Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 7 de Marzo de 2006, P. 762. XXXVII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

P. 762. XXXVII.

P., A.J. y L. de B., C.A. y otros s/ defraudación en grado de tentativa y prevaricato.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 7 de marzo de 2006.

Vistos los autos: "P., A.J. y L. de B., C.A. y otros s/ defraudación en grado de tentativa y prevaricato".

Considerando:

  1. ) Que a fs. 3509 se presenta el defensor de Arturo J.

    Podestá y Carlos A.

    López de B. y solicita que se declare la prescripción de la pena en la presente causa. Según se expresa en el escrito mencionado, la tramitación de este proceso se ha extendido durante catorce años, y en ese "largo ínterin [sus defendidos] han cumplido varias veces con la pena, con el agravante de la incertidumbre sobre el resultado final, que es más gravoso que las propias penas".

  2. ) Que aun cuando la condena no se encuentra firme C. cual torna inaplicable el art. 66, Código PenalC, con prescindencia del nomen juris invocado en la presentación, no es posible soslayar la circunstancia de que desde la sentencia condenatoria de primera instancia (fechada el 1° de marzo de 1993) el tiempo transcurrido excede con holgura el plazo de prescripción de la acción penal previsto para los delitos imputados (conf. art. 62, inc. 2°, Código Penal), sin que haya mediado en autos más actividad procesal que la provocada por los recursos de los propios imputados.

  3. ) Que con respecto al carácter subsidiario del planteo, corresponde señalar que el examen de la subsistencia de la acción penal resulta previa a cualquier otra, por cuanto la prescripción constituye una cuestión de orden público, que opera de pleno derecho y que debe ser declarada de oficio (conf. Fallos: 305:652 y 321:2375 Cdisidencia del juez PetracchiC y sus citas).

    °) Que en diversas oportunidades el Tribunal ha señalado que el instituto de la prescripción de la acción tiene una estrecha vinculación con el derecho del imputado a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas (Fallos: 322:360, esp. disidencia de los jueces P. y B., y 323:

    982), y que dicha excepción constituye el instrumento jurídico adecuado para salvaguardar el derecho en cuestión.

  4. ) Que, en el caso, un procedimiento recursivo que se ha prolongado durante más de once años excede todo parámetro de razonabilidad de duración del proceso penal, y en tales condiciones, la tramitación de un incidente de prescripción de la acción no haría más que continuar dilatando el estado de indefinición en que se ha mantenido a los procesados, en violación de su derecho constitucional a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas (arts. 18, Constitución Nacional, y 8, inc. 1, Convención Americana sobre Derechos Humanos).

    Por lo tanto, y de conformidad con el criterio que se deriva de los precedentes citados, corresponde que sea esta Corte la que ponga fin a la presente causa declarando la extinción de la acción penal por prescripción.

  5. ) Que en la medida en que la decisión del a quo de imponer sanciones disciplinarias a los imputados B. su carácter de letradosB y a su defensor (fs. 3237/3239) se encuentra inescindiblemente unida a la apelación de la sentencia de condena, debe entenderse que aquélla queda alcanzada por la presente resolución.

    Por ello, habiendo dictaminado el señor P. General, se hace lugar a los recursos extraordinarios interpuestos, se revoca la sentencia apelada y se declara extinguida por prescripción la acción penal, sin perjuicio de los derechos de las partes de naturaleza patrimonial (art. 16, segun-

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    P., A.J. y L. de B., C.A. y otros s/ defraudación en grado de tentativa y prevaricato.

    Corte Suprema de Justicia de la Naciónda alternativa, de la ley 48). H. saber y, oportunamente, devuélvase.

    E.S.P. -E.I.

    HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT (según su voto)- J.C.M. (en disidencia)- R.L.L. (según su voto)- CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia) - MIRTA D. TYDEN de SKANATA - JUAN C.P.L. (según su voto).

    VO

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    P., A.J. y L. de B., C.A. y otros s/ defraudación en grado de tentativa y prevaricato.

    Corte Suprema de Justicia de la NaciónTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON R.L.L. Y DEL SEÑOR CONJUEZ DOCTOR DON J.C.P.L. Considerando:

  6. ) Que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires confirmó las condenas impuestas al abogado A.A. en orden al delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública Cen grado de tentativaC en concurso ideal con los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, y al abogado F.M.C. por el delito de encubrimiento. Contra esa sentencia, las respectivas defensas técnicas y el señor Subprocurador General interpusieron sendos recursos extraordinarios, que fueron concedidos. A su vez, se concedió el recurso extraordinario interpuesto por los imputados C.A.L. de Belva y A.P. contra la resolución del mismo tribunal que declaró abstracta la nulidad por aquellos solicitada y los sancionó C. a su defensorC con motivo de las expresiones irrespetuosas que habrían dirigido al tribunal en distintos escritos presentados.

  7. ) Que los recurrentes entienden que la sentencia impugnada es arbitraria, toda vez que se habría fundado en afirmaciones dogmáticas, apartándose de las constancias probatorias que obraban en la causa. Cuestionan, en lo sustancial, el pronunciamiento recurrido en cuanto consideró cumplidas las exigencias con respecto a la determinación de los hechos imputados en el escrito de acusación fiscal, situación que Csegún los recurrentesC no se había consigurado, impidiéndose de esa manera un efectivo ejercicio del derecho de defensa.

    A su vez, las defensas de L. de Belva y P.

    se agraviaron por la sanción procesal ya referida, en tanto su imposición había importado un claro desconocimiento del tribunal respecto de su condición de imputados en el proceso.

    Específicamente alegaron que no les era reprochable una inconducta procesal, pues a pesar de ser abogados, contaban con la correspondiente asistencia técnica.

    De tal modo, los recurrentes acuden por la vía concedida del recurso extraordinario frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que confirmó las condenas impuestas a A.A. en orden al delito de tentativa de fraude en perjuicio de la Administración Pública en concurso ideal con el de incumplimiento de funcionario público y prevaricato, y a F.M.C. por el delito de encubrimiento. También frente a la decisión de la misma sentencia que declaró abstracta la nulidad solicitada por L. de Belva y P., y además les aplicó la mencionada sanción disciplinaria.

  8. ) Que esta Corte tiene dicho reiteradamente que la obligación que le incumbe a los jueces de fundar sus decisiones va entrañablemente unida a su condición de órganos de aplicación del derecho vigente no solamente porque los ciudadanos puedan sentirse mejor juzgados, ni porque se contribuya así al mantenimiento del prestigio de la magistratura, sino porque la mencionada exigencia ha sido prescripto por ley (Fallos: 320:2737 y sus citas).

    Esa exigencia ineludible no parece observada en autos, toda vez que el a quo omitió efectuar una visión de conjunto de todos los elementos de juicio que tenía a su alcance, entre ellos, las constancias de la causa civil aludida en los capítulos III y IV del dictamen del señor Procurador General.

    Que la sentencia civil mencionada rechaza la acción

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    P., A.J. y L. de B., C.A. y otros s/ defraudación en grado de tentativa y prevaricato.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación por cosa juzgada formal y considera, en directa relación con la presente causa penal, que "las sumas percibidas no sólo no superaron sino que fueron menores a las realmente debidas". De esta forma, ordena que el cobro de la condena civil siga su curso. Ello fue señalado por los abogados luego recurrentes a la Corte Suprema bonaerense, en una acción de nulidad en la cual destacaban que resultaría una grave contradicción que se condene a unos abogados por un fraude dentro del proceso de ejecución de sentencia y que, a la vez, se abone a la actora que estos representaban las sumas de la condena actualizadas en base a esas mismas liquidaciones declaradas como fraguadas.

    A pesar de tal señalamiento, la sentencia impugnada prescinde del análisis en cuestión y da de esa forma suficiente fundamento para interpretarla como arbitraria.

  9. ) Que no es ésta la primera oportunidad en que esta Corte Suprema de Justicia de la Nación señala como arbitrarias, y por lo tanto anula, sentencias en las que la interpretación de la prueba se limita a un análisis parcial o sesgado de los elementos de prueba existentes (Fallos:

    311:948; 319:301; 321:1909; 323:1989, entre otros). Cuando la razón de la falta de adecuada motivación es una omisión de tratamiento de elementos probatorios, la vulneración de las funciones jurisdiccionales de límite a la potestad punitiva estatal es, tal vez, más sangrante. Ello en tanto se pone en peligro así la adecuación de la sentencia con la verdad real, límite que el sistema de averiguación y sanción regulado en los estados constitucionales de derecho se autoimpone para lograr legitimidad. El poder judicial tiene "una legitimación de tipo racional y legal, precisamente por el carácter cognoscitivo de los hechos y recognoscitivo de su calificación jurídica exigido a las motivaciones de los actos jurisdiccio-

    nales" (Ferrajoli, L., Derecho y Razón, T., Madrid, 1995, pág. 544). Por lo tanto, basta para negarle validez y legitimidad a una sentencia el que arbitrariamente prescinda del análisis de un elemento trascendente para conocer y valorar el hecho que se imputa.

    Que lo dicho llevaría a hacer lugar a los recursos extraordinarios interpuestos contra la sentencia confirmatoria de las condenas y revocarla en base a la arbitrariedad.

  10. ) Que a fs. 3509 se presenta el defensor de A.J.P. y de C.A.L. de B., y solicita que se declare la prescripción de la pena en la presente causa.

    No es posible soslayar que desde la sentencia condenatoria de primera instancia fechada el 1° de marzo de 1993, el tiempo transcurrido excede con holgura el plazo de prescripción de la acción penal previsto para los delitos imputados (art. 62, inc. 2 Código Penal) sin que haya mediado en autos más actividad procesal que la provocada por los recursos de los propios imputados.

    Que en este caso en particular, cabe poner el acento que este proceso se ha extendido durante catorce años, durante los cuales los letrados han sido expuestos a una situación de incertidumbre.

    Que en diversas oportunidades este Tribunal señaló la estrecha vinculación entre el instituto de prescripción de la acción y el derecho del imputado a un proceso sin dilaciones indebidas. Así, se ha dicho que la excepción de prescripción "constituiría un medio conducente para salvaguardar las garantías constitucionales invocadas y poner fin al estado de incertidumbre" (Fallos: 306:1688). Desde que en el caso "M." (Fallos: 272:188) se señaló que ese derecho daba lugar al dictado de un pronunciamiento que "ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y de innegable

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    P., A.J. y L. de B., C.A. y otros s/ defraudación en grado de tentativa y prevaricato.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal", existe suficiente jurisprudencia que indica la necesidad de que sea esta misma Corte Suprema de Justicia la que ponga fin, en esta oportunidad, a la presente causa declarando la extinción de la acción penal por prescripción.

    Por ello, habiendo dictaminado el señor P. General, se hace lugar a los recursos extraordinarios interpuestos y se revoca la sentencia apelada. Por esa razón y en virtud del plazo de tiempo transcurrido desde la originaria sentencia condenatoria, se declara extinguida por prescripción la acción penal, sin perjuicio de los derechos de las partes de naturaleza patrimonial.

    H. saber y devuélvase.

    R.L.L. -J.C.P.L..

    VO

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    P., A.J. y L. de B., C.A. y otros s/ defraudación en grado de tentativa y prevaricato.

    Corte Suprema de Justicia de la NaciónTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT Considerando:

  11. ) Que a fs. 3509 se presenta el defensor de Arturo J.

    Podestá y Carlos A.

    López de B. y solicita que se declare la prescripción de la pena en la presente causa. Según se expresa en el escrito mencionado, la tramitación de este proceso se ha extendido durante catorce años, y en ese "largo ínterin [sus defendidos] han cumplido varias veces con la pena, con el agravante de la incertidumbre sobre el resultado final, que es más gravoso que las propias penas".

  12. ) Que aun cuando la condena no se encuentra firme C. cual torna inaplicable el art. 66, Código PenalC, con prescindencia del nomen juris invocado en la presentación, no es posible soslayar la circunstancia de que desde la sentencia condenatoria de primera instancia (fechada el 1° de marzo de 1993) el tiempo transcurrido excede con holgura el plazo de prescripción de la acción penal previsto para los delitos imputados (conf. art. 62, inc. 2°, Código Penal), sin que haya mediado en autos más actividad procesal que la provocada por los recursos de los propios imputados.

  13. ) Que con respecto al carácter subsidiario del planteo, corresponde señalar que el examen de la subsistencia de la acción penal resulta previo a cualquier otro, por cuanto a partir de lo resuelto en el leading case de Fallos: 186:289 esta Corte ha elaborado la doctrina según la cual la prescripción en materia penal es de orden público y debe ser declarada de oficio. A. luego que se produce de pleno derecho (Fallos: 207:86; 275:241; 297:215; 301:339; 310:2246; 311:1029, 2205; 312:1351; 313:1224; 323:1785, entre otros) y que debe ser resuelta en forma previa a cualquier decisión

    sobre el fondo (Fallos: 322:300).

  14. ) Que en diversas oportunidades el Tribunal ha señalado que el instituto de la prescripción de la acción penal tiene una estrecha vinculación con el derecho del imputado a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas (Fallos:

    322:360, esp. disidencia de los jueces F., B. y P. y B., y 323:982), y que dicha excepción constituye el instrumento jurídico adecuado para salvaguardar el derecho en cuestión.

  15. ) Que, en el caso, un procedimiento recursivo que se ha prolongado durante más de once años excede todo parámetro de razonabilidad de duración del proceso penal, y en tales condiciones, la tramitación de un incidente de prescripción de la acción no haría más que continuar dilatando el estado de indefinición en que se ha mantenido a los procesados, en violación de su derecho constitucional a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas (arts. 18, Constitución Nacional, y 8, inc. 1, Convención Americana sobre Derechos Humanos).

    Por lo tanto, y de conformidad con el criterio que se deriva de los precedentes citados, corresponde que sea esta Corte la que ponga fin a la presente causa declarando la extinción de la acción penal por prescripción.

  16. ) Que en la medida en que la decisión del a quo de imponer sanciones disciplinarias a los imputados B. su carácter de letradosB y a su defensor (fs. 3237/3239) se encuentra inescindiblemente unida a la apelación de la sentencia de condena, debe entenderse que aquélla queda alcanzada por la presente resolución.

    Por ello, habiendo dictaminado el señor P. General, se hace lugar a los recursos extraordinarios interpuestos, se revoca la sentencia apelada y se declara extinguida

    P. 762. XXXVII.

    P., A.J. y L. de B., C.A. y otros s/ defraudación en grado de tentativa y prevaricato.

    Corte Suprema de Justicia de la Naciónpor prescripción la acción penal (art. 16, segunda alternativa, de la ley 48). H. saber y, oportunamente, devuélvase. C.S.F..

    DISI

    P. 762. XXXVII.

    P., A.J. y L. de B., C.A. y otros s/ defraudación en grado de tentativa y prevaricato.

    Corte Suprema de Justicia de la NaciónDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON J.C.M. Considerando:

    Que los recursos extraordinarios deducidos a fs.

    3244/3246 vta., 3249/3274, 3305/3315, 3316/3326 vta., son inadmisibles (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    Por ello, y lo dictaminado por el señor P. General, se los declara improcedentes. H. saber y devuélvase.

    J.C.M..

    DISI

    P. 762. XXXVII.

    P., A.J. y L. de B., C.A. y otros s/ defraudación en grado de tentativa y prevaricato.

    Corte Suprema de Justicia de la NaciónDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M.

    ARGIBAY Autos y Vistos:

  17. ) El 1° de marzo de 1993, por ante el ex Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal N° 5 del Departamento Judicial de San Martín, provincia de Buenos Aires, se dictaron las condenas de:

    A.J.P. y C.A.L. de B., como coautores del delito de fraude en perjuicio de la administración pública, en grado de tentativa, imponiéndose a cada uno la pena de dos años y nueve meses de prisión, de ejecución condicional, con más la accesoria de ocho años de inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado.

    A.A., como partícipe primario del delito de fraude en perjuicio de la administración pública, en grado de tentativa, en concurso formal con el de incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, a la pena de tres años de prisión, de ejecución condicional, con más la accesoria de inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos y empleos públicos, y la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de abogado por el término de nueve años.

    F.M.C., como autor del delito de encubrimiento a la pena de un año y seis meses de prisión, de ejecución condicional, con más la accesoria de cinco años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleos o cargos públicos.

    El fallo de primera instancia, en lo que aquí interesa, también rechazó la nulidad articulada de la acusación fiscal.

    1. Con fecha 26 de diciembre de 1995, la Sala I de la ex Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional de San Martín no hizo lugar a las nulidades planteadas y confirmó las cuatro condenas dictadas, reduciendo la pena impuesta a C. a un año y cuatro meses de prisión, de ejecución condicional, y cuatro años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleos o cargos públicos (cfr. fs. 2368/2431). b) Ante las impugnaciones planteadas por los imputados y sus defensas, la Cámara referida sólo concedió el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por A.A. y el recurso extraordinario de nulidad deducido por la defensa de F.C. (fs. 2528/2531).

  18. ) a) Interpuesta la queja por denegación de los recursos, por parte de la defensa de P. y L. de B., la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires desestimó los recursos de hecho. Por otro lado, respecto de los recursos que sí fueron concedidos por la cámara de apelaciones (respecto de Argentino y Cupelli) dispuso la continuación del trámite (cfr. fs. 2823/2826). b) La Suprema Corte provincial, con fecha 14 de julio de 1998, denegó el recurso extraordinario federal que había sido interpuesto por P. y L. de Belva (fs. 2984/2984 vta.) contra la desestimación señalada en el punto anterior. Dicha resolución fue notificada el 6 de agosto de 1998 (cfr. fs.

    2985/2985 vta.). c) Continuado el trámite en relación a los recursos subsistentes, el señor P.F. provincial postuló la nulidad de la acusación fiscal oportunamente realizada y de todo lo actuado en su consecuencia (fs. 2988/2990). d) Solicitados los autos principales -fs. 2994-, esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 31 de marzo de 1999, desestimó la queja interpuesta por A.P. y

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    P., A.J. y L. de B., C.A. y otros s/ defraudación en grado de tentativa y prevaricato.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación C.L. de Belva, por considerar inadmisible el recurso extraordinario que oportunamente dedujeran -art. 280 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- (ver punto b de este mismo acápite), conforme surge de fs. 2999/3000. e) Ante distintas presentaciones de P. y L. de B., la Suprema Corte provincial consideró que la sentencia recaída respecto de ambos había adquirido firmeza, por lo que ordenó la remisión de los autos a la instancia de origen a sus efectos (cfr. fs. 3097/3099 vta.). f) Contra la resolución señalada en el punto anterior, los nombrados plantearon la nulidad de lo proveído y dedujeron recurso de apelación extraordinaria (cfr. fs.

    3101/3106 y 3113/3134).

  19. ) a) Con fecha 28 de febrero de 2001, la Suprema Corte provincial rechazó la nulidad de la sentencia dictada así como de los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad interpuestos (ver puntos 1° b y 2° c), conforme surge de fs. 3231/3236.

    En la misma fecha y por resolución separada -fs.

    3237/3239 vta.-, aquel tribunal declaró abstractas las diversas peticiones efectuadas por los doctores C.A.L. de Belva y A.J.P., debiendo estarse a lo resuelto a fs. 3097/3099 vta. (ver punto e del acápite anterior). Asimismo, dispuso aplicar a los letrados mencionados una multa en concepto de corrección disciplinaria. b) A fs. 3244/3246 vta. el señor S. General ante la Corte provincial interpuso recurso extraordinario federal contra la sentencia definitiva de fs. 3231/3236 en cuanto había declarado que no correspondía anular de oficio la sentencia dictada por la Sala I de la ex Cámara de Apelación

    en lo Criminal y Correccional del departamento judicial de San Martín.

    A fs. 3249/3274 A.P. y C.L. de Belva interpusieron recurso extraordinario federal contra sendas resoluciones de la Corte provincial de fecha 28 de febrero de 2001.

    A fs. 3305/3315 y 3316/3326 vta., hacen lo propio C. la sentencia definitiva de fs. 3231/3236C F.M.C. y el letrado defensor de A.A., respectivamente.

    Finalmente, todos los recursos referidos fueron concedidos por la Corte de provincia (cfr. fs.

    3447/3447 vta.).

  20. ) A efectos de resolver en la presente causa, resulta ineludible escindir la situación de A.J.P. y C.A.L. de B., por un lado, y la de F.M.C. y A.A. por el otro.

    Conforme se ha señalado en el punto 2)b), la Suprema Corte provincial, con fecha 14 de julio de 1998, denegó el recurso extraordinario federal que había sido interpuesto por A.J.P. y C.A.L. de Belva contra la resolución de aquel tribunal que desestimó la queja deducida contra la resolución de la Cámara de Apelaciones de San Martín por la cual no se hizo lugar a los recursos de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley oportunamente planteados.

    Ya la causa ante esta Corte, el Dr. E.B., letrado defensor de P. y L. de B., ha solicitado se declare la prescripción de la acción penal.

    No obstante la doctrina de esta Corte en el sentido de que la prescripción reviste el carácter de orden público y debe ser declarada de oficio en cualquier estado del proceso,

    P. 762. XXXVII.

    P., A.J. y L. de B., C.A. y otros s/ defraudación en grado de tentativa y prevaricato.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación ello no significa que corresponda a este Tribunal resolver acerca de un planteo concreto de prescripción mientras la causa se halle tramitando en su sede, pues se trata de una materia que los artículos 75.12 y 116 de la Constitución Nacional reservan a los tribunales provinciales.

    Además, la declaración de extinción de la acción penal por prescripción conlleva, previo a su dictado, una serie de diligencias, actos procesales y resolución de cuestiones fácticas y jurídicas, que escapan a la tarea de esta Corte.

    En efecto, el juzgado o tribunal donde tramite la causa deberá previamente precisar la calificación legal aplicable al caso en orden a establecer el plazo de prescripción en juego; certificar los antecedentes del imputado para constatar si existió algún hecho delictivo que opere como factor interruptivo del plazo de prescripción (lo cual requiere librar oficios a la Policía Federal y/o provincial, al Registro Nacional de Reincidencia y, en su caso, al juzgado o tribunales donde se registre alguna causa); contabilizar los lapsos que puedan haber transcurrido entre los diversos actos procesales previstos como interruptivos; considerar si hay algún factor de suspensión de la prescripción y eventualmente correr vista a las partes. Como puede apreciarse, el cumplimiento de esta tarea implica avocarse a cuestiones de hecho y de derecho común, lo que se halla fuera de la jurisdicción extraordinaria de este Tribunal (Fallos: 305:652 y 323:1785, entre otros).

    Por todo ello, y teniendo en cuenta que la prescripción aducida por el Dr. Barcesat podría haber operado con anterioridad a que la sentencia condenatoria de sus defendidos quedara firme, considero que debe suspenderse todo pronunciamiento a resultas de la decisión que en relación a la

    prescripción de la acción penal dicten los jueces de la causa.

  21. ) Respecto a las multas impuestas a P. y a L. de B. por la Suprema Corte provincial en concepto de corrección disciplinaria con fecha 28 de febrero de 2001, de conformidad con lo dictaminado por el ex señor Procurador General de la Nación, corresponde declarar mal concedido el recurso extraordinario.

  22. ) Respecto de F.M.C. y A. Ar- gentino, los recursos extraordinarios que interpusieron son inadmisibles (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    Por ello, oído el señor Procurador General, corresponde remitir la causa en devolución a su juzgado de origen a efectos de que se tramite el planteo de prescripción formulado por la defensa de A.J.P. y C.A.L. de B..

    Declarar mal concedido el recurso extraordinario interpuesto por P. y L. de B. respecto de las multas que les impusiera la Suprema Corte provincial en concepto de corrección disciplinaria con fecha 28 de febrero de 2001.

    Declarar improcedentes los recursos extraordinarios deducidos por A.A. y F.M.C. (art.

    280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). N. y remítase. C.M.A..

    Recurso extraordinario interpuestos por:

  23. ) el Dr. F.M.C., representado por el Dr. A.A.F.; 2°) A.A., repre- sentado por el Dr. R.P.G.; 3°) el Dr. J.A. De Oliveira, subprocurador general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; 4°) los Dres. A.S.P. y C.A.L. de B., por su propio derecho Tribunal de origen: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires Tribunales que intervinieron con anterioridad: Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de San Martín; ex Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 5 de San Martín