Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 9 de Febrero de 2006, E. 384. XXXVIII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

S.C.

E.384, XXXVIII "ENERCOR S.A. c/CORRIENTES, PROVINCIA DE s/acción declarativa" (JO) Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

-I-

A fs.

424/446, E.S.A. promovió demanda de certeza contra la Pro-vincia de Corrientes, en los términos del art.

322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Pretende que V.E. declare que no se encuentra obligada a pagar:

1. el impuesto de sellos por la instrumentación del contrato celebrado con aquella Provincia el 20 de noviembre de 1995, por medio del cual se le encomendó la construcción, operación y mantenimiento de la estación transformadora "Paso de la Patria", de la línea de alta tensión que vincula la con su similar "Santa Catali-na" y de la ampliación de esta última, así como también se le otorgó la licencia técnica para prestar el servicio de transporte de energía eléctrica bajo la modali-dad de "transportista independiente" en ese tramo; 2. el impuesto sobre los ingresos brutos, por las actividades desarrolladas como consecuencia de la suscripción de ese convenio.

En apoyo de su postura señaló que la obra -construcción del electroducto y estaciones transformadoras- y los servicios -de operación y mantenimiento- se encuen-tran sometidos a la jurisdicción y legislación nacional. Ello se funda en razones de orden constitucional -art. 75, incs. 13, 30 y 32 de la Constitución Nacional-, de orden legal -leyes 15.336 y 24.065- y de orden técnico y operativo, que hacen al funcionamiento del sistema eléctrico nacional.

Por ello, considera que el contrato no puede ser sometido a impuestos o contribuciones locales.

Sin embargo, subrayó que, para evitar futuras discusiones acerca de la procedencia de los aquellos tributos sobre el convenio o la actividad, tanto el pliego co-mo el contrato de electroducto -redactados por la propia Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC, en adelante) y aprobados por decreto provincial 2821/95- estable-cieron, en forma expresa y con fundamento en la ley 15.336, que todos los impuestos provinciales o municipales que incidan sobre el canon "dificultan la libre circulación de la energía eléctrica".

En tal sentido, resaltó que ha sido la propia demandada quien, al confec-cionar el pliego, aprobar la adjudicación y celebrar el convenio, sometió al contrato y a la actividad resultante a la legislación federal y, en particular, consagró la inaplicabilidad de sus tributos locales.

Afirmó que no puede ahora la Provincia, en contradicción con sus propios actos anteriores, reclamar los impuestos sobre los ingresos brutos y sellos, pues tal con-ducta resulta contraría al principio de buena fe y afecta derechos adquiridos por Enecor S.A.

-II-

A fs. 479/486, la Provincia de Corrientes contestó la demanda y solicitó su rechazo.

En primer lugar, impugnó la procedencia de la acción, al sostener que la actora carece de interés en el pleito pues la pretensión fiscal provincial no le causa per-juicio.

Explicó que en caso de que Enecor S.A. abone las gabelas provinciales que aquí resiste, inmediatamente y de conformidad

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E.384, XXXVIII "ENERCOR S.A. c/CORRIENTES, PROVINCIA DE s/acción declarativa" (JO) Procuración General de la Nación con el art. 38 in fine del contrato, podrá trasladar esos importes al canon "en su exacta incidencia". Añade que, a todo evento, el potencial o materialmente perjudicado por la traslación del impuesto sería el obligado al pago del canon (la propia Provincia de Corrientes o sus habitantes), quien estaría legitimado para atacar la constitucionalidad de los impuestos aquí impugnados.

En cuanto al fondo de la cuestión debatida, sostuvo que -en virtud del art.

75, inc.

30, de la Constitución Nacional- las Provincias conservan su poder de imposi-ción aún sobre los establecimientos de utilidad nacional. Agregó que el artículo 12 de la ley 15.336 sólo impide el ejercicio del poder impositivo local cuando restringe o dificul-te la libre producción y circulación de energía eléctrica.

Agregó que el pliego de bases y condiciones debe interpretarse armonio-samente con aquellos preceptos en forma tal que, para apreciar si un hecho interfiere con la finalidad del establecimiento, es necesario determinar efectivamente qué efectos dis-ruptivos produce.

Dado que la actora no ha siquiera intentado demostrarlos, solicita que la demanda sea rechazada.

Por último, negó que el cobro que persigue la Provincia resulte contrario a su anterior conducta exteriorizada al confeccionar el pliego, aprobar la adjudicación del contrato y al celebrarlo.

Manifestó que esto es así pues:

1.

El sometimiento del contrato a la ley 15.336 no implica necesariamente que se aplique la exención de su art.

12. Ello, porque la actora no satisface los recaudos previstos en la franquicia, toda vez que los gravámenes que ataca no restringen ni limitan la libre circulación de la energía eléctrica en la medida que puede trasla-darlos al canon en

toda su incidencia; 2.

El art.

75, inc.

30, de la Constitución Nacional garantiza el respeto al poder de imposición local, en tanto no interfiera con los fines específicos de los estableci-mientos de utilidad nacional. Reiteró aquí que tal extremo no ha sido demostrado por la actora.

-III-

Por los fundamentos expuestos en el dictamen de fs.

447/448, considero que V.E. continúa siendo competente para entender en forma originaria en las presentes actuaciones.

-IV-

Corresponde señalar que el 24 de agosto de 2001, la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes emitió la resolución interna N1 363, a través de la cual rechazó parcialmente el recurso de reconsideración interpuesto por Enecor S.A. e intimó el pago el impuesto de sellos por la instrumentación del contrato celebrado con aquella Provincia el 20 de noviembre de 1995 (cfr. fs. 379/385).

En idéntico sentido, el 15 de mayo de 2002, ese organismo emitió la reso-lución interna N1 222, por la que desestimó el recurso de reconsideración presentado por Enecor S.A. e intimó el pago el impuesto sobre los ingresos brutos por las actividades desarrolladas como consecuencia de la suscripción de aquel convenio durante los perío-dos fiscales junio de 1998 a junio de 2001 (cfr. fs. 414/419).

En este estado, pienso que existe una controversia definida, concreta, real y sustancial, que admite remedio específico a través de una decisión de carácter definiti-vo de

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E.384, XXXVIII "ENERCOR S.A. c/CORRIENTES, PROVINCIA DE s/acción declarativa" (JO) Procuración General de la Nación V.E. (Fallos: 316:1713; 320:1556 y 2851).

A su vez, estimo que las cuestiones en debate no tiene un mero carácter consultivo ni importan una indagación especulativa sino que, antes bien, responden a un caso que busca precaver los efectos de actos en ciernes, a los que la accionante atribuye ilegitimidad y lesión al régimen federal.

Por lo expuesto, considero que se encuentran reunidos la totalidad de los recaudos fijados por el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para la procedencia de la acción intentada.

-V-

Liminarmente, es necesario puntualizar que asiste razón a la demandada cuando sostiene, con arreglo a conocida jurisprudencia del Tribunal, que el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional, qué gravamen le causa y probar, ade-más, que ello ocurre en el caso concreto. Tal doctrina encuentra su razón de ser en la finalidad de evitar juicios abstractos o meramente académicos y en tanto la intervención de la Corte no puede tener un simple carácter consultivo (Fallos: 307:531 y 1656; 310:211; 314:407; 316:687; 321:221 y más recientemente in re N.30, L.XXXV, "Noble-za Piccardo S.A.I.C. c. Estado Nacional", sentencia del 5 de octubre de 2004).

Pero, contrariamente a lo sostenido por la demandada, pienso que E.S.A. -en virtud de la obligación de pago que se le pretende imponer y a la cual resiste con sustento en las leyes 15.336, 23.696 y 24.065, así como en el decreto provincial 2821/95- es directamente afectada por los

actos locales cuya validez constitucional ha impugnado, sin que la particularidad de que el impuesto sobre los ingresos brutos se encuentre concebido de modo tal de que su carga económica sea trasladable a terceros obste a tal conclusión (Fallos: 323:2256, cons. 81). En idéntico sentido ya se expidió este Ministerio Público el 23 de febrero de 2005, in re Y.80, L.XXXVIII, "Yacilec S.A. c/Corrientes, Provincia de s/acción declarativa".

Como sostuvo el Tribunal, esta última circunstancia podría eventualmen-te, en la hipótesis de que se compartiese el criterio establecido en el precedente de Fa-llos: 287:79 (luego abandonado en el caso registrado en Fallos: 297:500), tener relevan-cia para determinar la procedencia de una acción de repetición por parte del contribuyen-te de iure que ha pagado al Fisco el impuesto cuya carga, a su vez, ha trasladado y per-cibido de terceros. En este supuesto -siempre a tenor del criterio establecido en el prime-ro de tales precedentes, cuya aceptación o rechazo resultaría inoficioso analizar en la presente causapodría eventualmente objetársele a aquél que estaría pretendiendo obte-ner del Estado -por vía de la repetición- la compensación patrimonial que ya ha obtenido de terceros (Fallos: 323:2256, cons. 81, ya citado).

Pero entiendo que tal clase de razonamiento es manifiestamente inapro-piado para un caso como el de autos, en el cual ningún obstáculo puede válidamente erigirse para negar, a quien resultaría exento del impuesto sobre los ingresos brutos por normas federales, el derecho a impugnar judicialmente la validez de actos locales que desconocerían su franquicia y darían sustento a la obligación de pago.

Ello, aunque sólo se considerase el perjuicio ocasionado a la demandante por la serie de obligaciones de las

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E.384, XXXVIII "ENERCOR S.A. c/CORRIENTES, PROVINCIA DE s/acción declarativa" (JO) Procuración General de la Nación cuales se encontraría liberada -entre ellas, el pago del tributo- cuyo incumplimiento le acarrearía sanciones legales; medidas aflictivas que, por sí solas, evidencian el interés jurídico que ella posee en hacer caer el régimen cuestiona-do (Fallos: 318:1154, cons. 71).

-VI-

En cuanto al fondo del asunto, agravia a Enecor S.A. que la Provincia de Corrientes -al confeccionar el pliego, aprobar la adjudicación y celebrar el conveniohaya expresamente reconocido que sus tributos locales dificultan la libre circulación de la energía eléctrica más, en desmedro de tal afirmación, luego pretenda gravar el contra-to y la actividad resultante.

En mi parecer, asiste razón a la actora en tal planteo.

En el art. 15.2 del "Pliego de Bases y Condiciones" de la licitación públi-ca internacional N1 01/94, convocada por la DPEC, se hizo notar que, tratándose el con-trato de electroducto de un servicio de jurisdicción nacional, se aplicaban plenamente los arts. 1, 6 y 12 de la ley 15.336. A tales efectos, se estableció que todos los impuestos provinciales o municipales que inciden sobre el canon dificultan la libre circulación de energía eléctrica y, por lo tanto, no podrán gravar el canon, la actividad o el servicio que se prestará conforme al contrato.

En defecto de lo expuesto, el contratista tendría dere-cho a incrementarlo en su exacta incidencia (cfr. fs. 139).

A su turno, el decreto provincial 2821, del 8 de noviembre de 1995, ratifi-có la resolución (DPEC) 504/95 -por la cual se había aprobado la licitación pública in-ternacional

/94 y adjudicado la obra a E.S.A.- y autorizó al Sr.

Interventor de la DPEC a suscribir el convenio con aquella (fs. 227/228).

Por último, el 20 de noviembre de 1995 se suscribó el contrato de electro-ducto, cuyo art. 38 reproduce el art.

15.2 del "Pliego de Bases y Condiciones" (cfr. fs. 40).

Sobre tal base, desde mi perspectiva, es claro que:

1. ha sido la Provincia de Corrientes quien encuadró este convenio en los términos de las leyes 15.336, 23.696 y 24.065, esto es, en el marco energético nacional, e indicó que, en materia de tributación, sería considerado como un servicio de ju-risdicción nacional, por lo que se aplicaban plenamente los arts. 1, 6 y 12 de la ley 15.336 (cfr. art. 38, ap. 3, del contrato de electroducto, fs. 40); 2. ella también decidió que la concesión no podía ser gravada por sus impuestos y contribuciones locales, por entender que esos tributos constituían medidas que restringían o dificultaban la libre producción o circulación de la energía (cfr. art. 38, ap. 3, del contrato de electroducto, fs. 40).

Bajo estas premisas, disiento con la demandada en cuanto sostiene que pesa sobre la actora demostrar, en el caso concreto, que el tributo local interfiere, res-tringe o dificulta los fines específicos del establecimiento de utilidad nacional (fs. 484/484 vta.).

Estimo que ello es así pues ha sido la propia Provincia quien admitió que sus tributos interfieren con la circulación de la energía y tal reconocimiento torna inne-cesario una actividad probatoria de la reclamante en ese sentido. Idéntica postura, pero respecto de la manifestación de la autoridad federal en tal sentido, mantuvo el Tribunal en Fallos: 325:723 y reiteró este Ministerio Público en Y.40, L.XXXV, "Yacilec S.A. c/ Corrientes, Provincia de s/ acción

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E.384, XXXVIII "ENERCOR S.A. c/CORRIENTES, PROVINCIA DE s/acción declarativa" (JO) Procuración General de la Nación declarativa" (dictamen del 6 de noviembre de 2003, pto. VIII).

Esta actitud provincial permite, desde mi perspectiva, su encuadramiento en la doctrina de los actos propios, que descalifica la contradicción con los propios actos anteriores, ya que importaría restar trascendencia a conductas que son jurídicamente relevante y plenamente eficaces (Fallos: 303:909; 307:1602; 308:72; 310:2117, entre otros). Pienso que idéntica objeción merece desde el punto de vista de la buena fe, pues ella implica un deber de coherencia del comportamiento, que consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever, regla que go-bierna tanto el ejercicio de los derechos como la ejecución de los contratos (arts. 1071 y 1198, Código Civil) y es aplicable por igual en el campo del derecho privado y en el del derecho administrativo (Fallos: 321:2530; 323:3035).

Por último, no escapa a mi análisis que el reconocimiento provincial res-pecto de la interferencia de sus tributos con la libre circulación de energía eléctrica goza de la presunción de legitimidad propia de todo acto administrativo (Fallos:

250:36, entre otros), lo cual distingue esta solución de la que se había adoptado en Fallos:

322:2598, aspecto que contribuye a sellar la suerte adversa de la pretensión tributaria intentada.

-VII-

Por lo expuesto, opino que corresponde hacer lugar a la demanda.

Buenos Aires, 9 de febrero de 2006.- R.O.B..-