Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 22 de Mayo de 2006, S. 456. XXXIV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

SALTA PROVINCIA DE C/ E.N. S/ MEDIDA CAUTELAR (JUICIO

ORIGINARIO

) S.C., S.456, L.XXXIV.- S u p r e m a C o r t e :

- I - A fs. 541/542, la Provincia de Salta promovió contra el Estado Nacional incidente de repetición parcial de la tasa de justicia.

Señaló que, de acuerdo con el convenio que había suscripto con el demandado el 3 de mayo de 1999 a fin de concluir este proceso y el tramitado in re: S. 442/98 "Salta, Provincia c/ Estado Nacional s/ cobro de suma de dinero" (confr. fs. 492/495) -homologado por resolución de V.E. del 14 de mayo de 1999 (fs. 499)-, se estipuló que "Las costas correspondientes a dichos juicios serán por su orden" (v. cláusula quinta - fs. 496).

Sostuvo que dicho acuerdo implicaba un virtual allanamiento del Estado Nacional a su pretensión esgrimida en la causa S. 442/98, pues los pagos convenidos a su favor representaban el total del monto allí reclamado. Por otra parte, solicitó que se condenara al demandado a abonar el 50% en concepto de repetición de la tasa de justicia, toda vez que había desconocido esa obligación, aun cuando ella surgía claramente de las estipulaciones contractuales. Asimismo, pidió que, a dicho monto, se le adicionaran los intereses devengados entre su depósito y el efectivo reintegro, más las costas de este incidente.

- II - A fs. 549/550, el Estado Nacional, al contestar el traslado por el incidente promovido, expresó que nada tenía que decir acerca de la suma requerida por la actora, pero que ella debería ser liquidada con los bonos de consolidación ordenados por la ley 25.344.

- III - A fs. 552/559, la Provincia desestimó la propuesta del Estado Nacional para que se efectivizara la suma adeudada en concepto de repetición parcial de tasa de justicia en bonos de consolidación.

Sostuvo que, al verse compelida a iniciar el reclamo para obtener el reconocimiento efectivo de su derecho a repetir el 50% del importe de tasa mencionada, correspondía que los honorarios que se regularan a los profesionales por su intervención en el incidente estuvieran a cargo del Estado Nacional, en razón de que no había motivo para hacer lugar a un pedido de exención ni para apartarse del principio objetivo de la derrota previsto en el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Asimismo, planteó la inconstitucionalidad de los arts. 11 y 91 del decreto 1204/01, porque, en su concepto, contravienen las leyes 23.187 y 21.839 (modificada por su similar 24.432) y le ocasionan un grave perjuicio a su derecho de propiedad en el ejercicio profesional de la abogacía.

El Estado Nacional se opuso a esta última pretensión mediante el escrito de fs. 567/570.

- IV - A fs. 560, V.E. hizo lugar al incidente promovido y ordenó al Estado Nacional que depositara a la orden del Tribunal el 50% de la suma correspondiente a la tasa de justicia abonada por la actora.

A fs. 562, el representante de la Provincia interpuso el recurso de aclaratoria contra dicho fallo a fin de que V.E. se pronunciara sobre las costas de este incidente, habida cuenta de que la posición asumida y el incumplimiento incurrido por la demandada habían motivado su promoción.

- V - A fs. 571, el Tribunal remitió las actuaciones en vista a este Ministerio Público (reiterada a fs. 590).

Entiendo que, tal como ha sido planteada la cuestión, es menester tomar en cuenta que el tratamiento de los reparos formulados por la Provincia a la constitucionalidad de los arts. 11 y 91 del decreto 1204/01 -en cuanto establecen que en las causas que tramiten ante los tribunales nacionales donde sean partes contrarias el Estado Nacional y las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires o que se susciten entre dos o más provincias, las costas deben imponerse por el orden causado- se encuentra supeditado a la previa decisión del Tribunal sobre la imposición de las costas del incidente sub examine.

A tal fin, es preciso recordar que, si bien del acuerdo suscripto por las partes surge que las costas de los procesos allí previstos se aplicarían por el orden causado, la Provincia ha solicitado que las generadas por el incidente de repetición se impongan al Estado Nacional, planteo que según expresé en el relato precedente, fue reiterado por la actora a fs. 562, al deducir la aclaratoria, la cual se encuentra pendiente de resolución.

En tal sentido, opino que resulta prematuro expedirme sobre los planteos de inconstitucionalidad de lo establecido en materia de costas por el decreto 1204/01, desde que su consideración sólo sería necesaria en la hipótesis de que V.E. decidiera que el aludido convenio no es aplicable al incidente, punto éste que, precisamente, discuten las partes, pues, dada su índole procesal y, por ende, privativa de V.E. como tribunal de la causa, es ajena a mi dictamen.

Buenos Aires, 22 de mayo de 2006.- L.M.M.