Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 5 de Julio de 2006, A. 15. XL

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

S.C. A.15. L.XL.

S u p r e m a C o r t e :

- I - A fs. 270/277, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de La Rioja declaró inadmisibles los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos contra la sentencia de la Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial del 19 de junio de 2001.

Esta última, en lo que aquí interesa, había desestimado las reposiciones presentadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, en adelante) contra las resoluciones del 5 de julio de 2000, 26 de febrero y 19 de marzo de 2001, que dispusieron trabar embargo sobre cualquiera de sus cuentas en el Banco de la Nación Argentina y transferir los importes a la orden del Tribunal y como pertenecientes a los autos "Y.S.A. y otras s/concurso preventivo por agrupamiento".

Para así decidir, señaló -en primer lugar- que el recurso de inconstitucionalidad era inadmisible pues la recurrente, debidamente intimada, no acreditó haber efectuado el anuncio de su interposición dentro del tercer día de notificada la resolución que se impugna.

Por otra parte, respecto del recurso de casación, indicó que no se ha cumplido con el art. 259, inc. 31, del Código Procesal Civil de la Provincia de La Rioja (C.P.C.), esto es, señalar en cuál o cuáles motivos de casación del art. 257 encuadra su recurso y, por ende, tampoco lucen satisfechos los recaudos de los incs. 41 y 51, que presuponen el encuadramiento expreso en algunas de las causales previstas en este último precepto.

Resaltó que, fuera de los cuatro motivos que enumera el art. 257 del C.P.C., no se admiten otros, por lo que es carga del casacionista escogerlos correctamente y desarrollar argumentos apropiados para demostrar la infracción que atribuye a la sentencia, a fin de que el Tribunal Superior analice la queja.

Especificó que el recurrente omitió cumplir estas exigencias y, si bien expuso con amplitud sus agravios, lo hizo indiscriminadamente, sin diferenciar motivos. Por ello, concluyó en que la presentación era marcadamente insuficiente, constituyendo la falencia apuntada una barrera que impide al Tribunal avocarse a su consideración sustancial.

- II - A fs. 279/535, la AFIP interpuso recurso extraordinario, cuya denegación originó su primera presentación directa ante V.E., in re Y.34, L.XXXVII, "Y.S.A. y otras s/concurso preventivo por agrupamiento".

Allí, el 20 de mayo de 2003, la Corte dejó sin efecto el rechazo del recurso y ordenó la remisión de las actuaciones al tribunal de origen para que lo sustancie y oportunamente, por quien corresponda, resuelva sobre su admisibilidad.

- III -

Cumplida la sustanciación, a fs. 687/689 el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia nuevamente denegó la concesión del recurso extraordinario.

Para decidir de esta forma indicó que, contra la resolución que admite o deniegue el recurso de casación en la etapa de procedencia formal -como sucedió en la especie-, procede la reposición prevista en los arts. 253 y 254 del C.P.C., que la recurrente no ha presentado.

En consecuencia, añadió, no existe una sentencia definitiva o asimilable a tal, pues restaba aún una instancia local que debió agotarse para que se configure, si era mantenida, el pronunciamiento definitivo que permite ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en defensa de sus derechos.

- IV - Contra ello, la AFIP realiza esta presentación directa (fs. 690/860), donde solicita que se revoquen las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de La Rioja del 12 de noviembre de 2001 y de la Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial del 19 de junio de 2001 y se dejen sin efecto los embargos decretados el 5 de julio de 2000, el 26 de febrero y el 19 de marzo de 2001, con inmediato reintegro de los fondos fiscales cautelados a sus respectivas cuentas de la AFIP en el Banco de la Nación Argentina.

Explicó que, hasta el año 2000, Y.S.A. accedía al reintegro anticipado del impuesto al valor agregado vinculado a sus operaciones de exportación sin necesidad de constituir garantías, en virtud de su solvencia patrimonial y financiera, como lo establecía el título II, capítulo B, de la resolución general (AFIP) 616.

Puntualizó que, a partir del análisis realizado por ese organismo del balance presentado por la empresa y correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999, pudo comprobarse que no se daban las relaciones técnico-contables exigidas por la reglamentación para demostrar solvencia financiera, razón por la cual se emitieron las resoluciones (RG SANJ) 15/2000 y 16/2000 y se exigió la constitución de garantías previo al otorgamiento de los reintegros pretendidos.

Destacó que Y.S.A. no atacó estas resoluciones mediante el procedimiento administrativo previsto para ello, sino que el Tribunal donde tramitaba su concurso -luego de negarle autorización para constituir aquellas garantías- intimó a la AFIP a depositar, a la orden del Tribunal, todos los saldos de libre disponibilidad que tuviera entonces la concursada, sin el cumplimiento de ese requisito previo.

Posteriormente, reseñó los sucesivos embargos ordenados por el Tribunal del concurso, no sólo por conceptos sometidos al régimen de reintegro anticipado sino también por otros, nacidos de rectificaciones en más de períodos anteriores (años 1992 a 1997) y, por ende, sujetos siempre a verificación previa.

En tales condiciones, planteó la gravedad institucional de cada una de estas medidas, ordenadas por un tribunal manifiestamente incompetente, cuando ellas están vedadas por disposiciones legales, tratándose de medidas cautelares de significativa trascendencia económica, no sólo por su cuantía sino también por el destino al cual esos recursos fiscales se encuentran afectados.

Subrayó que no se verifican los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, recaudo este último que ni siquiera ha sido evaluado por el juzgado de origen en ninguno de los embargos ordenados.

Por último, defendió la presunción de legitimidad de sus resoluciones (RG SANJ) 15/2000 y 16/2000, no cuestionadas por Y.S.A., y planteó la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares decretadas, que revisten el carácter de preventivas y -por ende- sujetas a la posterior demanda que ordena el C.P.C., jamás promovida.

- V - Es inveterada doctrina de V.E. que la apelación del art. 14 de la ley 48 debe interponerse contra la sentencia definitiva que haya dictado el superior tribunal de la causa, una vez agotadas las instancias existentes en las respectivas jurisdicciones para el examen y decisión de las cuestiones federales planteadas (Fallos: 283:145 y sus citas).

También, con arreglo a la jurisprudencia de la Corte, cuando existe un recurso formalmente hábil por ante el tribunal de la causa para conocer de cuestiones que han sido ya decididas en una sentencia, el pronunciamiento que recaiga al respecto es el definitivo a que se refiere el art. 14 de la ley 48 (Fallos: 284:122 y sus citas).

Sin embargo, pienso que el recurso extraordinario deducido es formalmente admisible, porque dichos principios ceden cuando la sentencia atacada causa un agravio que, por su magnitud y circunstancias de hecho, puede ser de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior (Fallos:

308:90; 310:1045; 316:1833; 319:2325; 321:2278), o cuando se configura un supuesto de gravedad institucional, pues lo decidido tiene entidad suficiente para incidir en el manejo de la renta pública, circunstancia que revela prima facie un factor de perturbación en el desarrollo de la política económica del Estado, con menoscabo de los intereses de la comunidad (conf. Fallos:

313:1420; 314:258; 316:2922).

Adelanto que, a mi entender, las referidas circunstancias excepcionales se verifican en la especie y que, además, los agravios de la quejosa suscitan cuestión federal suficiente para habilitar la vía extraordinaria, pues se ha puesto en tela de juicio la inteligencia y aplicación de normas de naturaleza federal -tales como las leyes 23.928, 23.765, 24.624 y la resolución general AFIP 616- y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria a los derechos que el recurrente fundó en ellas (art. 14, inc. 3° de la ley 48).

- VI - Liminarmente, es oportuno recordar que, al interpretar disposiciones federales, el Tribunal no se encuentra limitado por los argumentos de las partes ni por los aportados por el a quo, sino que le incumbe efectuar una declaración sobre el punto en disputa de acuerdo a la inteligencia que a ellas le otorgue (Fallos: 308:647; 311:2688 y 312:2254), concordemente con el resto del ordenamiento jurídico (Fallos: 289:185; 291:359; 292:211, entre otros).

En base a ello, observo que el art. 19 de la ley 24.624 establece que los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del Sector Público, ya sea que se trate de dinero en efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores emitidos, obligaciones de terceros en cartera y en general cualquier otro medio de pago que sea utilizado para atender las erogaciones previstas en el Presupuesto General de la Nación, son inembargables y no se admitirá toma de razón alguna que afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad por parte del o de los titulares de los fondos y valores respectivos.

Añade el artículo siguiente que los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado Nacional o a alguno de los entes y organismos enumerados en el artículo anterior al pago de una suma de

dinero o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el pago de una suma de dinero, serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en el presupuesto general de la Administración Nacional, sin perjuicio del mantenimiento del régimen establecido en la Ley N° 23.982.

En tal sentido, especificó V.E. que aquel art. 19 de la ley 24.624 fue sancionado por el Congreso de la Nación para imponer pautas racionales en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado evitando el desvío de los recursos presupuestarios y los trastornos consiguientes que en la economía del sector público pueda producir tal desvío (cfr. Fallos: 321:3384, cons. 10 y su cita).

Y añadió que este precepto debe ser interpretado de modo tal que armonice con los principios y garantías consagrados por nuestra Ley Fundamental y con el resto del ordenamiento jurídico. En atención a ello, indicó que dicha disposición no obsta a la ejecución de las sentencias que se encuentren en las condiciones descriptas en el art. 22, in fine, de la ley 23.982 o que encuadren en la hipótesis del art. 20, primera parte, de la ley 24.624, pues en el primer caso el acreedor está legitimado para ejecutar su crédito en virtud de una habilitación expresa de la ley, en tanto que en el segundo supuesto cuenta con una partida presupuestaria afectada al cumplimiento de la sentencia. (Fallos: 322:2132 y sus citas).

Mas es evidente que este sistema de consolidación de deudas y de inembargabilidad de los fondos públicos implementado por las leyes 23.982 y 24.624 requiere, con carácter previo y fundamental, un crédito del particular frente al Estado.

Desde esta perspectiva, el punto de partida para evaluar la existencia y exigibilidad, o no, de ese crédito en esta causa está constituido por el art. 43 de la ley del impuesto al valor agregado (t.o. por decreto 280/97) y su reglamentación vigente durante los períodos de la litis: la resolución general AFIP 616. Su análisis se impone con carácter previo pues sólo así podrá realizarse el principio hermeneútico sentado firmemente por la Corte, con arreglo al cual la interpretación y aplicación de las leyes requiere no aislar cada norma sólo por su fin inmediato y concreto, sino que debe procurarse que todas se entiendan teniendo en cuenta los fines de las demás y considerárselas como dirigidas a colaborar, en su ordenada estructuración, para que las disposiciones imperativas no estén sujetas a merced de cualquier artificio dirigido a soslayarlas en perjuicio de quien se tuvo en mira proteger (Fallos: 294:223).

En tal sentido, observo que la Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial reconoce un crédito exigible en favor de Y.S.A. con la mera presentación de la solicitud de reintegro de crédito fiscal, en los términos de la resolución general (AFIP) 616, cuando en este régimen no existe precepto alguno que así lo disponga.

Por el contrario, su art. 36 -ubicado en el título II de aquel reglamento, en el cual pretende encuadrar Y. S.A. su reclamo- requiere de un acto administrativo emanado de funcionario competente, que notifique a los solicitantes los importes por los cuales procede la devolución o transferencia.

En tales condiciones, advierto entonces que los embargos decretados no se corresponden con la existencia de un crédito exigible del contribuyente frente al Estado, razón por la cual carecen de causa y deben, por ende, ser revocados (art. 16 de la ley 48).

- VII - En virtud de lo aquí dicho, opino que corresponde admitir la queja, declarar procedente el recurso extraordinario interpuesto y disponer -como lo solicita el recurrente- el

levantamiento de los embargos ordenados oportunamente, con inmediato reintegro de los fondos a sus respectivas cuentas de la AFIP en el Banco de la Nación Argentina (art. 16 de la ley 48, Fallos: 321:3384).

Buenos Aires, 5 de julio de 2006.

L.M.M.