Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 29 de Agosto de 2006, A. 1274. XXXIX

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 1274. XXXIX.

    ORIGINARIO

    Asociación de Superficiarios de la Patagonia c/ Y.P.F. S.A. y otros s/ daño ambiental.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 29 de agosto de 2006.

    Autos y Vistos; Considerando:

    11) Que a fs. 23/96 se presenta la Asociación de Superficiarios de la Patagonia e inicia demanda para que se realicen todas las acciones que resulten necesarias para la recomposición integral de los daños colectivos ambientales causados por la actividad hidrocarburífera que se desarrolla en la denominada Cuenca Hidrocarburífera Neuquina, para que se constituya el fondo de restauración ambiental establecido en el art.

    22 de la ley 25.675 y para que se adopten en lo sucesivo todas las medidas necesarias para evitar los perjuicios que causan al medio ambiente las actividades desarrolladas por las concesiones ubicadas en la citada Cuenca. La demanda es dirigida contra las empresas mencionadas a fs. 24/24 vta. Solicita, asimismo, que se cite en calidad de tercero en los términos del art. 90, inc. 1°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación al Defensor del Pueblo de la Nación y al Estado Nacional, y en los términos del art. 90, inc. 2°, del código citado a las provincias de Buenos Aires, La Pampa, M., Río Negro y Neuquén.

    21) Que a fs.

    126/131 se endereza la pretensión contra las siguientes demandadas:

    Astra C.A.P.S.A., C.S.A., C.S.J.S.A., Gas Medianito S.A., Hidrocarburos del Neuquén S.A., Ingeniería Sima S.A., Pan American Energy LLC Sucursal Argentina, Pecom Energía S.A., Petrobrás Argentina S.A., Petrobrás Energía S.A., Petrolera Entre Lomas S.A., Petrolera Santa Fe S.A., Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A., Pioneer Natural Resources Argentina S.A., Pluspetrol Exploración y Producción S.A., T.A.S.A., Wintershall Energía S.A. e Y.P.F.

    S.A.

    Por otro lado, la demandante reclama que se condene a las demandadas a tomar seguros de cobertura con entidad suficiente que garantice el finan-

    ciamiento de la recomposición del daño que pudiera producirse y, en su caso, la creación de un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación conforme lo establece el art. 22 de la ley 25.675.

    31) Que a fs.

    166/170 comparece Pioneer Natural Resources (Argentina) S.A. y opone las excepciones de defecto legal y de falta de legitimación activa parcial; y a fs.

    249/271 comparecen C.S.A., Pan American Energy LLC Sucursal Argentina, Petrobrás Energía S.A., Petrolera Entre Lomas S.A., T.A.S.A., Y.P.F. S.A. y Winthershall Energía S.A. y oponen excepción de defecto legal.

    41) Que a fs. 277/280 Ingeniería Sima S.A. contesta la demanda y solicita el rechazo de la pretensión de la actora en todas sus partes.

    51) Que a fs. 294/295 la actora endereza la demanda y aclara que Astra C.A.P.S.A. ha sido absorbida por Y.P.F. S.A., que C.S.J.S.A. se ha transformado en Chevron San Jorge S.R.L., que Pecom Energía S.A. cambió su nombre por Petrobrás Energía S.A. y que Petrolera Santa Fe S.A. se ha transformado en Petrolera Santa Fe S.R.L.

    61) Que a fs. 322/340 se presenta Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A., a fs. 361/382 comparecen C.S.J.S.R.L., Petrobrás Argentina S.A. y Petrolera Santa Fe S.R.L., y a fs. 431/451 M. S.A. (antes G.M.S.A.) y deducen excepciones de defecto legal.

    71) Que a fs. 506/512 comparece Hidrocarburos del Neuquén S.A. y contesta demanda.

    81) Que a fs. 529/530 la actora endereza la demanda contra Pluspetrol Exploración y Producción S.A. como absorbente de Pluspetrol S.A.

    91) Que las provincias de La Pampa, Neuquén y Río Negro (fs. 566), Buenos Aires (fs. 570) y M. (fs. 575/

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    Asociación de Superficiarios de la Patagonia c/ Y.P.F. S.A. y otros s/ daño ambiental.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación 576) solicitaron la interrupción o suspensión de los plazos para contestar la demanda, pretensiones que fueron admitidas a fs. 577 al haberse dispuesto la suspensión del plazo para que los estados provinciales contestaran las citaciones dispuestas en la resolución del 13 de julio de 2004.

    10) Que a fs. 584/610 comparece Pluspetrol S.A. y opone excepciones de defecto legal y de prescripción.

    11) Que a fs. 628/629 se presentan el Ministerio de Salud y Ambiente y el Estado Nacional y a fs. 642 comparece el Consejo Federal del Medio Ambiente solicitando, en ambos casos, la suspensión de los términos, peticiones que fueron concedidas a fs. 630 y 644.

    12) Que corridos los pertinentes traslados de las excepciones de defecto legal y de prescripción, la actora los contesta a fs. 660/725 solicitando su rechazo.

    13) Que la excepción de defecto legal (conf. art.

    347, inc. 51, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) opuesta en los escritos citados se sustenta en diversos planteos que pueden resumirse en los siguientes términos:

    1. Que la actora no ha designado con exactitud la cosa demandada con identificación de los suelos, subsuelos y cursos de agua afectados en el caso; que no se han precisado los hechos en cuanto a los eventuales casos de contaminación indicando las personas a quienes imputa responsabilidad con circunstancias de tiempo, modo y lugar y que corresponde la desagregación de las diversas acciones acumuladas en el escrito de inicio por cada eventual caso de contaminación. b) Que los planteos se han centrado en la circunstancia de que no se designa con exactitud el objeto de la demanda, existe una insuficiente referencia a una vasta región geográfica, no se precisa cuáles son los hechos

    que fundan el reclamo, no se identifican cuáles de las empresas son responsables de los daños, se difiere la aparición de elementos sustanciales para la etapa probatoria y se ha adoptado un procedimiento indebido de acumulación de excesivas acciones. c) Que este conjunto de dificultades haría procedente la excepción de defecto legal porque se afecta a las demandadas en cuanto a su derecho de negar, les impide alegar y ofrecer prueba, no les permite desvirtuar el nexo causal, enerva la posibilidad de controlar la pertinencia de la prueba, les impide plantear la defensa de falta de legitimación pasiva, las obliga a citar a terceros y no permite oponer la defensa de prescripción.

    14) Que la admisibilidad de la excepción de defecto legal está condicionada a que la omisión u oscuridad en que se incurre coloquen al contrario en verdadero estado de indefensión, al no permitirle oponer las defensas adecuadas u ofrecer las pruebas pertinentes (Fallos: 311:1995; 319:1960 y 326:1258).

    15) Que en el sub lite se configura ese extremo ya que, contrariamente a lo sostenido por la actora, la sola lectura del escrito de demanda es suficientemente demostrativa de las deficiencias en que se ha incurrido en su elaboración, en la medida en que la generalidad de sus términos hace extensible la pretensión a toda alteración del medio ambiente eventualmente producida en la denominada "Cuenca Neuquina" que tenga su origen en la explotación del hidrocarburo en cualquiera de sus formas, con total indiferencia por precisar la causa fuente del daño, o la pluralidad de ellas, por individualizar a los agentes productores de éste, por diferenciar la aportación de cada uno de ellos en el proceso causal del deterioro que se invoca resultante y, en su caso, la gravedad

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación de la alteración postulada.

    Del mismo defecto adolece la prueba documental acompañada por la actora, consistente en el resumen ejecutivo del documento elaborado por consultores contratados por el gobierno de la Provincia del Neuquén y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el marco del proyecto PNUD Arg/97/024.

    16) Que la actora funda su demanda en la situación de hecho consistente en la contaminación ambiental que existiría en la "Cuenca Hidrocarburífera Neuquina", cuya responsabilidad atribuye a la actividad de las demandadas. Pero esta contaminación, así tan vagamente conceptuada, no ofrece elementos que la diferencien de la existente en otras superficies del territorio de la República o de naciones extranjeras en que se desarrollan este tipo de actividades.

    En particular, no resulta claro si la demanda asocia el daño ambiental a la explotación de petróleo en general o a ciertas prácticas negligentes o defectuosas relacionadas con dicha actividad. Por un lado, la acción es dirigida contra las demandadas, que son agrupadas sobre la base de su sola condición de explotadores de petróleo ("calidad de concesionario de un área o yacimiento en la Cuenca Neuquina, fojas 24 vta."), pero, por otro lado, la actora se refiere a diversas conductas contaminantes en la exploración y explotación de petróleo, tales como derrames por descontrol de los pozos, instalaciones sin las previsiones para la protección ambiental, incorrecta disposición de residuos, etcétera (fs.

    43 y siguientes).

    Este defecto en el modo de proponer la demanda es crucial puesto que el actor pretende eximirse de identificar a los causantes del daño ambiental e imputar a los demandados una responsabilidad por pertenencia al grupo que realiza la actividad dañosa, con invocación del art. 31 de la ley 25.675

    (fs. 61 vta./62 vta.). Pero, para la operatividad de esta regla, resulta indispensable que el criterio clasificatorio empleado en la delimitación del grupo responsable sea el mismo que se utiliza para identificar la causa o agente del daño.

    Tanto más si se tiene en cuenta que la responsabilidad solidaria del art. 31 de la ley 25.675 exige que los miembros del grupo responsable hayan "participado" en la comisión del daño ambiental.

    Es necesario aclarar que la exigencia postulada precedentemente no supone una demostración anticipada de que la actividad desplegada por cada uno de sus supuestos integrantes sea individualmente dañosa para quien reclama. Tampoco implica requerir que la definición del grupo de responsables sea exhaustiva, pues bien pueden concurrir otras causas y agentes que realicen actividades distintas que por su naturaleza y diversidad impidan precisar qué relación guardan con el daño invocado.

    17) Que la tutela de derechos supraindividuales o colectivos incorporada como garantía de raigambre constitucional e infraconstitucional, en nada excluye ni retacea la exigencia de exponer cómo tales derechos han sido lesionados por una conducta antijurídica, en qué consistiría esa actividad o esas omisiones, quién es el autor de ellas y cuál es el daño en concreto que se pretende reparar Cya sea por vía de la recomposición ambiental o de su indemnizaciónC o el daño futuro que se desea legítimamente evitar; pero, en todos los casos, siempre ha de tratarse de un daño respecto del cual pueda predicarse que llena el recaudo de certidumbre.

    La actora ha omitido, en definitiva, el relato circunstanciado de los presupuestos fácticos condicionantes de la atribución de responsabilidad que pretende.

    A fin de fundamentar su demanda se ha limitado a una mera exposición de la

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación relación jurídica sobre la cual basa su pretensión (causa agendi proxima) pero ha omitido el imprescindible e insoslayable relato del estado de cosas cuya modificación o reparación se quiere provocar con la demanda presentada ante un tribunal de justicia que debe pronunciarse por una sentencia fundada, mediante la descripción de los presupuestos fácticos a los que las normas jurídicas atribuyen la consecuencia jurídica pretendida (causa agendi remota) (F.G., V., "La transformación de la demanda en el proceso civil", Ed. Librería P., S.L., S. de Compostela, 1949, págs.

    21 y sgtes.).

    18) Que de acuerdo con lo expuesto no resulta necesaria en esta etapa introductoria del proceso la descripción de todos los hechos, pero ese deber procesal es inequívocamente exigible respecto de aquellos presupuestos fácticos que constituyen los elementos esenciales de la relación jurídica invocada, respecto de los cuales el juez no puede sustituir la actividad de la parte, ni resultar de la prueba a producirse (C.C., "La demanda civil", Ed. L., La Plata, 1980, pág. 83; D., C.A., "La exposición de los hechos en la demanda", La Ley, t. 83, pág. 839).

    Estos hechos deben ser afirmados y narrados en forma total, íntegra, sin retaceos ni reticencias. Para los sistemas procesales que, como el nuestro, en el proceso escrito de cognición siguen la teoría de la substanciación, no es admisible la "integración del hecho" en otro momento procesal que no sea la demanda. Caso contrario, el proceso se constituiría en un "juego de sorpresas" y se lesionaría el titulado deber de probidad (D., C., op. cit., pág. 839).

    19) Que no obstan a tal conclusión las características especiales que presenta un "proceso complejo" como el que se persigue substanciar en el sub lite, el interés público

    comprometido, la naturaleza del daño ambiental, la dificultad probatoria del nexo adecuado de causalidad entre el hecho o conjunto de hechos contaminantes y el eventual daño, ni el criterio que deberá adoptar este Tribunal para evaluar la prueba, circunstancias señaladas por la actora y receptadas unánimemente por la doctrina, y que evaluará el juzgador en la etapa procesal oportuna. Tampoco se opone a ello el carácter solidario de la responsabilidad frente a la sociedad que establece el art. 31 de la ley 25.675, pues ese principio no puede obstaculizar ni restringir el legítimo derecho que tienen los demandados de identificar al verdadero autor del eventual daño o acreditar su no pertenencia al grupo causante de aquél, mediante las medidas probatorias que estimen adecuadas. Para todo ello resulta inequívocamente indispensable que los sindicados como responsables por el demandante conozcan con exactitud los hechos y circunstancias cuya omisión han denunciado con la defensa en estudio.

    20) Que la posibilidad de que la actora postergue para la etapa de producción de la prueba la aparición de elementos esenciales para la adecuada defensa de las demandadas no se justifica en el sub lite pues, al tiempo de interponer la demanda, aquélla se encontraba en condiciones de requerir la información necesaria a la Secretaría de Energía y a las demás autoridades nacionales y provinciales responsables de administrar y suministrar la información ambiental, de acuerdo con lo establecido por los arts. 16, 17 y concs. de la ley 25.675, y la resolución 24/2004 de la Secretaría de Energía de la Nación, modificatoria de la resolución 342/93.

    Es más, sobre la base del estándar de diligencia exigible a la asociación actora C. arreglo a lo dispuesto en el art. 902 del Código CivilC en orden a su carácter de constituir una organización tendiente a la defensa del medio ambiente, dicha

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación entidad debería contar en su poder con esa información, pues de lo contrario no se entiende de qué manera podría cumplir seriamente con los objetivos de su creación consistentes, precisamente, en la defensa de los superficiarios de la región patagónica de conformidad con lo que surge de la copia de su estatuto social obrante a fs. 6/11.

    21) Que tampoco obsta a la solución que se propugna la afirmación de la actora de que dos de las empresas emplazadas contestaron la demanda.

    En efecto, además de que los actos o abstenciones de un litisconsorte carecen de eficacia, como regla, para perjudicar la situación de los restantes, de una rápida lectura de las presentaciones de las nombradas surge, inequívocamente, que éstas alegaron un estado de indefensión por la existencia de serias omisiones en el escrito de introducción al proceso, si bien optaron C. una decisión de neto corte discrecionalC por no articular la excepción típicamente prevista para esa clase de situaciones (ver en especial fs.

    278 vta./280 y 510 vta., 1° párrafo, y 511). Por ello, desde el punto de vista procesal y a diferencia de lo que alega la actora, aquellas presentaciones no constituyeron, desde una visión arreglada a los recaudos exigidos por el art. 356 del ordenamiento de rito, genuinas contestaciones de demanda sino vagas negativas generales frente a no menores generalizadas afirmaciones, todo lo cual se desprende de la mera lectura de los escritos respectivos. Ello les impidió Ca entender de este TribunalC una adecuada defensa de sus derechos y el ofrecimiento de las pruebas conducentes, por lo que a fin de preservar suficientemente la garantía constitucional en juego y el principio de igualdad de las partes en el proceso, una vez subsanadas las deficiencias que contiene el escrito de demanda deberá corrérseles un nuevo traslado.

    ) Que no se trata en el caso de recurrir a pruritos ritualistas innecesarios, sino que la admisión de la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda en el sub lite tiende a preservar el derecho de raigambre constitucional de las demandadas de saber exacta y precisamente por qué se las demanda y, principio de congruencia mediante, de igual arraigo, a qué y a cuánto podrán ser condenadas por la sentencia judicial que ponga fin al proceso (arts. 34, inc.

    4°, y 163, inc. 6°, del ordenamiento procesal).

    La trascendencia de los derechos en juego, la gravedad de la situación planteada, las dificultades existentes para obtener y cotejar la información que permita definir los presupuestos de la pretensión y su contenido, así como las características que, sin dudas, singularizan los procesos en los que se debate la materia de esta índole, no facultan a este Tribunal, máximo guardián de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales incorporados por su art. 75, inc.

    22, a desconocer uno de los contenidos insoslayables anclados en la Ley Fundamental, como es la garantía de la defensa en juicio.

    El bien jurídico protegido no autoriza, en suma, a interponer una demanda en términos tales que la asemejen más a una justificada y compartida preocupación de todos los integrantes de una comunidad por un medio ambiente sano, que a una fundada petición formulada por una parte legitimada, en orden a la consecución de los objetivos que dieron lugar a su constitución como persona jurídica, apta para poner en marcha la instancia jurisdiccional con la modalidad por la que ha optado la actora y para dar lugar a que el Poder Judicial de la Nación ejerza la atribución que le ha encomendado la Carta Magna de resolver, con arreglo al derecho vigente, los conflictos litigiosos suscitados entre partes (arts. 116 y 117 de

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación la Constitución Nacional; ley 27, art. 2°).

    23) Que si bien no puede desconocerse que en asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental, las reglas procesales deben ser interpretadas con un criterio amplio que, sin trascender el límite de su propia lógica, ponga el acento en su carácter meramente instrumental de medio a fin, que en esos casos se presenta una revalorización de las atribuciones del tribunal al contar con poderes que exceden la tradicional versión del juez espectador, y que un examen cerradamente literal de las normas rituales previstas para el clásico proceso adversarial de índole intersubjetivo sería frustratorio de los intereses superiores en juego, esos apropiados criterios hermenéuticos no pueden, por un lado, entronizarse en una fuente de naturaleza superior que autorice a privar al demandado de ejercer apropiadamente su garantía de defensa, y por su intermedio, el de tutelar derechos amparados por otras cláusulas constitucionales, tan merecedoras de protección como los invocados por la demandante. Y por el otro y con una trascendencia de pareja significación, que mediante el incumplimiento de reglas procesales que, como el principio de congruencia, están amalgamadas con el debido proceso, se impida al órgano judicial dictar un pronunciamiento fundado, expreso, positivo y preciso sobre todas y cada una de las cuestiones introducidas por la actora y de las defensas articuladas por el demandado, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo a las partes (arts. 34, inc. 4°, y 163, inc. 6°, del código de rito).

    No es redundante puntualizar que la conclusión expresada encuentra un decisivo apoyo en el texto legal en vigencia que reglamenta los derechos comprometidos en el sub lite, pues frente a la sanción por parte del Congreso de la Nación de una disposición que autorizaba al magistrado a ex-

    tender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente a su consideración por las partes (ley 25.675, art. 32 in fine), el Poder Ejecutivo de la Nación observó ese texto en particular sobre la base de considerar, cabe enfatizarlo, que desconocía el principio de congruencia procesal y que ese apartamiento, según la jurisprudencia de esta Corte, constituye un defecto que descalificaba al pronunciamiento con fundamento en la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias (decreto 2413/02, art. 4°).

    24) Que dados los alcances de la excepción de defecto legal opuesta y que por la presente se admite, y de los términos de las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva y de prescripción opuestas a fs. 169, 280 y 600/603, corresponde diferir el tratamiento de las otras defensas articuladas para una vez que aquélla sea subsanada, oportunidad en la que este Tribunal adoptará las medidas que considere apropiadas y necesarias en orden a los intereses jurídicos en juego y en el marco de la normativa aplicable, respetando las garantías constitucionales de defensa en juicio y del debido proceso.

    Por ello se resuelve: 1) Hacer lugar a la excepción de defecto legal deducida por las demandadas fijando el plazo de cuarenta días a partir de la notificación de la presente para que la actora lo subsane de acuerdo a las pautas suministradas, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 354, inc.

    4°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Con costas por su orden en mérito a que las características de los procesos de esta naturaleza y la índole de la cuestión, autorizan a dejar de lado el principio objetivo de la

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    Corte Suprema de Justicia de la Naciónderrota. 2) Diferir el tratamiento de las demás cuestiones propuestas para una vez que aquélla se tenga por subsanada.

    N.. E.S.P. -E.I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S.

    FAYT - JUAN CARLOS MAQUEDA (en disidencia)- E. R.Z. (en disidencia)- R.L.L. -C.M.A..

    DISI

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    Corte Suprema de Justicia de la NaciónDENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES D.J.C.M. Y DON E. RAUL ZAFFARONI Considerando:

    11) Que a fs. 23/96 se presenta la Asociación de Superficiarios de la Patagonia e inicia demanda para que se realicen todas las acciones que resulten necesarias para la recomposición integral de los daños colectivos ambientales causados por la actividad hidrocarburífera que se desarrolla en la denominada Cuenca Hidrocarburífera Neuquina, para que se constituya el fondo de restauración ambiental establecido en el art.

    22 de la ley 25.675 y para que se adopten en lo sucesivo todas las medidas necesarias para evitar los perjuicios que causan al medio ambiente las actividades desarrolladas por las concesiones ubicadas en la citada Cuenca. La demanda es dirigida contra empresas mencionadas a fs. 24/24 vta.

    Solicita, asimismo, que se cite en calidad de tercero en los términos del art. 90, inc. 1°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación al Defensor del Pueblo de la Nación y al Estado Nacional, y en los términos del art. 90, inc. 2°, del código citado a las provincias de Buenos Aires, La Pampa, M., Río Negro y Neuquén.

    21) Que a fs.

    126/131 se endereza la pretensión contra las siguientes demandadas:

    Astra C.A.P.S.A., C.S.A., C.S.J.S.A., Gas Medianito S.A., Hidrocarburos del Neuquén S.A., Ingeniería Sima S.A., Pan American Energy LLC Sucursal Argentina, Pecom Energía S.A., Petrobrás Argentina S.A., Petrobrás Energía S.A., Petrolera Entre Lomas S.A., Petrolera Santa Fe S.A., Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A., Pioneer Natural Resources Argentina S.A., Pluspetrol Exploración y Producción S.A., T.A.S.A., Wintershall Energía S.A. e Y.P.F.

    S.A.

    Por otro lado, la demandante reclama que se condene a las demandadas a tomar seguros de

    cobertura con entidad suficiente que garantice el financiamiento de la recomposición del daño que pudiera producirse y, en su caso, la creación de un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación conforme lo establece el art. 22 de la ley 25.675.

    31) Que a fs.

    166/170 comparece Pioneer Natural Resources (Argentina) S.A. y opone las excepciones de defecto legal y de falta de legitimación activa parcial; y a fs.

    249/271 comparecen C.S.A., Pan American Energy LLC Sucursal Argentina, Petrobrás Energía S.A., Petrolera Entrelomas S.A., T.A.S.A., Y.P.F. S.A. y Winthershall Energía S.A. y oponen excepción de defecto legal.

    41) Que a fs. 277/280 Ingeniería Sima S.A. contesta la demanda y solicita el rechazo de la pretensión de la actora en todas sus partes.

    51) Que a fs. 294 la actora endereza la demanda y aclara que Astra C.A.P.S.A. ha sido absorbida por Y.P.F. S.A., que C.S.J.S.A. se ha transformado en Chevron San Jorge S.R.L., que Pecom Energía S.A. cambió su nombre por Petrobrás Energía S.A. y que Petrolera Santa Fe S.A. se ha transformado en Petrolera Santa Fe S.R.L.

    61) Que a fs. 322/340 se presenta Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A., a fs. 361/382 comparecen C.S.J.S.R.L., Petrobrás Argentina S.A. y Petrolera Santa Fe S.R.L., y a fs. 431/451 M. S.A. (antes G.M.S.A.) y deducen excepciones de defecto legal.

    71) Que a fs. 506/512 comparece Hidrocarburos del Neuquén S.A. y contesta demanda.

    81) Que a fs. 529/530 la actora endereza la demanda contra Pluspetrol Exploración y Producción S.A. como absorbente de Pluspetrol S.A.

    91) Que las provincias de La Pampa, Neuquén y Río

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    Asociación de Superficiarios de la Patagonia c/ Y.P.F. S.A. y otros s/ daño ambiental.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación Negro (fs. 566), Buenos Aires (fs. 570) y M. (fs. 575/ 576) solicitaron la interrupción o suspensión de los plazos para contestar la demanda, pretensiones que fueron admitidas a fs. 577 al haberse dispuesto la suspensión del plazo para que los estados provinciales contestaran las citaciones dispuestas en la resolución del 13 de julio de 2004.

    10) Que a fs. 584/610 comparece Pluspetrol S.A. y opone excepciones de defecto legal y de prescripción.

    11) Que a fs. 628/629 se presentan el Ministerio de Salud y Ambiente y el Estado Nacional y a fs. 642 comparece el Consejo Federal del Medio Ambiente solicitando, en ambos casos, la suspensión de los términos, peticiones que fueron concedidas a fs. 630 y 644.

    12) Que corridos los pertinentes traslados de las excepciones de defecto legal y de prescripción, la actora los contesta fs. 660/725 solicitando su rechazo.

    13) Que la excepción de defecto legal (conf. art.

    347, inc. 51, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) opuesta en los escritos citados se sustenta en diversos planteos que pueden resumirse en los siguientes términos:

    1. Que la actora no ha designado con exactitud la cosa demandada con identificación de los suelos, subsuelos y cursos de agua afectados en el caso; que no se han precisado los hechos en cuanto a los eventuales casos de contaminación indicando las personas a quienes imputa responsabilidad con circunstancias de tiempo, modo y lugar y que corresponde la desagregación de las diversas acciones acumuladas en el escrito de inicio por cada eventual caso de contaminación. b) Que los planteos se han centrado en la circunstancia de que no se designa con exactitud el objeto de la demanda, existe una insuficiente referencia a una vasta

    región geográfica, no se precisa cuáles son los hechos que fundan el reclamo, no se identifican cuáles de las empresas son responsables de los daños, se difiere la aparición de elementos sustanciales para la etapa probatoria y se ha adoptado un procedimiento indebido de acumulación de excesivas acciones. c) Que este conjunto de dificultades haría procedente la excepción de defecto legal porque se afecta a las demandadas en cuanto a su derecho de negar, les impide alegar y ofrecer prueba, no les permite desvirtuar el nexo causal, enerva la posibilidad de controlar la pertinencia de la prueba, les impide plantear la defensa de falta de legitimación pasiva, las obliga a citar a terceros y no permite oponer la defensa de prescripción.

    14) Que la admisibilidad de la excepción de defecto legal está condicionada a que la omisión u oscuridad en que se incurre coloquen al contrario en verdadero estado de indefensión, al no permitirle oponer las defensas adecuadas u ofrecer las pruebas pertinentes (Fallos: 311:1995; 319:1960 y 326:1258).

    15) Que las demandadas han planteado sus respectivas excepciones de defecto legal Cque pueden unificarse en los términos ya citadosC de acuerdo con una concepción individualista que se aparta claramente del principio establecido por el art. 41 de la Constitución Nacional. En efecto, allí se dispone que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

    La ley 25.675 contempla, asimismo, la peculiaridad de las demandas promovidas para la protección del medio ambiente en tanto se basa en una moderna concepción del desarrollo sustentable en la que se armonicen los intereses por la naturaleza del bien protegido sin que por ello quede afectado, naturalmente, el ejercicio de los derechos concedidos a los demandados. Esta distinción no sólo se refiere a la concepción sustancial de la protección del medio ambiente sino que también alcanza a los efectos procesales de la sentencia a dictar en este tipo de procesos que son oponibles erga omnes.

    Las disposiciones de dicho texto normativo, interpretadas sistemáticamente también con lo dispuesto por los arts. 42 y 43 de la Constitución Nacional, ponen en evidencia que la línea directriz hermenéutica en estos casos se centra en la protección del medio ambiente como bien social de disfrute general e intergeneracional. No es posible, entonces, contemplar el presente litigio a la luz de una concepción diádica propia del derecho patrimonial, puesto que esencialmente lo que se debate en este caso es un supuesto de contaminación eventualmente originado en las explotaciones de las demandadas pero que se difunde a un ámbito que excede de los límites territoriales de cada una de las concesiones ubicadas en la citada Cuenca.

    16) Que la ley 25.675 señala concretamente a la protección de un "ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano" con lo que, en un primer paso en el examen de esta presentación, debe tenerse en cuenta que la demanda se refiere a la custodia del medio ambiente localizado en la

    Cuenca Hidrocarburífera Neuquina y, en particular, a la recomposición integral de los daños colectivos ambientales supuestamente causados por la actividad que desarrollan las demandadas y que se habría producido en las aguas superficiales y subterráneas, en el suelo y en el aire.

    La cosa demandada ha sido denunciada con precisión en el caso, hasta tal punto que son los mismos demandados los que destacan reiteradamente un acabado conocimiento de la localización de los daños que son imputados en la presente causa (ver fs. 435/439).

    En este orden de ideas, cabe mencionar también que la requerida precisión en cuanto a los eventuales casos de contaminación y la determinación de las personas respectivas se aparta, precisamente, del principio rector establecido en estos casos particulares ya que se atiende a la custodia del medio ambiente como un todo y no una parte de cada uno de los daños localizados dentro del ámbito exclusivo de las propiedades de los demandados. La pretensión de la actora se ha centrado en la demostración de la existencia de un daño ambiental no parcializado, lo que justificaría su planteo en los términos de la demanda de fs.

    23/96 para intentar la demostración del modo en que se interrelaciona la actividad de las concesiones de los demandados con los daños descriptos en aquella pieza. Esa alegada vinculación revela como inconveniente desligar las diversas peticiones respecto de cada uno de los demandados que Cpor esa mera circunstanciaC no se verán impedidos de alegar y demostrar en el período de prueba las defensas que hagan a sus respectivos derechos.

    17) Que la ley 25.675 vincula la protección de los recursos ambientales con las diferentes actividades antrópicas (art. 2); menciona a los "sistemas ecológicos" (art. 2, inc. e); la protección de la "sustentabilidad ecológica, económica

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación y social del desarrollo" (art. 2, inc. g) y la prevención de las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de "los sistemas ecológicos" (art.

    6) y la creación de un seguro ambiental para "el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos" (art. 22) y el equilibrio de los ecosistemas (art.

    27).

    Asimismo, dicha norma considera que en la localización de las distintas actividades antrópicas y en el desarrollo de los asentamientos humanos se deberá considerar en forma prioritaria la vocación de cada zona o región, la naturaleza y las características particulares de los diferentes biomas y la conservación y protección de ecosistemas significativos (art. 10, incisos a, c y e).

    A partir de estas consideraciones, es posible advertir que la demandante ha planteado su posición desde la perspectiva de la citada Cuenca Hidrocarburífera Neuquina (ver fs.

    46 vta./51), con lo que no surge C. evidencia suficienteC que las demandadas hayan sido privadas del conocimiento que es requerido en estos casos de protección ambiental respecto del alcance de la pretensión de la actora y de las posibilidades de los demandados de plantear las defensas de fondo que estimen pertinente respecto de sus actividades.

    18) Que las demandadas consideran que no corresponde aceptar que la actora plantee una acumulación subjetiva y objetiva de acciones y que tampoco resulta admisible la acumulación de procesos ya que ello impide una adecuada defensa de sus derechos. En este sentido cabe tener en consideración que C. se mencionó anteriormenteC la pretensión de la actora no se identifica con una multiplicidad de demandas patrimoniales contra cada una de las demandadas que sea divisible entre ellas. Se trata, en cambio, de una demanda con sustento en la protección del medio ambiente en la cual se imputa a cada una de las demandadas una participación en el supuesto

    proceso de contaminación que sufriría la Cuenca Hidrocarburífera Neuquina. La eventual admisión del planteo de las demandadas mediante la defensa de defecto legal importaría alterar esencialmente el espíritu de la demanda que se sustenta en las normas del art. 41 de la Constitución Nacional y en la ley 25.675, cuando este sistema normativo pretende C. una perspectiva teleológicaC que los tribunales resuelvan en forma unificada este tipo de controversias relativas al medio ambiente.

    19) Que en causas como la presente la ponderación de los presupuestos que hacen al nexo causal y, eventualmente, a la responsabilidad de las demandadas debe llevarse a cabo a la luz de las particularidades de los bienes jurídicamente protegidos, de la naturaleza que los caracteriza y de los fines que se persiguen con su protección de jerarquía constitucional. En tal sentido, se desnaturalizan tales variables si se pretende revisar el conflicto aplicando categorías jurídicas que explican relaciones de derecho de sustancia distinta.

    Con la comprensión indicada es que el constituyente reformador estableció en el art. 41 de la Norma Fundamental no sólo el derecho a gozar de un ambiente sano sino, y a los efectos de la operatividad de la norma, una directriz tendiente a que el ambiente sea "...apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras...", tal definición conlleva el reconocimiento de los intereses colectivos con precisa distinción de aquellos de estricto contenido individual.

    En consecuencia, las normas infraconstitucionales dictadas o a dictarse deberán ser interpretadas de modo de constituir medios idóneos para hacer efectivos los propósitos

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación y fines perseguidos por la Norma Fundamental. Si así no fuera el mandato constitucional quedaría transformado en una mera declamación dogmática sin posibilidad de aplicación práctica alguna.

    Es por las razones indicadas que el legislador ordinario, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 41 de la Constitución Nacional, dictó la ley 25.675 que, en lo que aquí interesa, determinó los principios a los que debe ajustarse toda política ambiental y los cuales impregnan la interpretación y la aplicación de la norma en cuestión. Entre ellos, merece destacarse el principio precautorio que dispone "Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente" (art. 4°). A su vez, al reglar la demanda de daño ambiental en el marco de normas procesales adaptadas a la especificidad de los derechos e intereses en juego establece que "Si en la comisión del daño ambiental colectivo, hubieren participado dos o más personas, o no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí para lo que el juez interviniente podrá determinar el grado de responsabilidad de cada persona responsable" (art. 31 de la ley 25.675).

    Asimismo, el art. 32 de la ley establece que "...El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general...".

    En el marco de las normas constitucionales e infraconstitucionales reseñadas no es posible advertir obstáculos para el adecuado ejercicio del derecho de defensa, en lo que a la determinación del nexo causal y eventuales responsabilidades se refiere, toda vez que el objeto demandado encuadra en las exigencias de forma y de fondo delineadas en la ley 25.675.

    20) Que las demandadas alegan las dificultades que padecerían por la falta de precisión temporal en que se habrían producido los hechos aludidos en la demanda. En este aspecto cabe señalar, en primer lugar, que algunas de las demandadas no se ha encontrado con dificultades para plantear esta defensa en el marco de la presente contienda; en segundo término, resulta apropiado señalar que la acción se endereza a la protección del ambiente en general independientemente de planteos circunstanciales referentes a los daños económicos padecidos por los actores. Este aspecto debe ser tenido en cuenta, por otro lado, en cuanto la misma ley considera que este tipo de cuestiones deben examinarse a la luz del principio de equidad interjurisdiccionial, en cuando dispone que los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras.

    21) Que los principios de prevención, precautorio, de progresividad, de responsabilidad y de solidaridad C. lo dispone el art. 4 de la mencionada normaC imponen que no deban ser trasladadas directamente y sin mayor consideración las pautas propias del derecho patrimonial individual para la consideración de este tipo de pretensiones que alcanzan al medio ambiente como bien indivisible. En particular, es necesario tener en cuenta que la actora ha ejercido su derecho a la recuperación del medio ambiente desde una perspectiva re-

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación lacionada con la prevención y reparación de un daño que se caracteriza precisamente por su difusión a diversos niveles ecológicos y no a la concentración de lugares concretos.

    22) Que a raíz de lo expresado y de la moderna concepción de las medidas necesarias para la protección respecto del medio ambiente Cque se basan esencialmente en los principios preventivo y reparatorio del daño ambientalC no surge de la lectura de los escritos sub examine que se encuentre configurado en el caso un supuesto que haga admisible la excepción invocada, ya que la forma en que la demandante ha planteado su reclamo no le impide a las demandadas el ejercicio amplio de su derecho de defensa para demostrar la inexistencia de los presupuestos de la responsabilidad que se les imputa en la causa.

    De conformidad con lo expuesto en los considerandos 19, 20 y 21 las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación deben ser interpretadas de manera de no enfrentarlas al diseño procesal específico que la ley 25.675 ha reglado para la demanda de daño ambiental. La aplicación mecánica del código del rito para imputar defecto legal a una demanda, cuya pretensión responde a presupuestos sustancialmente diversos de aquellos que se tuvieron en mira al dictar la normativa procedimental, peca de un excesivo rigorismo formal que se opone en forma manifiesta al art. 41 de la Constitución Nacional.

    23) Que la codemandada Pioneer Natural Resources (Argentina) S.A. también dedujo excepción de falta de legitimación activa sustancial con apoyo en que, según sostiene, la actora no puede demandar la contratación del seguro para constituir un fondo ni la adopción de medidas para el futuro, ya que exceden por mucho el concepto de recomposición del art.

    30 de la ley 25.675, argumentando, además, que sólo podrían

    ser reclamadas por la vía de una acción de amparo en la medida en que Csegún su criterioC la ley mencionada no prevé la facultad de las asociaciones de demandar en tales términos.

    También alega que la actora carece de legitimación para reclamar el pago de una indemnización en subsidio, pues sólo estarían facultados para ello los titulares de las parcelas respectivas.

    24) Que la falta de legitimación sustancial se configura cuando alguna de las partes no es titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión, con prescindencia de la fundabilidad de ésta (Fallos: 310: 2943), extremo que no se configura en el caso donde la asociación actora en virtud del marco normativo formado por el art. 41 de la Constitución Nacional y por la ley 25.675 ha promovido una acción por daño ambiental.

    25) Que el planteo acerca de la legitimación sustancial de la actora así como el referido a la vía procesal elegida, exige formular una serie de consideraciones.

    En efecto, a la luz de lo dispuesto en los arts. 22, 28 y 30 de la ley 25.675 cabe interrogarse acerca del alcance del concepto de "recomposición del ambiente dañado" (art. 30). Para ello no es posible obviar que aquel concepto tiene su explicitación en el art. 28 de la norma en análisis, ya que el objeto de la demanda de daño ambiental es el restablecimiento al estado anterior a la producción del daño y, en su caso, de no ser posible se sustituye por una indemnización que deberá ser determinada por la justicia. Indemnización que a su vez integrará el Fondo de Compensación Ambiental, cuyo fin es la restauración ambiental mediante acciones de reparación.

    En consecuencia, una lectura restrictiva y fuera de contexto del art. 30 a los efectos de cuestionar la legitimación activa en cuanto a la integración del objeto de la de-

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación manda, no se condice con la letra ni con el espíritu de la ley y, mucho menos, con lo dispuesto en el art.

    41 de la Constitución Nacional, el que expresamente prevé que "...El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer...", dejando librado a la ley las variables de dicha carga constitucional.

    En este orden de ideas, y a mayor abundamiento, cuando el primer párrafo del art. 30 determina los sujetos legitimados para demandar, al referirse a la persona directamente damnificada hace expresa mención de "la acción de recomposición o indemnización pertinente", en sintonía con los términos del art. 28 de la ley.

    Asimismo, cabe observar que lo reglado en el art.

    22, respecto del seguro ambiental y el fondo de restauración, estatuye una obligación legal cuyo propósito, precisamente, es garantir el financiamiento de la recomposición del daño e integrar una reserva. Todo ello en íntima relación con las pretensiones objeto de una demanda ambiental.

    Finalmente, cabe destacar, en lo que se refiere a la vía procesal cuestionada, que el último párrafo del art. 30 circunscribe la acción de amparo, de conformidad con su naturaleza y consagración constitucional, al cese de la actividad dañosa, para lo cual se requerirá la palmaria manifestación de tal efecto. No se trata de un supuesto de desplazamiento de la demanda de daño ambiental sino de ratificar la procedencia del amparo como medio instrumental útil para el cese inmediato del daño. Por ello, cabe concluir que la ley al instrumentar la demanda de daño ambiental ha creado un proceso y procedimiento más amplio que el del amparo y que, por lo tanto, necesariamente incluye en el marco del mayor debate y prueba, el eventual cese de la actividad dañosa y la adopción de medidas de resguardo para el futuro.

    Por lo expuesto, el planteo de esta codemandada supone, en realidad, un cuestionamiento a la vía procesal elegida que no encuentra sustento en el texto de la ley, sin que además logre conmover los fundamentos que sostienen la legitimación invocada por la actora para reclamar la recomposición del eventual daño ambiental con el alcance indicado.

    En efecto, en estos casos es necesario contemplar que para la determinación del trámite que ha de imprimirse a este tipo de causas debe tenerse en cuenta especialmente que la demanda tiene por objeto la recomposición de los daños colectivos ambientales. En este orden de ideas, resulta que el trámite conferido se encuentra ineludiblemente vinculado con las particulares características que el texto constitucional y la norma legislativa han conferido tanto a la intervención de las partes como al curso mismo del proceso. En el marco de lo expresado y atento a las disposiciones de los arts. 22, 28, 30, 31, 32, 33 y concordantes de la ley 25.675, y al amplio marco de debate y prueba que rige en el proceso ordinario Ccuya protección reclaman las mismas demandadasC, convierte en inadmisible la defensa intentada en este aspecto.

    25) Que en cuanto a la defensa relativa a la indefinición de los sujetos beneficiarios, los arts. 22, 28, 30, 31 y 33 de la ley 25.675 son lo suficientemente explícitos para demostrar que en la materia no se trata de la demanda en representación de una multiplicidad de derechos subjetivos individuales sino que lo que se reclama se asienta en la pretensión a la protección de un bien indivisible típico: el medio ambiente de la mencionada cuenca.

    La especial naturaleza del derecho a un ambiente sano encuentra su fuente en los derechos de incidencia colectiva o en aquellos en los cuales prevalecen aspectos ligados a intereses colectivos o grupales.

    Si bien es posible que

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación involucren también intereses patrimoniales, lo cierto es que en tales supuestos cobran preeminencia otros aspectos referidos a materias tales como el ambiente, el consumo, la salud, o afectan a grupos que tradicionalmente han sido postergados o, en su caso, débilmente protegidos.

    En esas circunstancias tales derechos exceden el interés de cada parte y, al mismo tiempo, ponen en evidencia la presencia de un fuerte interés estatal para su protección, entendido aquél como el de la sociedad en su conjunto. En tal sentido, los arts. 41, 42 y 43, segundo párrafo, de la Constitución Nacional brindan una pauta en la línea expuesta.

    Por ello, se resuelve: I. Rechazar las excepciones de defecto legal y de falta de legitimación activa opuestas a fs.

    166/170, 249/271, 322/340, 361/382, 431/451 y 584/610. II.

    Disponer, en consecuencia, la reanudación de los plazos para contestar el traslado de la demanda, por los plazos pendientes, con respecto a todos los demandados que opusieron la excepción de defecto legal, así como el correspondiente a la citación de terceros según la suspensión dispuesta a fs. 577, 630 y 644. Con costas (arts. 68 y 69 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). N.. J.C.M. -E.R.Z..