Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 22 de Agosto de 2006, Y. 6. XXXIX

Emisor:Procuración General de la Nación
 
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RECURSO DE HECHO

) Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e:

- I - A fs. 610/635 de los expedientes principales (a los que corresponderán las siguientes citas, salvo que se indique lo contrario), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal -Sala I-, al hacer lugar al recurso articulado contra el pronunciamiento de primera instancia, desestimó la demanda que Y.P.F.S.A. había entablado contra C.S.S.A. a fin de que se le reconociera y pagara el precio de la nueva obra que, a raíz de no resultar apta para su destino la ejecutada por esta última, debió encomendar que la realizara un tercero.

Los magistrados que resolvieron la causa narraron que la obra adjudicada a la demandada tenía por objeto la construcción en la zona de cracking catalítico de un colector de drenaje industrial -con recorrido paralelo al de la cañería existente que debía suplir- que conectara la sentina ubicada en las inmediaciones de una sub-estación con una cámara de drenajes.

Durante su ejecución -señalaronla contratista soportó serios problemas -que no sólo le impidieron trabajar en numerosas jornadas, sino que incluso provocaron que la obra estuviera paralizada en dos oportunidades- y determinaron que la demandada la entregara con una demora de 161 días, por los cuales la Administración le reconoció los mayores costos y los gastos improductivos.

Consideraron que el inconveniente del caudal de petróleo que anegó las excavaciones durante la ejecución de los trabajos había sido un hecho imprevisible para la contratista y que fue reconocido por el Administrador de la Destilería La Plata como un caso fortuito o de fuerza mayor. En ese sentido, entendieron -contrariamente a lo sostenido por YPF-

que el vicio era de proyecto y no de construcción, cuya responsabilidad sólo cabía adjudicársela a la Administración, a quien le competía elaborar los pliegos.

Al margen de ello, añadieron que el vicio de construcción atribuido a la contratista, como consecuencia del (no imputable) anegamiento de las excavaciones que tuvo que soportar durante la ejecución de los trabajos no se les presentaba tan manifiesto como a la jueza a quo, por lo cual se abstuvieron de emitir opinión sobre este punto, habida cuenta de que, por la solución que darían al caso, aunque le fuera imputable a aquélla no podría ser responsabilizada por él.

Pusieron de relieve que el error en la construcción no podía ser válidamente tenido como un vicio "oculto", toda vez que el Inspector de Obra reconoció que había aceptado la elevación de la traza del caño. En consecuencia, dijeron, la comitente tenía pleno conocimiento, al momento de la recepción de obra, de que el nivel de la cañería no se ajustaba a lo contractualmente establecido, por lo cual, tal vicio constructivo debía ser considerado como "aparente".

Tuvieron por cierto que la recepción provisional de la obra se había efectuado el 28 de octubre de 1987, porque ello surgía del acta, labrada al día siguiente, suscripta entre el Inspector de Obra -como órgano de la Administracióny la contratista, sin que la actora hubiera demandado su nulidad.

Aclararon que no obstaba a la producción de los efectos jurídicos de la aludida recepción provisional el hecho de que al suscribirse el acta la contratista no hubiera terminado la totalidad de los trabajos, toda vez que en ella se había consignado expresamente que a partir de tal fecha comenzaba a regir el plazo de garantía establecido en los

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) Procuración General de la Nación documentos de la contratación y que, al haber sido esa la voluntad de las partes, no podía recibir amparo judicial una pretensión contraria a sus actos anteriores jurídicamente relevantes.

Además, puntualizaron que, al momento de la recepción provisional, la comitente había abonado la totalidad del precio pactado y que, según lo había manifestado el Jefe de Departamento Asistencia y Mantenimiento, la obra se había concretado casi en un 100%, no obstante las dificultades soportadas que no pudieron ser revertidas.

Señalaron que la contratista no podía ser responsabilizada por el "vicio aparente" en el defecto de construcción, toda vez que éste había quedado purgado al momento de la recepción provisional de la obra y porque, aun cuando se lo considerase como "oculto", había sido denunciado con posterioridad al transcurso del plazo de garantía y de la recepción definitiva que había operado automáticamente.

Por lo expuesto, concluyeron en que el vicio de construcción, que debía ser considerado "aparente", quedó purgado con la recepción provisional del 28 de octubre de 1987. Y, si debía tenerse como "oculto", la responsabilidad de la demandada había cesado al operarse la recepción definitiva -cuando finalizó el plazo de conservación o garantía-, la cual se había producido automáticamente, al no haber mediado observación alguna.

Afirmaron, entonces que, en la medida en que el plazo de garantía -de 180 días, según lo pactado en el contrato- había corrido desde la recepción provisoria (28/10/87), la recepción definitiva debía tenérsela por operada el 28 de abril de 1988, es decir, con anterioridad a la intimación cursada a la contratista el 16 de junio de 1988 y aun antes de que la comitente, mediante el informe del 14 de julio de ese

año, convalidara la recepción provisional que había efectuado la Inspección de Obra y reconociera el agotamiento del plazo de garantía.

Desestimaron la pretensión de la actora, quien sostuvo que por tratarse de un vicio oculto era aplicable la prescripción decenal contemplada en el art. 4023 del Código Civil, porque consideraron aprehendido el caso en los arts.

1646 y 1647 bis de dicho cuerpo legal. Al efecto, explicaron que la interpretación que aquélla propiciaba -con arreglo a la cual, mientras la recepción provisoria cubre los vicios aparentes, queda abierta la vía para pretender la reparación de los vicios ocultos, aunque no se ocasione ruina de obra y siempre que no sobrevenga la prescripción decenal ordinaria prevista en el art. 4023 citado- desconoce el argumento del art. 1646 y conduce al absurdo de equiparar la ruina de la obra a aquel vicio que, por oculto que sea, no resulta económicamente relevante pues no lesiona la estabilidad del edificio.

Sustentaron su afirmación en los arts. 1646 y 1647 bis, que establecen la caducidad de la acción por vicios "aparentes" de la obra si medió recepción provisional y, de tratarse de vicios "ocultos", si se dejó transcurrir los 60 días desde su descubrimiento sin denunciarlos al locador de la obra o sobrevenir el plazo de garantía pactado para que pudieran ser descubiertos sin que hayan aparecido y, por ende, ocurrir la recepción definitiva.

Agregaron que la tesis de la actora, además de hacer perdurar la responsabilidad del contratista por los vicios ocultos, por idéntico término al de su responsabilidad por ruina, neutralizaría el alcance contractual de la recepción definitiva y dejaría carente de sentido el reconocimiento que hicieron las partes del transcurso del plazo de la garantía

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) Procuración General de la Nación sin haberse descubierto vicios.

Indicaron, además, que aun cuando se atribuyera a la demandada ruina de la obra, la acción se encontraba prescripta al momento de interponerse la demanda -10/03/93- por haber transcurrido con exceso el plazo anual previsto en el art. 1646 del Código Civil, si se computa desde la intimación cursada para que re-ejecutara la obra el 16 de junio de 1988 y aun en la hipótesis de que se le otorgara a ese acto los efectos suspensivos del art.

3986, párrafo 21, del Código Civil.

- II - Disconforme con tal pronunciamiento, la actora interpuso el recurso extraordinario de fs.

654/689, que fue denegado por el a quo a fs. 698, lo que origina la presente queja.

Relata que el contrato tenía por objeto la construcción de un colector de drenaje industrial de 18" para "la recolección de drenajes en el cracking catalítico de la Destilería del Plata" y el plazo de finalización se estipuló en noventa días desde la iniciación de los trabajos. Sin embargo, durante su ejecución, surgieron dificultades que la contratista no pudo resolver y que consistieron, fundamentalmente, en el constante anegamiento de la zanja donde debía instalarse la cañería. El 28 de octubre de 1987, cuando la obra no estaba aún terminada, procedió a su recepción provisional.

Aclara que en el acta de recepción se dejó constancia de que la interconexión de la cañería se haría, posteriormente, durante el paro de cracking catalítico y que, al efectuarse tal interconexión se pudo comprobar que la obra no servía para su finalidad, porque la contratista no había respetado los niveles y pendientes aprobados en el plano de

construcción.

En ese orden de ideas, afirma que la sentencia es arbitraria porque soslaya el hecho esencial de que la obra no había sido probada en su funcionamiento. En tal sentido -dicela contratista, aunque la hubiese entregado, no podía liberarse de los vicios "aparentes" hasta tanto se realizara la interconexión -que las partes, de común acuerdo, habían diferido para una fecha posterior-, ya que tal verificación era fundamental para saber si la obra servía para su finalidad. Consecuentemente -enfatiza-, al no obedecer al objeto del contrato, la demandada no había cumplido su obligación principal y, por lo tanto, de acuerdo con el art. 625 del Código Civil la obra debía ser tenida como no realizada, por no haberse cumplido con el opus.

Expresa que dicha exigencia surge claramente del art. 6.04 del Pliego de las Cláusulas Específicas, en cuanto establece que "La obra será recibida por YPF una vez terminada y cuando todos los trabajos y las pruebas de instalación hayan sido realizadas a satisfacción de la Inspección de Obras". "Se labrará un acta donde se dejará constancia de la fecha efectiva de terminación de los trabajos a partir de la cual empezará a correr el plazo de garantía que se haya establecido".

Sostiene que la alzada hizo prevalecer los términos del acta, suscripta entre el Inspector de Obra -en representación de YPF- y el contratista, sobre y en contra de lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Específicas. Por ende, si la obra no había sido probada en su funcionamiento no podía transcurrir el plazo de garantía, y si hubiera comenzado a transcurrir, se tendría que haber interrumpido hasta tanto el contratista realizara los trabajos pendientes. De este modo, en su concepto, el alcance que el tribunal pretende darle a

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) Procuración General de la Nación dicha acta, constituye un acto nulo por ser contrario a lo establecido en el pliego.

En ese entendimiento, asevera que no existió recepción provisional hábil para marcar el inicio del plazo de garantía, como tampoco, a la luz del pliego, la recepción definitiva era automática, pues debía hacerse con las mismas formalidades que la provisoria.

Destaca que la demandada incurrió en vicios de construcción y que fue la responsable de la demora en la ejecución de los trabajos por no contar con la capacidad técnica para ejecutar la obra. Señala que en tanto YPF era responsable por la elaboración del anteproyecto, le competía a la contratista elaborar el proyecto ejecutivo de la obra y que esta última no cumplió con su destino porque no alcanzó los niveles de profundidad de la cañería de conformidad con lo que se había aprobado en el plano.

Recuerda que -frente a los argumentos de S.S.A. en torno a que el Inspector de la obra había aprobado los nuevos niveles de cañería-, el art.

26 del Articulado de Aplicación General para todas las obras en Destilería La Plata -y en función de las obligaciones del contratista de proyectar y ejecutar los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su fin- prevé que "YPF a su solo criterio podrá convalidar o invalidar las modificaciones, aun aquellas a las cuales haya estampado el sello 'aprobado para construcción' haciendo prevalecer lo estipulado contractualmente, sin que ello dé lugar a reclamo alguno por parte del contratista".

Niega que haya habido ruina de obra y que la prescripción aplicable sea la anual establecida en el art. 1646 del Código Civil, toda vez que la demandada no había cumplido con su obligación principal de construir la obra de acuerdo con su fin, por lo cual el plazo de prescripción aplicable era

el decenal contemplado en el art. 4023 del Código Civil.

- III - La resolución apelada es equiparable a sentencia definitiva pues, al declarar la caducidad de la demanda y producida la prescripción se pone fin al pleito, impide su continuación y causa un gravamen de imposible reparación ulterior. Por otro lado, si bien es cierto que las cuestiones de hecho, prueba y derecho común son, en principio, propias de los jueces de la causa y ajenas, como regla y por su naturaleza, al remedio del art. 14 de la ley 48, habilitan la instancia extraordinaria en los supuestos en que las conclusiones de aquéllos presentan vicios que las descalifican a la luz de la conocida doctrina del Tribunal sobre arbitrariedad de las sentencias (Fallos: 311:696).

En ese mismo orden de ideas, cabe recordar que lo relacionado con las obligaciones derivadas del contrato de obra pública, así como la interpretación de sus cláusulas y la precisión de sus alcances, remite al análisis de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, propias de los jueces de la causa e irrevisables por su naturaleza, como regla, en esta instancia extraordinaria (confr. doctrina de Fallos: 307:146).

Sin embargo, V.E. ha reconocido excepción a dicho principio cuando los jueces asignan a las cláusulas del contrato un alcance reñido con la literalidad de sus términos y la clara intención de las partes u omiten ponderar argumentos y pruebas conducentes para la correcta solución del pleito (confr. doctrina de Fallos: 312:1458 y 315:379).

Considero que, en el sub lite, cabe apartarse del principio general y hacer excepción a la regla establecida, toda vez que, en mi concepto, el a quo omitió ponderar integralmente las cláusulas del pliego, tanto las que atribuyen

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) Procuración General de la Nación responsabilidad a la contratista por la confección del proyecto de obra como aquéllas que dan cuenta de las condiciones en que se encontraba el terreno al momento de licitar, según las cuales "El contratista proyectará y ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten completos, adecuados a su fin, en la forma establecida en los documentos de la licitación" y "La sola presentación de la oferta supone al oferente el conocimiento del lugar y las condiciones en que debe desarrollar la obra como asimismo la plena conformidad con las Bases de la Licitación, pues cualquier apartamiento de las mismas debe ser expresamente destacado" (arts. 3.01 y 1.06, respectivamente, de las Cláusulas Específicas para la Contratación de Obras) (fs. 59 y 63).

En congruencia con dichos artículos, el Pliego de Cláusulas Particulares Técnicas que rigió la licitación había consignado expresamente la obligación a cargo de la contratista de relevar la zona donde debía tenderse el colector de drenaje con sus cámaras a los efectos de establecer las profundidades de las excavaciones (art. 3.1.1) "Dadas las características del terreno, considerablemente embebidos de productos derivados del petróleo y otros ácidos, provenientes de rotura de caño a reconstruir..." (art. 3.1.2), y se había anticipado que "No se considerará como imprevistos los obstáculos enterrados o aéreos que se encuentren en el lugar de la obra y que no estuvieran especificados en los pliegos y planos adjuntos" (art. 3.1.3) (fs. 128/135 expediente GGI N1 11).

Así pues, se soslayó apreciar que, por una parte, la contratista, antes de presentar su oferta, estaba obligada a realizar el relevamiento de la zona a fin de tomar conocimiento de las condiciones del terreno donde se iba realizar la obra, el cual se encontraba ya anegado al momento de licitar,

circunstancia que descarta la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor durante su ejecución (sin que obste a ello la ponderación por la Cámara del reconocimiento de la Destilería La Plata con respecto a que se trataría de un hecho imprevisible para la contratista) y, por la otra, que la magnitud de toda obra pública y de los intereses en juego imponen a los contratistas actuar de modo de prever cualquier eventualidad que pudiese incidir negativamente sobre sus derechos (Fallos: 319:1681) y que si ella incurrió en error acerca de las obligaciones contractuales asumidas, éste provendría de una negligencia culpable que impide su invocación (art. 929 del Código Civil) (Fallos: 315:890).

En otro orden, estimo que corresponde apartarse de la regla que sostiene que la selección y valoración de la prueba constituye, en principio, una facultad de los jueces de la causa no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria (Fallos: 264:301; 308:1624, entre otros), cuando, como ocurre en el sub iudice, el a quo ha omitido examinar los antecedentes de la causa que revelan que la recepción provisoria se había formalizado con reservas.

En efecto, por tal motivo, opino que es arbitraria la declaración de la caducidad del derecho de la actora para reclamar por los vicios aparentes debido a que éstos habían quedado purgados al momento de la recepción de la obra mediante el acta del 28 de octubre de 1987, toda vez que se prescinde de advertir que en dicho instrumento se había consignado que estaban pendientes de ejecutar, entre otras tareas, la "interconexión de cámara existente (J-2066) con la C1, sellado de cañería reemplazada que une las cámaras existentes" y que la propia contratista al solicitar la recepción de la obra, por nota de pedido 55 había propuesto "realizar las tareas faltantes en un paro de planta" habida cuenta de

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) Procuración General de la Nación que las "coordinaciones indican en nota(s) anteriores acerca de la imposibilidad de finalizar la obra en cuestión" (v. fs.

173 y 174 respectivamente del expediente administrativo GGI N1 11).

Sin embargo, el fallo apunta a que no obstaba a la producción de los efectos jurídicos de la aludida recepción provisional -purgar los defectos aparentes-, el hecho de que al suscribirse el acta la contratista no hubiera terminado la totalidad de los trabajos, toda vez que en ella, voluntariamente, las partes habían consignado, en forma expresa que, a partir del 28 de octubre de 1987, comenzaba a regir el plazo de garantía establecido en los documentos de la contratación y se había abonado casi la totalidad del contrato.

El criterio adoptado por el a quo no encuentra debida justificación pues, a mi juicio, la recepción provisional de la obra no implicó la aceptación tácita de sus vicios aparentes, si se advierte que la protesta o reserva que había efectuado la comitente -interpretada conforme a la regla de la buena fe (art. 1198 del Código Civil)- demostró con certidumbre de voluntad la de no conformarse con los defectos (art.

918 del Código Civil). En el mismo sentido, no es posible deducir como lo hace el juzgador que, por el solo hecho del transcurso del plazo de garantía, la comitente haya renunciado tácitamente a las reservas efectuadas en el acta, ya que "por aplicación del principio establecido en el art. 874 del Código Civil, Yla intención de renunciar no se presume y la interpretación de los actos que induzcan a probarla debe ser restrictiva" (Fallos: 253:253 y 326:2686).

Además, en este aspecto tampoco la decisión se muestra como una derivación razonada del derecho vigente con relación a las circunstancias de la causa, en tanto omite ponderar que las disposiciones de los pliegos exigen que la

obra sólo puede ser recibida "una vez terminada" y cuando las pruebas hubieran sido realizadas (art. 6.04 de las Cláusulas Específicas para la Contratación de Obras) (fs. 78).

Con esta comprensión, tal como lo señala la apelante, mal podía entenderse que el plazo de garantía operara con carácter fatal cuando existían trabajos pendientes y faltaba probar que lo ejecutado sirviera a su fin, pues es necesario -para que dicho plazo tenga efectos- que, durante ese lapso, no surjan defectos o problemas de funcionamiento que requieran las consiguientes tareas de enmienda por parte del contratista. Ello es así, porque la recepción provisoria no libera a las partes de sus respectivas obligaciones, debido a que durante ese período de ocupación y uso el comitente puede constatar la efectiva y correcta realización de la obra encomendada.

En las condiciones descriptas, la sentencia en recurso se aparta de las previsiones de los pliegos y desatiende una de las finalidades principales del contrato, cual era la de ejecutar los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su fin y en condiciones fácticas y jurídicas adecuadas (arg. de Fallos: 307:130).

De igual modo, las declaraciones del a quo acerca de que el vicio "oculto" había quedado purgado con la recepción definitiva, momento a partir del cual la responsabilidad de la demandada cesa por haber finalizado el plazo de conservación o garantía -al que considera operado automáticamente por no haber mediado observación algunaconstituyen afirmaciones dogmáticas que se apartan de las normas aplicables al caso.

A mi juicio, ello es así porque las disposiciones del pliego prevén que "...se recibirá la obra en forma definitiva, con las mismas formalidades observadas para la recepción provisoria" (art. 6.07 del Pliego de Cláusulas Especí-

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) Procuración General de la Nación ficas para la Contratación de Obras). De este modo, la recepción definitiva estaba estipulada como un acto tan formal y expreso como el previsto para la recepción provisional, por lo que se debió descartar toda posibilidad de que operara por el mero transcurso del tiempo, tácita o automáticamente y, menos aún cuando -como se dijo- en el acta de recepción provisoria, la comitente había observado que quedaban pendientes trabajos por ejecutar y hasta se había negado la recepción definitiva por los defectos que presentaba la obra.

En ese contexto, la atribución dogmática a la actora de haber aceptado voluntariamente la obra, así como la asignación de efectos automáticos al vencimiento del plazo de garantía y la declaración consecuente de tener a la demanda por caduca o prescripta a partir de aquellas situaciones no constituye un pronunciamiento debidamente fundado sobre el mérito de las circunstancias comprobadas de la causa y de las normas aplicables, que también prescinde de considerar que los contratos son ley para las partes, y que deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, de acuerdo a lo que las partes entendieron o pudieron entender obrando con cuidado y previsión (art. 1198 del Código Civil), principio aplicable, también, en el ámbito del derecho administrativo (Fallos:

305:1011, considerando 91 y sus citas; 316:212 y sus citas y 326:3135, considerando 81, entre otros). Por ello, con arreglo a la doctrina de la Corte, el pronunciamiento dictado resulta descalificable como acto jurisdiccional (Fallos:

307:511 y 325:192, entre muchos otros).

En mérito a las razones expuestas, considero que las garantías constitucionales que se dicen vulneradas guardan nexo directo e inmediato con lo resuelto, al frustrar a la actora la expectativa de obtener el cumplimiento cabal de las obligaciones contraídas con la contratista y poner a su cargo

la reejecución de la obra, con serio menoscabo de su derecho de propiedad. Así pues, entiendo que tanto la aludida omisión de tratamiento de aspectos pertinentes para la resolución de la causa como los otros defectos apuntados, justifican la procedencia del remedio federal, al poner de manifiesto la relación directa e inmediata con las garantías constitucionales invocadas (art. 15 de la ley 48).

- IV - Opino, por tanto, que corresponde hacer lugar a la queja planteada, revocar la sentencia de fs. 610/635 en cuanto ha sido materia de recurso extraordinario y devolver las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí expresado.

Buenos Aires, 22 de agosto de 2006.

E.R.