Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 30 de Mayo de 2006, W. 129. XL

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

W. 129. XL.

R.O.

Weil Levy, I. s/ infracción ley 1612.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 30 de mayo de 2006.

Vistos los autos:

"W.L., I. s/ infracción ley 1612".

Considerando:

  1. ) Que el señor juez a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 declaró improcedente el pedido de la República de Perú para la extradición oportunamente concedida por la República Argentina respecto de I.W.L. fuera ampliada para su juzgamiento por hechos que consideró no estaban incluidos en aquella entrega (fs. 538 y 540/558).

    El pedido extranjero de ampliación de la extradición se sustentó en el auto de instrucción librado, por el juez a cargo del Sexto Juzgado Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Lima, el 16 de junio de 2003 por delitos contra la administración pública (corrupción activa de funcionarios y colusión con interesados) y contra la tranquilidad pública (asociación para delinquir) en agravio del estado peruano.

    Ello al imputársele a W.L. haber participado, a través de la empresa "SEP INTERNATIONAL" a él vinculada, entre los años 1990 y 2000 en la ciudad de Lima (Perú), en compras efectuadas a través de licitaciones selectivas por el Ministerio del Interior de Perú sobre sistemas de Video Vigilancia Policial a través de las licitaciones n° 001-97IN/OGA por la suma de U$S 4.497.000, n° 10-97IN/OGA por U$S 638.000 y n° 06-98IN/OGA por U$S 3.759.000.

    Estas licitaciones "...habrían sido previamente arregladas y en la que se coludieron funcionarios públicos con particulares beneficiados con la adjudicación de las mismas, y que para tal efecto se entregó comisiones ilícitas en dinero a distintos funcionarios, contando para ello con una organización delictiva dedi-

    cada a este tipo de operaciones ilegales, entre los que se encontraba V.M.T. como uno de sus integrantes" (fs. 496 y 1/13 y 87/166 del "CUADERNO DE AMPLIACIÓN DE EXTRADICIÓN" que corre por cuerda, en adelante "CUADERNO").

  2. ) Que la resolución denegatoria invocó la causal de rechazo contemplada por el art. 19, inc. 5° del Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889 aplicable al caso y el art. 11, inc. b de la ley 24.767 al considerar que el requerido ya había sido juzgado y condenado en sede extranjera por los hechos en que se sustentó el pedido de ampliación.

    Ello en el marco de un Acuerdo de Beneficio por Colaboración Eficaz (en adelante "ACUERDO") celebrado con posterioridad a ser extraditado a la República del Perú, según la legislación peruana y aprobado judicialmente.

    Agregó, en sustento de la improcedencia del pedido de ampliación, que cabía presumir fundadamente un perjuicio al derecho de defensa en juicio del requerido, circunstancia que autorizaba a resolver como se hizo, en el marco del art. 8°, inc. d de la ley 24.767. Ello toda vez que el Estado peruano, en forma unilateral, había considerado excluidos los hechos en que sustentó el pedido de ampliación del "ACUERDO" y de la condena dictada en consecuencia.

  3. ) Que el señor P.F. mantuvo, en esta instancia, la apelación interpuesta por su inferior jerárquico contra lo así resuelto. Argumentó, en lo sustancial, que la regla del art.

    19, inc.

  4. del Tratado de Derecho Penal Internacional suscripto en Montevideo en 1889, al consagrar como condición para que la entrega sea viable que "...el reo no haya sido penado por el mismo delito ni cumplido su condena", alude a "un eventual juzgamiento en el país requerido, o

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación en su caso, en un tercer Estado ajeno a la relación bilateral suscitada por esa extradición, pero no a los juicios en el Estado requirente" (fs. 568 vta.).

    Ello toda vez que "imponerle al juez de la extradición que decida sobre si existe o no identidad entre dos procesos que tramitan en el Estado requirente implica, por su parte...una suerte de predicción valorativa de las circunstancias del caso a tener en cuenta por los tribunales de la nación solicitante, que significaría decidir cuestiones de fondo más allá de los límites de la extradición" (fs. 570).

    Análogas consideraciones planteó para objetar las facultades del juez de la extradición para valorar el "ACUER- DO" y sus alcances en relación a las imputaciones que sustentan el pedido de ampliación de la extradición en cuestión.

  5. ) Que la defensa de I.W.L. mejoró los fundamentos de la resolución apelada y solicitó se confirmara la declaración de improcedencia sobre la base de las razones que informa el memorial agregado a fs. 581/603.

  6. ) Que, con carácter previo, cabe recordar que I.W.L. fue entregado por la República Argentina a la República del Perú a resultas de la conformidad prestada para su extradición simplificada (fs. 351/352, 429/431 y 468/470) para ser sometido a proceso por infracción a los arts. 393 y 394 del Código Penal peruano que reprimen el delito de corrupción pasiva propia e impropia (fs. 143/144).

    Ello con sustento en la orden de detención dictada por el señor juez penal especializado doctor J.V.I. el 1° de diciembre del 2000 dado que "...desde el año de mil novecientos noventa y ocho, en Bancos del Sistema Financiero Suizo, tanto el procesado V.M.T. y diversas personas naturales y jurídicas, en las cuales se ha

    efectuado enormes depósitos de dinero, provenientes de la Federación Rusa, Luxemburgo, Estados Unidos y de UBS Lugano, producto de diversos actos ilícitos que habría cometido el encausado V.M.T., aprovechando su condición de ex asesor del Servicio de Inteligencia del Perú.

    Asimismo, éste habría contado con la participación de diversas personas...entre estas personas...se encontraría el denunciado I.W.L., quien conforme los recaudos acompañados, resulta beneficiario económico con derecho a firma, de la cuenta número doscientos veinticinco punto trescientos treinta y cuatro, del Bank Leumi Le-Israel, a nombre de H.M.L., cuenta en la que se registra millones de dólares, registrándose asimismo cuentas en el Fibi Bank (Schweiz) AG Zurich número dieciséis mil trescientos cuarenta, Lenwich Trading Inc, abierta el dieciséis de julio de mil novecientos noventa y ocho, en la que igualmente se registraron movimientos por millones de dólares..." (fs. 135/137 y 192).

  7. ) Que, ya en jurisdicción extranjera, el nombrado W.L. fue condenado, el 28 de febrero de 2002, a la pena de cuatro años de privación de libertad, suspendida en sus efectos por el término de prueba de dos años y a una reparación civil de U$S 500.000 a ser pagados a nombre del Estado peruano por considerarlo responsable, como cómplice, en el delito de corrupción de funcionarios (cohecho propio e impropio) sancionado por los arts. 393 y 394 del Código Penal, del delito de enriquecimiento ilícito (art. 401 del Código Penal) y del delito de colusión desleal en perjuicio del Estado (art.

    384 del Código Penal) al aprobarse judicialmente el "ACUERDO" antes referido (fs. 175/235 del "CUADERNO").

  8. ) Que esa calificación legal fue luego modificada al reformar, el 30 de julio de 2003 la Sala Penal Especial de

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación la Corte Superior de Lima, la parte resolutiva de aquella sentencia e integrarle el delito contra la tranquilidad pública Casociación ilícita para delinquirC previsto en el art.

    317 del Código Penal. Ello con sustento en que tanto en la parte expositiva como considerativa de la referida sentencia había sido considerado y analizado aquel delito constituido por la organización criminal montada por V.M.T., con el concurso estructurado de una pluralidad de personas, entre las que se pudo identificar al colaborador I.W.L., que cumplía una función dentro de la organización, que permitió que se sostuviera y prolongara subrepticiamente por casi una década llevando a cabo actividades delictivas en perjuicio del Estado Peruano, generándoles ingentes sumas de dinero (conf. cuadernillo que con el texto de la sentencia corre por cuerda, ofrecido como prueba por la defensa de I.W.L. a fs. 509/510, admitido a fs. 514 e incorporado en la audiencia de juicio a fs. 534).

  9. ) Que el propio juez extranjero hizo lugar, el 29 de enero de 2004 y a la luz de los antecedentes reseñados, a la excepción de cosa juzgada deducida por I.W.L. como coautor del delito de asociación ilícita en la causa a la que se vincula este pedido de extradición ampliada (conf. cuadernillo que con el texto de la sentencia que corre por cuerda e incorporado a fs. 534).

  10. ) Que, a la luz de los antecedentes hasta aquí reseñados, el Tribunal considera inadmisible el recurso interpuesto en autos ya que omitió tener en cuenta que el pedido de ampliación de la extradición no contempla los actos jurisdiccionales referidos en los considerandos 7° y 8° y su incidencia en el recaudo convencional que exige el art. 19, inc. 5° del tratado aplicable al exigir que "...el reo no haya

    sido penado por el mismo delito ni cumplido su condena".

    10) Que, en tales condiciones, no es posible afirmar, tal como exige el art. 30 inc. 1° por remisión al art. 19, inc.

  11. del tratado de extradición aplicable, que, en las circunstancias del caso, las leyes del país requirente autorizan "la prisión y el enjuiciamiento" de I.W.L. por los hechos en que sustenta su pedido de ampliación de la extradición.

    11) Que no modifica esa conclusión la interpretación que del citado precepto convencional propone el señor P.F. ya que ella no sólo no tiene sustento en el texto al introducir distinciones que el mismo no contempla sino que, además, es contraria al objeto y fin de esa cláusula (art.

    32 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados) que procura, en definitiva, proteger al individuo de la prohibición de ser doblemente penado por el mismo hecho, sin distinguir si tal situación procesal tiene origen en el país requerido, en el requirente o en un tercer Estado.

    Por lo demás, tal como señala la defensa, la pretensión de trasladar la solución de Fallos: 166:177 al sub lite resulta improcedente ya que refiere a un marco legal convencional que incluía distinciones que el aquí aplicable no reconoce.

    12) Que, por último, cabe señalar que no existen óbices para la toma en consideración de actos extranjeros legalmente incorporados al trámite de extradición en la medida en que tanto el requerido como el país extranjero intentan hacer valer sus efectos en jurisdicción argentina con el fin de considerar la aplicación de la cláusula del art. 19, inc. 5° del tratado.

    Ello no supone un juicio de legalidad acerca de

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación tales actos extranjeros sino simplemente su toma en consideración con el fin de establecer su oponibilidad en jurisdicción argentina a fin de probar el extremo que consagra la citada cláusula convencional.

    Por todo lo expuesto, oído el señor P.F. el Tribunal resuelve: Declarar improcedente el recurso de apelación ordinaria interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal y confirmar la resolución apelada en cuanto declaró improcedente el pedido de ampliación de la extradición de I.W.L.. N., tómese razón y devuélvase.

    E.S.P. -E.I. HIGHTON de NOLASCO - JUAN CARLOS MAQUEDA - E.

    RAUL ZAFFARONI - RICARDO LUIS LORENZETTI - CARMEN M. ARGIBAY.

    Recurso ordinario interpuesto por el señor P.F., Dr. L.S.G.W. Traslado contestado por I.W.L., representado por el Dr. A.L.T.T. de origen: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10