Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 24 de Junio de 2005, S. 499. XXXIX

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

S.C.S. 499, L. XXXIX Souto de Adler Suprema Corte:

-I-

Los integrantes de la Sala AE@, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, si bien modificaron la sentencia del juez de grado que, a fs. 114/116, había declarado la inconstitucionalidad de los Decretos 214/02 y 320/02, entendieron, en cambio, que resultan inaplicables las disposiciones de la ley 25.561 y sus normas complementarias (v. fs. 156).

Para así decidir, señalaron no sólo que la sentencia de fs. 46 que ordenó llevar adelante la ejecución, se encontraba firme y amparada por el principio de cosa juzgada, razón por la cual, deviene abstracta la declaración de inconstitucionalidad de las normas que disponen la pesificación, sino, también, que, como la mora se produjo antes de la entrada en vigencia de las leyes de emergencia (6 de enero de 2002), tal obligación de pago, se encuentra excluida de la pesificación establecida.

-II-

Contra dicho pronunciamiento, la demandada interpuso el recurso extraordinario de fs. 161/186, cuya denegatoria de fs. 196 motiva la presente queja, al conocer de la cual, esta Procuración requirió que se confiriera vista a las partes para que se expidieran respecto de la ley 25.798, su decreto reglamentario 1282/2003 y de la ley 25.820, hecho que ambas contestaron a fs. 119 y 120.

-III-

En virtud de que los agravios expresados por la demandada, y los argumentos vertidos por la actora al contestar la vista conferida por V.E., versan sobre temas relacionados, con el propósito de otorgar al contenido de tales presentaciones una adecuada respuesta, y para una mejor comprensión del presente dictamen, reseñaré unos y otros en el orden en que luego serán tratados:

  1. ) Respecto del razonamiento del juzgador, en orden a que la mora se produjo con anterioridad al 6 de enero de 2002 y que, por lo tanto, la deuda se

    S.C. S. 499, L. XXXIX Souto de A. encuentra excluida de la pesificación, la demandada aduce que el artículo 1° del decreto 214/02 establece que quedan transformadas a Pesos todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen B judiciales o extrajudiciales B expresadas en Dólares Estadounidenses, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la ley 25.561. Sostiene, en consecuencia, que el legislador no efectuó distinción entre obligaciones no vencidas y aquellas en mora.

    Añade que el decreto 320/2002, aclara aún más la cuestión indicando que la pesificación se aplica a todas las obligaciones y no realiza ningún distingo acerca de la mora del deudor.

    Expresa que, en el marco de la emergencia en el que las normas referidas han sido dictadas, el legislador ha restringido los principios relativos a la mora en general. Afirma que es evidente que, dada la amplitud de esta legislación, comprende las obligaciones en mora al 6 de enero de 2002.

  2. ) Al contestar la vista conferida por V.E., acerca de la ley 25.820 la actora expresa que, sin perjuicio de que su parte ya realizó el planteo de inconstitucionalidad de la normativa referida a la pesificación, entiende que no es aplicable esta ley, desde que en su artículo 3°, último párrafo, ha establecido que A...La presente norma no modifica las situaciones ya resueltas mediante acuerdos privados y/o sentencias judiciales...@. Señala que la causa en examen tiene sentencia desde el año 2001, la cual ha sido confirmada por la Cámara.

  3. ) La demandada reprocha, además, que el decisorio se basa en un silogismo hipotético que parte de una premisa falsa, cual es rechazar la aplicación de la pesificación dispuesta por el Decreto 214/02, so pretexto de que la sentencia que ordenó llevar adelante la ejecución, dictada en noviembre de 2001, se encontraría firme. Manifiesta que la ejecutada jamás pudo plantear en el año 2001, un decreto que fue dictado en el 2002.

    Sin perjuicio de ello, alega que de ningún modo puede entenderse que la pesificación afecta la cosa juzgada y los derechos adquiridos.

    S.C.S. 499, L. XXXIX Souto de Adler Agrega que el fallo en crisis desatiende la norma federal, desconociendo que la cosa juzgada de un proceso ejecutivo es de carácter meramente formal y por lo tanto debe ceder frente a normas de orden público como son la ley 25.561 y el decreto 214/02.

  4. ) Con relación a la ley 25.798, la actora alega que no es aplicable al caso, toda vez que el mutuo hipotecario que aquí se ejecuta proviene de una refinanciación de un contrato anterior, y que el préstamo no fue realizado para la compra de vivienda única familiar.

    -IV-

    Se trata en autos, de la ejecución de un contrato de mutuo con garantía hipotecaria.

    Teniendo ello presente, debo indicar en primer lugar, y con relación al agravio reseñado en el apartado 1° del ítem que antecede, que las cuestiones relativas a si las disposiciones de la ley 25.561 y demás que integran el plexo normativo del denominado régimen de Apesificación@, resultan aplicables a las obligaciones que se encontraban en mora con anterioridad a la sanción de aquélla, es decir, al 6 de enero de 2002, han sido examinadas en la causa: S.C.P. 122, L.

    XXXIX, caratulada APérsico, L. c/M., C. y otro s/ Ejecución Hipotecaria@ dictaminada por esta Procuración el día 26 de octubre de 2004, a cuyos términos y fundamentos cabe remitir, en lo pertinente, por razones de brevedad.

    -V-

    Antes de considerar las siguientes cuestiones traídas a esta instancia, corresponde realizar una exégesis de las normas atinentes a las relaciones jurídicas y a las cuestiones que se debaten en el presente proceso, que integran el plexo normativo de emergencia aludido precedentemente, sancionadas ante la evidente necesidad de buscar instrumentos que morigeren los efectos de la devaluación y que, a su vez, no tornen de imposible cumplimiento las obligaciones originalmente pactadas.

    S.C.S. 499, L. XXXIX Souto de A. a) El 6 de enero de 2002, el Congreso Nacional sancionó la ley 25.561, por la cual, con arreglo a lo dispuesto en el art. 76 de la Constitución Nacional, declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando en el Poder Ejecutivo Nacional, hasta el 10 de diciembre de 2003 Bluego prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2004 por la ley 25.820, y hasta el 31 de diciembre de 2005 por la ley 25.972B, el ejercicio de las facultades en ella establecidas a fin de A. al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios@ y Areglar la reestructuración de las obligaciones, en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario instituido por el art. 21@ (incs. 11 y 41, respectivamente, del art. 11).

    La ley 25.561 dispuso que, cuando se trate de prestaciones dinerarias exigibles desde la fecha de su promulgación, originadas en contratos celebrados entre particulares, pactados en dólares u otras monedas extranjeras, las prestaciones deben cancelarse en pesos a la relación de cambio un peso por un dólar estadounidense en concepto de pago a cuenta del monto que resulte de la reestructuración de las obligaciones que las partes deberán negociar (art. 11. de la ley citada).

    A su vez, facultó al Poder Ejecutivo Nacional, por las razones de emergencia pública definidas en su artículo 11, a establecer el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras y dictar regulaciones cambiarias (art. 2°). Asimismo, se derogaron las disposiciones de los artículos 11, 21, 81, 91, 12, 13 de la ley 23.928, con las modificaciones incorporadas por la ley 25.445.

    Mantuvo, con las excepciones y alcances de la ley 25.561, la redacción de los artículos 617, 619 y 623 del Código Civil, dispuesta por el artículo 11 de la ley 23.928, que considera a las obligaciones de dar moneda extranjera como obligaciones de dar sumas de dinero y admite la liberación del deudor, en caso de entregar una suma de determinada especie o calidad de moneda, dando la especie designada el día de su vencimiento (cfse. arts. 617 y 619, Código Civil).

    S.C.S. 499, L. XXXIX Souto de A. b) En el marco de esa emergencia económica, el Poder Ejecutivo dictó, invocando las facultades del artículo 99, inciso 31 de la Constitución Nacional, el decreto 214/02 (art.81), por el cual se transformaron a pesos todas las obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, de cualquier causa u origen, a razón de un peso por cada dólar estadounidense. A esta conversión se le aplicó un coeficiente de estabilización que sería publicado por el Banco Central de la República Argentina.

    Asimismo, estableció que si luego de su aplicación, el valor resultante de la cosa, bien o prestación, fuere superior o inferior al del momento de pago, cualquiera de las partes podrá solicitar un reajuste equitativo del precio. c) El decreto 320/02 (ratificado por la ley 25.967, art. 64), aclaró que el art. 8 del decreto 214/02 es de aplicación exclusiva a los contratos y a las relaciones jurídicas existentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley 25.561. d) Posteriormente, la ley 25.820 modificó el art. 11 de la ley 25.561, que ahora establece: ALas obligaciones de dar sumas de dinero existentes al 6 de enero de 2002, expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, haya o no mora del deudor, se convertirán a razón de un dólar estadounidense (U$S 1) = un peso ($ 1), o su equivalente en otra moneda extranjera, resultando aplicable la normativa vigente en cuanto al Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.) o el Coeficiente de Variación de Salarios (C.V.S.), o el que en el futuro los reemplace, según sea el caso. Si por aplicación de los coeficientes correspondientes, el valor resultante de la cosa, bien o prestación, fuere superior o inferior al del momento de pago, cualquiera de las partes podrá solicitar un reajuste equitativo del precio@.

    En su último párrafo, como se ha visto, dispone que A...La presente norma no modifica situaciones ya resueltas mediante acuerdos privados y/o sentencias judiciales.@

    S.C.S. 499, L. XXXIX Souto de A. e) Además, con el objetivo de implementar un sistema que refinancie los préstamos hipotecarios cuya garantía era la vivienda única y familiar, y que debido a la crisis, se encontraban en mora o en riesgo cierto de ser ejecutadas, se sancionó la ley 25.798, mediante la cual se creó el Sistema de Refinanciación Hipotecaria. Este mecanismo ha sido a su vez modificado por la ley 25.908 y reglamentado por los decretos 1284/03; 352/04 y 1342/04.

    -VI-

    Establecido ello, y en cuanto concierne a la cuestión traída a esta instancia extraordinaria que individualizo en el apartado 2°, del ítem II, corresponde determinar el alcance que cabe atribuir a la norma incluida por el artículo 3° de la ley 25.820, en cuanto dispone que ella no modifica las situaciones ya resueltas mediante acuerdos privados y/o sentencias judiciales.

    Como puede observarse en el detalle legislativo que precede, hasta la sanción de la ley 25.820, ninguna de las anteriores estableció excepción alguna para situaciones resueltas mediante acuerdos privados o sentencias judiciales dictadas con anterioridad a la emergencia, por lo que, hasta allí, resulta razonable considerarlas abarcadas por ellas. Es más, el artículo 1° del decreto 214/02, dispuso que a partir de la fecha del mismo, quedaban transformadas a pesos todas la obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen B. o extrajudiciales- expresadas en dólares estadounidenses, u otras monedas extranjeras existentes a la sanción de ley n° 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a pesos (el subrayado me pertenece). Es obvio que cuando ese artículo menciona obligaciones judiciales, se refiere, entre otras, a aquellas sentencias con condena a pagar moneda extranjera dictadas con anterioridad a la ley 25.561, desde que con posterioridad a su promulgación, los pronunciamientos judiciales debían someterse a las previsiones de las leyes de emergencia vigentes.

    En ese contexto legislativo, el artículo 3° de la ley 25.820, modificatorio del artículo 11 de la ley 25.561 (en cuanto dispone, reitero, que esa norma no modifica situaciones ya resueltas mediante acuerdos privados y/o sentencias judiciales), no puede ser razonablemente interpretado como un precepto autónomo o

    S.C. S. 499, L. XXXIX Souto de A. aislado que se contraponga con el plexo normativo anterior, que incluía en la emergencia obligaciones nacidas de acuerdos o sentencias judiciales anteriores a ella.

    Ello es así, por cuanto no cabe presumir la inconsecuencia del legislador y, por lo tanto, la interpretación de las leyes ha de realizarse evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, debiendo adoptarse el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (v. doctrina de Fallos: 303:1041; 312:111; 317:779; 325:1731, entre otros).

    Partiendo de esa premisa, cabe destacar que la ley 25.820 fue promulgada el 2 de diciembre de 2003, es decir, casi dos años después de la entrada en vigencia del régimen de emergencia con la sanción de la ley 25.561, lapso en el cual muchas controversias o bien fueron refinanciadas por acuerdo entre partes Bprivado o judicial-, o bien dilucidadas por pronunciamientos judiciales.

    A ellas se refiere expresamente el Poder Ejecutivo Nacional en su Mensaje de Elevación del proyecto de la ley 25.820 al Congreso de la Nación, donde establece claramente que estas situaciones jurídicas Ano se alteran...por la aplicación de la modificación propiciada@. Ello guarda coherencia con la circunstancia que en el Mensaje se destacó, que la emergencia pública fue declarada como consecuencia de la marcada crisis en la que se encontraba sumido el país, que hizo necesaria la adopción de actos de gobierno que permitieran el reacomodamiento de los distintos componentes de la economía. Aquella ley tuvo B. a dicho mensaje-, entre otros objetivos, el de consolidar el proceso de recuperación, para convertirlo en uno de crecimiento sostenido, para lo cual resultaba exigible establecer un marco previo de certeza y previsibilidad. A los fines mencionados, entre las medidas dispuestas por la nueva redacción del artículo 11° de la ley 25.561, se incorporó en forma definitiva la aplicación de la normativa vigente en cuanto al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) o Coeficiente de Variación de Salarios (CVS) o el que en el futuro los reemplace, según sea el caso. Y sobre este particular, se estableció el procedimiento mediante el cual habrán de resolverse los efectos que eventualmente surjan de la aplicación de tales métodos.

    S.C.S. 499, L. XXXIX Souto de A. E., en este contexto, cuando la nueva ley dispuso no modificar situaciones ya resueltas por acuerdos privados y/o sentencias judiciales, es evidente que se estaba refiriendo a aquellas finiquitadas en virtud de la autonomía contractual de las partes, o por decisiones emanadas de sentencia judicial, estando vigentes las leyes de emergencia y en el marco jurídico que ellas reglamentan. Esta solución se infiere también de los argumentos expuestos en los párrafos segundo, sexto, décimo y siguientes del referido Mensaje de fecha 28 de octubre de 2003, en el que el Poder Ejecutivo Nacional, expone el sentido integrativo del proyecto de la ley 25.820 .

    -VII-

    Sobre la base de tales fundamentos cabe concluir que, cuando la ley 25.820 menciona su inaplicabilidad a situaciones resueltas por sentencias judiciales, se refiere a aquellos pronunciamientos que quedaron firmes con posterioridad a enero de 2002, pues los decididos con anterioridad B. de ellos, como ocurre en el sub-lite, en pleno conflicto económico y social- no pueden considerarse al amparo de la cosa juzgada, desde que la situación de crisis Breconocida en forma sobreviniente por las normas ya referidas pero abarcativa de acontecimientos anteriores- no había sido legislada, ni, por lo tanto, pudo ser objeto de consideración por los jueces en oportunidad de pronunciarse.

    -VIII-

    En el sub-lite, el sentenciador razonó que deviene abstracta la declaración de inconstitucionalidad de las normas que disponen la pesificación, sobre la base de entender que la sentencia que ordenó llevar adelante la ejecución en dólares se encuentra firme y amparada por el principio de cosa juzgada. Contra este argumento, la apelante expresó los agravios referidos en el apartado 3°, del ítem II, que trataré a continuación.

    Cabe recordar que la cosa juzgada judicial tiene jerarquía constitucional y es uno de los pilares sobre los que se asienta nuestra Carta Fundamental (Fallos: 307:1289). Su sentido jurídico es prohibir volver a juzgar sobre cuestiones ya resueltas por los tribunales de justicia. Y en autos, la emergencia y las leyes que la regulan no habían sido objeto de consideración en el pronunciamiento

    S.C. S. 499, L. XXXIX Souto de A. de fojas 46, por lo que el tratamiento en este estado, de las cuestiones objeto de recurso, no afecta la res judicata, columna básica de la división de poderes.

    No es admisible extender el valor formal de tales sentencias, más allá de lo razonable, cuando una interpretación restrictiva de la situación conduciría a una frustración de los derechos amparados por la emergencia con el consiguiente menoscabo del derecho de defensa en juicio y de propiedad de los afectados. Cabe concluir, entonces, como ya se adelantó en el último párrafo del ítem que antecede, que las condenas firmes con anterioridad a enero de 2002, quedaron comprendidas en la emergencia.

    A mayor abundamiento, vale recordar que según el artículo 551 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la sentencia de remate sólo podrá determinar que se lleve la ejecución adelante, en todo o en parte, o su rechazo.

    A., llama la atención sobre el carácter especial de la sentencia de trance y remate, pues B.- no tiene efecto declarativo, y lo único que debe resolver es si prosiguen o no los procedimientos para la venta de los bienes embargados.

    (H.A., ATratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial@, Segunda Edición, E.S.. A.. Editores, Buenos Aires 1963, T. V, pág. 323).

    De acuerdo con ello, la eficacia de la cosa juzgada de un fallo dictado en un juicio ejecutivo, está relacionada básicamente con la habilidad del título en que ella se funda y la inexistencia de excepciones válidas, pero no determina definitivamente la cantidad que corresponde pagar al ejecutado, materia que se dilucida en la etapa liquidatoria.

    -IX-

    Finalmente, con relación a la crítica relativa al sistema de refinanciación hipotecaria de la ley 25.798 (modificada por la ley 25.908), cabe señalar que lo concerniente al destino del bien objeto de litigio es una cuestión de naturaleza fáctica ajena a esta instancia de excepción. Es más, resultaría abstracto un pronunciamiento al respecto, primero, por el tipo de proceso de que se trata el

    S.C. S. 499, L.X.S. de A. presente y, en segundo lugar, porque no se encuentra acreditado que se haya cumplido y culminado con una resolución favorable los procedimientos administrativos tendientes a la inclusión de la deuda de autos en dicho régimen, al que dice haber adherido la demandada (v. fs. 119 del cuaderno de queja).

    -X-

    Por todo lo expuesto, opino que corresponde hacer lugar a la queja y revocar la sentencia en cuanto fue materia de recurso extraordinario.

    Buenos Aires, 24 de junio de 2005.

    Es copia E.R.