincia de Santa Fe. toria del organismo previsional y que, si bien en materia civil o comercial, la caducidad no impide volver a iniciar un nuevo juicio, en el proceso contencioso previsional se extingue el derecho por el valor de cosa juzgada que adquiere la resolución administrativa denegatoria.

  10. ) En el presente caso, la parte actora ha invocado la inconstitucionalidad del artículo 30 de la ley provincial 11.330 en cuanto establece que la instancia contencioso administrativa ante el tribunal superior local caduca si no es promovida por el interesado por espacio de tres meses. Como dije anteriormente dicha impugnación es fundada en el carácter irrenunciable de los derechos previsionales invocados en la demanda y que remite la cláusula de irrenunciabilidad contenida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

    En primer lugar, debe señalarse que el derecho de la actora a reclamar nuevamente una pensión por invalidez no se ha extinguido, puesto que la caducidad de instancia se relaciona solamente con la subsistencia del procedimiento abierto con su reclamo. Tampoco afecta la validez de la prueba producida en este proceso, la cual puede ser utilizada en el nuevo procedimiento (artículo 237 del Código Procesal provincial1, al que, con carácter supletorio, remite el artículo 1° de la ley 11.330).

    En segundo lugar, corresponde examinar si la violación del principio constitucional de irrenunciabilidad puede responder a la pérdida del derecho a percibir retroactivamente 1 Art. 237.- No obstante la perención, las partes podrán usar en el nuevo juicio que promovieren las pruebas producidas en el primero.

    los haberes que pudieran haberse devengado desde el momento en que cesó de percibir las remuneraciones del empleador (art. 60 de la ley 6.915), sea por prescripción o por cualquier otra causal que suponga la renuncia expresa o presunta del titular.

    A mi entender existen varios obstáculos para considerar esta posibilidad en la presente sentencia. No creo que pueda darse por sentado que la actora ya tenía derecho a solicitar la jubilación por invalidez al momento de promover la instancia contencioso administrativa, que el acto administrativo impugnado había perdido ya sustento y que el Tribunal Superior provincial (en función de la pericia de fojas 73 o cualquier otra prueba) estaba jurídicamente obligado a declararlo así. Revocar la sentencia dictada por el a quo sobre esa base constituye una interferencia en las competencias judiciales propias de la provincia, puesto que fijaría cuál debe ser la interpretación que corresponde otorgar a la prueba y a la ley aplicable para decidir un caso regido por el derecho público provincial (No debe olvidarse que el recurso extraordinario se dirige contra una sentencia que declaró la caducidad de la instancia, sin pronunciarse sobre el derecho de la parte actora a la jubilación, ni, por ende, sobre el acto administrativo que se lo denegara).

    Además, ninguna de las constancias que hemos tenido a la vista indica el momento a partir del cual se habrían devengado tales haberes. Más aún, en dos ocasiones, el Fiscal de Estado puso en duda que la peticionaria hubiera cesado (condición indispensable para que se devenguen los haberes jubilatorios) y ello no mereció respuesta fundada. A fojas 35 vta. el representante de la provincia manifiesta: "Tampoco surge del expediente administrativo que la agente haya cesado en funciones o que esté desempleada, sin perjuicio de aclarar que si la escuela en la que se desempeñaba no estaba en con-

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    D´A., R.G.G. de c/ Provincia de Santa Fe. diciones de asignarle funciones, debió requerir al Ministerio de Educación la asignación de tareas acordes con la capacidad para trabajar que le resta". A fojas 122, en oportunidad de contestar el traslado del recurso extraordinario, el mismo funcionario expresó: "Por lo demás y dado que la Administración sólo le reconoció una incapacidad de un 42% en relación a la capacidad laboral total y un 50% respecto de sus tareas específicas, puede colegirse que la actora siguió trabajando; con lo que ningún perjuicio real podría invocar".

    Por otra parte, si, de todos modos, en un nuevo proceso, se opusiese la extinción del derecho a los haberes devengados por virtud de una causal que remita, expresa o implícitamente, a la renuncia del titular, los tribunales competentes podrán decidir sobre la aplicabilidad de tales normas y, en todo caso, sobre su compatibilidad con la cláusula de la irrenunciabilidad contenida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

    A partir de tales consideraciones, debo concluir que el derecho de la actora a percibir retroactivamente haberes jubilatorios devengados no puede constituir la base en la que asentar la inconstitucionalidad del artículo 30 de la ley 11.330 de la provincia de Santa Fe, en cuanto habilitó la declaración de caducidad por parte del Tribunal Superior de la Provincia de Santa Fe.

    Corresponde entonces rechazar el planteo de inconstitucionalidad levantado por la recurrente, puesto que la caducidad de instancia sólo tiene el efecto de declarar caído el procedimiento iniciado y, por ende, no asigna a la renuncia tácita o presunta del titular el efecto de extinguir sus derechos previsionales. Por esto último, tampoco puede configurarse una violación al principio de irrenunciabilidad previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Por

    otro lado, la eventual pérdida del derecho a percibir haberes devengados con anterioridad no ha sido materia que el fallo recurrido haya resuelto ni tampoco excluido para su tratamiento posterior.

  11. ) Como he explicado en los considerandos precedentes, la caducidad de instancia no tiene efectos definitivos sobre los derechos previsionales de la parte actora que puedan servir de base a un juicio adverso de constitucionalidad. Tal conclusión se mantiene frente a la utilización de la doctrina conocida como "arbitrariedad por excesivo rigor formal". En el caso, esta doctrina es reputada aplicable por el Procurador Fiscal en atención a los derechos involucrados, es decir, derechos de carácter alimentario o previsional.

    La caducidad de la instancia presupone que el procedimiento es cerrado por la inactividad procesal de la parte actora y no por las razones de fondo; su función principal consiste en agilizar el trabajo de los tribunales al evitar una duración excesiva de los pleitos. Pero, si antes de declarar la caducidad, para no incurrir en "excesivo rigor formal", se debiera examinar que con ello no se contradiga el derecho previsional invocado en la demanda, entonces la declaración de caducidad no se fundaría en la inactividad procesal, sino en la improcedencia de la pretensión sustantiva.

    Ahora bien, en estas condiciones el instituto de la caducidad de la instancia sería completamente superfluo, porque su aplicación implicaría llevar a cabo la misma tarea que se supone bloqueada, a saber: el pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión.

    Por tales razones, revocar la decisión que declara la caducidad de la instancia sobre la base de que se trata de una causa de carácter previsional tiene el mismo alcance que considerar inconstitucional la caducidad en este tipo de ca-

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    D´A., R.G.G. de c/ Provincia de Santa Fe. sos. Pero, si, como lo he explicado, no hay motivos en esta causa para considerar inconstitucional la caducidad de instancia, tampoco los hay para revocar el fallo que aplica dicha caducidad.

    La calificación de la sentencia dictada por el máximo tribunal provincial como "artificio" o "exceso ritual" es una forma de nombrar, despectiva por cierto, pero no de demostrar que se ha actuado fuera de la Constitución.

    En el mismo sentido debe tenerse en cuenta que esta Corte ha declarado desde antiguo su facultad de prescindir de la solución prevista por las leyes vigentes para el caso cuando aplicarla implicaría desconocer un precepto de la Constitución Nacional (Fallos: 14:425 párr. 432; 32:120; 33:

    162), aunque ha declinado ejercer dicha atribución en numerosas ocasiones recordando que constituye un recurso extremo, al que sólo cabe acudir cuando la incompatibilidad con la Constitución está más allá de toda duda (Fallos: 14:425 párr.

    432; 242:73), incluso cuando se trata de leyes duras (Fallos:

    68:227 y 306:655, voto de los jueces Carrió y Fayt). Ahora bien, si la inconstitucionalidad de una ley es una decisión que los tribunales y esta Corte deben examinar con semejante cuidado, lo mismo debe decirse de una interpretación de la ley cuyo efecto es equivalente al de una declaración de inconstitucionalidad.

  12. ) Creo entonces que si la ley que establece la caducidad de instancia es constitucionalmente válida, su aplicación debe responder a las condiciones generales que para ello fija dicha ley, a saber, el transcurso del plazo procesal sin actividad de la parte requirente y sin que haya operado ninguna causal de suspensión.

    Nada semejante ha sido planteado; no se ha invocado ningún impedimento para impulsar el proceso hacia el pronunciamiento final, ni tampoco demostrado en qué medida dicho impedimento se relacionaría con el

    plazo de tres meses establecido en la ley 11.330, artículo 30, de la provincia de Santa Fe. Ante esa falta de demostración debe concluirse que la actora tuvo posibilidad de impulsar el trámite en el marco de la ley procesal y no lo hizo. Por lo tanto, el vencimiento del término legal de caducidad debe atribuirse a su propio comportamiento y no a los defectos de la ley o de la sentencia del Tribunal Superior que la aplicó.

    Por todo lo expuesto, opino que debe declararse procedente la queja y el recurso extraordinario y confirmarse la sentencia apelada. Agréguese la queja al principal. N. y remítase. C.M.A..

    Recurso de hecho interpuesto por R.G.G. de D=A., representada por los Dres. M.S.T. y S. Lía Trod Tribunal de origen: Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe