Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 8 de Marzo de 2006, A. 1021. XLI

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

ARIAS, A.F. c/ Instituto Nacional de Reaseguros Sociedad del Estado en liquidación s/ despido.- S.C. A. 1021, L. XLI.- S u p r e m a C o r t e :

-I-

A fs. 668/670, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala II) confirmó el fallo de la instancia anterior que había declarado la inconstitucionalidad de los arts. 62 y 93 de la ley 25.565 y, en consecuencia, dispuso que los créditos de autos reconocidos al actor quedan excluidos de la consolidación prevista por la ley 25.344.

Para así decidir, recordó que la consolidación de las deudas del Instituto Nacional de Reaseguros Sociedad del Estado en liquidación (IndeR, en adelante) fue establecida por la primera de las normas mencionadas, mientras la segunda las excluyó expresamente. En este orden de ideas, sostuvo que la prórroga establecida por el art. 58 de la ley 25.725 respecto de la "fecha de corte" fijada por la ley 25.344 no resulta aplicable a la 25.565, "ya que más allá de la referencia que ésta contiene a las precedentes leyes de consolidación ... se está en presencia de dos regímenes diferenciados, en tanto que el vinculado a las deudas de la demandada tenía y mantiene una fecha de corte distinta a la de la ley general".

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ARIAS, A.F. c/ Instituto Nacional de Reaseguros Sociedad del Estado en liquidación s/ despido.- S.C. A. 1021, L. XLI.- Por otra parte, afirmó que concurren razones que impiden considerar que el art. 58 de la ley 25.725 derogó en forma tácita la limitación establecida por el art. 20 de la ley 24.156, que impide que las leyes de presupuesto contengan disposiciones de carácter permanente, reformar o derogar leyes vigentes, crear, modificar, suprimir tributos u otros ingresos. Entendió que la naturaleza de ambas normas es diferente y que esta última constituye una verdadera prohibición que el legislador se ha impuesto con carácter general en aras de que el sistema jurídico sea fiable.

-II-

Disconforme, la demandada interpuso el recurso extraordinario de fs.

673/680, con fundamento en que la sentencia viola la ley 25.344, de carácter federal y de orden público que, a su entender, constituye una extensión temporal de la ley 23.982. Añade que su falta de fundamentación y razonabilidad afecta el crédito público y el presupuesto nacional y que, al obviarse la aplicación de tales disposiciones se genera una situación de gravedad institucional y se violan expresas garantías constitucionales.

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ARIAS, A.F. c/ Instituto Nacional de Reaseguros Sociedad del Estado en liquidación s/ despido.- S.C. A. 1021, L. XLI.- -III-

A mi modo de ver, el recurso extraordinario es formalmente admisible pues, si bien es un principio asentado que las decisiones adoptadas en la etapa de ejecución no configuran la sentencia definitiva requerida por el art. 14 de la ley 48, ello admite excepciones cuando lo decidido pone fin a la discusión y causa un gravamen de imposible reparación ulterior (Fallos: 323:3909 y sus citas), extremo que, en mi concepto, se verifica en autos, toda vez que el a quo excluyó el crédito de un régimen de consolidación legal (cfr. arg. Fallos: 319:1101; 324:826). Por otra parte, también debe tenerse presente que en el sub lite se discute la interpretación de normas federales (leyes 25.344, 25.565 y 25.725) y la decisión recaída ha sido contraria al derecho que el apelante funda en ellas (art. 14, inc. 3/, de la ley 48).

-IV-

En cuanto al fondo del asunto, ante todo, cabe recordar que, en la tarea de establecer la inteligencia de normas de la índole mencionada, la Corte no se encuentra limitada por las posiciones del tribunal apelado ni por los argumentos de las partes, sino que 3

ARIAS, A.F. c/ Instituto Nacional de Reaseguros Sociedad del Estado en liquidación s/ despido.- S.C. A. 1021, L. XLI.le incumbe realizar una declaración sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente le otorgue (Fallos: 326:2880). Sentado ello, se advierte que el thema decidendum consiste en determinar si la prórroga establecida por el art. 58 de la ley 25.725 respecto de la "fecha de corte" fijada por el art. 13 de la ley 25.344 resulta o no aplicable al INdeR (e.l.), cuyas deudas quedaron comprendidas en el régimen de consolidación en virtud de lo dispuesto por el art. 62 de la ley 25.565. El art. 13 de la ley 25.344 consolidó, "con los alcances y en la forma dispuesta por la ley 23.982 las obligaciones vencidas o de causa o título posterior al 31 de marzo de 1991 y anterior al 1º de enero de 2000". Aunque el segundo párrafo de aquél excluyó al INdeR (e.l.), con posterioridad, el art. 62 de la ley 25.565 dispuso expresamente la consolidación de sus obligaciones "en los términos y con los alcances de las Leyes Nros.

23.982 y 25.344, y normas reglamentarias y complementarias ...". Por su parte, el art. 58 de la ley 25.725 prorrogó "al 31 de diciembre de 2001, la fecha de consolidación de obligaciones de carácter no previsional, vencidas o de causa o título posterior al 31 de marzo de 1991, a que se refiere el artículo 13 de la Ley Nº 25.344...".

Contrariamente a lo afirmado por el a quo , entiendo que de tales previsiones surge con claridad que, si bien el ente demandado estuvo en un principio excluido del régimen de consolidación, luego el legislador optó por incluirlo con todos los 4

ARIAS, Alejo Fernando c/ Instituto Nacional de Reaseguros Sociedad del Estado en liquidación s/ despido.- S.C. A. 1021, L. XLI.efectos que esa decisión implica, entre los cuales se encuentra la extensión de la "fecha de corte" que se estableció mediante el art. 58 de la ley 25.725. Desde esta perspectiva, no parece posible excluir el crédito de autos de este particular sistema de cancelación de pasivos estatales con fundamento en que se encuentra comprendido en el art. 62 de la ley 25.565, pues una interpretación sistemática y razonable de las normas en juego impiden considerar que se trata de dos regímenes diferenciados -por un lado, el de la ley 25.344 y, por otro, el de la ley 25.565, que regiría sólo para las deudas del INdeR (e.l.)- y que la prórroga establecida por el citado art. 58 sólo afecta a la primera de ellas. Una exégesis en este sentido, que excluiría la deuda en virtud de que la desvinculación laboral del actor se produjo el 31 de enero de 2000, no sólo omite la aplicación de la ley 25.725, insoslayable por participar del mismo carácter de orden público que la ley de consolidación a la que modifica, sino que, además, responde a un criterio de interpretación gramatical del texto legal que no condice con la adecuada hermenéutica de las disposiciones dictadas por el legislador en el marco de la consolidación y frustra los objetivos perseguidos por la norma.

Al respecto, cabe recordar que V.E. sostuvo reiteradamente que es propio del intérprete indagar lo que las leyes dicen jurídicamente, sin que esto signifique apartarse del texto legal, pero tampoco sujetarse rigurosamente a él cuando la interpretación razonable y sistemática así lo requiere (Fallos: 303:612), por lo que ella debe practicarse 5

ARIAS, A.F. c/ Instituto Nacional de Reaseguros Sociedad del Estado en liquidación s/ despido.- S.C. A. 1021, L. XLI.teniendo en cuenta el contexto general y los fines que informan a aquéllas (Fallos: 310:1149).

Ello concuerda, además, con el criterio de interpretación de las normas de consolidación de las deudas públicas establecido por la Corte en Fallos: 319:1765, donde puso de resalto que el legislador decidió abarcar en la ley "... un amplio universo de deudas..." y que, según el art. 3º del decreto 2140/91, en caso de que pudiera configurarse un supuesto de duda razonable, deberá resolverse a favor de la consolidación (Fallos: 327:33).

Asimismo, V.E. sostuvo que la circunstancia de que la ley de consolidación sea posterior a la fecha en que fue dictada la sentencia no excluye su aplicación, en la medida en que sus disposiciones revisten el carácter de orden público y resultan aplicables a los pronunciamientos no cumplidos si se trata de deudas pasibles de ser consolidadas (Fallos: 317:739 y sus citas), lo que impone la obligación de que los acreedores se ajusten a las previsiones y mecanismos administrativos previstos por la ley, a fin de percibir los créditos reconocidos judicialmente (Fallos: 321:3513, entre otros).

Por otra parte, tampoco parece acertada la afirmación del a quo en el sentido de que la incorporación de las deudas del INdeR (e.l.) en el régimen de consolidación mediante la ley de presupuesto 25.565 viola lo dispuesto por el art. 20 de la ley 24.156. Cabe recordar que este Ministerio Público, al expedirse en la causa publicada en Fallos: 325:2394 -opinión compartida, en ese aspecto, por la Corte- entendió que la ratio de la disposición de la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control 6

ARIAS, A.F. c/ Instituto Nacional de Reaseguros Sociedad del Estado en liquidación s/ despido.- S.C. A. 1021, L. XLI.para el Sector Público Nacional implicaba una sana prescripción de política legislativa en lo que se refiere al contenido de la ley anual de presupuesto, con el fin de que sólo contuviera previsiones de ingresos y autorizaciones para los gastos, con exclusión de toda otra norma sustantiva que, por su carácter, mereciera un marco jurídico propio y separado. No obstante, se dijo allí que dicha ley no se diferencia por su jerarquía normativa del resto de las que dicta el Congreso de la Nación y, por lo tanto, una norma posterior puede derogar una anterior, sea expresa o tácitamente. Y V.E., al pronunciarse en la causa, añadió que el Poder Legislativo no se halla vinculado indefectiblemente hacia el futuro por sus propias autorrestricciones (v. considerando 11). Por lo demás, se advierte que el art. 93 de la ley 25.565 ordenó la incorporación del art. 62 a la ley 11.672, denominada Ley Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005), ordenamiento que integra el sistema presupuestario del sector público nacional y rige aspectos relativos a su ejecución, sin estar sujeto al principio de anualidad (v. dictamen de este Ministerio Público del 4 de julio de 2005, en la causa B. 2307, L. XL, "Bodeman, F. c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro s/ cobro de seguro").

En tales condiciones, el crédito de autos -proveniente de la condena dispuesta en concepto de indemnización por despido- debe ser cancelado de conformidad con las previsiones del régimen de consolidación de deudas.

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ARIAS, A.F. c/ Instituto Nacional de Reaseguros Sociedad del Estado en liquidación s/ despido.- S.C. A. 1021, L. XLI.- Finalmente, en lo que atañe al planteo de inconstitucionalidad que efectuó la actora y mantuvo en la contestación de fs. 683/688 con fundamento en que dicha legislación afecta expresas garantías constitucionales, corresponde señalar que V.E. reiteradamente ha declarado -en torno al régimen de consolidación de deudas dispuesto por ley 23.982, al que remite expresamente la ley 25.344- que, a fin de analizar su validez constitucional, es imprescindible tener en cuenta su carácter de legislación de emergencia (Fallos: 318:1887; 321:1984, entre muchos otros, y sentencia del 23 de diciembre de 2004 in re L. 568, L.XXXVII, "L., O.E. c/ Estado Nacional - Dirección Nac. de Gendarmería") y que la aplicación del sistema de consolidación de deudas no priva al acreedor del resarcimiento patrimonial declarado en la sentencia, sino que sólo suspende temporalmente la percepción íntegra de las sumas adeudadas, circunstancia que obsta a la declaración de inconstitucionalidad pretendida (Fallos: 317:739; 318:1084, entre otros) y, en la especie, no se advierte que la actora aporte argumentos novedosos que desvirtúen la doctrina sentada en estos precedentes.

-V-

Opino, por tanto, que corresponde revocar el pronunciamiento apelado en cuanto fue materia de recurso extraordinario.

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ARIAS, A.F. c/ Instituto Nacional de Reaseguros Sociedad del Estado en liquidación s/ despido.- S.C. A. 1021, L. XLI.- Buenos Aires, 8 de marzo de 2006.- R.O. BAUSSET 9