Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 28 de Diciembre de 2005, C. 1151. XL

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

CESETTI, A.A. c/ Ferrocarriles Argentinos.- S.C. C. 1151, L. XL.- S u p r e m a C o r t e :

-I-

A fs. 227/229 de los autos principales (a los que me referiré de aquí en más), la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza (Sala A) confirmó el fallo de la instancia anterior que había ordenado la entrega a los actores y a su letrados de los bonos de consolidación cuarta serie 2%, depositados por el Ministerio de Economía de la Nación -Ferrocarriles Metropolitanos S.A. en liquidación (FEMESA, en adelante), a la paridad U$S 1 = $2,80, correspondientes a liquidaciones y regulaciones de honorarios. Asimismo, ordenó la devolución de los bonos depositados que excedan los importes resultantes de los cálculos a realizar de acuerdo con tales pautas.

Para así decidir, tuvo en cuenta que el proceso transita desde 1998 por la etapa de ejecución de sentencia, sin que se hubiera cancelado íntegramente el monto reclamado y, por lo tanto, entendió que resulta operativo el art. 109, primer párrafo, de la ley 18.345, en cuanto declara inapelables todas las resoluciones que se dicten durante dicha etapa del proceso.

A mayor abundamiento, señaló que la cuestión de fondo es análoga a la resuelta por la otra sala de ese tribunal en la causa "C., J.F. y otros c/ F.F.C.C. p/ laboral" (Expte. N1 72.795-C-5759) , donde se sostuvo que la impugnación de la demandada no conmueve lo decidido por el juez de grado, "dados los sólidos fundamentos vertidos por el sentenciante" y que se la está emplazando a cumplir el pago a los actores de la indemnización otorga-da por sentencia firme mediante el depósito de los bonos de consolidación.

Finalmente, consideró que si se accediera a lo solicitado por la demandada, no sólo se violarían diversos principios constitucionales, sino también el de cosa juzgada, pues los argumentos que invoca en la queja ya fueron tratados y resueltos por aquel magistrado en un pronunciamiento que se encuentra firme, motivo por el cual lo decidido no es

susceptible de ser alterado ni aun mediante la invocación de leyes de orden público.

-II-

Disconforme, la demandada interpuso el recurso extraordinario de fs. 232/242 que, denegado a fs. 252/254, dio origen a la presente queja.

Sostiene que el pronunciamiento apelado incurre en grave-dad institucional, puesto que compromete el normal funcionamiento y la continuidad económica del Estado Nacional, que se ve obligado a cancelar en dólares estadounidenses deudas contraídas originariamente en moneda local. En este sentido, destaca que la ley de presupuesto fija el límite dentro del cual el Poder Ejecutivo puede disponer de las partidas asignadas y le está vedado ejecutar todo acto que implique un desvío o extralimitación de las asignaciones específicas para la colocación de bonos de consolidación, no sólo por el monto máximo establecido para cada ejercicio, sino porque también se debe respetar un estricto orden cronológico.

Se agravia porque la Cámara omitió considerar diversos argumentos expuestos en torno a la razonabilidad de la ley 25.565 y del decreto 471/02, al cambio de modelo económico decidido por el Congreso Nacional mediante la sanción de la ley 25.561, a lo dispuesto por el decreto 214/02 y al con-texto de emergencia económica y social dentro del cual fue dictada la normativa que se cuestiona en autos.

Por otra parte, expresa que no se tuvo en cuenta que durante la sustanciación del proceso se dictó el decreto 1873/02 y la resolución del Ministerio de Economía N1 638/02, que constituyen la reglamentación necesaria para proceder a la cancelación de la deuda convertida a pesos por los decretos 214/02 y 471/02. Agrega que no es cierto que las normas cuestionadas autoricen al Esta-do Nacional a incumplir las sentencias judiciales, sino que implican una clara regulación de transición del modelo económico dispuesto por la ley 25.561.

-III-

A mi modo de ver, el recurso extraordinario es formalmente admisible pues, si bien es un principio asentado que las decisiones adoptadas en la etapa de ejecución no configuran la sentencia definitiva requerida por el art. 14 de la ley 48, ello admite

excepciones cuando lo decidido pone fin a la discusión y causa un gravamen de imposible reparación ulterior (Fallos: 323:3909 y sus citas). En mi concepto, tal extremo se verifica en autos, toda vez que el a quo, con fundamento en meros reparos de índole procesal, omitió aplicar las normas de emergencia económica invocadas por el apelante que modifican el régimen de consolidación, de indudable carácter federal y la decisión recaída ha sido contra-ria al derecho que el apelante funda en ellas (art. 14, inc. 3°, de la ley 48).

Asimismo, cabe recordar que, en la tarea de esclarecer el alcance y la inteligencia de las normas federales, la Corte no se encuentra limitada por las posiciones de la cámara ni del recurrente, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado según la interpretación que rectamente le otorga (Fallos: 319:353; 326:2342, entre muchos otros).

-IV-

Ante todo, en virtud de las atribuciones conferidas a este Ministerio Público para efectuar el control de legalidad de las actuaciones judiciales en las que interviene (arts.

120 de la Constitución Nacional y 25, incs. a, g y h, de la ley 24.946), es menester señalar que, si bien las partes litigantes y los magistrados de ambas instancias aluden a una resolución que habría declarado la in-constitucionalidad de la ley 25.565 y del decreto 471/02, lo cierto es que de un exhaustivo examen de las constancias de la causa, no surge la existencia de tal declaración, a diferencia de lo ocurrido en numerosas causas similares provenientes de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, en las cuales se corrió vista a esta Procuración General, circunstancia que impide otorgar a este caso el mismo tratamiento que a los otros.

En efecto, de las constancias de autos surge que, luego de aprobarse la liquidación que se practicó de acuerdo al art. 132 de la ley 18.345 (fs. 137), de realizarse las gestiones tendientes a efectuar la previsión de las partidas presupuestarias correspondientes y de librarse los cheques a favor de los letrados, se adecuó aquella liquidación a la fecha de corte fijada por la ley 25.344 (fs. 193) y se solicitaron las copias pertinentes "para efectuar las presentaciones que prevé (la) ley 23.982" (fs. 197).

Inmediatamente, ante el incumplimiento de pago que puso de manifiesto la actora, el magistrado emplazó a la demandada a depositar "Bonos de Consolidación en Moneda

Nacional 41 serie 2%, actualizado con CER y que fueren necesarios para adquirir igual cantidad de billetes dólares estadounidenses que correspondan a la liquidación aprobada en autos", teniendo en cuenta la cotización que tuviera tal moneda en el mercado de cambio libre al momento de emitirse los bonos y/o efectivizarse el depósito (fs. 199 vta.).

Mediante la sen-tencia de fs. 222/223, el magistrado desestimó la revocatoria deducida por la de-mandada y ordenó la entrega de bonos a la paridad U$S 1= $2,80. Por su parte, la sentencia aquí cuestionada -que remite a lo resuelto por la otra sala de la Cámara Federal en un caso análogo- concluyó que la impugnación de la demandada no conmueve lo allí resuelto.

Habida cuenta de lo expuesto, entiendo que asiste razón al apelante cuando sostiene que el modo en el que se le ordena cumplir la sentencia de condena se aparta de lo dispuesto por el art. 10 de la ley 25.565, que canceló la posibilidad de optar por recibir bonos de consolidación en dólares estadounidenses, y el decreto 1873/02, que regula específicamente el procedimiento a seguir en relación con las deudas que aún no se hubieran cancelado y en las que el acreedor hubiera optado por recibir bonos de consolidación en dólares estadounidenses, situación en la que estarían comprendidos los actores.

Estimo que tal proceder se traduce en una violación a los derechos de defensa y de propiedad, pues resulta evidente, a mi juicio, que la decisión apelada omitió completamente la consideración de tales ordenamientos, que fueron dictados en el marco de una situación de emergencia económica y participan del mismo carácter de orden público que revisten las normas a las cuales modifican.

Por otra parte, la paridad fijada por el magistrado para esa moneda desvirtúa el espíritu del régimen de consolidación establecido por la ley 25.344, ya que las condiciones en que dispone que se haga efectivo el pago a los acreedores no encuentra fundamento alguno en aquél ni en ninguna de las normas sancionadas a partir de la ley 25.561.

En tales condiciones, pienso que lo decidido a fs. 227/229 ha prescindido de las normas federales aplicables al caso, sin declarar su inconstitucionalidad, lo que conduce a su revocación.

-V-

Opino, por tanto, que corresponde hacer lugar a la queja interpuesta y dejar sin efecto la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso extraordinario.

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2005.- R.O.B.