Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 26 de Abril de 2006, D. 1582. XL

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

D. 1582. XL.

D., S.D. c/ Peugeot Citroen Argentina S.A. s/ demanda ordinaria.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

- I - Contra la sentancia de la Sala B, de la Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba (fs. 283/286) que confirmó la de la instancia anterior (fs. 252/256) que había resuelto desestimar la demanda por considerar que al momento de entablar la acción, había operado el plazo de caducidad establecido en el artículo 473 del Código de Comercio, la actora dedujo recurso extraordinario federal que fue concedido (fs.

306/351 y 360/361).

- II - En lo que aquí resulta pertinente, corresponde resaltar que la actora promovió demanda -18 de septiembre de 2000, fs. 8/17- por vicios redhibitorios, optando por la acción quanti minoris, contra A.M.S.A. -respecto de quien a posteriori desistió del derecho y del proceso, fs.

91- y Peugeot Citroen Argentina S.A., invocando los artículos 2164 y concordantes del Código Civil y la Ley N1 24.240 -en especial, arts. 18 y 40-. Conforme surge de las constancias y escritos agregados a la causa, el 30 de enero de 1998 el actor adquirió un automóvil 0 km. en la concesionaria A.M. S.A. con garantía de 1 año (v. fs. 22), cuyo motor, el día 28 de julio de 2000 con 40.000 kilómetros de circulación, sufrió una descompensación -que la actora atribuyó a un vicio oculto-, en oportunidad de ser conducido por el esposo de la recurrente.

El tribunal en la resolución atacada, sostuvo que la adquisición del automóvil en cuestión a la concesionaria configura un acto de comercio de acuerdo a los artículos 71 y 81, inciso 21 del Código de Comercio, y por ello, entendió

aplicable el artículo 473 de dicho cuerpo legal, que dispone que "[l]as resultas de los vicios internos de la cosa vendida, que no pudieren percibirse por el reconocimiento que se haga al tiempo de la entrega, serán de cuenta del vendedor durante un plazo, cuya fijación quedará al arbitirio de los tribunales, pero que nunca excederá de los seis meses siguientes al día de la entrega". De esa manera, concluyó que la acción había sido interpuesta fuera del término legal, que feneció -según afirmó- el 30 de julio de 1999, fecha que surge de adicionar al plazo de garantía otorgado con vencimiento el 30 de enero de 1999, el de 6 meses establecido en el artículo 473 antes citado. Por otra parte, si bien reconoció la calidad de consumidor -en los términos de la Ley N1 24.240- de la actora, estimó que la extemporaneidad de la presentación tornaba ineficaz el tratamiento de la ley de defensa del consumidor indicada, a lo cual agregó que su artículo 50 que fija un plazo de prescripción de 3 años, al estar ubicado en el capítulo XII "Procedimiento y sanciones" administrativas, resulta de aplicación exclusiva a las actuaciones con ese carácter.

- III - En síntesis, la recurrente alega, por un lado, que existe cuestión federal por cuanto se encuentra en tela de juicio la interpretación y aplicación de la Ley N1 24.240; y, por otro, que la resolución es arbitraria ya que prescindió del derecho vigente y aplicable, ley citada, pues según interpreta tiene supremacía sobre el Código de Comercio, además -indica- fue dictada en exceso de las facultades jurisdiccionales de los jueces -en tanto declaró prescripta la acción de oficio, en contraposición con lo prescripto por los arts. 3962 y 3964 C.C.-.

D. 1582. XL.

D., S.D. c/ Peugeot Citroen Argentina S.A. s/ demanda ordinaria.

Procuración General de la Nación En particular, sostiene que Peugeot Citroen Argentina S.A. fue demandada con fundamento en los artículos 40 -basado en la responsabilidad extracontractualy 18 -que remite al C.C.- de la Ley N1 24.240, en tanto la adquisición del automóvil se encuadra en una relación de consumo, sin que pueda aplicarse -como pretende la alzada- las normas sobre compraventa mercantil. Agrega que sin perjuicio de entender que el magistrado carece de facultades para declarar de oficio la prescripción liberatoria (conf. art. 3964, C.C.), debería haberse aplicado la Ley de defensa al consumidor que en su artículo 50 establece un plazo de 3 años, o, en su defecto, las normas del Código Civil, que fija un plazo de tres meses para entablar la demanda desde que se conoció el vicio oculto (v. arts. 2164 y 4041, C.C.). En este sentido, afirma que el tribunal declaró prescripta la acción con sustento en el artículo 473 del Código de Comercio el 31 de julio de 1999, sin que hubiera nacido la misma (el alegado vicio oculto fue conocido el 28 de junio de 2000).

Por otro lado, argumenta que el artículo 18 de la Ley N1 24.240 establece que los plazos de la garantía legal -3 meses según el art.

11 de ese cuerpo normativoo el que hubieren convenido las partes, no obstan a la subsistencia de aquél legalmente previsto para vicios redhibitorios, indicando dicha norma que a instancia del consumidor se aplicará el artículo 2176 del Código Civil y que el artículo 2170 de ese Código no podrá ser opuesto al consumidor. En virtud de ello, la recurrente interpreta que deben aplicarse las normas del Código Civil.

Asimismo, se agravia de la imposición de costas a su parte, pues a su entender, el tribunal debió tener en cuenta los principios de la ley de defensa del consumidor, para eximir a su parte de las costas.

- IV - La doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos presuntamente equivocados en orden a temas no federales -en el caso, los agravios remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común-, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación, que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (v. Fallos 323:4028; 326:2156, 2525; entre otros).

Al respecto, corresponde señalar que no obstante lo manifestado por la actora, V.E. ha señalado que la Ley N1 24.240 integra el derecho común, toda vez que resulta complementaria de los preceptos contenidos en los Códigos Civil y de Comercio (Fallos 324:4349).

Sentado ello, en mi opinión no pueden prosperar los agravios del recurrente, desde que la sentencia atacada que confirma la de la instancia anterior, se fundamenta en consideraciones de hecho y de derecho común efecutadas por los jueces de la causa, cuyos eventualles errores no corresponde subsanar por la vía excepcional del recurso extraordinario federal (v. doctrina de Fallos: 324:1994; 325:2794; 326:3485; entre otros), que -cabe agregar- se limitan al estudio de cuestiones presentadas por la propia actora (v. fs. 268/274).

En efecto, independientemente de los disensos que puede generar la solución de la causa, adquieren relevancia otras circunstancias, tal como son el desistimiento de la acción "cuanti minoris" contra la vendedora y la continuación del juicio contra el fabricante -aunque con invocación, centralmente, del artículo 40 de la ley N1 24.240- en el marco de una acción estimatoria (art. 2172, C.C.).

En tales condiciones y en orden al agravio vinculado

D. 1582. XL.

D., S.D. c/ Peugeot Citroen Argentina S.A. s/ demanda ordinaria.

Procuración General de la Nación a la imposición de costas, considero que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -tal como lo ha expuesto la Cámara, v. fs. 286-, las costas del proceso deben ser impuestas de la forma resuelta, en virtud del principio objetivo de la derrota, sin que se advierta razón suficiente para apartarse, en el caso, de tal regla (v. doctrina de Fallos 323:3115 y sus citas).

Por último, no es ocioso recordar que, como lo ha reiterado V.E., la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte Suprema en un tribunal de tercera instancia ordinaria, sino que procura cubrir casos de carácter excepcional, en los que groseras deficiencias lógicas del razonamiento, o una total ausencia de fundamento normativo, no permitan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios, como una "sentencia fundada en ley", con directa lesión a la garantía del debido proceso (Fallos 324:4321; 325:3265, entre otros), situación que conforme lo expuesto en los párrafos precedentes, no ocurre en el sub lite, más allá de lo opinable de lo decidido.

- V - Por lo expuesto, en mi opinión, corresponde que V.E. declare mal concedido el recurso extraordinario.

Buenos Aires, 26 de abril de 2006 M.A.B. de G. Es copia