Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 30 de Agosto de 2005, B. 3456. XXXVIII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 3456. XXXVIII.

    R.O.

    Borelina, R.C. s/ extradición.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 30 de agosto de 2005.

    Vistos los autos: "Borelina, R.C. s/ extradición" Considerando:

    1. ) Que la defensa de R.C.B. interpuso recurso ordinario de apelación (fs. 495/497), que fue concedido a fs. 498, contra la resolución del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Z. que otorgó su extradición a la República del Perú para su juzgamiento en orden al delito de tráfico ilícito de estupefacientes (fs.

      490/492).

    2. ) Que en el memorial de fs. 523/533 solicitó que se denegara la extradición sobre la base de los agravios allí expresados, los cuales se refieren a la ausencia de garantías Cen el país requirenteC para que su asistida sea sometida a un proceso justo e imparcial y para que, a todo evento, pueda recurrir una sentencia condenatoria. Asimismo, por la existencia de varias piezas documentales prácticamente ilegibles entre los documentos que integran el requerimiento de extradición, circunstancia que violaría el derecho de defensa en juicio. Por último, porque la República del Perú no dio seguridades de que será computado, en aquella jurisdicción, el tiempo de privación de libertad que demande el trámite de extradición.

    3. ) Que el señor P.F. solicitó el rechazo del recurso ordinario de apelación interpuesto y la confirmación de la sentencia apelada (fs. 535/537).

    4. ) Que con posterioridad a ello, la defensa de R.C.B. planteó la nulidad de todo lo actuado a partir del acta de fs. 414, sustanciada en los términos de los arts. 33 y 34 del Tratado de Derecho Penal Internacional

      suscripto en Montevideo en 1889. Consideró que el a quo hizo valer un procedimiento inexistente, privilegiando infundadamente algunas disposiciones de ese instrumento convencional y otras de la ley de cooperación penal internacional en desmedro del derecho a la defensa en juicio de su pupila (fs. 624 vta.).

      Asimismo, propició la aplicación del procedimiento previsto por la ley interna ya que el régimen convencional no contempla, a diferencia del nacional, un "juicio contradictorio" que garantice el debido proceso y la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio en tanto manifestación de aquél (fs. 627/629).

      Por último, introdujo como hecho nuevo la situación del sistema carcelario y judicial en jurisdicción del país requirente, que pondría en riesgo derechos fundamentales de la requerida (fs. 603/604 y 610/617).

    5. ) Que ello motivó una nueva vista al representante del Ministerio P.F., quien mantuvo su posición originaria sobre la improcedencia del recurso (fs. 674/677).

    6. ) Que la singular situación que confluye en el sub lite a partir de las reglas de procedimiento que contempla el tratado de extradición aplicable y su coexistencia con el sistema de procedimiento de la ley de cooperación penal internacional 24.767, condujo a que el juez decidiera aplicar las disposiciones de aquél y, supletoriamente, las del derecho interno (art. 2°, tercer párrafo de la ley referida).

    7. ) Que un repaso de lo actuado en autos pone de manifiesto que la modalidad en que esa regla de supletoriedad fue aplicada condujo a una flagrante situación de indefensión de Borelina durante la sustanciación de este pedido de extradición, lo cual impide sujetar sus agravios en esta instancia

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación a razones de oportunidad, como aconseja el señor P.F. en el dictamen que antecede.

    1. ) Que, en efecto, el Tribunal advierte, por un lado, que el arresto provisorio de R.C.B. se rigió por los arts. 44 a 46 del tratado de extradición y, supletoriamente, por los arts. 44 y sgtes. de la ley 24.767 (conf., en especial, la providencia de fs. 38 y la audiencia de identificación de fs. 40).

      A tal punto que el juez convalidó la prórroga de diez días que, para presentar el formal pedido de extradición, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto había concedido al país requirente, a su pedido y con invocación del art. 50, segundo párrafo de la ley 24.767 (fs.

      53).

    2. ) Que, sin embargo, no puede el Tribunal dejar de señalar que, por otro lado, recibido el pedido formal de extradición (fs.

      73/410), el juez aplicó exclusivamente los arts. 33 a 36 del Tratado de Montevideo de 1889 (fs. 411, 414, 481 y 483), sin admitir la petición de la requerida para obtener una prórroga del plazo de tres días que contempla el art. 34 de ese instrumento convencional para formular "oposición" a la entrega.

      En efecto, surge de autos que frente a las circunstancias de que dan cuenta los escritos obrantes a fs. 416/417 y 480, el defensor de B. solicitó, "a los efectos de un ejercicio eficaz del derecho de defensa", una prórroga por tres días más "en razón del volumen y complejidad de las actuaciones, las cuestiones jurídicas y aspectos formales involucrados y la necesidad de obtener los elementos indicados precedentemente [fotocopias legibles del pedido] así como de compulsar personalmente la causa para determinar si la imposible lectura de las fotocopias aludidas obedece a una defi-

      ciencia de su confección o al defecto de las propias constancias obrantes del cuaderno de extradición" (fs. 480).

      Pese a ello, el juez resolvió, el último día del plazo en curso, no hacer lugar a la prórroga solicitada "toda vez que las piezas originales incorporadas a la presente,... resultan legibles, no mediando por tanto responsabilidad alguna del Estado requirente en la dificultad apuntada por la defensa...y atendiendo, por lo demás, a la perentoriedad del plazo establecido por el artículo 33". Asimismo, la notificación de ese auto sin "interrupción del plazo legal en curso" (fs. 481). Tras lo cual, declaró procedente la extradición de R.C.B. a la República del Perú (fs. 490/ 492).

      10) Que, al así proceder, el a quo incurrió en un rigorismo formal basado en la interpretación literal del art.

      33 del Tratado de Montevideo de 1889 que condujo, en las circunstancias del caso, a un apartamiento de su objeto y fin, cual es proporcionarle a la persona requerida una oportunidad eficaz para hacer valer su "oposición" a la extradición.

      11) Que, además, supuso dejar de lado C. razones que lo justificaranC la aplicación que venía haciendo de la regla de supletoriedad que consagra el art. 2°, párrafo tercero de la ley 24.767.

      Ello condujo a que R.C.B. se viera expuesta a un disímil trato procesal en violación al "principio de igualdad de armas" que, como parte del derecho al debido proceso y a la defensa en juicio, asiste a toda persona inculpada de delito (arts. 8.2. del Pacto de San José de Costa Rica y 14.2. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y que, como este Tribunal ya explicitó, cabe hacer extensivo a trámites de extradición.

      En efecto, es doctrina de este Tribunal que la es-

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación pecial naturaleza de los procedimientos de extradición, que los diferencia de los juicios criminales propiamente dichos, no puede llevar a la conclusión de que el sujeto requerido no se encuentra amparado por la garantía constitucional de la defensa en juicio, motivo por el cual debe asegurársele un debido proceso en el que pueda oponer las defensas que tuviere en cuanto a la procedencia del requerimiento (Fallos: 311:

    1925, considerando 12).

    12) Que, en este sentido, el Tribunal advierte que la situación hasta aquí examinada tiene su origen en la circunstancia de que el presente trámite de extradición no estuvo precedido de una decisión jurisdiccional que claramente estableciera los alcances con que la regla de supletoriedad que consagra el art. 2°, tercer párrafo, de la ley 24.767, sería aplicada en el caso.

    Así lo exigía el caso, a fin de proporcionarle a la justiciable certeza en el ejercicio de su derecho a la defensa en juicio y al debido proceso ante la confusión que podía resultar dada la coexistencia de reglas legales y convencionales para regular el procedimiento (conf. considerando 8°).

    A ello se suma que la requerida no tuvo ninguna oportunidad válida para debatir adecuadamente el procedimiento aplicable a su pedido de extradición y, en su caso, el alcance de la regla de supletoriedad consagrada por la ley interna cuya aplicación en el caso dio origen al trato desigual antes referido.

    En efecto, pese a que la defensa de B. cuestionó el punto al solicitar el cese de su arresto provisorio con sustento en el vencimiento del plazo de diez días previsto por el art. 45 del tratado aplicable (fs. 55), el a quo no admitió su petición atento a la prórroga concedida al país requirente según se reseñó ut supra (fs. 47/48, 50, 53/54, 57

    y 60/61).

    Tampoco admitió que esa decisión fuera impugnable por vía del recurso de reposición que el defensor de B. planteó objetando la supletoriedad en cuestión (fs. 70/71 y 72).

    14) Que, en tales condiciones, razones elementales de equidad y justicia exigían que el tribunal apelado mantuviera el trámite en el ámbito de la ley 24.767, tal como lo venía haciendo al convalidar que el país requirente pudiera acogerse a la prórroga que el procedimiento interno consagra (considerando 8°, segundo párrafo), prolongando de este modo el arresto preventivo de Borelina más allá de los plazos que habilita el tratado aplicable (fs. 47, 50, 53, 54 y 60), de modo tal de preservar que el trámite se desarrollara en igualdad de condiciones para todas las partes, asegurando de este modo las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio.

    14) Que esta solución es, por lo demás, a esta altura, la que mejor se concilia para la consideración de los hechos nuevos invocados en sustento de la denegación de extradición por razones humanitarias que contemplan la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (art. 3°, primer párrafo) y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura (art. 13, párrafo 4°), aplicables en tanto y en cuanto están vigentes para la República del Perú al igual que para la República Argentina.

    Por todo lo expuesto, oído el señor P.F., el Tribunal resuelve: Declarar procedente el recurso ordinario de apelación interpuesto por la defensa de R.C.B. y decretar la nulidad de la providencia de fs. 411, segundo párrafo y de todo lo actuado en consecuencia, debiendo

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación encauzarse el trámite de este pedido de extradición en el marco de las reglas de procedimiento contempladas por la ley de cooperación penal internacional 24.767 (arts.

    27 y siguientes).

    N., tómese razón y devuélvase, señalando la necesidad de que, una vez devueltos los autos a la instancia ordinaria, ésta proceda a sustanciar en debida forma el pedido de extradición sin sufrir nuevas postergaciones que pudieran dilatar sin término la decisión referente al caso (Fallos:

    318:373, considerando 11, segundo párrafo). E.S.P. -A.C.B. (según su voto)- CARLOS S.

    FAYT - JUAN CARLOS MAQUEDA - E.

    RAUL ZAFFARONI (en disidencia)- ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - RICARDO LUIS LO- RENZETTI.

    VO

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    Borelina, R.C. s/ extradición.

    Corte Suprema de Justicia de la NaciónTO DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO Considerando:

    1. ) Que contra la sentencia del Juzgado Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Z. que otorgó la extradición de R.C.B. a la República del Perú para su juzgamiento en orden al delito de tráfico ilícito de estupefacientes, la defensa de la nombrada interpuso recurso ordinario de apelación, que fue concedido.

    2. ) Que el señor P.F. ante esta Corte señaló que correspondía rechazar el recurso interpuesto y confirmar la decisión apelada.

    3. ) Que con posterioridad la defensora oficial pidió la nulidad de todo lo actuado a partir del acta de fs. 414, en atención a que el procedimiento se encontraba viciado por no garantizar el derecho a la defensa en juicio de su pupila. En esa inteligencia, pidió que se llevara a cabo la audiencia oral exigida por el art.

      30 de la ley 24.767.

      Además, el defensor particular de la requerida introdujo como hecho nuevo la situación del sistema carcelario y judicial en el país requirente que pondría en riesgo derechos fundamentales de la requerida.

    4. ) Que ello motivó una nueva vista al representante del Ministerio Público Fiscal, quien sostuvo que dicha alegación resultaba insuficiente para impedir el extrañamiento y mantuvo su opinión en cuanto a que debía confirmarse la sentencia apelada.

    5. ) Que la defensa de B. solicitó una prórroga del plazo establecido por el art. 34 del Tratado de Montevideo de 1889, "en razón del volumen y complejidad de las actuaciones, las cuestiones jurídicas y aspectos formales

      involucrados...", a los efectos de poder plantear "un ejercicio eficaz del derecho de defensa" (fs. 480) según las causales que autoriza esa norma para oponerse a la extradición.