Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 30 de Agosto de 2006, D. 1627. XLI

Emisor:Procuración General de la Nación
 
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S.C.D. 1627, L.XLI.- S u p r e m a C o r t e :

I Contra la sentencia del Juzgado Correccional de la Tercera Nominación de Resistencia, provincia del Chaco que, entre otros, condenó a M.F.D.; J.P.S.; V.A.R. y P.A.H., a cumplir la pena de tres años de prisión y al pago de ochenta mil pesos en concepto de daño material y moral, por considerarlos autores del delito de lesiones graves en agresión cometido en perjuicio de G.R., la asistencia técnica de estos acusados interpuso recurso de inaplicabilidad de ley, cuya improcedencia formal declaró la Sala 2da.

Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia provincial (fs. 418/439 y 511/517, de los autos principales que corren por cuerda). Cabe aclarar en cuanto al primero de los nombrados, que el análisis de los agravios invocados a su respecto serán motivo de análisis en el recurso de hecho D.

1624, XLI que corre por cuerda, en virtud de la aclaración efectuada en dichas actuaciones, en el escrito presentado el 9 de noviembre último (punto a).

Para así resolver, el a quo sostuvo que el planteo de la defensa tendiente a lograr la nulidad del auto que denegó la suspensión del juicio a prueba y de lo obrado en consecuencia -debate y sentencia de condena- remitía a cuestiones definitivamente resueltas por el juzgado correccional, razón por la cual el remedio deducido resultaba manifiestamente extemporáneo.

Corroboraba lo expuesto, la circunstancia de provocar dicha decisión un agravio de imposible reparación ulterior, toda vez que dictada la sentencia no resultaba viable la aplicación de dicho instituto. Agregó, además, que el recurso de inconstitucionalidad era la vía idónea prevista en el ordenamiento procesal para impugnar un decisorio considerado arbitrario o absurdo (fs. 557/573).

Contra este pronunciamiento se interpuso recurso extraordinario, cuya denegatoria a fojas 656/664, motivó la articulación de esta presentación directa.

II En su escrito de fojas 600/613, el apelante considera que el fallo contiene una

fundamentación tan sólo aparente, al no advertirse que el recurso de inaplicabilidad se dedujo contra la sentencia definitiva que condenó a los imputados, en la medida que se persigue su impugnación por resultar consecuencia derivada de actos nulos de nulidad absoluta -y por ende, declarables de oficio en cualquier estado del proceso- tal como lo constituye el rechazo por el magistrado correccional de la suspensión de juicio a prueba, a pesar del expreso consentimiento del fiscal y de encontrarse reunidos los requisitos legales para su procedencia. Sostiene que de haberse concedido ese beneficio, de acuerdo con la inteligencia y alcance que le asigna a las normas de derecho común que regulan la aplicación de dicho régimen, se "...habría paralizado el proceso e impedido el debate y la consecuente sentencia condenatoria, beneficiando a los imputados con un eventual sobreseimiento por extinción de la acción penal..." (fs. 608).

Refiere que esa confusión en cuanto a la resolución efectivamente cuestionada, tornaba arbitraria e infundada la supuesta extemporaneidad del planteo.

Además de señalar el excesivo ritualismo en el que también habría incurrido al a quo al señalar que la vía recursiva elegida no era la correcta, concluye que los defectos apuntados privaron a los encausados de la garantía de la doble instancia, conforme lo consagra el artículo 8.2.h. del la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia que cita a tal efecto.

III Si bien tiene establecido V.E. que las cuestiones relativas a la admisibilidad de los recursos locales no son, por regla, revisables en esta instancia extraordinaria, ya que por su naturaleza procesal no exceden del marco de la atribuciones propias de los jueces de la causa (Fallos:

297:52; 302:1134; 311:926; 313:1045, entre otros), sobre todo, cuando se trata de pronunciamientos de superiores tribunales de provincia, en que la doctrina de arbitrariedad es particularmente restringida (Fallos: 302:418; 305:515; 307:1100; 313:493), también es cierto que tal criterio admite excepción cuando la sentencia impugnada se aparta de las constancias del juicio o conduce, sin fundamentos adecuados, a una restricción sustancial de la vía utilizada que afecta la garantía de la defensa en juicio (Fallos: 301:1149; 312:426; 323:1449 y 324:3612).

Sin embargo, considero que lo resuelto a fojas 557/573, en lo que aquí interesa, no se encuentra alcanzado por ninguno de estos supuestos, toda vez que no se aprecia un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, ni una decisiva carencia de fundamentación que autoricen a sostener su descalificación con base en la invocada doctrina de la

arbitrariedad.

Pienso que ello es así, pues sin perjuicio de que el recurso de inaplicabilidad, atento lo que surge de su lectura, se dedujo contra la sentencia que condenó a los encausados, el planteo de la defensa para cuestionar ese pronunciamiento reconoce como origen la nulidad contra el auto que denegó la suspensión del juicio a prueba, que también se alega recién en esa instancia extraordinaria local. Tal situación la reconoce el propio recurrente, al afirmar que "....En concreto, el motivo recursivo alude a la nulidad del decisorio denegatorio (fs. 343/343 vta.) del beneficio peticionado y los actos consecuentes y conexos dependientes -debate y sentencia- por vulneración de expresas garantías constitucionales de derechos indisponibles y esenciales en todo proceso ..." (fs.

512/512 vta).

De manera tal que no parece irrazonable lo resuelto por el a quo, en el sentido que el agravio de la defensa remite, en definitiva, al análisis de cuestiones resueltas por el juzgado correccional en la resolución N° 104 del 28 de junio de 2004, motivo por el cual al adquirir esa decisión firmeza por no haberse deducido recurso en tiempo oportuno, resultaba extemporáneo pretender su revisión una vez pronunciada la sentencia de condena dictada, precisamente, al cabo del debate que se quería evitar con la suspensión del juicio solicitada en los términos del artículo 76 bis del Código Penal.

Más aún, la reiteración por el propio recurrente en el remedio federal, en cuanto a que la nulidad de la condena impuesta devenía "como consecuencia de ser también nulo de nulidad absoluta todo lo actuado por dicho Juez a partir del decisorio denegatorio de la suspensión del juicio a prueba", y su reconocimiento de las consecuencias que la aplicación de este régimen trae aparejado -impedir el debate y beneficiar a los imputados con un eventual sobreseimiento por extinción de la acción penal en caso de cumplir con las reglas de conductas impuestas- corrobora aquel razonamiento expuesto por el Superior Tribunal, respecto del cual el recurrente no se hizo cargo, por lo que el recurso extraordinario adolece del requisito de fundamentación suficiente que exige el artículo 15 de la ley 48. También implicó reconocer el carácter irreparable del gravamen que invoca al momento en que se resolvió el rechazo de dicho instituto, aspecto este último reconocido, incluso, en el precedente de Fallos: 320:2451.

No desconozco que la resolución a partir de la cual se apoya la nulidad impetrada implica la obligación de continuar sometido a proceso. Sin embargo, cabe hacer excepción

al principio según el cual tales pronunciamientos no pueden ser equiparados a sentencia definitiva, toda vez que la tutela del derecho que se invoca, por las razones expuestas, no podría hacerse efectiva en una oportunidad posterior a su dictado (conf. doctrina de Fallos: 314:377; 306:1312; 320:742, voto doctor P..

En consecuencia, sin perjuicio de advertir que la cuestión que se intenta someter a conocimiento de V.E. remite a la interpretación de normas de derecho común que, por regla, constituye una materia propia de los jueces de la causa (Fallos: 302:317; 307:162; 327:1700), le asiste razón al a quo cuando sostiene que aquella es producto de una reflexión tardía que no corresponde analizar en esta instancia, sin que esa conclusión pueda alterarse, a mi juicio, por las garantías constitucionales que se dicen vulneradas, pues los derechos han quedado afectados por la conducta discrecional del apelante (Fallos: 306:149; 307:635; 315:369; 318:1587), sin que éste o los condenados hayan deducido en su momento protesta alguna contra la prosecución del proceso, a pesar de encontrarse debidamente notificados (fs. 353/354, 358/359 y 370). Tal circunstancia, torna también insustancial el tratamiento sobre el excesivo ritualismo que alega la defensa.

Tampoco pienso que puede prosperar el argumento vinculado con la supuesta vulneración al derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior (art. 8.2.h. de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en la medida que la tesis que se pretende sustentar en la opinión que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre ciertos casos que se citan al efecto, no tiene en cuenta la necesidad de oportuno planteamiento de la cuestión cuya revisión reclama el apelante, extremo que, como ya quedó demostrado, no se cumplió en el sub júdice. Además, como lo señalé en otras ocasiones, cabe poner de resalto que la Corte Interamericana, al precisar el alcance del artículo 1° de la Convención, expresó que "garantizar" implica el deber del Estado de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Asimismo, añadió que ello entraña "el deber de los estados parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos (opinión consultiva n° 11/90, del 10 de agosto de 1990, párrafo 34 y 23, respectivamente).

Sentado ello, no puede interpretarse que en el caso exista menoscabo alguno

de la garantía que se dice vulnerada, cuando ha sido el propio impugnante quien no ha cumplido con los requisitos mínimos que se exigen para el ejercicio de sus derechos, a partir de su particular criterio acerca de la irreparabilidad del gravamen que invoca. Lo contrario, implicaría admitir que se pueden cuestionar decisiones que adquirieron firmeza, así como también desconocer que los plazos procesales y el régimen de preclusión tiene por fin reglar la forma en que se llegará a una decisión definitiva y con carácter de certeza (conf. Fallos: 313:711), todo ello, en detrimento de la garantía constitucional del debido proceso (Fallos: 316:1909, considerando 5°, y sus citas). En este sentido, también corresponde señalar que la garantía de la defensa en juicio, si bien requiere que se acuerde a las partes oportunidad suficiente de audiencia y prueba, no exige la efectividad del ejercicio de tal derecho, ni impide su reglamentación en beneficio de la correcta sustanciación de las causas (conf.

Fallos: 225:123).

IV Si bien estos argumentos resultan suficientes para rechazar esta presentación directa, cabe señalar que en la fecha, al dictaminar en los autos D. 1608, XLI que corren por cuerda, he tenido que expedirme favorablemente sobre la objeción planteada en esta misma causa por la defensa de B.V., respecto de la modalidad de cumplimiento de la pena impuesta, lo que motivaría la revocación del fallo del a quo en este aspecto. Por lo tanto, no paso por alto que esta circunstancia podría redundar en beneficio del resto de los encausados que se encuentran en idéntica situación, criterio que corresponde extender aún respecto de quienes no impugnaron tal aspecto de la condena, tal como ocurre en el sub júdice con la defensa de Simonit; Rosa y H. (confr. doctrina de Fallos: 307:2236; 310:2402; 311:2502; 314:1881; 316:1328; 319:1496).

V En consecuencia, con la reserva efectuada en el apartado que antecede, opino que V.E. debe desestimar esta queja en todo lo que fue materia de apelación.

Buenos Aires, 30 de agosto de 2006.

E.E.C.