Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 11 de Abril de 2006, B. 2207. XXXIX

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
  1. 2207. XXXIX.

    ORIGINARIO

    B., M.C. y otro c/ Chubut, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ amparo.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 11 de abril de 2006.

    Autos y Vistos; Considerando:

    1. ) Que a fs. 19/24 se presentan M.C.B. y J.C.F., por medio de apoderado, e inician acción de amparo contra el Estado Nacional, la Provincia del Chubut y Dialcer S.R.L. con el objeto de reclamar que los codemandados les continúen prestando los servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal que vienen recibiendo hasta el 1° de diciembre de 2003, tres veces por semana.

      Dicha pretensión se dirigió contra el Ministerio de Salud de la Nación por ser el responsable directo del Programa Federal de Salud (PROFE); contra el Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut como delegado de la autoridad sanitaria nacional para la administración e implementación de algunos aspectos del citado programa; y contra Dialcer S.R.L., empresa que les suministró materialmente a los actores el servicio de hemodiálisis por haber sido contratada por los otros codemandados.

      Frente a la falta de pago de las prestaciones médicas por parte del ministerio provincial, la empresa Dialcer S.R.L. comunicó a los actores su intención de suspender las prácticas en cuestión, hecho que dio lugar a la amenaza en que la actora basó su pretensión.

    2. ) Que a fs. 585 las partes celebraron un convenio, con fecha 29 de diciembre de 2004, en el cual Dialcer S.R.L. garantiza la prestación del servicio de hemodiálisis y diálisis peritoneal a los actores y acepta imputar los depósitos efectuados por la Provincia del Chubut Cen cumplimiento de la medida cautelarC al pago de la deuda reclamada por la prestación de servicios durante los años 2002 a febrero 2004, reservándose el derecho a reclamar los intereses por pago

      fuera de término y por diferencias de liquidación; la Dirección Nacional de Prestaciones Médicas, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, asume la cancelación de las prestaciones realizadas a los actores a partir del mes de marzo de 2004, por cuenta y orden de la Provincia del Chubut, a tenor del convenio suscripto en el año 2004, entre el Estado local y aquella agencia nacional.

      Asimismo, las partes prestaron conformidad con el levantamiento de la medida cautelar decretada a fs. 33/34 y, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la feria judicial, se comprometieron a manifestar su posición respecto de las costas correspondientes a estas actuaciones.

    3. ) Que, a fs. 597/598 vta., la parte actora considera que las costas deben ser soportadas por las codemandadas Ministerio de Salud de la Nación y la Provincia del Chubut, en partes iguales, porque dieron origen al amparo al no abonar los servicios de diálisis.

      La demandada Dialcer S.R.L., a fs. 622/625 vta., sostiene idéntica postura, argumentando que ambas jurisdicciones CMinisterio de Salud de la Nación y Provincia del ChubutC son responsables por la atención médica y el pago de las prestaciones de salud.

      Diferente es el punto de vista de la Provincia del Chubut que, a fs. 630/630 vta., expresa que las costas deben estar a cargo del Estado Nacional por ser el único responsable directo del programa de salud.

    4. ) Que, a tenor de las constancias de autos, corresponde imponer las costas originadas en la actuación de la parte actora y de Dialcer S.R.L. al Estado Nacional y a la Provincia del Chubut.

      En efecto, los demandantes promovieron esta acción de amparo con el objeto de procurar la tutela del derecho a la

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    B., M.C. y otro c/ Chubut, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ amparo.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación salud que conlleva, por encontrarse íntimamente relacionado, el resguardo de la autonomía personal y de la vida misma.

    Esta, como lo ha reconocido la Corte, constituye el primer derecho de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva, y resulta garantizado por la Constitución Nacional y por diversos tratados de derechos humanos debido, entre otras consideraciones, a que la vida de los individuos y su protección Cen especial el derecho a la saludC constituyen un bien fundamental en sí mismo (conf. Fallos: 323:1339).

    1. ) Que sobre la base del mencionado encuadramiento y jerarquización del derecho comprometido en el sub lite debe ser apreciada la conducta cumplida por el Estado Nacional y la Provincia del Chubut, que han insistido a lo largo de la causa en la complejidad y particularidades de las cuestiones debatidas para tratar C. un ladoC de excusar sus respectivas conductas omisivas y prescindentes en la tutela perseguida por los demandantes, a la par de imputarse recíprocamente la exclusiva responsabilidad en la atención médica reclamada por los demandantes.

      Al respecto, no sólo no se advierten elementos que descarten la responsabilidad conjunta de las dependencias competentes de ambos estados, sino que Cen rigorC de los convenios interadministrativos celebrados en junio de 2003 (fs.

      124/129) y marzo de 2004 (fs. 565/572) surge que la agencia nacional, en su calidad de responsable directa del Programa Federal de Salud del cual son beneficiarios los actores, conservó diversas potestades administrativas consistentes en el deber de practicar auditorías sobre el servicio, el de adoptar mecanismos para asegurar la correcta atención de los afiliados, y en la posibilidad de rechazar prestadores, además de la obligación esencial de transferir las partidas necesarias para afrontar las erogaciones pertinentes. Por su parte, la

      organización provincial asumió los deberes y potestades que se derivan de los convenios mencionados, por los cuales se hizo cargo de la atención de un universo de pacientes, respecto de la cual se obligó a ejercer diversas facultades Cincluso las de controlC que no se alteraban ni reducían ante supuestos expresamente previstos como el de subcontratación de los servicios de salud.

    2. ) Que sobre la base de dichos elementos objetivos cabe concluir que los actores actuaron razonablemente al comprender como sujetos pasivos de la pretensión a las dos agencias estatales, pues las omisiones en que estaban incurriendo las autoridades públicas del ámbito nacional y local en el financiamiento del programa permitían avizorar la inminencia de un menoscabo a aquel bien que, como la salud, merece la máxima tutela no sólo por su prioridad indiscutible en los términos señalados precedentemente, sino también por resultar imprescindible para el ejercicio de la autonomía personal en tanto condiciona la libertad de toda opción acerca del proyecto vital (Fallos:

      325:292; 325:1598; y sus citas; 326:4931). Al respecto, no debe soslayarse ni minimizarse que en tanto se trata de un caso en el que la continuidad del tratamiento se vio amenazada al ser suspendida la transferencia de las partidas necesarias para afrontar su costo, es de aplicación el principio con arreglo al cual C. lo ha entendido esta CorteC la protección de la salud no sólo es un deber estatal impostergable, sino que exige una inversión prioritaria (Fallos: 323:1339, 1362).

    3. ) Que, en suma, si bien quienes procuran ante el Poder Judicial la tutela de su derecho a la salud afectado por actos u omisiones manifiestamente ilegales o arbitrarios no pueden ser totalmente liberados de indagar sobre las razones jurídicas que dan sustento a la responsabilidad atribuida a

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    B., M.C. y otro c/ Chubut, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ amparo.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación cada uno de los múltiples demandados, se impone precisar que a aquellos pacientes necesitados de respuestas urgentes, por enfrentar la posibilidad de ver interrumpidos tratamientos de los que depende su salud o aún su vida, no cabe trasladarles en su totalidad los requerimientos ínsitos a otras causas C. encauzadas por la vía del amparoC en las cuales se ventile la tutela de derechos de diverso contenido o trascendencia.

    En tal orden de ideas, cabe entender que de extremarse el rigor de los razonamientos lógicos o de exigirse disquisiciones de significativa sutilidad, podrían quedar desnaturalizados los fines superiores perseguidos mediante la vía procesal intentada, así como desalentar su planteamiento, frustrando de este modo una instancia cuya raigambre constitucional ha sido reconocida desde el tradicional precedente "Siri" de 1957 (Fallos: 239:459) y ha quedado expresamente reglada en el texto del art. 43 de la Ley Fundamental a partir de la reforma de 1994; máxime, cuando ésta no sólo se presupone breve y simple, sino que además, como ha destacado este Tribunal, resulta un medio imprescindible para la salvaguarda de derechos de la jerarquía de los invocados por los aquí actores (Fallos: 325:292 y sus citas).

    1. ) Que en las condiciones expresadas, la conducta en que incurrieron ambas dependencias estatales al omitir las acciones positivas a su cargo para satisfacer los derechos cuya tutela los demandantes procuraron y sólo obtuvieron en esta sede judicial a raíz de la pretensión que promovieron, justifican que se les impongan concurrentemente las costas del proceso (art. 68 del ordenamiento procesal).

    Esta condenación comprende los gastos ocasionados por la actuación de la codemandada Dialcer S.R.L., pues si bien fue alcanzada subjetivamente por la pretensión esa expansión se apoyó en razones de naturaleza estrictamente pro-

    cesal a fin de que, de ser necesario, pudiera ser conminada en su condición de parte para cumplir con un mandato judicial Cpreventivo como el de fs. 33/34, o definitivoC que le impusiera la obligación de hacer perseguida, mas en el examen de su conducta anterior al proceso y durante él no se observa responsabilidad alguna de su parte que hubiera dado lugar a la iniciación de esta causa. Ello es así, pues Cparadójicamente frente a la reprochable conducta de organizaciones estatales cuya actuación debe propender al bien comúnC esta sociedad comercial no dejó de cumplir con la asistencia médica estipulada a favor de los demandantes a pesar de que la reiterada y persistente inejecución de la obligación de pagar el servicio en que incurrieron las dependencias gubernamentales podría haber legitimado un comportamiento diverso (arts.

    510 y 1201 del Código Civil), de manera que ambas agencias estatales deben asumir asimismo la condigna responsabilidad frente a quien también resultó perjudicada por el incumplimiento mencionado y ha sido llamada a tomar intervención en un pleito al que ha sido manifiestamente ajena.

    Por ello, se resuelve: Imponer las costas ocasionadas por la actuación de la parte actora y de Dialcer S.R.L. al Estado Nacional y a la Provincia del Chubut. N.. E.S.P. -E.I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S.

    FAYT - JUAN C.M. (según su voto)- E.R.Z. (según su voto)- R.L.L. (según su voto)- CARMEN M. ARGIBAY (según su voto).

    VO

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    B., M.C. y otro c/ Chubut, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ amparo.

    Corte Suprema de Justicia de la NaciónTO DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES D.E.R.Z., DON RICARDO LUIS LORENZETTI Y DOÑA CARMEN M.

    ARGIBAY Considerando:

    Que los infrascriptos coinciden con los considerandos 1° a 3° del voto de la mayoría.

    1. ) A tenor de las constancias de autos, corresponde imponer las costas originadas en la actuación de la parte actora y de Dialcer S.R.L. al Estado Nacional y a la Provincia del Chubut.

      En efecto, los demandantes, beneficiarios nacionales de pensiones no contributivas y empadronados en el Programa Federal de Salud, se vieron obligados a iniciar la acción de amparo atento el incumplimiento de las coberturas médicas asistenciales establecidas en dicho sistema y a cargo de ambos estados.

      Esta situación se produjo cuando la codemandada Dialcer S.R.L. Cprestadora de los servicios de hemodiálisis y diálisis peritonealC notifica la suspensión del tratamiento, frente a la ausencia de pago de los servicios por parte de las autoridades antes señaladas.

      En este contexto, para decidir quién debe hacerse cargo de las costas del juicio resulta relevante apreciar la conducta procesal del Estado Nacional y provincial en esta causa. A tal fin, las constancias dan cuenta de la intimación que este Tribunal dispuso para que la Provincia del Chubut acreditara en un plazo de cinco días, los pagos realizados a la prestadora del servicio (fs. 120), como consecuencia del incumplimiento de la medida cautelar (fs. 110/118) ordenada a fs. 33/34.

      En el mismo orden de ideas, a fs. 187 se observa que al encontrarse vencido el plazo para acreditar los pagos dispuestos, el Tribunal ordena se trabe embargo sobre los

      fondos de la coparticipación que pertenecieran a la Provincia del Chubut hasta cubrir la suma adeudada en concepto de prestaciones médicas.

    2. ) Sobre la base de dichos elementos objetivos cabe concluir que los actores actuaron razonablemente al comprender como sujetos pasivos de la prestación a las dos agencias estatales, pues ambas tenían a su cargo el cumplimiento del Programa Federal de Salud.

      En efecto, de los convenios interadministrativos celebrados en junio de 2003 (fs. 124/129) y marzo de 2004 (fs. 565/572) se desprende que el Ministerio de Salud de la Nación resultaba ser el responsable directo del cumplimiento del Programa y delegó en el Ministerio de Salud provincial la administración e implementación de algunos aspectos del sistema social, tales como la contratación de la empresa que suministró a los actores las prestaciones médico asistenciales.

      Por su parte, la agencia nacional conservó diversas potestades administrativas consistentes, entre otras, en el deber de practicar auditorías sobre el servicio; adoptar mecanismos para asegurar la correcta atención de los afiliados, y, en la posibilidad de rechazar prestadores, además de la obligación esencial de transferir las partidas necesarias para afrontar las erogaciones pertinentes. En el mismo sentido, la organización provincial podía subcontratar las prestaciones que no serían brindadas desde el sector público, siendo responsable del control y la calidad total de la atención, eximiendo al Ministerio de Salud de la Nación de toda responsabilidad derivada de dicha contratación.

    3. ) En las condiciones expresadas, la conducta en que incurrieron ambas dependencias estatales al omitir las obligaciones estipuladas a su cargo, para satisfacer los derechos cuya tutela los demandantes procuraron y sólo obtuvieron en esta sede judicial a raíz de la acción iniciada, jus-

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    B., M.C. y otro c/ Chubut, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ amparo.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación tifica que las costas del proceso les sean impuestas en forma concurrente (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    Esta condena comprende los gastos ocasionados por la actuación de la codemandada Dialcer S.R.L., pues si bien fue alcanzada subjetivamente por la pretensión de los actores, en su carácter de prestadora de los servicios asistenciales para los que había sido contratada por la autoridad provincial, del examen de su conducta anterior al proceso y durante él, no se observa responsabilidad alguna de su parte que hubiera dado lugar a la iniciación de la causa.

    Por ello se resuelve: Imponer las costas ocasionadas por la actuación de la parte actora y de Dialcer S.R.L. al Estado Nacional y a la Provincia del Chubut. N.. E.R.Z. -R.L.L. -C.M.A..

    VO

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    B., M.C. y otro c/ Chubut, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ amparo.

    Corte Suprema de Justicia de la NaciónTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON J.C.M. Considerando:

    Que el infrascripto coincide con los considerandos 1° a 7° del voto de la mayoría.

    1. ) Que en las condiciones expresadas, la conducta en que incurrieron ambas dependencias estatales al omitir las acciones positivas a su cargo para satisfacer los derechos cuya tutela los demandantes procuraron y sólo obtuvieron en esta sede judicial a raíz de la pretensión que promovieron, justifican que se les impongan concurrentemente las costas del proceso (art. 68 del ordenamiento procesal).

    Esta condenación comprende los gastos ocasionados por la actuación de la codemandada Dialcer S.R.L., pues si bien fue alcanzada subjetivamente por la pretensión esa expansión se apoyó en razones de naturaleza estrictamente procesal a fin de que, de ser necesario, pudiera ser conminada en su condición de parte para cumplir con un mandato judicial Cpreventivo como el de fs. 33/34, o definitivoC que le impusiera la obligación de hacer perseguida, mas en el examen de su conducta anterior al proceso y durante él no se observa responsabilidad alguna de su parte que hubiera dado lugar a la iniciación de esta causa. Ello es así, pues Cparadójicamente frente a la reprochable conducta de organizaciones estatales cuya actuación debe propender al bien comúnC esta sociedad comercial no dejó de cumplir con la asistencia médica estipulada a favor de los demandantes, de manera que ambas agencias estatales deben asumir asimismo la condigna responsabilidad frente a quien también resultó perjudicada por el incumplimiento mencionado y ha sido llamada a tomar intervención en un pleito al que ha sido manifiestamente ajena.

    Por ello, se resuelve: Imponer las costas ocasionadas

    por la actuación de la parte actora y de Dialcer S.R.L. al Estado Nacional y a la Provincia del Chubut. N.. J.C.M..

    Profesionales: Dra. C.M.F., letrada patrocinante y apoderada de la parte actora; Dr. G.H.P., letrado patrocinante y apoderado de la codemandada, Dialcer S.R.L.; D.. P.R. y M.E.C.S., letrados patrocinantes de la codemandada, Dialcer S.R.L.; Dras. M.A.A. y V.L.L., letradas patrocinantes y apoderadas de la code- mandada, Provincia del Chubut; Dr. N.D.N., letrado patrocinante y apoderado del codemandado, Ministerio de Salud