Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 29 de Julio de 2005, F. 606. XL

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

FORMAR SA C/ A.F.I.P. P/ ORDINARIO RECURSO EXTRAORDINARIO S.C. F. 606, L. XL.- Suprema Corte:

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A fs. 55/58, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó el fallo de la instancia anterior que había concedido la medida cautelar solicitada por FORMAR S.A. (ex Astilleros San Luis) y ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP- DGI) modificar los efectos inmediatos del acto administrativo del 25 de octubre de 2001, permitiendo la aplicación de la escala de desgravación correspondiente a los períodos I, II, III y IV a partir del 2002 inclusive.

Asimismo, fijó una contracautela sobre bienes de propiedad de la actora. Para así decidir, sostuvo que la verosimilitud del derecho radica en lo dispuesto por el art. 8º de la ley 20.221, que establece -para las explotaciones industriales de su art. 3º- la liberación del impuesto al valor agregado por quince (15) ejercicios anuales a partir de la puesta en marcha. Afirmó que el acto administrativo impugnado pretende modificar ese plazo, al impedir a la accionante gozar de las cuatro primeras anualidades, lo que vulnera el principio de reserva de ley (arts. 4; 17; 52 y 75, inc. 2º, Constitución Nacional).

Respecto del peligro en la demora, señaló que se trata de franquicias impositivas a favor de FORMAR S.A. que le corresponden por ley y le acarrearía un grave daño económico distraer sumas de dinero en el pago de impuestos que pudieran resultar de utilidad en el giro normal de sus negocios, siendo evidente el perjuicio si pierde el aprovechamiento de la desgravación de las cuatro primeras anualidades.

Añadió que la demora en la decisión a dictarse no contribuye a preservar la aplicación del régimen de promoción industrial, conforme la progresividad decreciente de la desgravación que allí se reconoce y pone en riesgo a la actora ante la posibilidad de una escala de provecho menor a la que le correspondería.

Por último, en cuanto al agravio que versa sobre la insuficiencia de la contracautela, dijo que no resulta atendible, dado que la caución ordenada por 1

FORMAR SA C/ A.F.I.P. P/ ORDINARIO RECURSO EXTRAORDINARIO S.C. F. 606, L. XL.- el a quo ha sido fijada en forma prudencial y teniendo en cuenta las particularidades del caso.

-II-

Disconforme, la AFIP interpuso el recurso extraordinario de fs.

65/80, concedido a fs. 94/95.

En primer lugar, señaló que la sentencia es arbitraria, carece de fundamentación suficiente, lesiona las garantías constitucionales de inviolabilidad de la propiedad, defensa en juicio, debido proceso adjetivo y representa un caso de gravedad institucional.

En particular, puntualizó que el fallo resulta descalificable como acto jurisdiccional válido, toda vez que ha excedido los estrechos límites de las medidas cautelares cuando éstas son deducidas contra el Estado Nacional y, por ende, afectan al resto de la comunidad, ya que los recursos presupuestados no serán recaudados y con ello se verá desprotegida la sociedad toda. Resaltó que no se cumplen los requisitos de las medidas cautelares, ya que no hay acreditación valedera acerca de la verosimilitud del derecho, del peligro en la demora y de la inexistencia de otra medida similar. Acerca del primer recaudo, esgrimió que el acto administrativo cuestionado goza de presunción de legitimidad y ha sido dictado conforme a las pautas establecidas en la sentencia recaída en el expediente Nº 595/99, "Astilleros San Luis S.A. c/AFIP s/amparo", en el art. 8º, inc. a), de la ley 22.021 y en el decreto provincial 1729/86, por lo cual es manifiesta la inexistencia de derecho que invoca la actora.

En cuanto al peligro en la demora, señaló que dicha parte se encuentra gozando de los beneficios promocionales desde el último bimestre del 2001, aspecto ignorado por el a quo, quien tampoco valoró que un juicio ordinario posterior puede reparar los hipotéticos perjuicios que cause el acto administrativo aquí cuestionado.

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Tiene dicho la Corte que las resoluciones que se refieren a medidas precautorias, ya sea que las ordenen, modifiquen o extingan, no autorizan el otorgamiento del recurso extraordinario ya que no revisten, en principio, el carácter de sentencias definitivas (Fallos: 300:1036; 308:2006, entre otros). Sin embargo, cabe hacer excepción a dicha regla cuando lo resuelto excede el interés individual de las partes y atañe también a la comunidad toda, en razón de su aptitud para perturbar la oportuna y tempestiva percepción de las rentas públicas (arg. Fallos: 268:126; 297:227; 298:626; 312:1010; 313:1420; 318:2431; 319:1317, entre otros).

A mi entender, las referidas circunstancias excepcionales se verifican en la especie y, además, los agravios de la quejosa suscitan cuestión federal suficiente para habilitar la vía extraordinaria, toda vez que lo resuelto no constituye una derivación razonada del derecho vigente con particular y pormenorizada aplicación a las circunstancias de la causa (arg. Fallos: 318:2431).

En efecto, si bien el dictado de las medidas precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido (Fallos:

306:2060), pesa sobre quien la solicita la carga de acreditar prima facie la existencia de su verosimilitud y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que la justifiquen (Fallos: 307:2267).

Sobre la base de tales premisas, estimo que no pueden obviarse dos circunstancias que la propia actora destaca en su escrito de inicio: que durante los períodos 1998 a 2001 ha desarrollado su actividad sin gozar de beneficio promocional alguno (fs. 23 vta.) y que, durante ese lapso, abonó la totalidad de sus tributos en idénticas condiciones que la generalidad de los contribuyentes (fs. 17 vta.).

Estas afirmaciones de su parte obstan, en mi criterio, al reconocimiento del peligro irreparable en la demora, pues ni siquiera ha alegado -y mucho menos demostrado- que se torne imposible o improbable la continuación de sus actividades en el futuro, en la forma como lo ha hecho hasta ahora, hasta obtener una sentencia final favorable a su derecho.

Menos aún puede sostenerse que existe tal peligro cuando su situación debió mejorar sustancialmente durante los ejercicios citados, pues como también lo reconoce, a partir del iniciado el 1 de noviembre de 2002, ha gozado de 3

FORMAR SA C/ A.F.I.P. P/ ORDINARIO RECURSO EXTRAORDINARIO S.C. F. 606, L. XL.- una desgravación total (fs. 11 vta.) y, a partir de allí, de una escala decreciente de beneficios a lo largo de once anualidades (fs. 12). Cierto es que la gravitación económica de los reclamos fiscales es un aspecto que la Corte no ha dejado de lado al admitir medidas como la solicitada en autos (Fallos: 323:349 y sus citas), pero en el sub judice no existe constancia alguna ni de la entidad total del reclamo fiscal ni de su gravitación sobre el patrimonio de la actora, razón por la cual considero que no hay forma de evaluar el peligro en la demora ni se evidencia -en el statu quo actual- que sus agravios no puedan ser válidamente remediados con la sentencia final a dictarse. A ello cabe agregar, por último, que, de concederse la medida, se obtendría, por anticipado, el propósito que sólo se podría lograr con la admisión de la demanda, extremo de por sí inaceptable (Fallos: 307:1804 y su cita).

-IV-

Por lo expuesto, opino que debe dejarse sin efecto la sentencia de fs. 55/58 en cuanto fue materia de recurso extraordinario. Buenos Aires, 29 de julio de 2005.- Fdo. R.O.B. 4