Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 9 de Mayo de 2006, E. 282. XL

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

E. 282. XL.

RECURSO DE HECHO

Electrodomésticos Aurora S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión por la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 9 de mayo de 2006.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por el Fisco Nacional - Dirección General Impositiva en la causa Electrodomésticos Aurora S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión por la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación dio origen a la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, se desestima el recurso de hecho plantado.

Intímese a la apelante para que, en el ejercicio financiero correspondiente, haga efectivo el depósito previsto en el art.

286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, de conformidad con lo prescripto en la acordada 47/91.

N., tómese nota por Mesa de Entradas y, oportunamente, archívese. E.S.P. -E.I. HIGHTON de N. -J.C.M. -E.R.Z. -R.L.L. (en disidencia)- CARMEN M. ARGIBAY.

DISI

E. 282. XL.

RECURSO DE HECHO

Electrodomésticos Aurora S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión por la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva.

Corte Suprema de Justicia de la NaciónDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON R.L.L. Considerando:

  1. ) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A, mediante remisión al dictamen de la fiscal ante la cámara, confirmó la decisión de la instancia anterior que, en cuanto aquí interesa, rechazó el incidente de revisión promovido por la Administración Federal de Ingresos Públicos contra la sentencia dictada en los términos del art. 36 de la ley 24.522 que, a su vez, había resuelto declarar inadmisible la insinuación al pasivo de cierta deuda previsional, y reducir la tasa de interés legal aplicable a la deuda impositiva objeto de verificación en el concurso preventivo (hoy quiebra) de Electrodomésticos Aurora S.A.

  2. ) Que contra ese pronunciamiento el organismo recaudador interpuso el recurso extraordinario, cuya denegación dio origen a la presente queja.

  3. ) Que respecto de lo decidido sobre el rechazo de la revisión referente a la declaración de inadmisibilidad de la insinuación correspondiente a deuda previsional, el recurso extraordinario que motiva la presentación directa es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

  4. ) Que, en cambio, el recurso extraordinario es admisible en cuanto al restante agravio pues el tribunal a quo, sin que medie debate y declaración de inconstitucionalidad, ha prescindido inmotivadamente de aplicar las disposiciones vigentes que específicamente regulan la tasa de interés de las obligaciones fiscales, contrariando de tal modo la doctrina con arreglo a la cual no resulta admisible una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal (Fa-

    llos: 320:1793; 321:2093 y 324:1280).

  5. ) Que el art. 37 de la Ley de Procedimiento Tributario 11.683, texto ordenado por el decreto 821/98, dispone que "...La falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio.

    La tasa de interés y su mecanismo de aplicación serán fijados por la Secretaría de Hacienda dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos; el tipo de interés que se fije no podrá exceder del doble de la mayor tasa vigente que perciba en sus operaciones el Banco de la Nación Argentina...".

    Por su lado, el art. 52 de la ley 11.683 establece que "...Cuando sea necesario recurrir a la vía judicial para hacer efectivos los créditos y multas ejecutoriadas, los importes respectivos devengarán un interés punitorio computable desde la interposición de la demanda. La tasa y el mecanismo de aplicación serán fijados con carácter general por la Secretaria de Hacienda dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, no pudiendo el tipo de interés exceder en más de la mitad la tasa que deba aplicarse conforme a las previsiones del artículo 37...".

  6. ) Que en ejercicio de la delegación legislativa que resulta de los citados arts. 37 y 52 de la ley 11.683, la autoridad de aplicación fue fijando a lo largo del tiempo la tasa correspondiente a los intereses resarcitorios y punitorios de deudas fiscales. Así, por ejemplo, a partir del año 1991 dichas tasas fueron fijadas en el 3% y 4,5% mensual, respectivamente (conf. resolución SSFP 25/91 CB.O., 9 de abril de 1991C, modificada por las resoluciones 92/91 CB.O., 30 de agosto de 1991C y S.I.P. 22/91 CB.O., 18 de noviembre de

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación 1991C). Más tarde, el interés resarcitorio fue fijado en el 2% y el punitorio en el 3% (resolución 459/96 MEOSP CB.O., 28 de noviembre de 1996C; y resolución 366/98 MEOSP). Mediante la resolución 1253/98, el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos fijó en el 3% mensual el interés resarcitorio del art. 37 de la ley 11.683; y en el 4% mensual, el punitorio del art. 52 (B.O., 2 de octubre de 1998). A su vez, tales tasas fueron aumentadas por la resolución 110/02 ME que las fijó en el 4% y en el 6% mensual, respectivamente. Según se lee en los considerandos de las dos resoluciones precedentemente indicadas, tales incrementos se hicieron para "...adecuar las referidas tasas a las condiciones económicas actuales, a fin de estimular el cumplimiento en término de las obligaciones tributarias y evitar que los contribuyentes morosos financien sus actividades mediante el incumplimiento de impuestos...". En época más reciente, la resolución 36/03 ME las redujo al 3% y 4% mensual; y la resolución 314/04 M.E. y P.C. derogó a la anteriorC las disminuyó al 2% y 3% mensual, en el orden indicado. Ultimamente, la resolución del Ministerio de Economía y Producción 578/2004 (B.O., 24 de agosto de 2004), fijó Ca partir del 1° de septiembre de 2004C en el 1,50% mensual la tasa del art. 37; y en el 2,50% mensual, la tasa del art. 52.

  7. ) Que, sólo a mayor abundamiento, se destaca que una evolución similar a la precedentemente reseñada ha tenido las tasas de interés correspondientes a los recursos previsionales, pues el art. 1° del decreto 589/91 (modificado por el decreto 1266/92) determinó que a los créditos de la seguridad social se le aplicarían los intereses resarcitorios y punitorios establecidos por los arts. 37 y 52 (ex arts. 42 y 55) de la ley 11.683. Por su lado, el decreto 507/93 C.-

    cado por la ley 24.447C encomendó a la Dirección General Impositiva (hoy Administración Federal de Ingresos Públicos) la aplicación, recaudación, fiscalización y ejecución judicial de los recursos de la seguridad social correspondientes a los regímenes nacionales de jubilaciones y pensiones, subsidios y asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo, y todo otro aporte o contribución que de acuerdo a la normativa vigente, se deba recaudar sobre la nómina salarial (art. 2°), y dispuso la aplicación de los intereses resarcitorios y punitorios referidos a las obligaciones correspondientes. Ello dio lugar al dictado de diversas resoluciones delegadas que fijaron las tasas en cuestión (conf. resolución SIP 22/91; resolución 20/92 de la Secretaría de Seguridad Social; resolución SIP 39/93 CB.O., 16 de abril de 1993C; resolución 459/96 CM.E.O. y S.P.C). 8°) Que esta Corte ha señalado que se justifica que las leyes tributarias contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales cuya existencia afecta de manera directa el interés de la comunidad porque gravitan en la percepción de la renta pública; de ahí que, con ese propósito, sea válida la aplicación de tasas de interés más elevadas, cuyo pago no puede ser exonerado en ausencia de toda norma que así lo establezca, ni por aplicación del art. 623 del Código Civil (texto según ley 23.928), porque ello importaría tanto como prescindir del texto legal (Fallos: 316:42).

    Asimismo, con especial relación a las deudas previsionales Cpero con criterio igualmente aplicable a las fiscalesC el Tribunal ha desechado planteos de inconstitucionalidad basados en la exorbitancia de las tasas fijadas por la autoridad administrativa, cuanto fundados en la delegación hecha a ella para proceder a la respectiva fijación del quan-

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación tum del interés resarcitorio o punitorio de que se trate. En orden a lo primero, la doctrina del Tribunal indica que por estar en juego un sistema legal por el que se procura mantener la intangibilidad del crédito, a la vez que castigar adecuadamente al deudor por su atraso en el cumplimiento de la obligación, la tacha de inconstitucionalidad basada en la cuantía excesiva de la tasa debe desestimarse a falta de una clara demostración del perjuicio sufrido (Fallos: 307:531 y 307:1656). Y por lo que toca a lo segundo, en el caso registrado en Fallos: 307:1643 se consideró constitucional la delegación hecha a la autoridad administrativa para la fijación de las tasas, siguiendo para ello las pautas de Fallos:

    148:430 y 286:325, solución que no contradice al actual art.

    76 de la Constitución Nacional.

  8. ) Que los intereses de que se trata tienen, pues, origen y cuantía legales. No se trata de accesorios que nacen de la libre convención de las partes, sino que surgen de la normativa fiscal Co previsionalC específica.

    En esas condiciones, la facultad que por los arts.

    656, 953 y 1071 del Código Civil se confiere a los jueces para morigerar la tasa de interés de las obligaciones dinerarias, no puede jugar en la especie, pues ella solamente tiene virtualidad frente a intereses convencionales, y no frente a intereses legales. Ello es así, porque el fundamento normativo de dicha facultad se encuentra en la regulación de los vicios de los actos jurídicos, de la cual deriva la sanción de nulidad parcial y relativa del negocio usurario, extremo que supone un contrato en el que se ha pactado un interés abusivo, situación que claramente no es la de los accesorios de deudas fiscales Co previsionalesC fijados por la autoridad administrativa en ejercicio de facultades delegadas.

    10) Que, en el sentido de lo expresado, el ejercicio

    de la apuntada facultad judicial a los fines de desplazar la aplicación de intereses fijados por la ley sin previa declaración de inconstitucionalidad de la norma que los instituyó o fijó su cuantía, importa un apartamiento indebido de las disposiciones que rigen especialmente el caso y que prevén la solución normativa de la controversia, las que no pueden dejarse de lado para hacer jugar previsiones de la legislación civil destinadas a regular situaciones diferentes, como son los contratos que las partes pueden convenir libremente.

    Por lo demás, admitir esa intromisión por parte de los jueces, permitiéndoles fijar una tasa de interés distinta de la establecida por la ley, es tanto como autorizar que obren en detrimento de las funciones asignadas a otro poder público, lo que es inadmisible por la sustitución de la voluntad discrecional del legislador que ello implica y el claro agravio al principio de división de poderes.

    11) Que los procesos concursales no justifican ninguna excepción a lo precedentemente concluido, menos fundada en la distinta situación subjetiva del deudor concursado con relación a quien, sin estar en estado de cesación de pagos, es perseguido mediante una acción de cobro individual.

    Ello es así, porque frente al hecho cierto y concreto de que las facultades judiciales para morigerar la cuantía de los intereses no juegan cuando ellos son de naturaleza legal, la distinción entre juicios colectivos y ejecuciones individuales resulta verdaderamente indiferente, pues no es cuestión de tipo de proceso, ni menos de las características del deudor, sea in bonis o en estado de cesación de pagos, sino de directa inexistencia de tales facultades en cabeza de los jueces.

    A todo evento, es de advertir que la distinción entre deudores in bonis y deudores en estado de cesación de

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación pagos tampoco está contemplada en la ley 11.683, siendo claro que la determinación del efecto positivo o negativo de las tasas de interés que fija el Estado para el cobro judicial de los recursos fiscales Co previsionalesC en procesos de ejecución colectiva o individual, corresponde exclusivamente a él por resultar de políticas que no pueden diseñar los jueces.

    12) Que, ciertamente, lo anterior no impide la articulación de un planteo de inconstitucionalidad de las tasas fundado en el eventual carácter confiscatorio que ellas pudieran tener con sustento en los arts. 17 y 28 de la Constitución Nacional.

    Ahora bien, claramente ello no será posible bajo la afirmación de que la aplicación de los intereses legales de que se trata resulta violatoria de la ley 23.928 tal como se concluyó en Fallos: 315:2555. En este sentido, ha de tenerse en cuenta que la ley 23.928 únicamente proscribe la aplicación de la actualización monetaria, mas no la de los intereses normativamente autorizados, criterio que no ha modificado la ley 25.561.

    En su caso, la declaración de inconstitucionalidad de los reglamentos delegados que fijaron la cuantía de los intereses moratorios y punitorios de que se trata, no puede sostenerse en declaraciones dogmáticas, sino en la debida comprobación del exceso de la tasa que validaría la inconstitucionalidad por razón de su confiscatoriedad, lo cual depende, naturalmente, de una investigación de hecho cuyas conclusiones debe aportar el afectado como prueba del perjuicio que sufre por la aplicación de la norma impugnada. En tal orden de ideas, no podría declararse la inconstitucionalidad si de las constancias de la causa no surge ningún elemento que permita advertir claramente dicho perjuicio derivado de la aplicación de los apuntados reglamentos delegados, lo cual solamente

    surgiría de la demostración que el afectado haga comparando el resultado final al que se arriba por la aplicación integral de las normas reglamentarias impugnadas C. el mismo origen de la deudaC, en relación a aquél que arrojaría el mecanismo que proponga como adecuado (Fallos: 307:531 y 1656).

    En el sub lite, las observaciones de la concursada que han tenido acogida en la sentencia dictada en los términos del art. 36 de la ley 24.522, no fueron acompañadas de ninguna demostración como la indicada, por lo que no se encuentra acreditado el carácter confiscatorio de las tasas de interés aplicables por ley.

    13) Que, en función de lo expuesto, la decisión del tribunal a quo es arbitraria, motivo por el cual media relación directa e inmediata entre lo resuelto y las garantías constitucionales que se dicen vulneradas (art. 15 de la ley 48).

    Por ello, se hace lugar parcialmente a la queja y al recurso extraordinario, y se deja sin efecto la sentencia con el alcance indicado. Con Costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen, a fin de que, por quien corresponda, proceda a dictar nuevo fallo con arreglo a lo expresado. N. y remítase. R.L.L..

    Recurso de hecho interpuesto por Fisco Nacional - Dirección General Impositiva, representado por la Dra. M. delR.M., con el patrocinio de la Dra.

    A.C.D.S.T. de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instan- cia en lo Comercial N° 20